En el Perú empresarios mineros, funcionarios públicos y medios de comunicación sostienen que la minería moderna es inocua, que todos los procesos están técnicamente contralados y que no hay forma de que ésta contamine. Desde esta perspectiva afirmar lo contrario, demuestra ignorancia o intereses políticos escondidos. Por lo tanto, la oposición de una población a un proyecto minero solo puede explicarse por desinformación o manipulación.
Creemos que este punto de vista es muy peligroso porque al considerarse una verdad absoluta puede llevar a decisiones equivocadas. En esta lógica se plantea que para fomentar las inversiones se debería rebajar la exigencia de las normas de protección al ambiente ya que las empresas modernas por sí solas aplican las más altas tecnologías. Es decir, para esta percepción, la normatividad ambiental es una traba, que lo que hace es demorar la inversión, algo inaceptable en un país que necesita seguir creciendo.
PRONUNCIAMIENTO DEL FORO PANAMAZÓNICO – PERU
Evento busca fortalecer defensa de los derechos colectivos de las comunidades campesinas ante procesos de consulta. Por las alturas del valle del río Mantaro, en el distrito de Chongos Alto, región Junín, comuneras y comuneros de Chicche, Llamapsillón y Palmayoc; participaron del Taller “Autorreconcimiento Indígena, Consulta Previa y Efectos de la Minería en el Perú”,
El 20 y 21 de octubre de 2016 se llevó a cabo el Seminario Internacional “Hacia una política pública de protección integral de defensores de derechos humanos”, organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, con la participación de organizaciones nacionales e internacionales para un intercambio de experiencias en la construcción de una política pública de protección a defensores/as de derechos humanos en el Perú.
La Policía Nacional del Perú (PNP) estaría recibiendo más de un millón de soles a nivel institucional por resguardar a las empresas mineras, bajo el rubro «recursos directamente recaudados».
Conociendo las dificultades que el Proyecto Minero Las Bambas (localizado en las provincias de Cotabambas y Grau, en la región de Apurimac) ha tenido tras la muerte del comunero Quintino Cereceda Huisa, ocurrido el pasado viernes 14 de octubre de 2016, planteamos 7 condiciones que permitirían alcanzar una resolución sostenible al conflicto.
En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales pesados en los beneficiarios.
La protesta de las comunidades cercanas a Las Bambas dejó un muerto hace dos semanas tras un fuerte enfrentamiento con la policía que intentó despejar la carretera en una zona andina del tercer mayor productor mundial de cobre.
El nuevo director de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, afirmó a Reuters que el Gobierno también está conversando con la Cruz Roja para crear un programa de entrenamiento policial para un mejor manejo de las protestas.
Tenemos que aceptarlo públicamente. En medio del conflicto en la zona de influencia de Las Bambas, los equipos de investigación de Perú 21, los de la Hora N y los de Lampadia (en realidad estos dos últimos parecen ser los mismos), nos han puesto en evidencia.