A siete  años de la aprobación de la ley de Consulta Previa nos preguntamos si realmente este derecho de las poblaciones indígenas se está cumpliendo. En el Perú, el 25,6%[1] de la población se autoidentifica como indígena, lo cual evidencia la importancia de un enfoque intercultural para la formulación de políticas públicas. Sin embargo, los numerosos conflictos socioambientales relacionados con actividades extractivas, demuestran que hay aún grandes deficiencias para la implementación de la consulta previa.

Estos son algunos datos que ayudan a entender lo que viene pasando con la consulta Previa en el Perú:

• Las medidas que son consultadas son definidas solo por el Estado, sin participación de los pueblos indígenas.
• Los actos administrativos consultados en minería son actos operativos que se ubican en la fase final de la cadena de decisiones de las etapas de un proyecto minero, cuando ya casi todo está definido.
• En hidrocarburos se consulta el decreto supremo que aprueba el contrato de exploración y explotación de un lote, cuyas cláusulas ya fueron decididas por PerúPetro S.A.. Esto no da posibilidades reales de cambiar los términos del contrato y solo da espacio a debatir sobre los impactos de la actividad.
• La información brindada en el taller informativo es presentada en un formato que las comunidades no entienden por su cultura oral y ágrafa.
• El gobierno redujo las funciones de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, encargada de dar seguimiento a la implementación del derecho a la Consulta Previa. Además esta no cuenta con participación de representantes indígenas.

Ante esta situación, hoy 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, relanzamos la campaña #ConsúltameDeVerdad, con el objetivo de lograr que el Estado Peruano se atreva a cumplir realmente con el derecho a la Consulta Previa para los pueblos indígenas. Ellas y ellos merecen decidir sobre sus territorios y ser consultados en un sentido real y global de la palabra.

Nuestra demanda más inmediata es que se incluyan a los pueblos indígenas en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, encargada de dar seguimiento a todos los procesos de Consulta Previa a nivel nacional. Sin una real participación de representantes indígenas, ¿cómo aseguraremos que se logren verdaderos cambios para cumplir con este derecho? Exijamos que esta comisión se reactive, y renueve su manera de trabajar para proponer cambios de fondo a los procesos de consulta previa.

[1] Encuesta Nacional de Hogares: INEI (2017)

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/se-cumple-realmente-la-consulta-previa-en-el-peru/

Mediante un comunicado a la opinión pública, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) ha respondido ante las observaciones técnicas independientes presentadas por organizaciones de la sociedad civil a la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la minera MMG Las Bambas.

En el comunicado, SENACE precisa que esta institución realizó 136 observaciones a la modificatoria de EIA de Las Bambas, las cuales fueron respondidas por la empresa el pasado 25 de junio mediante un escrito que “se encuentra en revisión por el Senace y las entidades que emitieron opinión técnica”.

Como parte del procedimiento de evaluación, SENACE podría requerir a MMG Las Bambas información complementaria para subsanar las observaciones que pudieran haber quedado sin absolver. El titular, conforme a la normatividad vigente, tendrá un plazo improrrogable de 10 días hábiles para atender dicho pedido. Una vez recibida la información complementaria, SENACE contará con otros 10 días hábiles para culminar su evaluación y tomar una decisión, explica el comunicado.

Cabe recordar que el Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, CooperAcción y la consejera regional de Apurímac Evelin Cavero presentaron la semana pasada un informe técnico independiente con un análisis de las respuestas de la empresa ante las 22 observaciones presentadas en abril. En este nuevo informe, se identifican 12 observaciones que no han sido absueltas satisfactoriamente por la empresa Las Bambas.

Entre las observaciones más importantes, se encuentran varias que tienen que ver con la calidad del agua, su tratamiento y su monitoreo; así como con la calidad del aire debido al material particulado causado por las actividades mineras. Otras observaciones tienen que ver con la ausencia de estudios de factibilidad, requisito que establece la normativa para este tipo de estudios y que no se encuentra presente en la solicitud de la empresa. Finalmente, el informe independiente muestra preocupación por la aprobación del que probablemente sea el cambio más importante de todos, el aumento de la producción, mediante un instrumento de menor jerarquía: el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), lo que vulneraría el principio de indivisibilidad de la evaluación de los impactos ambientales establecido por la normativa.

Ante estas observaciones de fondo, las organizaciones que presentamos el informe independiente consideramos que la solicitud de la empresa no debiera ser aprobada, y que por el contrario se debería exigir a la empresa un EIA Actualizado que incluya de manera integral y sinérgica el conjunto de cambios que ha tenido, hasta el momento, este megaproyecto minero.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-senace-responde-ante-observaciones-de-sociedad-civil/

El impacto de las industrias extractivas es agresiva a nivel económico, social, ambiental y cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se desarrollan estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos, criminalización de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia las mujeres. Aunque no hay registros oficiales sobre la violencia de género en conflictos sociales, de acuerdo al libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales de Rocío Silva Santisteban: desde el 2003 hasta noviembre de 2017, 102 mujeres fueron criminalizadas, y el 10% del total de muertes en conflictos corresponde a mujeres.

El Perú lleva más de dos décadas sosteniendo su economía en base a la actividad minera, detrás de esta economía basada en la exportación de materias primas hay muchas historias: perdidas de vida, personas que se han quedado con alguna discapacidad a causa de los conflictos, defensores ambientales denunciados y estigmatizados por parte de los representante del Estado, los medios de comunicación, las empresas mineras y las fuerzas del orden; mujeres violentadas y agredidas sexualmente (…). La intolerancia hacia los defensores ambientales ha llegado al punto de que hasta un presidente de la República les calificó de “perros del hortelano”.

Además diversas acciones han desnudado el desprecio de los miembros de la Policía Nacional hacia los manifestantes en pleno conflicto. Una mujer le pregunta a un policía en el conflicto Conga (Cajamarca): “¿por qué nos tratan así?”, el policía responde: “porque son perros concha tu mare”. En Juliaca (Puno) los gritos de otro miembro de la policía en una manifestación grita a todo pulmón: “mata a esa chola, la de la huaraca, mátala, mátala”.

Criminalización de la protesta: 102 mujeres han sido procesadas en el Perú

El caso más llamativo en el Perú de agresiones sexuales contra defensoras ambientales se ha dado en el conflicto Majaz. Es el primer caso donde la empresa minera británica Rio Blanco Copper S.A., tuvo que indemnizar a 32 campesinos que fueron torturados el año 2005 dentro de su sede, ubicado en la sierra de Piura. La demanda fue presentada por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) ante las Altas Cortes Británicas contra Monterrico Metals Plc, debido a que participaron en los hechos funcionarios y trabajadores de la minera y de la empresa de seguridad Forza, que prestaba servicios a la mina. “En este caso, dos mujeres fueron violentadas sexualmente, incluso se les despojó de su ropa interior que luego fue colgada en unos palos como si fueran unas banderas, como si se tratase de un trofeo que habían recaudado estos individuos después de haber violentado sexualmente a las mujeres”, señala Rocío Silva Santisteban.

Entre los años 2011 y 2012, cinco personas fueron asesinadas y 154 personas resultaron heridas alrededor del proyecto Conga de la minera Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, ubicado en Cajamarca, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todas estas muertes y agresiones fueron por parte de la policía y las fuerzas armadas. Adelaida Amelia Tabaco, es una de las víctimas del conflicto en Celendín, su marido Paulino Leonterio regresó de Lima un 2 de julio de 2012, al día siguiente fue a visitar a su hermana, cuando retornaba a su casa al pasar por una calle cercana a la Plaza de Armas, un impacto de bala le causó la muerte. Adelaida hasta el día de hoy no ha encontrado justicia tras la muerte de Paulino, desde hace seis años ella tuvo que asumir la crianza y educación de sus dos hijos.

“Las mujeres no solo son denunciadas y perseguidas, sino también son estigmatizadas con una suerte de campañas mediáticas, se le ataca por el liderazgo que tienen, además por su condición de mujer, se les cuestiona permanentemente moralmente”, comenta la abogada Mirtha Vásquez, quien estuvo a cargo de la defensa de luchadores ambientales en Cajamarca. Añade que en los últimos años se ha incrementado en un 30% las denuncias contra las mujeres lideresas.

A raíz de los conflictos sociales han surgido liderazgos y una participación activa de las mujeres

Emperatriz Bolaños, lideresa ambiental en Celendín, recientemente ha sufrido una detención arbitraria en el distrito de Sorocucho por parte de la Policía. Bolaños participa activamente en manifestaciones contra la explotación del proyecto Conga, en ese contexto ha sufrido una serie de amenazas y difamación. “Mataron a mis perros a las 11 de la noche, la policía constata de que mis perros estaban muriendo, después de 10 días dejaron una bolsa con una bala dentro con un frase que decía: “la bala cuesta un sol, ya matamos a tus perros, ahora siguen tus hijos y tú”, denuncia.

Otra luchadora social que ha criticado abiertamente el proyecto Conga es Sara Guerra, ella perdió su trabajo como coordinadora del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en el año 2012, desde entonces le ha sido difícil conseguir trabajo. “En cada uno de nosotros nace esas ganas de defender su territorio por la importancia que tiene eso para ti. Si nosotros permitimos que este territorio sea dañado: no vamos a poder sembrar ni cosechar, no vamos a poder tener agua de calidad, además, seriamos desplazados ¿sin territorio que podemos hacer? si nosotros perdemos las lagunas, desaparecerán también los ríos, para mi esa es la gran importancia de defender y preservar la vida, la mía y de mis generaciones”.

Expropiación de tierras

Uno de los casos más expuestos a nivel público es el de Máxima Acuña de Chaupe, quien fue absuelta por la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca de los cargos de usurpación interpuesta por Yanacocha, la mina pretendió expropiarle sus tierras donde se encuentra la laguna Azul. Su defensa férrea le hizo merecedora de uno de los galardones más importantes a nivel ambiental, el premio Goldman Environmental Prize 2016. Sin embargo este hecho no es un caso aislado en cuanto a expropiación o pérdidas de tierras en zonas mineras.

En abril de este año, 40 miembros de la PNP y funcionarios de la empresa suiza Glencore -una de las minas más grandes de cobre a nivel mundial- se presentaron con maquinarias en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, Cusco, Rocío Coaquera, María Coaquira y Eufrosina Umasi fueron insultadas, golpeadas, jaloneadas por defender su territorio de los miembros de la policía y de la seguridad de la mina. “El problema es que estamos prácticamente financiando estos abusos, la policía está trabajando para las empresas mineras, y estamos hablando de cuerpos de elite de la Policía Nacional que han sido entrenados de una manera especial y esos cuerpos de elite son los que están trabajando de protectores y defensores de las empresas mineras”, remarca Silva Santisteban. Así, la policía en vez de dar seguridad a las poblaciones termina siendo uno de los agresores más recurrentes en los conflictos sociales.

El impacto de las actividades extractivas se dan en mujeres andinas y amazónicas

No hay información oficial sobre violencia de género

La agresión más común hacía las mujeres en los conflictos sociales ha sido la violencia física y sexual, además de otros tipos de violencia que se dan en ese contexto, como el machismo, el racismo, la estigmatización, descalificación y hostilización, sin embargo, no hay cifras ni estadísticas oficiales de parte del Estado. Para Jessenia Casani, socióloga de Demus, los casos que se han podido recoger, las situaciones de violencias que se han podido conocer han sido básicamente desde la voz de las mujeres defensoras. “El Estado peruano es responsable de proveer, de dotar de esta información, de investigar, de tener una estadística de lo que implica esta violencia de género en conflictos eco territoriales para que podamos tener políticas, servicios, programas adecuados para atender, proteger y hacer justicia a estas mujeres”, dice.

Casani añade que, la Ley Nro. 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) y el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, son normativa y política pública que reconocen la violencia de género en conflictos ecoterritoriales, y que establecen además responsabilidad del Estado de generar información y data sobre esta violencia, para que a partir de ello se pueda actuar de una manera oportuna.

Colofon

Un tema que se observa cotidianamente en las zonas extractivas es el alto consumo de alcohol, se abren bares y prostíbulos para los trabajadores mineros y los trabajadores tercerizados que forman parte de la dinámica del movimiento minero. Las fiestas tradicionales de las zonas tienen el auspicio de las propias empresas mineras, donde las cajas de cervezas vienen en abundancia como parte de las relaciones públicas entre empresa y comunidades. Se trasgrede así las dinámicas comunales, se corrompe autoridades comunitarias y se exacerba la violencia de género que afecta a mujeres y niñas en esos escenarios de control, corrupción y autoritarismo. Los cuerpos son sometidos a diversas formas de violencia sexual, entre ellos la trata con fines de explotación sexual. Esta problemática tampoco figura en las estadísticas de violencia de género en zonas extractivas.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/noticias/

Iván Villagomez, alcalde del distrito de San José de Ushua, donde ocurrió la intoxicación de más de 100 personas, declaró esta mañana (ayer) que la tragedia podría haber sido desatada por los problemas ambientales en la zona. Otros pobladores señalaron que existe minería artesanal y extracción metales.

Red Muqui hizo la consulta en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y efectivamente, hay presencia de minería artesanal en la provincia de Paucar del Sara Sara. Esta provincia figura entre las que posee mayores petitorios de minería artesanal.

En el mapa de las concesiones mineras del MINEM también figuran yacimientos mineros de mayor escala en el distrito aledaño a San José de Ushua. Cabe resaltar que en las declaraciones que dio el alcalde a América Noticias, «este es un caso extraño, no es por consumir el alimento, no, este es un caso que nos está afectando, un fenómeno.

Es un tóxico que está en el ambiente y está centrado en el distrito». Indicó que otras personas que no estuvieron presentes en el velorio fueron afectadas y presentaron síntomas de intoxicación.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Al respecto, el Secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke señaló “que se debe investigar bien el origen de la intoxicación, se deberían hacer pruebas de agua y suelo en la zona para determinar el agente contaminante”.

Añadió que por eso es tan importante tener protocolos de atención para personas afectadas por metales tóxicos y hacer el seguimiento del estado de salud.

Hace una semana, el Ministerio de Salud presentó la propuesta de Política Nacional para atención a afectados por metales tóxicos donde se establecen lineamientos para atención prioritaria. En otras regiones de país se ha comprobado que la presencia de metales y metaloides en el aire, agua y suelo han desencadenado intoxicación y enfermedades en la población.

Ese es el caso de Cerro de Pasco y La Oroya donde las pruebas de sangre en niños y niñas han dado como resultado que los evaluados tienen hasta cuatro tipos de metales en su organismo

Fuente:http://www.servindi.org/actualidad-noticias/08/08/2018/hay-concesiones-y-mineria-artesanal-en-provincia-ayacuchana-donde

Alrededor de 60 ciudadanos y ciudadanas del distrito de Madrigal (provincia de Caylloma, Arequipa), caminaron durante 9 horas hasta el campamento minero del proyecto en exploración “Mayra”, de la empresa Buenaventura, para realizar una protesta por presunta contaminación del río Palca. La movilización se realizó el pasado sábado 4 de agosto. Como parte de la medida formaron cuadrillas para vigilar la cabecera de cuenca, ubicada al pie del nevado Suriwiri, a más de 5 mil msnm.

La protesta se produjo tras el ingreso de agua turbia y de coloración amarillenta al distrito de Madrigal, según denunciaron las manifestantes. Al respecto, el alcalde distrital, Tomás Ccama alertó que la empresa está solicitando uso de agua para las actividades de exploración minera, pero “en asamblea popular los habitantes de Madrigal dijeron no hay agua para la mina”. “Los pobladores señalaron que regresarán en cuadrillas semanalmente” hasta el retiro de la empresa, manifestó el alcalde Ccama.

Según el alcalde, el municipio no dio ningún permiso o licencia para el inicio de obra ni acceso de los vehículos.

Los pobladores sostuvieron una reunión ayer para coordinar sus próximas acciones.  Se informó que este jueves, viajarían a la ciudad de Arequipa para realizar una nueva protesta.

Este no es el único conflicto en la región Arequipa que involucra a la empresa Buenaventura, del actual presidente de la CONFIEP Roque Benavides.  Otros conflictos que han tenido actividad este semestre (ver reporte del OCM: http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/17/region-arequipa/) han involucrado a esta polémica empresa minera. Se trata de los conflictos por los proyectos Tambomayo y Gaby ubicados en los distritos de Tapay y Lari, respectivamente, también en la provincia de Caylloma.

En el primer caso, la población realizó protestas durante abril exigiendo la atención de una plataforma que incluía principalmente demandas de responsabilidad social, tales como la construcción de canales de regadío, un fondo de inversión, entre otros. Las protestas fueron suspendidas tras la suscripción de un acta con 14 puntos, los que se espera den lugar a un Convenio Marco entre la empresa y el distrito de Tapay. La mina Tambomayo, que empezó operaciones el año pasado, extrae oro y plata tras una inversión de US$ 362 millones.

En tanto, el proyecto Gaby ha recibido cuestionamientos por parte de la población y de autoridades locales. Tras una inspección en la zona, el alcalde del distrito de Lari y dirigentes locales señalaron que el inicio de extracción de oro de la zona podría generar contaminación de una importante laguna formada por los deshielos del nevado Suriwiri.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/08/arequipa-nueva-protesta-contra-buenaventura-por-presunta-contaminacion/

En los próximos días debe conocerse la respuesta del SENACE ante la solicitud de Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas. Sin embargo, aún permanecen sin absolver 12 observaciones planteadas por la sociedad civil ante este nuevo cambio al megaproyecto minero. Se trata de observaciones que tienen que ver con los impactos al agua y la calidad de aire, entre otros.

Como se recuerda, en abril de este año se presentó un informe independiente con 22 observaciones ante la solicitud de la empresa. El informe, presentado por el Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, CooperAcción y la presidenta del Consejo Regional de Apurímac, identificaba un conjunto de vacíos de información en la Modificatoria y recomendaba al SENACE no aprobar esta solicitud.

Fuente: CooperAcción

Tras ello, la empresa envió al Frente de Defensa un informe respondiendo a dichas observaciones. Sin embargo, un nuevo análisis técnico de las respuestas de MMG Las Bambas muestra que 12 de las observaciones más importantes no fueron absueltas, por lo que la mayor parte de los riesgos al ambiente por los cambios al proyecto siguen latentes.

Lo más importante se aprobó por separado

Una de las principales observaciones es que se habría violado el principio de indivisibilidad de los impactos ambientales, al aprobar la modificación más importante –el aumento de la producción en 5 mil toneladas métricas diarias- mediante un instrumento de menor jerarquía: el informe técnico sustentatorio (ITS). En efecto, la empresa inició el proceso para la Tercera Modificatoria de su EIA en diciembre de 2016, pero seis meses después, en junio del 2017, presentó en paralelo un ITS para ampliar su producción de 140 mil a 145 mil TMD. Lo grave es que los cambios solicitados en la Modificatoria, tales como la ampliación del tajo, del almacén de concentrados y de las vías de acceso, se originan precisamente en la intención de ampliar su producción.

La aprobación en paralelo del cambio más importante contraviene el principio de indivisibilidad de evaluación de los impactos ambientales, establecido en el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. “Los componentes propuestos en la Tercera Modificación, operativamente, tienen sinergia con los componentes que se aprobaron en el ITS (…). Dichos componentes requieren ser evaluados de manera sinérgica, integral y acumulativa” pues “al dividirse dichos componentes y aprobarse por separado se invisibilizan los impactos”, señala el informe técnico.

El informe recomienda al SENACE iniciar una investigación y un procedimiento de control interno para determinar cómo así se permitió que se presente un ITS a sabiendas de que se venía elaborando una Tercera Modificación del EIA, pues se habría incurrido en una grave alteración a la evaluación de impactos ambientales.

Además, recomienda suspender administrativamente la evaluación de la Modificatoria mientras se realice dicha investigación, así como revisar la aprobación del ITS. Más aún, cuando dicha aprobación incluía un canal para la desviación del río Ferrobamba, pero no se contó con la opinión técnica de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) tal como lo exige la ley de recursos hídricos.

Dudas en agua y aire

Varias de las observaciones no absueltas tienen que ver con los delicados temas de agua y aire. Por ejemplo, las respuestas de la empresa confirman que la información de línea de base hidrológica e hidrográfica está desactualizada, pues corresponde a los años 2006 y 2009, antes del inicio de operaciones de Las Bambas. Actualmente, la cuenca ya cambió por la actividad minera y esos cambios deberían incluirse para saber de qué situación se está partiendo para esta modificatoria.

Además, pese a que la ampliación del tajo aumentará la cantidad de agua que entra en contacto con posibles contaminantes, no se plantea un cambio en el tratamiento del líquido elemento. El agua es tratada solo de manera física, por sedimentación, lo que no garantiza que los metales disueltos en el agua puedan limpiarse. Por ello, se recomienda la instalación de una planta de tratamiento químico para asegurar la calidad del agua que se devuelve al curso natural.

Por otro lado, siendo que el polvo y la calidad del aire son una de las preocupaciones constantes de la población, el documento remitido por la empresa aún deja dudas sobre el tema. Por ejemplo, los datos presentados sobre el viento son confusos y sobreestiman la intensidad de los vientos en la zona. Cabe indicar que cuanto más fuertes sean los vientos, mayor será la dispersión natural del material particulado. Es decir, se estaría subestimando el impacto ambiental en el aire.

Además, si bien la empresa cumple con presentar un Modelamiento de calidad del aire, este tiene varios problemas. Uno de los más preocupantes es que la estimación de las áreas de influencia de la contaminación por material particulado se ha hecho a partir de valores altos (30 ug/m3 anuales), cuando la norma establece que debe hacerse a partir de 5 ug/m3 anuales. Esto quiere decir que, si se utilizaran los valores que establece la norma, el área de influencia real debiera ser más grande.

No hay estudios de factibilidad

Fuente: CooperAcción

Finalmente, una de las observaciones más importantes que se realizó en abril fue la ausencia de estudios de factibilidad para varios de los componentes, tales como el almacén de concentrados, los canales de coronación, los caminos de acceso, entre otros. En su respuesta, la empresa ha presentado planos de ingeniería de estos componentes, pero eso no es el equivalente a un estudio de factibilidad, cuyos componentes están claramente detallados en Reglamento de Protección Ambiental Minero.

Esto es importante, porque mientras no hayan estudios a este nivel de detalle los componentes podrían cambiar, lo que alteraría también el tipo de impactos previstos. La norma establece que los EIA y sus modificatorias deben contar con estudios de factibilidad, y no contar con ellos es motivo para que sean rechazados de plano.

Todas estas observaciones no absueltas debieran llevar a que no se apruebe este nuevo cambio, y a que se le pida a la empresa la presentación de un EIA Actualizado que incluya de manera integral y sinérgica el conjunto de cambios que ha tenido, hasta el momento, este megaproyecto minero.

Dato

El proyecto Las Bambas ha ido cambiando desde su aprobación, a través de la aprobación de dos Modificatorias de Estudio de Impacto Ambiental y cinco Informes Técnicos Sustentatorios.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/6522-2/

Vizcarra no ha informado respecto de las implicancias del nuevo paquete normativo de fiestas patrias que acaba de dictar. Se continúa favoreciendo con medidas tributarias a las empresas con contratos de estabilidad jurídica, entre ellas empresas mineras, que operan por años en el Perú, y que generan importantes utilidades que no se quedan en el país.

Nuestra legislación no se adecúa en materia ambiental y social a los estándares y recomendaciones internacionales emitidas por la OCDE y GAFI, y sólo se hace en materia económica y financiera. La modificación del marco normativo de Defensa Pública no se incluye medidas para optimizar los servicios también en favor de las/los defensoras/es de derechos humanos y ambientales, que sólo defienden sus territorios y derechos colectivos del despojo y la imposición de actividades extractivas.

No se establece la potestad sancionadora del Ministerio de Cultura (MINCUL), no sólo al marco normativo de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial – PIACI, que es importante, sino que también debe incluir sanciones ante el incumplimiento del art. 89 de la Constitución sobre Comunidades Campesinas, a la ley 29785, ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, y a la Ley 24656, ley de Comunidades Campesinas, todas ellas respecto al respeto de la autonomía, la disposición de las tierras, y la aplicación de la consulta previa a nuestras comunidades campesinas y nativas, que buscan ser eliminadas con las normas vigentes en el Perú.

Respecto al nuevo paquete normativo, resaltamos que se establezca que la simplificación administrativa no debe generar la reducción o eliminación de derechos ni requisitos sustantivos, como ha venido sucediendo durante los últimos gobiernos incluido el del ex presidente Kuczynski. En este gobierno se siguen dictando normas que son parte de un nuevo paquete normativo, un ejemplo de ello es el Decreto Legislativo 1366 que amplía las funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), para tomar decisión sobre bienes inmuebles públicos y privados en favor de obras o proyectos, sin necesidad de que haya una previa declaración de éstas como de necesidad pública, interés nacional y/o de gran envergadura. Incluso establece que, en el caso de procesos judiciales seguidos contra el Estado, la autoridad jurisdiccional “debe” solicitar la opinión de la SBN de manera previa a la emisión de la sentencia o medida cautelar respectiva, afectando el principio de independencia de la función jurisdiccional.

Como parte del paquete normativo, el Decreto Legislativo Nro. 1360 ha precisado funciones específicas del Ministerio de Cultura (MINCUL) como ente rector en materia de pueblos indígenas u originarios en el Perú, supuestamente en base a recomendaciones realizadas por la OCDE. Se precisa que es el Viceministerio de Interculturalidad, como ente exclusivo de establecer el reconocimiento de los Pueblos Indígenas u originarios – PPII, el encargado de “establecer los lineamientos para dicho reconocimiento”. Con ello se deslegitima el rol de gobiernos regionales que ya han realizado dicho reconocimiento, el que ha sido objetado por el MINCUL con procesos de inconstitucionalidad. Se evidencia que continúa el afán de poner trabas desde el Estado a nuestras comunidades campesinas y nativas en la defensa de sus territorios, frente a la imposición de actividades económicas que afectan sus modos de vida y no impulsan alternativas de desarrollo sostenibles, y más bien se favorece a los poderes económicos, lo que sigue generando conflictividad social en el país.

Si bien el Decreto Legilastivo 1366 reconoce que la Base de datos de PPII, no es constitutiva de Derechos porque “puede” haber otros pueblos que no estando en ella, pero pueden ejercer sus derechos colectivos, también en su segunda disposición complementaria final establece que está Base es fuente de información para que los diferentes niveles de gobiernos dicten políticas públicas sobre PPII, es decir lo pueden hacer solo en tanto dicha Base de datos, o sea para las comunidades que están en dicha base, lo que es restrictivo justamente.

Finalmente, hay que sumarse al clamor popular respecto del gran problema de la corrupción en el Perú, que ahora se ha evidenciado en el Poder Judicial y el Ministerio Público, y que también debe considerar como ha afectado también a defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales a nivel nacional, por el hecho de defender sus derechos colectivos y de propiedad. La corrupción alcanza también a las puertas giratorias, y como los funcionarios de las empresas pasan a ser funcionarios públicos, facilitando favores a las empresas con aprobaciones de estudios ambientales y dictando normas que luego las benefician en el sector público para luego ser beneficiados con puestos en otras empresas. Situación similar terminó con su antecesor fuera del gobierno y se requieren medidas concretas que acaben con éste mal que carcome a nuestro país, para lograr la paz y justicia social que todas y todos anhelamos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/opinion/item/778-medidas-de-vizcarra-refuerzan-el-modelo-extractivo-y-apuntan-a-desaparecer-territorios-colectivos

Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín son las regiones con mayor índice de deforestación. La devastación se vincula a la apertura de caminos forestales y a la actividad minera.

La Amazonía peruana perdió más de 23 mil hectáreas de bosque durante el primer semestre del año, según informó el programa nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (Minam).

Hasta junio de este año, las principales pérdidas se registraron en las regiones de Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín, representando el 71 por ciento de la devastación total de la Amazonía.

De acuerdo a la información del Minam, la primera región perdió cerca de 5500 hectáreas mientras que el territorio madrediosense, 4300. Se estima que la devastación de los bosques de Ucayali y San Martín suma 6700 hectáreas.

La principal causa de la deforestación es la agricultura migratoria y la ganadería. La minería y tala ilegal son otras de las actividades que amenazan a la Amazonía.

Casos representativos

El informe señala la existencia de tres casos representativos de pérdida de bosques por la deforestación. El primero es a causa de la plantación de arroz, ocurrido en el distrito Nueva Requena, Ucayali. Esto generó la deforestación de cerca de 50 mil hectáreas.

El segundo caso se debe a la apertura de caminos forestales en el distrito Contamana, Loreto, representando la pérdida de más de 4 mil hectáreas en áreas establecidas como Bosque de Producción Permanente (BPP).

Y, el último reporta la deforestación por la actividad minera en el distrito Inambari, Madre de Dios, que afectó más de 300 mil hectáreas de bosques, ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/04/08/2018/amazonia-peruana-perdio-mas-23-mil-h

El miércoles 1º de Agosto de 2018, la humanidad alcanzó el umbral de consumir todos los recursos que la tierra genera y reproduce a lo largo de un año. Al día siguiente, el jueves 2 de Agosto, se ingresó en un déficit ecológico al pasar a consumir las reservas ambientales planetarias y arrojase residuos que rebasan las capacidades de los ecosistemas.

El umbral que se cruzó en esas fechas es conocido como Día del Exceso o de la Sobrecapacidad. Desde ese momento, todas nuestras jornadas ya están dentro del exceso. Consumimos más y cada vez más rápido.

Eso explica que desde que se lo calcula, ese umbral se alcanza en fechas cada vez más tempranas. A inicios de los años setenta más o menos se coincidía con el año calendario, o sea que se aprovechaba el equivalente a lo que el planeta producía o regeneraba en el mismo año. Enseguida ese umbral comenzó a adelantarse. A mediados de la década de 1990 el límite del exceso se sobrepasa en el mes de Octubre, mientras que ahora se lo alcanza en Agosto.

Esto no puede sorprender porque el consumo de la humanidad es inmenso. Por ejemplo, en un año la suma de todos los recursos extraídos, los minerales, hidrocarburos, maderas, alimentos, granos, peces, etc., todo ello totaliza 70 mil millones de toneladas.

Este enorme volumen, más la energía y agua que necesita y las basuras que genera, equivalen a más de uno y medio planetas tierra. Por cierto eso esconde muchas diferencias. Si todos viviéramos con el estilo de consumo de un estadounidense, devoraríamos los recursos de unos cinco planetas tierra; si fuéramos austeros como en la India, nuestras necesidades serían de un poco más de medio planeta tierra.

Evolución de la relación entre la capacidad ecológica de la Tierra y la apropiación de recursos naturales que hacen los humanos. El balance de uno a uno se rompió a inicio de la década de 1970, y actualmente se necesita el equivalente a 1,7 planetas tierra para sostener la intensidad de apropiación anual.

No faltará quien crea que Perú no debe estar preocupado y que su situación se asemeja más a la de la India. Pero está equivocado: si todo el planeta viviera con el mismo nivel de consumo del promedio en Perú, el Día del Exceso sería el 25 de setiembre. Sin duda la presión es mucho menor a la que provocan los países industrializados, pero no está sustancialmente alejado del promedio global y por ello no constituye un ejemplo de equilibrio ecológico. El registro peruano es incluso peor al de otras naciones vecinas; por ejemplo, la apropiación de recursos naturales de Ecuador colocaría el umbral del déficit ecológico a fines de Octubre y la de Colombia el 17 de Noviembre.

Los economistas y políticos se alarman por los déficits fiscales o comerciales, pero no parece interesarles mucho este déficit ecológico, y ni siquiera promueven sus propios cálculos para entender donde se encuentra la “economía” de la Naturaleza nacional.

Es una pérdida invisible para la economía convencional, y por ello se sigue depredando la Naturaleza. De ese modo ese déficit no ha dejado de crecer desde hace casi cincuenta años, alcanzando una gravedad alarmante que debería movernos a todos a una reacción urgente.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/todos-los-dias-ya-son-del-exceso/