El 13 de agosto último un grupo de empresarios mineros, de lado de autoridades indígenas de la zona, ingresaron a la comunidad awajún de Canga, en el distrito del Cenepa, solicitando el apoyo comunal para la instalación de maquinarias para extracción de oro en el lecho del río, en parte de sus territorios.

Según reporta la Organización de desarrollo de las comunidades fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), la propuesta causó el rechazo de la mayor parte de la comunidad, sobre todo de las mujeres awajún de Canga. Durante la reunión se produjo un violento enfrentamiento entre los promotores mineros y los indígenas que se oponen a la extracción. La disputa culminó en amenazas y un clima de tensión que se mantiene en la comunidad.

Esta escena es cada vez más frecuente entre las comunidades awajún de las riberas del río Cenepa, en el bosque de Amazonas. En Kayamas, Huampami, Mamayaque y otras comunidades; decenas de pequeñas dragas, maquinarias y embarcaciones transportando insumos van apareciendo y operan abiertamente a lo largo del río, sin temor a represalias.

Desde hace algunos años ODECOFROC viene denunciado el incremento de estas actividades en sus ríos. Incluso, la organización indígena ha realizado sus propias interdicciones sobre dragas y maquinarias instalada en sus territorios. La organización indígena denuncia la contaminación de sus aguas, la depredación del bosque, la afectación de sus medios de vida y los enfrentamientos y violencia entre comunidades y familias awajún; que la minería de oro causa en sus territorios.

Sin embargo, los beneficios económicos que esta actividad va generando para algunos comuneros del Cenepa, resultan un adversario difícil de vencer. Según reporta ODECOFROC, la modalidad utilizada en la zona empieza con la aparición de empresarios “apash”, es decir de mestizos o no-awajún, provenientes de otras provincias que logran alianzas con líderes locales, que abren el camino hacia la comunidad. Los empresarios prometen repartir el 10% de las ganancias para la comunidad, otro 10% para los comuneros sobre cuyas parcelas se instalen las dragas y maquinarias, y finalmente el 5% para los trabajadores que se sumen a la operación conformada por hombres de fuera y algunos jóvenes de familias locales.

“Los mineros se burlan de nosotros, nos dicen muertos de hambre. Ellos sacan 70 gramos, hasta 180 gramos diarios. Día y noche están operando. Por gramo pagan 100 soles, entonces la gente se ha vuelto loca, es un montón de plata, estamos asustados de lo que va a pasar”, señala Augostina Mayan, presidenta de ODECOFROC.

La organización indígena awajún presentará una denuncia formal exigiendo la interdicción de las actividades ilegales en la zona.

Junto con el Cenepa, la minería ilegal y los impactos que deja a su paso, van avanzando lentamente sobre los ríos de esa parte de la Amazonía norte, como el Santiago y el Morona, afectando el territorio, el bosque y la vida de los pueblos awajún y wampis.

La llegada de la industria minera en la Cordilllera del Cóndor influenció en su momento un cambio aspiracional entre los más jóvenes, que ahora se refleja en la expansión de actividades ilegales como la tala y la minería en el Cenepa. El ingreso de la minería ilegal también parece haber fomentado la explotación de menores, pues al recorrer la zona es posible ver a niños y niñas trabajando en la extracción. Si bien este aún no es un problema de la misma magnitud que en otros lugares del país, como Madre de Dios, es urgente enfrentarlo antes de que adquiera proporciones incontrolables.

Más allá de las interdicciones, las organizaciones indígenas y sus comunidades hacen un llamado a las autoridades correspondientes para lograr diseñar e implementar, de manera conjunta, soluciones reales a este problema.

Fuente:http://vigilanteamazonico.pe/2018/08/17/mineria-de-oro-violencia-y-contaminacion-avanzan-sobre-rios-de-amazonas/

Este lunes tuvo lugar una movilización de decenas de comuneros y comuneras de Huancuire (distrito de Coyllurqui), que denuncian irregularidades vinculadas al manejo de dinero de la venta de tierras comunales para el segundo tajo abierto de la empresa minera Las Bambas.

Por las principales arterias de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, los ciudadanos se han movilizado en contra la Fiscalía provincial y el Juzgado preparatorio.

Como se recuerda, la comunidad de Huancuire vendió 1900 hectáreas de sus tierras al proyecto Las Bambas para lo que será el segundo tajo abierto de dicho proyecto minero. Esta negociación tuvo lugar en el año 2012 -2013 y por ello la comunidad recibió un monto de 122 millones de soles, dinero que fue repartido entre los comuneros, quedando saldos que -según la denuncia de los manifestantes- nunca fueron rendidos por las autoridades comunales. Por ello, la población ha denunciado el 2016 ante la fiscalía y el juzgado de Tambobamba por presunta apropiación ilícita y fraude a los directivos comunales, como el sr. Donato Ochoa y Ezequiel Huillca, denuncia que obra en la Carpeta Fiscal 190-2016 y 110-2017 JPCT.

Ante el intento de archivar la investigación, los pobladores han presentado este año el recurso de control de plazo, el cual fue denegado. Es por ello que comuneros se han movilizado para alertar y denunciar públicamente esta situación. “La comunidad se cansó de tanta corrupción”, señalaban los carteles de los manifestantes.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/20/movilizacion-en-tambobamba-la-comunidad-se-canso-de-tanta-corrupcion/

A nivel global se vive un alto proceso de industrialización basado en la producción de nuevas tecnologías. Países europeos y nuevas potencias económicas como China basan su posición dominante en la comercialización de estos productos, estas industrias tienen como materia prima minerales metálicos como el cobre y la plata, por ende, la producción y el consumo del Norte Global se mueve en función al control de estas materias primas.

La extracción de estas materias se vuelve entonces un proceso fundamental que los estados deben garantizar para el funcionamiento de la industria global, este proceso es sumamente violento en tanto se impone por la fuerza e impacta directamente en la vida de comunidades campesinas y las mujeres encontrando su principal fuente de legitimación en el sexismo, el racismo y el clasismo enraizados en la sociedad.[1]

Históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostienen la reproducción de la vida en sus familias y por tanto en sus comunidades, los trabajos de cuidados como se les conocen, son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía, lo que es paradójico ya que ese trabajo es fundamental para el sostenimiento de la vida. Las mujeres son entonces un actor político fundamental para entender cómo se construyen las relaciones sociales desde los territorios, por tanto, son también el sector más afectado por las actividades extractivas.

Por ejemplo, son muchos los casos de mujeres contaminadas debido a que ellas son las primeras en tener contacto con los metales tóxicos que se encuentran en su entorno al intentar limpiarlos, las mujeres son las que se mantienen en mayor contacto con su ambiente y recursos como el agua, ellas verifican de primera mano cual es la situación de contaminación que afecta a los niños y niñas que están a su cuidado. Resulta entonces que la afectación de los suelos, el aire y el agua de las comunidades campesinas a causa de la extracción minera tiene un impacto diferenciado para las mujeres.

En el platón que realizaron el año pasado los afectados por metales pesados del distrito de Simón Bolívar de la región de Pasco, podíamos observar la mayoritaria participación de mujeres en esta medida de fuerza.[2] Sin duda su participación es protagónica en tanto conforman la primera línea de defensa frente a la violencia que el modelo extractivista ejerce.

Es importante tomar en cuenta que la violencia que se ejerce contra las mujeres no solo se ejerce de forma diferenciada respecto a los hombres sino que además se ve profundizada por las condiciones en las que se materializa el ser mujer en el Perú, no es lo mismo ser mujer con acceso a estudios universitarios en una ciudad que ser mujer campesina en un territorio concesionado para implementar un proyecto minero, la eficacia del proyecto extractivista se basa en la deslegitimación de la palabra de aquellos que se enuncian frente a este para denunciar los daños que genera y aquí se encuentran las mujeres campesinas en la primera línea de denuncia frente a este proyecto y sus palabras son las más deslegitimadas frente al monopolio de la verdad del discurso extractivista.

Entre otras formas violencia que se ejerce contra las mujeres campesinas tenemos que la acumulación de riqueza que busca generar este proyecto se basa en la mercantilización de la vida, la apropiación del agua y el territorio de parte de empresas transnacionales tienen su base en el despojo, de ahí la necesidad de que el estado genere normas para que las tierras pueden ser de fácil acceso en el mercado, así pues los sucesivos gobiernos peruanos han tenido como política el debilitamiento de las garantías legales de la propiedad comunal, por supuesto las mujeres se enfrentan a esta eficacia saqueadora de manera más profunda, a pesar de no ser las propietarias legales de las tierras son las que se encuentran en mayor vínculo con su territorio ya que son sus principales agricultoras y la agricultura es una forma de cuidar la tierra y la vida.

Hace unos meses veíamos en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, como tres mujeres eran atacadas al oponerse a la intervención de la empresa minera Glencore Antapaccay con maquinarias en sus tierras[3], las mujeres son un patrón de resistencia frente al modelo extractivista uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Máxima Acuña quien a pesar de toda la violencia ejercida contra ella y su familia , se mantiene aún firme frente a los intentos de despojo de Newmont y Buenaventura.

Sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida. Pero esta impugnación al modelo extractivista no solo se ejerce como resistencia, sino que es también alternativa, no se trata entonces de una simple negación al modelo de desarrollo hegemónico, sino que las mujeres como defensoras de la vida son la posibilidad de otra forma de desarrollo, uno que se base no en la mercantilización y el saqueo sino en el respeto a la vida, la emancipación colectiva y otra economía.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/784-el-extractivismo-afecta-la-vida-de-las-mujeres-del-campo-perpetuando-sexismo-racismo-y-clasismo

Se presentará en el Congreso la Investigación de universidad de Humboldt que el Perú que evalúa los impactos ambientales de la minería y propone alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú. En el panel estará el geógrafo alemán Constantin Bittner, la congresista de la República María Elena Foronda, el investigador José de Echave, así como otros representantes de la sociedad civil y del sector empresarial minero. El evento se realizará este 20 de junio en Auditorio Alberto Andrade (Cuadra dos de la Avenida Abancay – Cercado de Lima) a las 6 de la tarde, el ingreso es libre. Se entregarán certificados de participación.

La tasa de pobreza en regiones donde la principal actividad es la minería no ha disminuido en los últimos años. El instituto Nacional de Estadística(INEI) señala que, en el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Cajamarca, Huancavelica y Apurímac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.  Para entender qué está sucediendo en las regiones mineras y por qué el desarrollo no parece alcanzar a la población, Red Muqui junto a la Universidad de Humboldt realizaron la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú.

La presentación del estudio se realizará en el Congreso de La República y estará a cargo del geógrafo Constantin Bittner, quien formó parte del equipo interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, encargado de elaborar la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú.  Fue miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

En la presentación que se realizó en Huancayo, Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

Durante la elaboración del libro, se analizó el caso de Conga en Cajamarca y el Valle del Mantaro en Junín. En Cajamarca se analizó los riesgos de la minería en la cabecera de cuenca como se planteaba en el proyecto minero. Por su parte, en Junín, que es una región que tiene años de minería a gran escala, se evaluó los impactos y los pasivos ambientales dejados y su afectación en otras actividades como la agricultura. “Solo así podemos visibilizar los verdaderos costos ambientales”, remarcó el investigador Constantin Bittner a Red Muqui.

El documento también plantea analizar las potencialidades de otras actividades económicas que pueden ser fuente de ingreso para la economía familiar local. “Siendo un país tan diverso en agricultura, habría que apostar por la seguridad alimenticia”, aseveró el investigador. La investigación nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que está basado en la exportación de minerales y materias primas.

La publicación que se encuentra en el portal de Red Muqui para su descarga libre evalúa los impactos ocasionados por la minería: escasez de agua, contaminación, daños a la salud, pérdida de cosechas, perdida de servicios ecosistémicos. De todo esto, se hace una valoración económica para medir los costos ambientales de la minería y conocer los verdaderos impactos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/783-la-mineria-realmente-trae-progreso-para-todos

Sobre el comunicado emitido por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) en relación a la evaluación en curso de la tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Minero Las Bambas, debemos señalar lo siguiente:

(1) Nos parece importante que se esté realizando una evaluación minuciosa de los cambios propuestos por la empresa minera y de sus implicancias.

(2) En el comunicado del SENACE se indica que en la tercera MEIA y a pedido del SENACE, se ha incluido aspectos relacionados al transporte de concentrados de mineral de la mina al puerto, incluyendo la evaluación de tales impactos y las medidas de control.

(3) Nos parece importante que el SENACE plantee llenar un vacío que se originó en la evaluación del segundo MEIA, cuando en respuesta a una observación la empresa planteó el cambio en la modalidad de transporte de los minerales, optando por utilizar la carretera y descartando el mineroducto. En ese momento (2014) el MINEM no realizó una evaluación del impacto ambiental sobre el transporte terrestre de insumos y concentrados, aprobando así la segunda MEIA. De esa manera, una certificación ambiental con estos vacíos ha dado lugar a que durante casi tres años la población sufra los impactos del transporte sin que existan medidas de mitigación exigibles y adecuadas.

(4) Si bien es un avance que el problema haya sido advertido, su inclusión tardía en la evaluación de la tercera MEIA impide que la ciudadanía y los organismos competentes puedan pronunciarse al respecto. Según el procedimiento, la ciudadanía y los organismos que participan de la evaluación, opinan solo en relación al informe inicial presentado por la empresa y no sobre la información complementaria que ésta alcanza con posterioridad. En el informe inicial, el tema del transporte no se encuentra incluido. Por lo tanto, en estos momentos, la ciudadanía y los organismos que participan de la evaluación, no pueden informarse oportunamente ni opinar sobre lo que la empresa dice o propone en relación al transporte, lo que constituiría una vulneración al derecho de información y participación, que se agrava en un tema tan sensible como el de la carretera.

(5) Además, SENACE en su informe de observaciones del 30 de mayo de 2018, pide a la empresa “Identifique las comunidades y localidades por todo el tramo donde se desarrolla la actividad de transporte tanto por las vías comunales y públicas, además identificar, evaluar y valorizar los impactos sociales que dicha actividad estarían generando y se generarían con estas ampliaciones y modificaciones”. Esta observación es pertinente, pero no queda claro si ello va a implicar una modificación del Área de Influencia del proyecto. Por otro lado, la respuesta a esta observación no es aún conocida por las comunidades, que no han podido informarse no opinar al respecto.

(6) Por otro lado, realizar cambios en el diseño del proyecto supone modificar el estudio de factibilidad. Las empresas no hacen cambios fragmentados y frecuentes en su estudio de factibilidad: esto se hace en conjunto y el debido tiempo, porque de ello depende sus costos y el financiamiento de los mismos. Sin embargo, la determinación de los impactos de esos cambios, se viene realizando de manera fragmentada, a través de MEIA e ITS (Informe Técnico Sustentarorio), que se tramitan de forma consecutiva o simultánea. En el caso de Las Bambas, el 16 de abril de 2013 se presenta la primera MEIA, cuando todavía no concluye su evaluación se presenta el primer ITS, el 11 de julio de 2013. El 13 de febrero de 2014 se aprueba el segundo ITS y en marzo del 2014 se presenta la segunda MEIA. Además, en diciembre de 2016, se plantearon los términos de referencia de la Tercera MEIA, empezando el proceso de su elaboración. Sin embargo,  en junio de 2017 la empresa minera presenta el quinto ITS que fue aprobado en agosto de ese año.

(7) Por ello nos preguntamos: si los cambios considerados necesarios en un proyecto se determinan con tiempo y de manera integral en un solo instrumento (la modificación del estudio de factibilidad), ¿por qué en el caso de Las Bambas la evaluación de los impactos de esos cambios se viene realizando a través de distintos instrumentos de gestión ambiental, unos de mayor exigencia que otros? ¿Cuál es la necesidad de fragmentarlos? Los cambios suelen estar concatenados y también sus impactos. Así por ejemplo, si se aumenta la capacidad de producción, ello plantea cambios en el almacenamiento de concentrados, en el transporte; pero también habrá mayor necesidad de agua, se emitirán más desechos y emisiones. Analizar estos impactos de forma fragmentada no permite dimensionar adecuadamente sus implicancias y es muy probable que estos terminen minimizándose en las medidas de mitigación que se definan. Además, una deficiente certificación ambiental limita la eficacia de las acciones de fiscalización. Por esta razón es importante que la legislación que estableció los ITS se revise y se cumpla con los principios de indivisibilidad e integralidad para la evaluación de los impactos ambientales y sociales.

(8) Ante la dispersión y vacíos existentes en el caso de los instrumentos de gestión ambiental de Las Bambas, lo que hemos venido planteando es la necesidad de una actualización del Estudio de Impacto Ambiental, tal como lo establece la normativa.

(9) Finalmente, si bien sobre este caso, en la página de SENACE hay documentos e información de resumen, esta se encuentra dispersa en varias secciones y no es de fácil acceso para la ciudadanía. De hecho, la información sobre proyectos mineros se encuentra dispersa en tres lugares distintos: la web del SENACE, la web del Ministerio de Energía y Minas y el Sistema de Evaluación en Línea (SEAL), lo que dificulta acceder a la información completa de un determinado proyecto. Así como se está generando la “Ventanilla única” para las empresas, también debería existir una ventanilla única para la información a la ciudadanía, para facilitar el ejercicio del derecho a la información.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-desafios-para-la-gestion-ambiental-desde-el-caso-las-bambas/

La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero.

La mina a cielo abierto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek fue denunciada por sus riesgos de contaminación del agua, su falta de consulta y la ilegalidad del proyecto.

De unas 100 acusaciones a líderes sociales en el marco de ese conflicto, la única que queda a la fecha es la de Walter Aduviri, condenado por disturbios y por haber incitado a actos ilícitos.

Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social en contra de los proyectos extractivos en el país, así como lo expresó el propio Walter Aduviri.

“Osea que, en el Perú, ¿al que piensa distinto de cómo se deben buscar los recursos naturales hay que meterlo a la cárcel?, ¿al que dice que hay que respetar a las comunidades originarias andinas y amazónicas en nuestro país hay que meterlo a la cárcel?, ¿eso es la justicia?”, se preguntó el dirigente indígena.

El manifiesto público denuncia también el carácter racista de la acusación, que no reconoce la identidad indígena de Aduviri, y por lo tanto el derecho a la defensa legítima de su territorio en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/peru-condenan-a-lider-indigena-por-defender-la-tierra-ante-minera-canadiense/

Se tenía prevista para el día de hoy la audiencia judicial, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac; donde la fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

El día de hoy, se hicieron presentes en el Poder Judicial de Tambobamba, los ciudadanos acusados; su defensa legal constituida por instituciones de derechos humanos como Fedepaz y Aprodeh; la defensa legal de la empresa minera; y el procurador del Ministerio del Interior. Sin embargo, fue el propio Fiscal a cargo del caso, Fredy Quispe Manchego,  quien pidió la suspensión de la audiencia. Alegó que el día anterior se le habría asignado el caso, ya que el fiscal que tenía a cargo la audiencia, Julio Hinojosa, acababa de salir de vacaciones. Asimismo, indicó que fue recién el  día de ayer que tuvo acceso a todo el expediente, y  que se le entregaron incompletas las carpetas del proceso.

Por su parte, la jueza a cargo de la audiencia le reclamó al fiscal que era la segunda vez que la fiscalía presenta algún tipo de justificación para suspender la audiencia. Del mismo modo, David Velazco, director ejecutivo  de FEDEPAZ y defensa de los acusados,  indicó que no había razón para suspender una vez más la audiencia, debido a que la fiscalía trabaja de manera corporativa. Sin más oposiciones se postergó la audiencia para el 10 de setiembre.

Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados  sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/782-por-vacaciones-del-fiscal-se-suspende-audiencia-judicial-contra-veinte-comuneros-por-protestas-contra-la-minera-la-bambas

Siete candidatos al Gobierno Regional de Madre de Dios —entre gobernadores y vicegobernadores— están vinculados con la minería informal de oro. Así se dio a conocer en un reportaje periodístico del diario El Comercio.

Amado Romero Rodríguez, del partido político Siempre Unidos, tiene formalmente inscritas cuatro concesiones mineras en el distrito Laberinto.

En 2014, el excongresista —conocido como Comeoro— fue vinculado con la minería ilegal. Pues, en una de sus concesiones se encontró evidencia de esta actividad.

Julio Luna Pérez, de Avanza País Partido de Integración Social, es otro aspirante vinculado. Según el diario mencionado, este candidato no declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su trabajo en la empresa J& R ORO, relacionada a la extracción y venta de oro.

Por su parte, Juan Imura Cjuno, del Movimiento Regional Fuerza por Madre de Dios, ha sido investigado por el supuesto tráfico de químicos utilizados para la extracción de oro en la minería ilegal.

Imura, quien postula por segunda vez consecutiva al sillón regional, obvió información ante el JNE sobre su trabajo como gerente comercial en la empresa Kori Wasi. Además, es propietario de tres concesiones mineras.

Vicegobernadores

Karina Valdivia Ramírez, de Perú Libertario, quien postula a vicegobernadora, creó junto a su esposo y a la compañía minera Suwit una asociación de mineros que usaba dragas en el río Madre de Dios. Esta empresa fue investigada por lavado de activos y transporte de oro que habría sido extraído de La Pampa.

Lino Aquino Tito, de Somos Perú, Fernando Arámbulo, de Unión por el Perú, y Erasmo Sumalave Pérez, de Patria Segura, también están implicados en la actividad informal.

Los dos primeros tienen una concesión minera en el distrito Tambopata mientras que el otro postulante es coordinador de ocho bases mineras. Este último tiene una sentencia por el delito de falsificación, cumpliendo dos años de prisión suspendida.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/13/08/2018/7-candidatos-de-madre-de-dios-estan-vinculados-con-la-mineria

Alerta. Mañana se realizará en Tambobamba la audiencia judicial de control de acusación, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac por las protestas contra la empresa minera Las Bambas ocurridas el año 2015. La Fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

Dos de los acusados, Edwar Brandon Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira, sufrieron prisión preventiva durante seis meses en una cárcel del Cusco, entre 2015 y 2016. Desde marzo de 2016 siguen su proceso en libertad.

Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.

El día 28 de setiembre, la represión policial a la protesta ciudadana causó la muerte de tres personas, así como numerosos heridos. Actualmente, no ha avanzado ningún proceso judicial para esclarecer las muertes de dichas personas. Sin embargo, la Fiscalía sí ha formalizado la denuncia contra 20 comuneros por supuestos hechos violentos ocurridos durante la protesta, evidenciando una doble vara: nula iniciativa para defender los derechos de los ciudadanos, pero drástica actitud para criminalizar a quienes participaron de las movilizaciones sociales.

Los acusados fueron detenidos por la Policía cuando retornaban del interior del campamento minero. La defensa legal de los acusados sostiene que no existen pruebas para sostener la acusación formulada por la Fiscalía, y que existen irregularidades en las actas de incautación y registro personal que hablarían de una posible “siembra” de pruebas, como ha ocurrido anteriormente en otros casos. Por otro lado, los acusados en todo momento han sostenido que ellos ingresaron al campamento minero en apoyo del personal de la posta médica para el traslado de los heridos.

Desde este Observatorio señalamos una vez más que criminalizar a los defensores sociales no es una manera de resolver los conflictos. En el caso Las Bambas, debiera retomarse el diálogo con la ciudadanía para afrontar realmente un plan de desarrollo sostenible de la provincia, y para solucionar los impactos ambientales producidos por las continuas modificaciones al proyecto.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/13/fiscalia-pide-hasta-17-anos-de-prision-para-defensores-de-cotabambas/

El anuncio del inicio del proyecto minero Quellaveco ha despertado ánimos optimistas sobre la futura evolución de las inversiones mineras en el país. Se comienza a hacer proyecciones sobre otros proyectos que podrían confirmarse en los próximos meses y años.

En este contexto no está demás revisar la información oficial de las inversiones mineras, los antecedentes previos, las proyecciones, al mismo tiempo que se identifican posibles tendencias.

Mirando hacia atrás

Un primer dato a tomar en cuenta es la propia evolución de la inversión minera en los últimos años. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en la última década y media, la tendencia de la inversión minera en el Perú ha pasado por diferentes momentos: una etapa de crecimiento sostenido que llega a un pico el año 2013; luego una etapa de descenso hasta el 2016 y una de recuperación el último año que habrá que ver cómo se confirma durante el 2018 y en los próximos años.

A partir del año 2013, en el Perú se abrió toda una discusión sobre las causas de la caída de la inversión minera. El discurso desde el sector empresarial acuñó el término de la tramitología que apuntaba a señalar que las causas eran principalmente internas:  excesos de trámites y permisos habían provocado la huida de los inversionistas mineros. Sin embargo, los defensores de este argumento no explicaban por qué, con esos mismos trámites y permisos, en los años precedentes las inversiones no dejaron de aumentar. Tampoco admitieron que la inversión minera había caído a nivel global, incluso a tasas más altas que en el Perú.

Lo cierto es que la data internacional muestra una fuerte correlación entre la evolución de los precios de los minerales y las inversiones. En el siguiente gráfico se puede apreciar que en las dos últimas décadas, cada vez que los precios de los minerales aumentaron, las inversiones también lo hicieron y en la situación inversa, una caída de las cotizaciones terminó por afectar los flujos de inversión a nivel global.

Si agrupamos las inversiones por períodos de gobierno, tenemos que en el quinquenio de Alan García se invirtió en minería US$ 14,030 millones, en el de Humala US$ 40,439 millones y en lo que va del gobierno PPK/Vizcarra, US$ 6,500 millones.

Mirando hacia adelante

Las proyecciones del gobierno apuntan a una inversión de aproximadamente US$ 17 mil millones hasta el 2021. Estas se dividen en varias ampliaciones de operaciones que ya están en marcha (Shauindo, Marcona, Toquepala, Toromocho, Bayobar, Santa María, etc.) y nuevos proyectos como Minas Justa, Quellaveco, Pampa de Pongo, Corani, Los Chancas, etc. La proyección oficial de las inversiones mineras, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), muestra un incremento sostenido hasta el año 2021 y luego un descenso para el 2022.

Proyección anualizada de inversiones 2018-2022

(Millones de US$)

Puesta en marcha de los proyectos en construcción de mina (Minem)

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-inversion-minera-y-sus-proyecciones/