En octubre de 2017, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú (INGEMMET), oficina adscrita al Ministerio de Energía y Minas que está encargada de concesionar solicitudes y títulos mineros, admitió a trámite ocho petitorios mineros de 1000 hectáreas cada uno y uno más de 900 hectáreas. En total son 8,900 hectáreas ubicadas en pleno bosque tropical húmedo, hogar del pueblo indígena Shawi. Dichos petitorios fueron realizados por la empresa Minerales Camino Real Perú S.A.C, perteneciente a la empresa canadiense Royal Road Minerals Limited. La minera canadiense Royal Road Minerals Limited cuenta además con proyectos mineros en Nicaragua y Colombia para la explotación de cobre, hierro y primordialmente oro. (1)

En febrero de 2018, Barrick Gold Corporation, la minera canadiense líder en la industria del oro, compró alrededor del 12.5 por ciento de las acciones de Royal Road Minerals Limited. (2)

Barrick Gold Corporation es la principal minera de oro a nivel mundial, luego de años de una agresiva estrategia de adquisiciones. Cuenta con 20 mil empleados (contando consorcios o Joint Ventures), 27 minas en operación, 10 proyectos en desarrollo y las mayores reservas de oro de la industria. Barrick cuenta con emprendimientos en Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú, Australia, Papua Nueva Guinea, Saudi Arabia y Zambia.

En el Perú, Barrick tiene dos yacimientos mineros – Lagunas Norte y Pierina. Lagunas Norte, ubicada en el departamento de la Libertad en las montañas andinas, es un yacimiento a tajo abierto que comenzó sus operaciones en 2005. Para obtener el oro, se taladra a 11 metros de profundidad para luego introducir explosivos que fragmentan la roca. Diariamente se mueven más de 200 mil toneladas métricas de mineral y estéril! Por su parte, la mina Pierina, ubicada en el departamento de Ancash, entre los 3.800 y 4.200 metros de altura, es también una mina a tajo abierto que utiliza perforadoras que realizan excavaciones de 10,5 metros de profundidad para acceder al mineral preciado. Ambas minas utilizan un proceso que contiene cianuro de sodio disuelto en agua, entre otras sustancias tóxicas, para separar el oro y la plata contenidos en el mineral extraído.

Actualmente Barrick controla más de 145 mil hectáreas entre estas dos minas, siendo además propietaria del yacimiento Irene I-500 en Ancash. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) asegura que Barrick no paga regalías en el Perú debido a los Contratos de Garantía y Medidas de Promoción de la Inversión, conocidos también como contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa. A nivel de los conflictos sociales y ambientales, según la Defensoría del Pueblo, a mayo de 2017, se registran 123 conflictos socio-ambientales activos, de los cuales el 64.6 por ciento son causados por actividades mineras. La mayor denuncia de los pobladores es la constante contaminación por parte de las minas y el saqueo de sus fuentes de agua.

Exploración minera y la resistencia indígena

En diciembre de 1997, INGEMMET publicó el libro “Geología de los cuadrángulos de Balsapuerto y Yurimaguas”. (3) El estudio fue realizado por un grupo de expertos encargado por el Ministerio de Energía y Minas del Perú, con el objetivo de propiciar y promover la explotación minera en estos distritos. En este documento aparece lo siguiente: “se han reportado en el área de estudios evidencias arqueológicas que consisten en trazos petroglifos representando probablemente manifestaciones culturales o religiosas de antiguos pobladores de esa zona (Distrito de Balsapuerto) (…) Dichos trazos son perfectamente circulares y alongados, cuyos significados reales son materia de estudios detallados.” (4)

Un descubrimiento del mundo occidental frente a lo que ocultaron por años los indígenas Shawi. Posteriormente, varias investigaciones determinaron que el pueblo Shawi llama a esa roca con trazos petroglifos “Cumpanamá”, haciendo referencia a su divinidad mítica religiosa. Estudios recientes han encontrado y catalogado otros 50 sitios arqueológicos prehispánicos (5), los cuales lamentablemente, hasta el día de hoy, no se han delimitado ni inscrito en los registros públicos, ni se ha realizado el trámite administrativo ante el Ministerio de Cultura para su reconocimiento. Balsapuerto es un distrito compuesto por 95 por ciento de población indígena Shawi, que vive en el departamento de Loreto, en los ríos Cahuapana, Sillay, Supayacu Paranapura, Cachiyacu y Shanusi. El pueblo Shawi está entre los ocho grupos indígenas más importantes del Perú, desde el punto de vista demográfico.

Los indígenas Shawi creen que el mundo es ovalado como el panal de avispas y que este está cubierto por una inmensa capa azulada, dentro de la cual se mueven y se trasladan la luna, el sol y las estrellas. La tierra está rodeada de agua y el lugar donde los hombres viven era inicialmente sólo agua sujeta por el cielo. Según la cosmovisión Shawi, en el espacio de más arriba vive el sol (Pi’i) y desde ese lugar vinieron Mashi y Cumpanamá, las principales divinidades del pueblo Shawi. El Cumpanamá formó la tierra y los ríos, transformó los peces del aserrín de los cedros, de las hojas sacó los animales terrestres y las aves, y enseñó a pescar y a hacer canoas. Mashi, por su parte, les enseñó a cultivar, cazar y otras actividades. Una cultura rica, llena de historias propias de un pueblo milenario, que muestra su relación intrínseca y única con sus espacios de vida.

En 2009, los líderes Shawi llamaron a una movilización nacional para defender sus tierras. Una manifestación única de resistencia indígena, que evidenció la lucha desigual del poder político subyugante hacia los más débiles, en este caso, la minoría indígena. La gran nación Shawi demostró su capacidad de organización al desplazar un promedio de cinco mil personas hacia la carretera Yurimaguas- Tarapoto. El Presidente de aquel entonces, Alan García, catalogó a los pueblos indígenas como “ciudadanos de segunda clase” mientras que promovía en el Congreso de la República un paquete de leyes relacionadas a la tenencia de tierras. El argumento era que dichas leyes eran un requerimiento para la implementación del Tratado de Libre Comercio que el Perú había firmado con los Estados Unidos. El 5 de junio de 2009 se vivió una tragedia para todo el país. Conocida como la “masacre de Bagua”, por lo menos 33 personas murieron en los enfrentamientos entre las comunidades indígenas y las fuerzas armadas. Los líderes indígenas, con el grueso grupo de hermanos Shawis, entendieron que si retrocedían perderían sus tierras y, con mucho pesar, tomaron la decisión de no retirarse y volver al segundo día. Seis mil hermanos regresaron dispuestos a defender lo que muchos de los estudiosos de conflictos sociales no entienden: “el indígena es la tierra y la tierra es el indígena”; es una unión indivisible, irrompible. Si muere la tierra, muere el indígena, y si muere el indígena, muere la llamada naturaleza. En aquel entonces, los indígenas y las poblaciones aliadas fueron los únicos que garantizaron la caída de todos los decretos que buscaban facilitar el acaparamiento de tierras indígenas.

Este largo camino de resistencia ante la invasión cultural y el arrebato de los territorios indígenas, muestra la fuerza de su enraizamiento con la tierra, el bosque y la vida. “La historia oficial de nuestra Amazonía es una historia parcial, hecha para ensalzar a los conquistadores, aventureros, viajeros y colonizadores. A los grupos indígenas se les reduce a “Objetos de estudio” etnológico, dentro de una puerilidad que sólo refiere anomia y pasividad ante la conquista y despojo”. (6) En innumerables ocasiones sin embargo, los pueblos indígenas han mostrado que no son ni sumisos ni indiferentes. Todo lo contrario.

La consulta previa que nunca llegó: imposición y lucha

La resistencia indígena, entre otras cosas, dio pase a la famosa Ley de Consulta Previa Nº29785, que toma como base el Convenio 169 de la OIT, al cual el estado peruano es parte firmante, con la idea de que estos hechos no ocurran de nuevo.

No obstante, en el Reglamento de la Consulta Previa se esconde una argucia legal. En el artículo 1 se señala que el resultado del proceso de consulta NO es VINCULANTE, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo entre las partes. Está claro entonces la dirección y utilización a que pudiere dar lugar dicha Ley, que hoy se trasluce en el proceso del petitorio minero de las 8,900 hectáreas.

El proyecto minero se denomina “Timo” y se planea desarrollar en el distrito de Balsapuerto. Esta zona está cubierta de bosques primarios. Alberga además la cuenca del Cachiyacu, cuyas aguas descienden desde las cercanas estribaciones de la cordillera subandina y fluyen hasta tributar al Paranapura por su margen derecha, el cual vierte su caudal al Huallaga a la altura de la ciudad de Yurimaguas.

Balsapuerto se ubica entre los límites de la selva baja o llanura amazónica y los relieves de la cordillera subandina o Cahuapanas. La flora representa la expresión viva más notable de los ecosistemas amazónicos del trópico húmedo, conformando una extensa y continua selva densa, con árboles que sobrepasan los 30 metros de altura. La variedad de especies de fauna es peculiar, debido a los ecosistemas montañosos (o selva alta) que se asocian por colindancia y proximidad al territorio del llano amazónico propiamente (o selva baja). En estos bosques se encuentran comunidades tituladas y tierras ancestrales del pueblo Shawi, que dependen de estos para sus medios de vida y sustento. Las cabeceras de cuenca que se verían afectadas también perjudicarían a los poblados urbanos cercanos.

Hasta la actualidad, el proceso de solicitud de la mina Timo no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental ni tampoco ha sido consultado con la población local ni con las autoridades locales. El Gobernador de la región Loreto, Fernando Meléndez Celis, ha mencionado que no permitirá ni entregará ni un centímetro de las tierras de Balsapuerto a este proyecto. El alcalde del distrito de Balsapuerto, Magno Savedra Cachique, ha ofrecido ya dos conferencias de prensa oponiéndose a la minería en el distrito de Balsapuerto, e indicando que ni siquiera la municipalidad tenía conocimiento del tema. (7) Por tanto, el asesor legal de la municipalidad viene impulsando una denuncia penal a los funcionarios del INGEMMET que admitieron el petitorio minero.

La sociedad civil organizada de Alto Amazonas se ha mostrado preocupada al respecto y viene organizando acciones en conjunto con los líderes indígenas y las organizaciones representativas del pueblo indígena Shawi de Balsapuerto. La iglesia católica ha demostrado profunda preocupación a través de su programa Pastoral de la Tierra, subvencionado por el Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Los medios de prensa escrita y radial locales vienen informado ampliamente sobre el tema a la comunidad de Yurimaguas en particular. La radio comunitaria Rtv Total viene informando constantemente sobre este tema con mayor profundidad, teniendo una filial bilingüe castellano-Shawi. El diario el Menguare viene informando en la ciudad de Yurimaguas y en el distrito de Balsapuerto.

Aún no se han entregado los títulos de la concesión minera ni los permisos de operación. Por tanto, queda que el gobierno central, a través del Ministerio de Energía y Minas, escuche los llamados de la población local, incluidas las comunidades Shawi, y prohíba la solicitud minera. ¿Podrá una vez más una minera canadiense imponer un proyecto que destruirá casi 9 mil hectáreas de bosques del cual depende el pueblo Shawi y otros pueblos adyacentes sin su consentimiento, ni el de las propias autoridades locales?

Alain A. Salas Dávila
Líder indígena independiente
Asesor de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Peruana

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/peru-pretenden-entregar-el-bosque-del-pueblo-indigena-shawi-a-una-minera-canadiense/

Ciudadanos de las comunidades de Cashaucro, Pomamayo y Bellavista (distrito y provincia de Oyón) decidieron realizar una protesta contra la minera Raura el pasado miércoles 4 de julio.

Los manifestantes demandaron que la empresa minera Raura cumpla los compromisos de responsabilidad social asumidos con las localidades del área de influencia de la misma.

La medida de protesta comprendió un bloqueo de carretera en el sector de Bellavista en Oyón.

La provincia de Oyón es una de las provincias con mayor cantidad de concesiones y actividad minera en la región de Lima. La conflictividad ha estado bastante activa en este semestre. Por ejemplo, en el pasado mes de abril la comunidad de Quichas realizó un paro y bloqueos de carreteras durante más de 10 días en protesta contra la compañía minera Raura. La protesta incluía en su plataforma, por un lado, el incumplimiento de actas de acuerdo anteriores en temas laborales y de responsabilidad social y, por otro, preocupaciones por presunta contaminación en la zona. Además, la producción de la empresa se ha duplicado por lo cual los comuneros demandan la construcción de una nueva planta tratamiento para evitar derrames de efluentes mineros que estarían dañando los suelos y aguas en la zona, señalaron los manifestantes.

Raura se dedica a la explotación de cobre, plomo, plata y zinc.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/06/protesta-en-oyon-contra-minera-raura/

La Defensoría del Pueblo recomendó al gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Saneamiento (MVCS), ejecutar acciones para remediar las viviendas, que en la mayoría de los casos fueron construidas con tierra contaminada por mercurio, plomo y arsénico.

En Huancavelica, una de las ciudades más contaminadas del mundo debido a los rezagos de la explotación minera durante la época colonial, cerca del 50 por ciento de las viviendas están construidas con adobe o tapia contaminada con metales pesados.

Ante esta realidad, la Defensoría recomendó reconstruir las viviendas si fuera necesario y priorizar las vías publicas de los barrios de Yananaco y San Cristóbal, donde se encuentran las áreas más contaminadas.

De acuerdo con el Consejo de Salud Ambiental, los distritos de Ascención y Huancavelica presentan niveles de mercurio y otros metales por encima de los Estándares de Calidad Ambiental para suelo (ECA suelo).

El estudio coincide con el monitoreo de calidad ambiental realizado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el 2015. En aquel momento se reveló que San Cristóbal, Yananaco y Ascención presentaban las más altas concentraciones de arsénico, bario, mercurio y plomo.

Asimismo, un informe realizado por el Ministerio del Ambiente en el 2017 concluyó que las áreas de las localidades en cuestión concentraban niveles de metales por encima de los ECA suelo de uso residencial e industrial.

Frente a este problema, la Defensoría del Pueblo participará en el evento “Reunión Cumbre sobre Contaminación por metales pesados en la ciudad de Huancavelica” que se realizará el 9 de julio en la Universidad Nacional de Huancavelica.

Para ello, solicitó la presencia del Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Ambiental, el OEFA, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, el Gobierno Regional de Huancavelica, las autoridades locales y demás competentes.

(Información de Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi) /)

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1274229-huancavelica-defensoria-pide-remediar-viviendas-contaminadas-mercurio

El silencio nos evoca la calma y el alivio, sobre todo cuando nos cobija después una brutal tempestad, pero no por ello vaticina un tránsito hacia nuevos escenarios de armonía y equidad. Cuando el silencio no nace del consenso, de la justicia social, del respeto a la soberanía de los pueblos y la asunción de la universalidad de los derechos humanos, difícilmente llega en son de paz.

Es más, cuando el silencio reemplaza el conflicto, sin dejar atisbo de cambio, y permanecen intactas las estructuras del escenario donde un día se derramaron lágrimas y sangre… entonces puede llegar a constituir la más peligrosa de las herramientas perpetuadoras del statu quo. Se trata del silencio de la violencia desapercibida, que disipa la confrontación para ir ganándole terreno a la vida.

LAS ZONAS MINERAS DEL PERÚ

Un manto de silencio cubre hoy las zonas mineras del Perú, en contraste con el estallido social que presenciábamos en el documental Las Damas Azules. La obra audiovisual, producida por la ONG Ingeniería Sin Fronteras Cataluña con el apoyo de Dev Reporter Network, puso el foco del ojo crítico internacional sobre el papel protagónico de la resistencia femenina en uno de los conflictos socioambientales más conmovedores de la historia reciente del Perú: el que detonó a raíz de la adjudicación del megaproyecto minero Conga de la compañía Yanacocha en el 2010.

La aprobación por parte del gobierno peruano no contó con la debida licencia social ni sustento técnico, y representó -y aún hoy día representa- un grave atentado contra el derecho al agua, a la salud y a la soberanía alimentaria de la población cajamarquina.

Bérengère Sarrazin, directora del documental, en un lúcido ejercicio de equilibrio analítico y narrativo, confeccionó el relato de un histórico episodio de revolución popular con el cometido de hacer llegar un mensaje de interpelación a la comunidad global: el mensaje de denuncia que nace en las entrañas de las mujeres campesinas, quienes, cuando las expulsan de sus territorios, socavan sus tierras y secan y contaminan sus ríos, sienten que también sus cuerpos, que se resisten al exterminio y a la humillación, son minados, vejados y criminalizados; quienes comienzan a padecer las consecuencias de la escasez y la contaminación del agua, “que baja con un olor fuerte que malogra la piel, que hace que ardan los ojos y las fosas nasales”.

Con esa acidez, como el agua dañada por la actividad minera, nos impacta el mensaje de las damas azules, provocando reflexiones que escuecen en las conciencias de quienes sentimos que la vida en las ciudades es cada vez menos soportable, que nuestros pueblos y zonas rurales son despojadas de su esencia agrícola para convertirse poco a poco en imperios de los oligopolios energéticos, en autopistas eléctricas, o burbujas de confort para las clases más privilegiadas, y que nuestro modelo de desarrollo no es ajeno a las problemáticas derivadas de la minería y de otras modalidades de explotación capitalista e imperialista en las regiones latinoamericanas como Cajamarca.

LA REGIÓN DE CAJAMARCA

Hoy, 6 años después, la coyuntura pareciera ser menos agria en la región de Cajamarca, tal vez porque el clamor de las denuncias desde los pueblos dejó de retumbar con la fuerza en que lo hacía, pero ello no se corresponde del todo con la realidad: el proyecto Shahuindo en Cajabamba continúa en proceso de explotación, mientras el proyecto Michiquillay se encuentra a las puertas de iniciar sus obras de construcción tras la entrega de la nueva licitación a Southern a inicios de año por parte del gobierno, y en Bambamarca continúa la explotación del proyecto Tantahuatay, no lejos de la cabecera de cuenca del rio Grande, sobre el cual Yanacocha parece descargar su ira tras el fracaso del proyecto Conga.

Mientras, los “Estados de Emergencia” se han convertido en el pan de cada día en el sur peruano, convirtiendo así, una medida de extrema excepcionalidad, en instrumento de paralización, intimidación y neutralización de las demandas de la población, el vendaje del silencio parece provocar un descuadre desde el remoto plano panorámico de quien observa desde fuera. Aún resentida por el ardor del cianuro, por el desgaste de los bulldozer y la penetración de las excavadoras, por la sed de sus tierras, y angustiada por una ilusoria economía que, a pesar de los años de bonanza de los últimos años, siguió empobreciendo más y más a la población cajamarquina. Perú y los cantos de resistencia de las damas azules ya no parecen inquietar en exceso a la comunidad internacional.

LOS «ENEMIGOS DEL DESARROLLO»

Según apuntaba el OCMAL en su último informe (2018), la reciente bajada de los precios internacionales de los minerales y el cierre de mercados financieros para grandes inversiones se traduce en una considerable distensión social en los territorios de extracción minera en Perú.

A este factor se le suman las estrategias que las transnacionales, en su firme compromiso por el crecimiento y la competitividad, han venido desarrollando para extraer rendimiento económico de las lecciones aprendidas a raíz de los fracasos de tinte social que cargan a sus espaldas.

Las empresas, con objeto de mitigar las resistencias de las poblaciones afectadas por el desastre extractivista, priorizan los proyectos de ampliación de operaciones que ya están en marcha y deciden posponer otros proyectos que aún no han comenzado su etapa de construcción, que son los que enfrentan mayor oposición y carecen actualmente de viabilidad social, como ocurre con los casos de Tía María (Arequipa), Conga (Cajamarca) y Río Blanco (Piura).

No obstante, no es éste más que un fenómeno coyuntural, ya que la incipiente tendencia al alza de los precios de ciertos minerales como el cobre y el zinc, a lo que se debe sumar la posible atenuación y desmovilización de la resistencia popular en el contexto actual, son susceptibles de producir notables cambios de escenario -favorables a los intereses del extractivismo- próximamente: desde el OCMAL advierten de la inminente instrumentalización de la bajada de tensión social en los territorios por parte de las transnacionales, la cual responde a su intención de buscar las mejores condiciones para un relanzamiento de las inversiones mineras en los próximos años.

Y así, cual depredador furtivo a la espera del momento preciso para hacerse con su botín, el imperio extractivista, mientras la resistencia recupera el aliento, labra el terreno empuñando las herramientas legales que llevan adscrito en su filo que no se volverá a perder un dólar más por culpa de los “enemigos del desarrollo” y su antojadiza necesidad de existir. Así es cómo atan los últimos cabos, entre compañías mineras y autoridades gubernamentales, para asegurarse de no dejar un resquicio por donde pueda colarse alguna denuncia, alguna protesta o referencia a tal o cual resolución del Consejo de Seguridad o de la OIT, y termine prosperando alguna iniciativa que rompa con su infranqueable impunidad.

Fuente:http://grufides.org/blog/conflicto-minero-en-rompiendo-el-silencio-de-las-violencias-desaparecibidas-i

La minera Bear Creek dio a conocer ayer que el Ministerio de Energías y Minas (MEM) de Perú, les ha otorgado el permiso para la construcción de la planta de procesos en el proyecto Corani.

“Con este permiso se completan todos los permisos necesarios para la iniciativa”, sostiene el comunicado de la compañía. Una vez conocida la noticia, el Presidente y CEO de la minera canadiense, Tony Hawkshaw, señalo estar complacido de haber recibido “el último permiso clave para la construcción de la mina Corani”. “Planeamos realizar proyectos iniciales, tales como la construcción del campamento y un camino que lo una con el área del proyecto, en este mismo año. Nuestro Directorio considerará una decisión de construcción cuando se haya obtenido una estructura atractiva de financiamiento”, añadió el ejecutivo al analizar los próximos pasos a seguir.

Cabe mencionar que el permiso para la construcción de la planta de procesos autoriza la construcción de la planta de proceso, las instalaciones para la disposición de desechos y relaves, un sistema de almacenamiento de agua y edificios auxiliares, entre los cuales se incluye un laboratorio, un sistema interno de energía y otras estructuras complementarias.

El proyecto Corani, ubicado en la región peruana de Puno, contempla la explotación de una mina a cielo abierto, con una producción de concentrados de plata, zinc y plomo a través de una planta concentradora con una capacidad de procesamiento de 22.500 toneladas por día. En tanto, la vida útil de la mina está calculada en 20 años y según su estudio de factibilidad las reservas probadas y probables de minerales en Corani se estiman en 270Moz de plata, 3.100lb (1,41Mt) de plomo y 1.700lb de zinc.

Para más información del proyecto aquí.

Fuente:http://grufides.org/blog/proyecto-corani-bear-creek-mining-obtiene-permiso-para-la-construcci-n-de-la-planta-de-procesos

La Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA), visitará a fines de Julio el sector minero de Secocha en la provincia de Camaná, ante una alerta de deslizamientos de relaves.

El gerente del ARMA, Benigno Sanz, informó que la alerta provino desde el área legal de la Comunidad de Secocha. El temor de los pobladores es que el periodo de lluvias genere deslizamientos que arrastren relaves mineros y sepulten parte de la localidad.
Sanz añadió que también supervisarán si existen casos de contaminación por mercurio. Aunque la importación del mineral está prohibida, el gerente sostuvo que este material sigue ingresando por la frontera con Bolivia.

El mercurio es utilizado en la minería artesanal para la extracción del oro. Finalmente, el funcionario informó que están planificando inspecciones a pueblos de Caravelí, donde también se practica la minería ilegal.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1271969-arequipa-advierten-riesgos-deslizamiento-zona-minera-secocha

Se realizará el Foro “Rímac en peligro” sobre la Problemática de la cuenca alta del Río Rímac este lunes 25 de junio a las 4 PM en el auditorio Alberto Andrade (Av. Abancay, cuadra 2 del Cercado de Lima) del Congreso de República. Participará la congresista Marisa Glave de la Bancada parlamentaria de Nuevo Perú y especialistas del Ministerio de Energía y Minas, de Ambiente, OEFA y la Autoridad Nacional del Agua, así como el Gobierno Regional de Lima.

La contaminación del Río Rímac con metales tóxicos se hizo visible cuando se dio a conocer el riesgo que representaba el desmonte minero de Tamboraque, ubicado en la Cuenca Alta del Río Rímac, San Mateo. El riesgo de su desplome continúa. Como menciona, Severo Javier Hurtado de la Comunidad Campesina San Antonio, quien pertenece del Frente de Defensa de la cuenca Alta del Río Rímac“existen otros pasivos no remediados en la zona que son tan peligrosos como Tamboraque”.

En el estudio “Problemática socioambiental en comunidades ubicadas en la cuenca Alta del Río Rímac”, realizado por el ingeniero Edwin Alejandro Berrospi, de Red Muqui, se menciona que “En la visita a la zona, encontramos un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas a causa de la liberación de contaminantes tóxicos contenidos en los residuos mineros”. Se explica que estos provienen de los pasivos ambientales ubicados en la cuenca alta del Río Rímac.

El libro, también, señala que son “220 pasivos ambientales identificados (183 pasivos en el distrito de San Mateo y 37 en Chicla) y que representan más del 2% nacional”. Los minerales a los que la población se encuentra expuesta son plomo, cadmio, mercurio, arsénico. Al acumularlos en el organismo se hace evidente el riesgo de intoxicación.

Como antecedente de los problemas de salud ambiental, se tienen los estudios realizados por la Dirección de Salud Ambiental (DIGESA) en el 2001. Se hizo una evaluación clínica, toxicológica a 269 personas del distrito de San Mateo (comunidades de San Mateo de Huanchor, San Antonio, Viso y San José de Parac). El estudio encontró que el 66% superaba los límites permisibles de plomo establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el 25% superaba los límites en cadmio, en mercurio, el 16% y de arsénico el 12%.

El suelo, también está afectado, el informe señala que “casi la totalidad de pastos están contaminados con polvos tóxicos provenientes de pasivos ambientales y operaciones mineras”.  Por ello, Es necesaria la implementación de una política de prevención y sanción a los responsables de incumplir con la remediación de los pasivos ambientales . Hasta julio de 2015, ya habían transcurrido más de seis años de la vigencia de la aprobación de cinco planes de cierre de pasivos ambientales mineros sin que los responsables cuenten con Resolución de Aprobación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Ejecutado.

Para conversar sobre esta situación de emergencia ambiental del Río Rímac y los planteamientos políticos en torno a la remediación de los pasivos, diversas organizaciones de sociedad civil se reúnen en el Congreso de la República. El Foro es de ingreso libre. /

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/764-se-realizara-foro-sobre-la-problematica-ambiental-del-rio-rimac-en-el-congreso-de-la-republica

También a otros seis funcionarios, a quienes la Fiscalía investiga por presunto cobro de coimas a mineros informales.

El director de Energía y Minas de Madre de Dios, José Carlos Bustamante Cruz y otros seis funcionarios fueron intervenidos esta tarde por la policía como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción.

Los funcionarios habrían recibido pagos de mineros en proceso de formalización, a fin de que se les emita sus respectivas resoluciones de aprobación. Todos permanecerán con detención preventiva de 72 horas, según la orden judicial en su contra, según informó Inforregión.

La intervención se produjo en momentos en que los funcionarios se encontraban en la Oficina de la Dirección de Energía y Minas que se ubica en Puerto Maldonado. La Fiscalía Anticorrupción los investiga por la presunta recepción de coimas.

Inforregión señala que la Policía Nacional logró obtener un listado de transferencias de dinero realizadas través de casas de transferencia, desde zonas mineras como La Pampa y Mazuko y Hepetue, a favor de los intervenidos.

El listado de trasferencias tienen fechas que datan desde el 2014 a enero 2018 y fueron hechas a nombre del director de Energía y Minas, del asesor legal de la dirección, José Córdova Castello, y del fiscalizador del proceso de formalización, Germen Concha Ordóñez.

Los otros intervenidos son la secretaria del director de Energía y Minas, Yajayda Layme Franco; la asesora legal de la dirección, Maritza Rubín de Celis Vicente, el fiscalizador Glen Atahuamán Valladares y el portero de la dirección Vicente Martínez Sahuarico. Asimismo José Ascue Castillo, pero este no es funcionario de la Dirección Regional de Energía y Minas.

Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción obran en su poder documentos de transferencias de giros y órdenes de pago realizadas a nombre de los investigados por empresas que operan en Huepetue y Masuko, donde se practica la minería ilegal.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1265137-policia-detiene-director-regional-mineria-madre-dios

Esta semana, CooperAcción publicó un artículo de investigación que escribí acerca de la desconexión del sistema de planificación territorial y el otorgamiento de títulos habilitantes en el caso emblemático de la concesión minera Red Beds 2 que incluye la Montaña de Siete Colores en el Cusco. Afortunadamente, la alerta emitida a través de este artículo fue recogida rápidamente por los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales y por supuesto gracias también a la reacción inmediata de las redes sociales, que provocó su viralización. La indignación ciudadana tras la denuncia ha logrado aparentemente, que tanto la empresa Minquest Perú S.A.C, titular de la controversial concesión minera, como el Estado[1] retrocedan en la decisión de concesionar esta área a la minería. Debo resaltar que ha sido gracias a la presión ciudadana y NO a la decisión de oficio en un debido proceso de evaluación a cargo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), como debería haber sido.

La carta de la empresa Minquest Perú S.A.C remitida al Gobierno Regional del Cusco renunciando al derecho minero, es un buen gesto. Sin embargo, el Gobierno Regional no es la entidad competente en la materia, dicha renuncia debe hacerse efectiva ante el INGEMMET de acuerdo con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), por lo que estaremos vigilantes a la presentación del mencionado documento. En caso de hacerse efectiva la renuncia a la concesión Red Beds 2, la empresa sigue teniendo tres concesiones mineras (Red Beds 1, Red Beds 3 y Red Beds 6) que se encuentran a menos de dos kilómetros de distancia de la Montaña de Siete Colores y hay que aclarar que no es la única empresa con derechos mineros aledaños.

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