en su propio cuerpo y en su salud que le era arrebatada día a día. A sus cortos 12 años murió a causa de intoxicación con arsénico y plomo.
Cerro de Pasco – Perú
¿Cómo le dices a tu hija que por haber nacido en donde ha nacido, está ya condenada a la intoxicación y la muerte? Cómo puedes vivir en paz, cuándo sabes que tus hijos tienen que jugar respirando aire envenenado? ¿Cómo les dices, que deben permanecer ahí, porque es la tierra donde siempre han vivido, donde han aprendido a trabajar, donde están todos sus lazos?

La historia de Zoe, debe dolernos a todos. Tenía 12 años y cuando nació en Cerro de Pasco, Perú, su pueblo, ya se registraban graves daños al ambiente en el que vivía y se desenvolvía la población. Este poblado, que se visualiza como un inmenso hueco en la tierra, ha sido declarado como una zona de sacrificio en América Latina según la ONU y según estudios de la Organización Mundial de la Salud los niveles de metales pesados sobrepasan en cientos de veces los límites de seguridad nacionales.

Sus padres hicieron de todo para salvar a su hija, gastaron todo lo que tenían, y más allá de lo que tenían buscaron medios económicos, para que su hija pueda recibir un tratamiento. Siendo una de las localidades que más ganancias le representa al Perú, sus pobladores, con una abrumadora mayoría enferma, intoxicada, debe recorrer kilómetros de distancia para acceder a atención médica, que aún así no es especializada y tampoco con acompañamiento recurrente. La atención médica para los habitantes de Cerro de Pasco, así como en todos los lugares de extracción minera, es desastrosa y una deuda histórica, que a las autoridades y las empresas explotadoras, no les interesa atender, aún pese a los reclamos, insistencia y demandas de las víctimas de esta operación minera.

Dejaron a morir a Zoe por su indiferencia y negligencia

El estado, con sus gobiernos de turno, una y otra vez ignoraron que Zoe y cientos de niños más, vivían con esta intoxicación crónica por culpa de su negligencia, de su indolencia, de su irresponsabilidad. La empresa Volcán que es la responsable del desastre en esta zona, de origen peruano, que desde el 2017 tuvo más de 50% de sus capitales en manos de la gigante anglo – suiza Glencore y actualmente mayoritariamente con capitales argentinos a cargo de la firma Integra Capital; informa en su página web que cumple con los estándares ambientales y de responsabilidad social. Su emporio de destrucción ha crecido cada año, a costa de la vida de las personas.

Zoe sufrió mucho. Su calidad de vida mermaba todos los días. Zoe ha dejado el vacío en su familia, pese a la lucha incansable de sus padres y vecinos. A los niños de Cerro de Pasco les une la desgracia heredada desde tiempos de la colonia. Según versa una investigación de enero 2024, publicada por el portal Mongabay, los niveles de coeficiente intelectual de los niños que viven en Cerro de Pasco se han visto afectados significativamente por la exposición a metales pesados.

LEA MÁS AQUÍ La historia de ZOE: https://iglesiasymineria.org/2025/05/16/zoe-la-nina-que-murio-envenenada-por-el-empresa-minera-volcan-y-por-el-estado-peruano-su-historia-es-la-historia-de-cerro-de-pasco/

Red Iglesias y Minería

24/04/2025 Habían sido condenados en primera instancia
La líder comunal Lisbeth Abarca, una de las absueltas. . Imagen: EFE
Once líderes comunales y activistas peruanos fueron absueltos por un tribunal superior, tras haber sido sentenciados a penas de entre 8 y 9 años de cárcel por su participación en 2015 en unas protestas contra la gran mina de cobre Las Bambas.

Los comuneros protestaron en 2015 por el cambio en el estudio de impacto ambiental para permitir el paso diario de unos 170 camiones cargados con el mineral por territorios de las comunidades andinas, algo que iba a afectar tanto su salud como el medioambiente.

La mina Las Bambas es considerada una de las mayores explotaciones de cobre en Perú y la más grande de una empresa china en América Latina, pero ha recibido quejas por su aparente impacto negativo en el respeto de los derechos humanos de los pobladores.

«Esta sentencia sienta un precedente muy importante»
Luego de que una sala penal revocó las sentencias que se habían dictado contra los líderes por los delitos de disturbios y daños agravados, varios de ellos y sus abogados ofrecieron una rueda de prensa en Lima para dar detalles del proceso judicial.

«Para nosotros es un nuevo día hoy día, porque hasta ayer hemos pasado una penuria para nuestras familias, nuestros hijos, era una situación triste», dijo Maximiliano Huachaca, quien enfrentaba una condena de ocho años y el pago de una reparación civil a favor del Estado y de la firma china MMG, que desarrolla el megaproyecto de Las Bambas en el departamento andino de Apurímac.

Aseguró que con esta sentencia han encontrado «la justicia verdadera», después de una «dura lucha» que ha durado casi una década.

Uno de los abogados de los comuneros, David Velazco, expuso que tras la apelación que presentaron en 2024 tras un primer fallo, la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac cuestionó la existencia probatoria de la figura de la autoría mediata de los activistas sobre estos delitos.

«Saludamos la sentencia, agradecemos que los magistrados hayan hecho justicia, esta sentencia sienta un precedente muy importante en la lucha contra la impunidad cuando se abren procesos arbitrarios contra los defensores de derechos humanos y del ambiente», afirmó Velazco.

En este sentido, la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) aseguró que este proceso judicial «ha evidenciado la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución y criminalización de defensores».

Lisbeth Abarca, otra de las personas que habían recibido una condena de prisión, expresó que este largo proceso judicial les ha causado mucho daño psicológico, tanto a ellos como a sus familias. «Nos han restringido incluso en el trabajo. Este proceso largo ha afectado a nuestros hijos, esposas, padres y madres», denunció.

Asimismo, los defensores afirmaron que las investigaciones de este caso no han acabado, puesto que las tres muertes de comuneros ocurridas durante las protestas aún no tienen responsables. «Mientras a nosotros nos aceleraron el proceso, las investigaciones por los fallecidos están estancadas. Hay niños huérfanos y viudas que siguen esperando justicia», agregó Huachaca.
https://www.pagina12.com.ar/820621-peru-absuelven-a-11-personas-que-encabezaron-protestas-contr

05/05/2025
El hallazgo sin vida de los 13 mineros que habían sido secuestrados el pasado 25 de abril, es un nuevo capítulo de la espiral de violencia que se vive en esta provincia de la sierra de La Libertad.

De lo que se sabe, los trabajadores asesinados laboraban para la contratista R&R, y según información proporcionada por la propia empresa minera Poderosa, brindaban servicios a un minero artesanal con quien “mantiene un contrato de explotación”. Al parecer, previamente la zona en disputa había sido invadida violentamente por ilegales y los trabajadores habrían llegado al lugar para desalojarlos.

Este hecho es una clara evidencia de que el estado de emergencia no ha funcionado en Pataz y de que la disputa por el control de la extracción de oro en esta zona del país es cada vez más violenta. La Libertad sigue siendo la zona del país con mayor índice de criminalidad y Pataz es un buen ejemplo de ello. Desde el 12 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, lo que significa que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, supuestamente, habían asumido el control interno de ambas provincias.

Sin embargo, a estas alturas queda claro que esta medida no ha funcionado y que los enfrentamientos armados, atentados y asesinatos, continúan. Hace unos meses, el alcalde de Pataz, Carlos Mariño, en una entrevista en un medio radial, señaló que mientras los estados de emergencia “no vayan acompañados de un recurso logístico, no van a funcionar […] La Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) está en Parcoy y en el distrito de Pataz, pero no están protegiendo al pueblo. Tenemos comisarías que no están bien implementadas”.

Los hechos le dan la razón al alcalde. Ya en octubre del año pasado, en la zona Tolvas, parte de la concesión de la empresa Poderosa, se había encontrado una suerte de fosa común, con aproximadamente 12 cuerpos en descomposición. Esta zona había sido tomada por un grupo de mineros ilegales liderado por rankeados delincuentes. Como se sabe, en la zona hay enfrentamientos abiertos entre diferentes grupos que buscan controlar las zonas de explotación minera.

Además, otra evidencia del fracaso de esta estrategia, es que con estado de emergencia y con la Policía y las Fuerzas Armadas, supuestamente, controlando todo lo que pasa en Pataz, hace apenas unos días, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, hablaba de “supuesto secuestro de trabajadores en Pataz”. Queda claro que el gobierno no tiene idea de lo que pasa en esta zona del país.

La disputa armada no se da en la superficie, es sobre todo en los socavones para controlar las galerías y las labores mineras. Se sabe, por diferentes reportes que, por ejemplo, la seguridad de la minera Poderosa, libra enfrentamientos bajo tierra con grupos de mineros ilegales, respaldados por gente fuertemente armada: esta empresa ha informado que alrededor de 30 sectores de la unidad de Santa María, una de las zonas de mayor producción, han sido capturados por mineros invasores, que están respaldados por bandas delictivas.

Otros ejemplos de que el estado de emergencia no funciona: diversos informes señalan que en esta provincia de La Libertad hay 52 plantas que operan este mineral extraído, que luego es transportado sin ningún tipo de control o fiscalización por parte de las autoridades. Además, en los últimos cuatro años, habrían salido unos 33,708 volquetes cargados con 674,160 toneladas de oro, por un valor de US$3,553 millones. La Libertad se ha convertido en el principal departamento productor de oro del país.

Finalmente, sobre todo en una zona tan convulsionada como la de Pataz, debería esclarecerse la relación entre la minería formal y sus contratistas, ya sea pequeños mineros u otros, ya que, en esa relación difusa, todo indica que son estos trabajadores los que están siendo expuestos en una situación de enfrentamiento abierto y tremendamente violento.

Desde CooperAccion hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares de los 13 trabajadores asesinados

Cooperaccion  29/04/2025
Diez comunidades originarias de Espinar, en la región Cusco, realizaron una medida de lucha que se inició el domingo 30 de marzo, en respuesta al incumplimiento de compromisos asumidos tanto por el Estado como por la empresa minera Antapaccay, subsidiaria de Glencore. Las comunidades involucradas en esta protesta son Alto Huarca, Huarca, Cala Cala, Antacollana, Huisa, Huisa Ccollana, Suero y Cama, Alto Huancané, Huancané Bajo y Tintaya Marquiri.

Las comunidades denuncian la vulneración de sus derechos y exigen soluciones urgentes ante los impactos de la actividad minera. Sus principales demandas incluyen la nulidad de la segunda modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) y la suspensión de sus trámites administrativos, la implementación de un plan integral de reparaciones para remediar los daños ambientales acumulados, una reunión urgente con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el ministerio de Energía y minas para atender sus reclamos, la paralización de la planta industrial de óxidos de la empresa minera, cuya operación consideran ilegal, y la realización de una consulta previa auténtica y vinculante, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que garantice su participación en decisiones que afectan sus territorios.

Las comunidades han alertado sobre diversas irregularidades en los procesos administrativos y en la implementación de la consulta previa, denunciando manipulación que estaría vulnerando su derecho a una participación libre e informada. Además, han expresado su preocupación por la contaminación ambiental comprobada en agua, suelo y aire, según informes de la OEFA y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cusco. También han denunciado la criminalización y persecución de líderes comunales que han alzado su voz en defensa de sus derechos y territorios.

Las comunidades afirman que el proceso de consulta previa del proyecto minero “Expansión Tintaya – Ampliación Antapaccay e Integración Coroccohuayco” se ha prolongado por más de cinco años sin que se alcancen acuerdos que respeten sus derechos fundamentales y colectivos. Además, sostienen que el Estado ha actuado en colusión con la empresa minera, favoreciendo la explotación de recursos en detrimento de las comunidades afectadas.

El comunero de la comunidad de Alto Huarca, Claudio Humasi Fernández, mencionó que “las comunidades de Espinar están ejerciendo su derecho al control territorial sin vulnerar ninguna ley, ya que las carreteras utilizadas para otro tipo de uso nunca fueron consultadas y siguen perteneciendo a las comunidades”. Señaló que la minería en la zona está atentando contra la salud de la población, pues muchos comuneros, incluido él, presentan metales pesados ​​en el cuerpo y solo reciben medicamentos comunes sin un tratamiento adecuado. Asimismo, que la empresa Antapaccay, del conglomerado Glencore, no ha remediado el daño ambiental y exige remediación, reparación e indemnización para las comunidades afectadas. Además, exigen la presencia del ministro de Energía y Minas en las comunidades de Espinar y que la empresa cumpla con la sentencia de la Sala mixta descentralizada de Canchis del 15 de enero de 2025, que determinó la vulneración de derechos de la comunidad campesina de Huisa y ordenó una “consulta ex-post” sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya. Finalmente, también exige la llegada de los dueños o accionistas de la empresa para que escuchen directamente las denuncias de las comunidades y el maltrato que sufren por parte de los administradores de la empresa minera.

El 1 de abril de 2025, el Ministerio de Energía y Minas, a través del ministro Jorge Luis Montero Cornejo, envió un oficio a los presidentes de las diez comunidades de Espinar, invitándolos a una reunión de trabajo programada para el 7 de abril en Lima. La agenda de la reunión que propuso el MINEM consistía en abordar aspectos relacionados con el proyecto minero de explotación “Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”, así como las preocupaciones sobre la posible vulneración del derecho al libre tránsito y el normal desenvolvimiento de las actividades en la provincia.

Sin embargo, las comunidades manifestaron que no asistirían a la reunión en Lima, ya que consideran que dicho encuentro debe realizarse en sus territorios, donde se encuentran los comuneros directamente afectados. El mismo día, la Fiscalía de prevención del delito se apersonó al lugar donde las comunidades mantienen su medida de lucha en defensa de sus derechos.

Las comunidades de Espinar reafirman su compromiso con la defensa de sus territorios y anuncian que mantendrán el control de sus territorios hasta que el Estado y la empresa minera cumplan con sus acuerdos y obligaciones. Asimismo, exigen el respeto a sus derechos y una consulta previa real y efectiva, garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos.

29/04/2025
La situación se tensa con la llegada de la Policía Nacional, mientras los habitantes de Chumbivilcas se mantienen firmes en su lucha por soluciones concretas a sus demandas.

Los comuneros destacaron dos peticiones a las autoridades de Ccapacmarca. Foto: Composición LR/Luis Álvarez
Desde el pasado viernes, los habitantes de la Comunidad Campesina de Ccapacmarca, ubicada en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), iniciaron una paralización indefinida mediante el bloqueo del Corredor Vial Sur, en protesta contra las autoridades nacionales y la empresa minera Las Bambas. Los comuneros demandan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Congreso de la República la promulgación de una norma que garantice el saneamiento físico legal de sus terrenos y la pavimentación definitiva de la carretera.

Los manifestantes exigen que dicha ley asegure la regularización jurídica de sus tierras, las cuales forman parte del corredor minero, con el fin de mitigar los impactos ambientales generados por el tránsito constante de vehículos de carga pesada que transportan concentrado de mineral desde la minera Las Bambas, situada en Apurímac.

Comuneros de Ccapacmarca denunciaron conversión ilegal de la carretera que atraviesa sus terrenos
En el año 2019, los comuneros de Ccapacmarca denunciaron que el Estado peruano, en presunta complicidad con la minera Las Bambas, habría realizado una conversión ilegal de la carretera que atraviesa sus terrenos comunales en una vía de carácter nacional. Esto, aseguran, vulnera derechos fundamentales como la consulta previa, la identidad cultural y el acceso a un ambiente saludable, derechos reconocidos tanto en la Constitución Política del Perú como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

Como parte de su pliego de demandas, los comuneros plantean dos peticiones principales: el saneamiento físico legal de sus tierras comunales y la pavimentación definitiva de la carretera. Según ellos, esto es una responsabilidad que deben asumir tanto la empresa minera como el Estado peruano.

Adicionalmente, los comuneros responsabilizan al Estado y a la empresa minera por el incumplimiento de los compromisos adquiridos desde el año 2019 y han solicitado la presencia urgente del ministro del MTC.

Cusco: agentes PNP fueron desplegados para mantener el orden en la comunidad de Ccapacmarca
La situación en la zona ha experimentado un aumento de la tensión con la llegada de un contingente de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), desplegados con el objetivo de mantener el orden público. Sin embargo, los pobladores han manifestado claramente que no detendrán las medidas de fuerza hasta alcanzar soluciones concretas a sus demandas.

«En estos momentos, representantes de la minera y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se encuentran en la búsqueda de una solución. Esperamos que se pueda levantar la medida de protesta. A lo largo del año, enfrentamos este tipo de movilizaciones en los más de 300 kilómetros que comprenden la vía», declaró el general de la PNP, Julio Becerra Cámara, quien también es jefe de la Región Policial Cusco.

Hasta el cierre de la presente información, los comuneros mantenían bloqueada una parte significativa de la vía.
https://larepublica.pe/sociedad/2025/04/28/en-cusco-comuneros-inician-huelga-indefinida-y-bloquean-el-corredor-vial-sur-en-protesta-contra-el-gobierno-y-la-minera-las-bambas-339080

Respecto al citatorio del dirigente Miguel Meza, cuestionó que las normas no estén siendo homogéneas.
Milagros Rodriguez Sumire 11/04/2025
Las protestas contra el proyecto minero Tía María continúan en Islay tomando más fuerza, y si no hay voluntad de solución por parte de las autoridades podría radicalizarse, así lo informó su alcalde provincial, Richard Ale Cruz.

El burgomaestre señaló que agricultores de las comunidades se movilizan para hacer notar su sentir y ser escuchados.

“Cuando la autoridad misma trasgrede las normas legales, al pueblo no le queda más que salir y protestar” aseveró.

Con respecto al citatorio al vocero del Valle del Tambo, Miguel Meza en Seguridad del Estado, cuestionó que las normas no estén siendo homogéneas, refiriéndose a lo sucedido en Moquegua, en el Puente Montalvo, donde manifestantes soldaron un riel el año pasado, sin embargo, nadie fue llamado ni detenido, según menciona.

“Esto es una sinvergüencería, en letras mayúsculas es una gran corrupción” sentenció.

El edil aseguró que la unión de todas las provincias a la manifestación esta para un “tincanazo” si la presidenta Dina Boluarte, no llega a dialogar.

En cuanto al anuncio del inicio de la construcción de la minería, recomendó que “no provoquen” a los se oponen para no extremar la medida.

Finamente reafirmó su apoyo a esta causa antiminera y a los dirigentes. “Yo siempre he apoyado, nunca he dejado de apoyar” culminó.

Alcalde de Islay advierte que protesta contra el proyecto Tía María podría radicalizarse

Diario UNO 11/04/2025
Manifestantes del Valle de Tambo radicalizan su protesta contra el proyecto minero bloqueando La Pampilla, afectando el tránsito y exigiendo la cancelación definitiva del EIA que, según denuncian, ya está vencido.

Agricultores del distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay (Arequipa), intensificaron sus protestas contra el proyecto minero Tía María, bloqueando completamente el cruce de La Pampilla, un punto estratégico en la región. Esta acción ha interrumpido el tránsito en todos los sentidos, afectando a transportistas y residentes locales.​

Los manifestantes exigen la cancelación definitiva del proyecto minero, argumentando que representa una amenaza para la actividad agrícola y los recursos hídricos del Valle de Tambo. Además, han presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial, solicitando la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, cuya vigencia habría expirado en 2019.

Hasta el momento, las autoridades locales no han logrado restablecer el diálogo con los dirigentes del paro. Los agricultores denuncian la falta de consulta previa y la criminalización de la protesta social, señalando que hasta la fecha, ocho personas han perdido la vida en el marco de las manifestaciones, mientras que otras enfrentan procesos judiciales relacionados con su participación en las protestas. ​

El conflicto en el Valle de Tambo refleja una problemática más amplia en el país, donde los proyectos extractivos enfrentan una creciente resistencia social debido a preocupaciones ambientales y la falta de consulta previa con las comunidades afectadas.

Agricultores bloquean cruce clave en Arequipa y exigen fin del proyecto Tía María

09/04/2025
Operación de Glencore, Foto:Bloomberg
No es la primera vez que Antapaccay sufre del bloqueo de sus vías de acceso, una protesta recurrente que afecta al sector minero del país

Comunidades andinas suspendieron el lunes el bloqueo al acceso a la mina de cobre Antapaccay de Glencore en Perú, tras mantener por más de una semana la protesta en demanda de consultas sobre el desarrollo de un proyecto de la empresa, dijo un dirigente.

La suspensión del bloqueo se produjo después de un acuerdo entre los dirigentes de la comunidades andinas y funcionarios del Gobierno, en la que fijaron un cronograma para llevar el «proceso de consulta previa» y definir un «plan de reparaciones» para los residentes, dijo a Reuters Flavio Huanque.

Representantes en Lima de la firma Antapaccay, de Glencore GLEN.L, no estuvieron disponibles de inmediato para la consultas sobre el tema. Representantes de Glencore dijeron el viernes que la protesta no había afectado la producción.

No es la primera vez que Antapaccay sufre del bloqueo de sus vías de acceso, una protesta recurrente que afecta al sector minero de Perú, el tercer productor mundial de cobre, debido a temores de contaminación ambiental o para reclamar mayores beneficios económicos por la explotación de recursos.

La mina Antapaccay está ubicada en el distrito de Espinar, en la región del Cusco, al sureste del país sudamericano.

Antapaccay produjo unas 145.841 toneladas de cobre en el 2024, 15,7% menos frente al año anterior, en momentos en que el suministro local del metal rojo se ha estancando por falta de mayores inversiones y la disminución de las leyes del mineral en las grandes minas, según analistas y datos del sector.
https://www.larepublica.co/globoeconomia/comunidades-levantan-bloqueo-a-mina-glencore-en-peru-tras-acuerdo-con-el-gobierno-4105983

26/03/2025
Cooperaccion
Con carteles y arengas sobre la importancia de cuidar el agua, un grupo de más de dos mil personas entre adultos, jóvenes y principalmente escolares, recorrieron las principales calles de Iquitos para expresar su preocupación frente al avance de la minería ilegal en la cuenca del Nanay, río del cual dependen para abastecerse de agua y de pescado, un alimento clave en la dieta amazónica.

“Miles de personas que vivimos en Iquitos dependemos del río Nanay de diversas maneras, por eso, ante una amenaza a este río debemos expresar nuestra preocupación”, señaló José Manuyama, defensor ambiental que lidera el Comité de Defensa del Agua, plataforma ciudadana que encabeza la defensa del Nanay en Iquitos.

“El Comité de Defensa del Agua surge en el 2012, gracias a la unión de varios colectivos y ciudadanos que nos enteramos de que en el río Nanay había dos proyectos petroleros en etapa de exploración, y decidimos organizarnos para defender el río”, recuerda Manuyama. Por eso, frente a la amenaza de la minería ilegal este comité se organiza nuevamente para ser “una voz colectiva y una fuerza de contención frente a las presiones que ponen en peligro el futuro de la Amazonía”, afirma.

Los manifestantes aprovecharon la conmemoración del Día Mundial del Agua para encontrarse en esta nueva movilización y exigir a sus autoridades acciones urgentes para luchar contra el avance de la minería ilegal en los ríos de Loreto. Con esta suman cinco movilizaciones multitudinarias convocadas por el Comité de Defensa del Agua desde el 2023 a fin de defender el río Nanay y el agua de Iquitos.

“Creo que la población si es consciente de su dependencia al río Nanay, especialmente por la provisión de agua potable, pero también saben que los peces vienen del Nanay. Por eso la gente responde a las convocatorias y participa, sea a través de redes o participando en las marchas. Iquitos es una ciudad que defiende su medio ambiente”, asegura José Manuyama.

A la fecha, la minería ilegal se ha apoderado del Nanay y se extiende hacia los ríos Pintuyacu y Chambira, los cuales alimentan con sus aguas al primero. Según el Ministerio Público, solo en el Nanay se estima la presencia de al menos 50 pequedragas -embarcaciones adaptadas para extraer oro del lecho del río mediante el vertido de mercurio- en funcionamiento.

De acuerdo con un último informe de la plataforma Radar Mining Monitoring (RAMI), durante febrero de este año se registraron 35 nuevas dragas en el río Nanay. Además, según las imágenes satelitales analizadas por esta plataforma, ya existirían balsas instaladas en las riberas del río.

A medida que aumentan las dragas y pequedragas en la cuenca del Nanay, también se incrementa el peligro en la zona. Actualmente al menos 15 personas de las comunidades indígenas y campesinas ubicadas en la cuenca del río Nanay que se oponen y resisten- al avance de la minería ilegal, han tenido que solicitar garantías para proteger su vida debido a las amenazas y agresiones que han sufrido.

En este contexto, José Manuyama llama al Estado a actuar en defensa de la Amazonía y a no ser indiferentes frente a lo que sucede en sus ríos. El defensor ambiental, que también es profesor, llama principalmente a los jóvenes a unirse a la defensa de la Amazonía porque ellos “son los afectados del futuro”. (Tomado de Actualidad Ambiental).

En conversación con Mongabay, Sidney Novoa, director de GIS y Tecnología de la Conservación en la organización Conservación Amazónica, señaló que el número de dragas está en aumento e, incluso, “se están desplazando hacia la cuenca media del Nanay”.

Mongabay también indicó que el mismo Ministerio Público ha confirmado la presencia de más de 50 dragas en esta cuenca, pero lo “más preocupante es que actualmente se están construyendo embarcaciones de metal, llamadas tracas”. Con estas tracas, los mineros se instalan en las riberas de los ríos y socavan el suelo en busca de más oro, aclaran desde la Fiscalía.

La presencia de mineros ilegales en Loreto ha sido denunciada en diversas ocasiones por las mismas comunidades indígenas de la zona. Muchas de estas comunidades han recibido amenazas: hasta el momento, unas 15 personas han solicitado garantías para sus vidas.