Investigador y activista, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Barcelona, trabaja en circuitos de investigación militante, relacionados con círculos regionales en América Latina. Circuitos que tienen que ver con el debate y la lucha medio ambiental, e igualmente en el activismo que está relacionado con los movimientos ecologistas. Sobre todo con los ecologismos ligados a las luchas populares, por los territorios, por los bienes comunes, contra las desigualdades generadas por los impactos ambientales. En debate directamente relacionado con el cuestionamiento al modelo. Es parte de grupos como Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Red Oilwatch Latinoamérica y otras organizaciones que acompañan luchas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, contra los impactos del extractivismo. Fue Mención del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es uno de los jóvenes intelectuales y activistas comprometidos con los procesos de transformación más destacado del país.

Cuál es tu principal preocupación por el avance de la ampliación de la frontera extractiva en el último tiempo en Venezuela.

Hay varias preocupaciones. Pero hay una fundamental: A lo largo de la historia venezolana hemos estado planteándonos salir del modelo, o empezar a salir del modelo, hemos atravesado momentos en que se llega a crisis profundas, momentos de bifurcación, en los que está planteado salir del modelo o continuar en él. Hoy estamos otra vez en uno de esos momentos. Hay que insistir en que este no es un debate solamente de ecologistas sino que tiene que ver con el tema de la dependencia, que tiene que ver con la soberanía, porque es un modelo de altas concentraciones de poder de los sectores que capturan la renta.

Entonces una preocupación fundamental es que, en esta bifurcación, se están reformulando un conjunto de acuerdos que son o que suelen ser, acuerdos de largo plazo. Lo interesante para analizar es que son acuerdos de fuerzas muy negativas para el Estado Venezolano, es decir no son acuerdos de partes con potencialidades políticas iguales, sino que se estos acuerdos tienen que ver con concesiones, tienen que ver con desregulaciones, flexibilización creciente, formas de  favorecimiento al desmontaje de la visión nacionalista energética que ha tenido en su momento el presidente Chávez.  Y que estos acuerdos se van haciendo orgánicos, por ejemplo, la concreción de los acuerdos de PDVSA con el capital foráneo que ya no solo aparecería como “accionista” sino como “prestatario”, citando a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA.

Qué significa esto, y esta es la trampa de lo que yo llamo el neoliberalismo mutante: por más que en términos formales, yo estado o PDVSA sea accionista mayoritario y tu privado, transnacional, seas minoritario, si tu pones tu capital accionario y además me prestas para que yo coloqué el mío, esto termina enredándose en una forma en la que en realidad tú tienes el control. Todo aquel que tiene la gran parte de la inversión, controla. Piensa por ejemplo en la participación de Estados Unidos en el FMI, en el Banco Mundial, o lo que supone el mecanismo de endeudarte, en lo que respecta al control de la relación económica o política que se tiene con respecto a las decisiones sobre los modelos económicos, de negocios, políticos, etcétera.

Por eso sostengo que el modelo que se está configurando desde hace dos años en Venezuela y la respuesta que se ha tratado de plantear es la siguiente: intentar hacer un piso mínimo, el que permitiría un flujo de caja mínimo para el gobierno y que las retribuciones se hagan de ese piso hacia arriba. En síntesis el planteamiento es subir el extractivismo en todos los ámbitos para poder retribuir con ese excedente, con lo que sería ese nuevo aumento del extractivismo,  a la ganancia y a la devolución de la inversión en esos casos.

Esto supone además,  una expansión de todos estos elementos que hacen a la arquitectura del extractivismo en Venezuela. Y que abre a otra preocupación que calza en esta situación, es toda la reconfiguración social que está ocurriendo en los territorios.

Hay que pensar por ejemplo en lo que escribía Rodolfo Quintero, toda la transformación antropológica, económica, social, cultural que se daba en los campos petroleros. Lo que está ocurriendo en San Diego de Cabrutica o en la zona sur de Monagas, todos estos cambios sociales que tiene que ver con afectación de tierras cultivables, problemas de agua severos, la migración de formas de trabajo productivo al taladro, provocando un mayor abandono de la agricultura, una agricultura extremadamente precarizada como lo está en la actualidad. Entonces lo que tienes es dos tendencias opuestas en términos de la crisis.

Una tendencia  de una enorme gravedad, con una población de muchas décadas asimilada a la economía rentista, a los sectores terciarios de distribución de la renta, y una necesidad histórica de producción interna que necesita una subjetividad que tenga alguna cultura del trabajo. Entonces tienes dos tendencias que están caminando en sentido contrario y que va a agravar la crisis. La otra consecuencia es el tema ambiental,  yo entiendo que el tema ambiental tiene poca incidencia en el país, por la fragilidad de los movimientos ambientalistas. Pero además, sobre todo por la poca información que existe sobre el problema ambiental.

Por ejemplo, el tema ambiental del agua en Venezuela es gravísimo, ahí tenemos varias bombas de tiempo. Por ejemplo lo que está ocurriendo con los embalses de Pao Cachinche y Camatagüa que atienden a 10 millones de personas en el país, que está proveyendo agua con más escases, por la incapacidad de potabilización. Porque viene además contaminada por diversas razones, pero entre ellas el proyecto de trasvase de agua para evitar que el lago de Valencia siguiera creciendo, pero entonces estamos tomando agua con heces  aquí en Caracas, en Valencia y Maracay es peor, y esto es una bomba de tiempo política. Te voy a dar un ejemplo: en el 2014 hubo una crisis del agua en Sao Paulo en la cual Dilma Rousseff termina declarando que esa crisis se convierte en un asunto de Seguridad Nacional, por qué lo declara, porque una ciudad de más de 12 millones de personas colapsando por la escasez de agua es claramente una crisis política. Lo mismo en los Estados Unidos declara problema de seguridad nacional el tema, por ejemplo, del cambio climático.

Esta tendencia es a que se agrave porque hay negligencia e incapacidad para atenderlo. Y el extractivismo produce una agudización, una profundización de estos patrones. La expansión del extractivismo para dar un ejemplo concreto, generaría una contaminación severa del Río Socuy, que alimenta embalses fundamentales para suministrar agua a la población de Maracaibo, del Tablazo, de San Francisco, donde hay también millones de personas, ahí tienes también problemas de seguridad. Yo lo veo desde el punto social y ambiental, pero si lo tomamos del punto de vista más político hay una cosa de seguridad nacional con esta crisis.

Y el Arco Minero del Orinoco ni se diga las consecuencias. Pero es bueno mencionarlas. El 4% del agua que consumimos está en la zona norte costera donde vive el 90% de la población. Es decir nosotros dependemos de las cuencas hidrológicas del sur del país. Cuencas hidrológicas que ya están sumamente contaminadas por varias razones. Entre ellas la contaminación que producen las industrias básicas, el tema petrolero, pero también por la minería ilegal, es decir una cosa dramática, esta expansión del cianuro en las aguas. El tema del Arco Minero sería llevar a una devastación el tema del agua. Hay datos científicos de lo que llaman la huella hídrica del oro, que te dice que para obtener una onza de oro necesitas mil litros de agua. Y en el proyecto del AMO, estamos hablando de 7000 toneladas de reservas de oro que se plantea sacar.  Tal vez no las saquen completas, pero el dato sirve para tener una idea de los billones y billones de litros de agua comprometida, sólo hablando de la extracción de oro. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en decir que estamos frente a un suicidio socio ecológico en puertas. Un muerta lenta. Y los que contrarían estos argumentos hablan justamente de un tema de seguridad y de soberanía. Pero que tengamos agua para vivir, es el verdadero tema de soberanía y seguridad.

Me parece que el debate del extractivismo ha sido poco comprendido porque no se entiende que toca todas las aristas de la vida. La arista cultural, la arista económica, la arista geopolítica y política, la arista ambiental y  por supuesto la arista social.

Porque se supone que es en realidad la concepción del uso de la tierra y de la soberanía de los sujetos sobre esa tierra, nada más y nada menos. Entonces te diría que no solo se trata de este nuevo avance de frontera, sino cómo se va a hacer el avance de frontera y el contexto histórico en el cual está este nuevo avance de frontera. Esto hay que detenerlo como sea.

Pero para eso hace falta politizar más el tema ecológico, que se entienda que es un tema que tiene ver con territorio, con vida. Y yo no diría solo que crezca el reclamo de las organizaciones ambientalistas sino que hay que ecologizar también las luchas populares que tienen que ver con sindicatos. Por ejemplo los sindicatos que se han movilizado, aunque el reclamo no sea estrictamente ambientalista, sino por reclamos que hacen a la salud de los trabajadores, son los sindicatos del complejo petrolero industrial de Jose. Así sea por su seguridad laboral, pero por ahí hay algo que va haciendo el vínculo.

Vamos a cambiar de tema. Cómo ves la Constituyente…

Reconociendo de mí parte lo descabellado de la propuesta de la Constituyente y los claros visos autoritaristas que se han mostrado en el gobierno, mi punto es tratar de analizar  el conjunto de actores sociales, la idea de este empate catastrófico en el que estaríamos, de una relación de fuerzas bastante similares. Al mismo tiempo la noción de la polarización gobierno oposición no explica la cantidad de actores que están en interacción en ese sentido. Creo que habría que entender, no solo la Constituyente como una posibilidad, sino la aparición de múltiples posibilidades. Inclusive algunas inesperadas. Reconociendo un poder que quiere aprovechar la Constituyente para tales o cuales cosas negativas. Incluso sea porque el gobierno termina de derrotar a la oposición, o porque se genera un pacto, como la Constituyente ha quedado controlada por los mismos de siempre, es decir los constituyentistas elegidos, es potencialmente un peligro para hacer una reestructuración de corte neoliberal.

Pero insisto en que también hay que verla como un campo en disputa. Aunque el campo popular este fragmentado, este bastante afectado por la situación, por el nivel de confusión de lo político que se establece hoy en día. Habría que reconocer que la constituyente fue asumida por muchos activistas de la base popular chavista como una lucha. Y esto no se puede desconocer. Los pueblos tienen unos tiempos, es una paradoja, porque las necesidades de las transformaciones a veces son urgentes, pero los pueblos tienen sus tiempos.

El campo popular del chavismo que yo reconozco como el campo con mayores potencialidades, el que ha asumido las banderas más claramente transformadoras, revolucionarias en muchos sentidos, reivindicativas en muchos sentidos. Que son sujetos que generan críticas, que entienden los riesgos de otras alternativas, pero que también asumen el desafío del momento actual, y no lo digo intelectualmente, lo he visto en las discusiones. Ahí habría que pensar y entro directamente a la constituyente, como este desafío, denunciado hasta el cansancio del autoritarismo y de las reformas neoliberales que allí se busca, pero también comprender este proceso de disputa. Que no se puede dar un paso al costado frente a él, y ver como plantear las cosas que estamos criticando. Cómo las reformas del marco jurídico y de las probables transformaciones en la gobernabilidad tienen que ver con una reestructuración económica. Tenemos que posicionar ese tema, pero hacerlo desde ese tejido social y no desde afuera. Porque para mí lo contrario lleva a una soledad política que frena los avances.

Pero ¿en esa disputa también entran los capitales transnacionales?

Esa es una disputa de disputas. Estamos hablando de una disputa desde el campo popular. El campo popular no es homogéneo tampoco, y esas disputas se generan a lo interno, es decir vamos a debatir cuales son las potencialidades políticas que van más allá del marco jurídico de este proceso, y cuáles son los peligros que están allí.

Pero ¿por qué? Porque al menos desde el año 2014, los que venimos siguiendo el campo económico estamos viendo procesos progresivos de flexibilización económica, desregulación, tasas preferenciales para las corporaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, zonas económicas especiales, reestructuración de la deuda con China. No es casual por ejemplo que la reestructuración de la deuda con China en 2014, sale en gaceta, y un tiempito después sale las zonas económicas especiales. Recordemos que el FMI prestaba a cambio de reestructuraciones. Entonces hay que preguntarse qué significa el consenso de Beijín en ese sentido.

Pero el capital internacional necesita garantizarse un marco jurídico para sus reestructuraciones, incluso el capital que no está y quiere venir. Y cómo el gobierno ha insistido, en su retórica, en su discurso, está planteando un marco de inversiones especiales para atraer al capital, para que venga a invertir en el país, y cómo eso está de la mano de una política y de unas políticas concretas que se formalizan en Gacetas, en Decretos y tal. Y cómo eso está totalmente conectado, al menos en su potencialidad, el peligro que tiene en un proceso constituyente, liquidar articulados o secciones de la Constitución que representan una barrera jurídica para una desregulación más amplia.

Una apropiación con la que el capital obtendría los recursos naturales o de los mercados venezolanos, y está necesitando derribar toda una normativa que existe. Y estas reformas están siendo solicitadas por el capital transnacional. Y en este punto no olvidemos el nivel de deuda que tiene Venezuela.  Recientemente un informe de la CEPAL indica que Venezuela tiene una deuda de 130.000 millones de dólares, y el mismo informe señalaba que el país lo puede sustentar. Porque justamente el tema es ese, Venezuela tiene un nivel de recursos, de “riquezas materiales, precisamente lo que sugiere la CEPAL es que puede pagar y pagar bien pero, hay que agregar que se haría hipotecando el futuro del país.

Entonces: la deuda acompaña a las peticiones del capital foráneo y hay un peligro claro dentro del marco de la constituyente, de que esas reformas terminen tocando ya el centro de la tierra, el núcleo del proyecto de la revolución bolivariana que no es solo conceptual sino que tenía que ver con un proyecto al menos anti neoliberal ya que no era anticapitalista. La pregunta es ¿a  quién hay que convocar a detener ese proyecto?, para mí al chavismo popular.

Estamos frente a una encrucijada histórica de los últimos 100 años, si el chavismo popular aprueba esto, es una desvirtuación de su propio sentido de ser histórico. Este es un peligro y el otro es: qué es lo que va a hacer el chavismo popular. Esta es parte de la disputa. Porque aquí ya no hay soluciones fáciles. Desde mi punto de vista lo que va a haber es un largo periodo de conflicto, que probablemente sea un conflicto de alta intensidad. Porque probablemente ha terminado un ciclo de batallas pero vendrán otras próximamente.

E insistir, sobre todo, en el debate del extractivismo. Porque nosotros somos una economía que se basa en que el capital foráneo extrae, nos despoja de nuestros bienes comunes, que deja una gran devastación ambiental, que deja culturalmente una dependencia de la renta, que nos deja cada vez más lejos de una cultura productiva. Que aunque yo, personalmente, creo que la idea de sembrar el petróleo es inviable, al menos como se planteaba en este proyecto, también creo que eso no significa que no se pudiera usar los excedentes para otras inversiones.

Creo que el proyecto es otro. Que hay que elaborarlo, creo que hay que seguir trabajando en la crítica sobre el modelo rentista, capitalista venezolano. Entender que el capital traza las rutas de la próxima fase económica sobre el extractivismo. Es decir el capital foráneo no va a orientar a la economía venezolana hacia un modelo producción industrial.  Va a aprovechar el potencial económico venezolano que es el extractivismo. Y eso significa que los males que hemos conocido históricamente se van a reproducir, pero en un contexto más caotizado y de colapso histórico del modelo.

Entonces el debate sobre el extractivismo no es una cuestión adicional para pensárselo con tiempo. Es un debate sobre el modelo, un debate presente.  Tiene que ver con el contexto de la dependencia. Del colonialismo. Ese es también un debate sobre los progresismos. No es sólo responsabilidad del progresismo, pero la situación actual es también reconocer que hubo políticas que no se dieron. Y esto no se puede evadir eternamente. Porque para estos debates nunca fue el momento. Al menos esto es lo que se siempre se ha dicho desde el poder.

Hay que hablarlo y hay que volver a insistir en el debate sobre el extractivismo y entender que no es un debate sobre la extracción. El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento, todo eso está ahí. Extractivismo es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo. Eso es lo que nos interesa analizar.

Como están los movimiento sociales y la reacción frente a este plan extractivista en América Latina.

Los movimientos empezaron a reaccionar ante una mayor politización del tema ambiental, una mayor politización del tema indígena, una valoración política de estos temas. Estos temas estuvieron durante mucho tiempo en un baúl, no eran considerados temas importantes. Y eso hay que decirlo autocríticamente como parte también de una tradición de una izquierda que no le interesó este tema por mucho tiempo. No eran sujeto de la revolución.

Y lo curioso fue que el sujeto de la revolución en Bolivia, por ejemplo, era el indígena, para darte un ejemplo. Luego los proyectos de los progresismos empiezan a prometer una transformación, empiezan a hablar del buen vivir, de los pueblos indígenas, del socialismo indoamericano, empiezan a hablar de los derechos de la naturaleza, empiezan a hablar de salir del modelo de la dependencia, elementos que tomo el gobierno de Chávez, que habló del buen vivir, lo que pasa es que terminó siendo una tarjeta de crédito. Chávez reivindica a los indígenas cuando coloca el capítulo octavo de la constitución, y reivindica la naturaleza con el capítulo séptimo, el de los derechos ambientales.

Estas demandas que eran previas, fueron tomadas por Chávez. Esto no es casual, esto viene de una corriente de lucha, por un cambio de cultura política de una nueva valoración, que no se quedó ahí. Pero los progresismos comenzaron nuevamente a relanzar el extractivismo, empezaron a profundizar este modelo, teniendo conflictos con las comunidades en todos los países, con marchas, movilizaciones y ocupaciones a veces violentas en muchos países. Aquí la lucha Yukpa fue bandera. Y aunque otras luchas no salieran tan públicas igual se dieron. Hay una lucha en la península de Paraguaná, gente afectada por Cáncer. Desde los años 90 por ejemplo, contra el puerto de aguas profundas que quieren poner en la península de Araya. Aquí los pueblos indígenas se han pronunciado contra la minería ilegal y algunos contra el Arco Minero del Orinoco, y hay luchas muy fuertes porque están defendiendo su territorio.

Estas fueron luchas en la región y que aquí tuvieron poca resonancia pero esto es lo hay que cambiar. El giro político que tenemos que dar es en la identificación de los nuevos sujetos revolucionarios, si quieres verlo así. Es un sujeto campesino también, también, no es únicamente campesino, es un conjunto, es la mujer, es el indígena, es un sujeto urbano, y no por un tema de proporción porque la proporción en Venezuela, por ejemplo, es muy desigual, el sujeto urbano es más del 90%. Es tomar los saberes ancestrales, el concepto de territorio. No hay diferencias sustanciales entre el proyecto de la comuna y el proyecto que tienen los pueblos indígenas, porque es comunal también.

Creo muy importante y necesario recuperar la dimensión del territorio. Es como que para nosotros el espacio geográfico fuera una abstracción, eso revela un desligue con la tierra, el territorio y los bienes comunes. ¿Qué significa esto? El problema del agua podemos decir que en un caso determinado fuera un proyecto a futuro, pero no es el caso nuestro. El problema del agua en Caracas es cada vez más dramático, en Valencia, en Maracay, en el Zulia, y en casi todo el país, en Lara, en la Región Guayana, en el Oriente por el tema petrolero. Es un problema político, social, cultural, eso es necesario incluirlo en las demandas sociales políticas. Y entender que hay una posibilidad en este momento justamente por la crisis, para una subjetividad más integral, precisamente se puede unir las demandas que tienen que ver con las reivindicaciones del trabajo y las que tienen que ver con la reproducción de la vida. Este sujeto tendría una potencialidad enorme.

Hace muy poco estamos tratando de retomar el debate por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que cuestionó recientemente Luis Brito García. El sugiere eliminar los derechos indígenas en la Constitución, pero ese debate no es solo sobre los derechos indígenas, es un debate contra la concepción que se tiene sobre el territorio, sobre el extractivismo, sobre el poder, esta todo allí. Y buena parte de lo que llamo chavismo popular, verá entonces que ese no es su proyecto. Se preguntarán, 500 años esperando, postergando y ahora viene un intelectual del chavismo a cuestionar lo que habíamos avanzado.

Fuente:https://www.aporrea.org/imprime/n313971.html

Un tribunal de Estados Unidos hizo público el jueves que la minera canadiense Crystallex tome fondos del gobierno de Venezuela depositados en una cuenta de un banco de Nueva York para saldar un pago.

La decisión judicial llega después de una disputa entre Crystallex y el gobierno venezolano iniciada en 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la mina de oro más grande del país, «Las Cristinas».

Según un reporte de la agencia Reuters, que tuvo acceso a la resolución del tribunal, la empresa canadienseespera obtener cerca de US$1.200 millones, más otros US$200 millones de intereses, que le demanda al gobierno venezolano.

Para ello, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York le autorizó a Crystallex a confiscar los recursos de Venezuela en una cuenta del Bank of New York Mellon Corp.

Sin embargo, aún no es de conocimiento público si la cuenta del gobierno de Venezuela tiene los fondos suficientes para cubrir el reclamo.

El mismo presidente Chávez había otorgado en 2002 la concesión a Crystallex para operar en la mina «Las Cristinas», uno de los yacimientos de oro más grandes del país sudamericano.

Tras la nacionalización de 2008, la minera canadiense exigió una compensación, y al no obtener un pago llevó el caso ante los tribunales de arbitraje internacional del Banco Mundial y del sistema de justicia de EE.UU.

Luego del litigio, el pasado 26 de julio, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió la orden dada a conocer el jueves para que los fondos de Venezuela en el Bank of New York Mellon Corp. sean intervenidos.

Hasta el momento el gobierno de Venezuela no ha hecho algún pronunciamiento público sobre esta acción judicial en Estados Unidos.

Frentes abiertos

El gobierno de Venezuela tiene abiertas disputas con unas 20 empresas que buscan compensaciones luego de las nacionalizaciones que ejecutó el gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Desde el gigante petrolero estadounidense Exxon Mobil Corp a la pequeña minera de oro Gold Reserve, varias firmas han ganado juicios en contra del gobierno Venezuela.

Sin embargo, el cobro de las demandas ha sido complicado por las resoluciones judiciales necesarias para embargar recursos monetarios venezolanos fuera de su territorio.

El presidente Nicolás Maduro ahora también enfrentanuevas sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos en contra de altos funcionarios, políticos y el mismo gobierno.

El espacio de articulación para la lucha Plataforma Contra el Arco Minero hace un llamado amplio a los diferentes sectores del movimiento ambientalista y a la ciudadania en general para participar el próximo sábado 22 de julio en la Asamblea Pública por el Día Mundial contra la Megamineria a realizarse en el Boulevard de Sábana Grande, a la altura de Plaza Venezuela.

Desde el año 2009, por iniciativa de activistas mexicanos y canadienses se celebran jornadas de lucha contra la minería a cielo abierto en varios países, principalmente de América Latina, como Perú, Ecuador, Argentina y México. A continuación reproducimos el comunicado con la convocatoria, la cual puede ser suscrito por organizaciones e individualidades para la convocatoria a través del correo plataformacontraelamo@gmail.com.

22-J: ASAMBLEA PÚBLICA CONTRA EL ARCO MINERO Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

El 24 de febrero de 2016 el gobierno nacional firmó el decreto N° 2248 para el desarrollo del proyecto «Arco Minero del Orinoco» (A.M.O), que contempla el seccionamiento del 12% del territorio nacional para la explotación minera por parte de 150 empresas transnacionales y nacionales. El gobierno argumenta que, ante la caída de los precios del petróleo, y la consecuente disminución de ingresos para el país, el proyecto antes mencionado se justifica como vía para la búsqueda inmediata de divisas y de mantener negocios y acuerdos con los organismos financieros internacionales. En este sentido Venezuela se suma a la dinámica de endeudamiento y entrega de territorio que suponen los proyectos mega-mineros llevados a cabo en países latinoamericanos durante los últimos 20 años. Se ignora además el efecto del pago de una deuda pública con componentes ilegítimos.

El decreto contempla todo un marco de violación de la Constitución y las Leyes Orgánicas de la República Bolivariana de Venezuela, así como de tratados internacionales a los que está adherido el país. El proyecto se empezó a ejecutar sin desarrollar los correspondientes estudios de impacto ambiental y socio-cultural, y progresivamente se han firmado concesiones en zonas determinadas del Arco Minero sin llevar a cabo el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas de la zona, y sin respeto al derecho a la demarcación de tierras indígenas contemplado en la Carta Magna. Lo anterior se puede corroborar directamente en el contenido de los siguientes artículos constitucionales:

Art.119.- «… Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.»

Art. 120.- «El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas…»

Art. 127.- «Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado… Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.»

Art.128.- «El estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana…»

Art.129.- » Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impactos ambiental y sociocultural….»

Aunque el ejecutivo lo plantea como un plan para «diversificar la economía» y darle «salida» a la crisis actual, el proyecto supone en la práctica en una profundización del rentismo en el país. La actividad minera que realizan las empresas transnacionales en países suramericanos es sumamente expansiva y desastrosa. Se construyen minas gigantescas, que pueden llegar a tener una extensión de más de 1,5km de diámetro y más de 300m de profundidad, para procesar millones de toneladas de mineral sin ningún tipo de límites. Estas compañías se enriquecen aceleradamente y los pueblos quedan padeciendo la miseria, la degeneración social y la destrucción ambiental que deja dicha actividad. De fondo se plantea una diversificación del extractivismo en Venezuela que pone en total riesgo la reserva hídrica más importante del país y más del 70% de la electricidad generada en el país, generada por las represas hidroeléctricas ubicadas en la región de Guayana.

A poco más de 16 meses de haberse hecho el anuncio, se han firmado cartas de intención y acuerdos con transnacionales, muchas de las cuales tienen denuncias de violación de soberanía y derechos humanos, así como de responsabilidad en la ocurrencia de desastres ambientales. Entre esas corporaciones vale destacar a manera de ejemplo el caso de la Barrick Gold Corp. que actualmente afronta una demanda internacional por la contaminación de 7 ríos en San Juan, Argentina. Por otro lado, el proyecto del Arco Minero contempla todo un entramado de negocios ocultos en las que el estado está constituyendo empresas mixtas con transnacionales cuyos números de la bolsa estaban en estado crítico hace más de un año, como la Gold Reserve. Y tenemos el caso de las empresas «fantasmas» o de «maletín», como Faoz Corp. de la cual no se tiene registro de su actividad, su página web oficial es un cascarón vacío y su sede oficial en Caracas, que no posee ningún tipo de aviso o anuncio, no corresponde a una compañía que realice trabajos de minería.

De facto la zona A.M.O comprende un Estado dentro de otro Estado, al formar un entramado legal contrario al marco constitucional. En el proyecto se generan una serie de beneficios arancelarios y tributarios para las compañías mineras, llegando a disminuir o eliminar el cobro de impuestos como el IVA o el ISLR. Además, se cercenan derechos democráticos, políticos y sociales, como el derecho a la protesta y a la organización sindical (de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del decreto), derecho a vivir en entornos saludables, entre otros; y el alto mando militar designado para la zona pasa a ser la máxima autoridad de la región, teniendo potestades ejecutivas a través del decreto, así como económicas a través de CAMINPEG, empresa militar constituida en 2016. De igual manera, las condiciones en las que se desenvuelve el AMO conforman unas instancias asociadas a la burocracia ambiental del país que tienen como mandato cubrir la formalidad del resguardo ambiental de la zona, y encubrir el inmenso daño ambiental con base en una supuesta «minería ecológica».

Al analizar las condiciones y consecuencias del AMO en el marco de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el Presidente de la República, con unas bases comiciales plagadas de vicios anti-democráticos y en el contexto de una serie de sucesos irregulares relacionados con el proceso de inscripción de candidaturas, resulta alarmante la intención de modificar la Carta Magna habida cuenta de las presiones ejercidas por las corporaciones transnacionales para desregular la actividad minera, la manera inconsulta e inconstitucional como fue aprobado el proyecto del Arco Minero del Orinoco y la creación de las denominadas Zonas Económicas Especiales, mediante la «Ley de regionalización integral para el desarrollo socio productivo de la patria», entra en plena contradicción con los artículos 119, 120, 127, 128, y 129 de la CRBV.

Es preocupante que las dirigencias políticas de los polos PSUV-MUD relegan del debate nacional el proyecto A.M.O como una cuestión secundaria, cuando debería tener prioridad en la búsqueda de alternativas al modelo rentista extractivista, y no su profundización. En el último año, ha quedado en evidencia discursos contradictorios de ambos. Los dirigentes del PSUV, que constantemente hablan de «Paz», «Respeto a la Constitución» y «Eco Socialismo» defienden un mega-proyecto capitalista, inconstitucional, entreguista, etnocida, ecocida y que se contrapone al quinto objetivo del Plan de la Patria, el cual es ley de la república desde el 2013 y que estos mismos aseguran defender. Por otro lado la MUD, cuya mayoría en la Asamblea Nacional rechazó unánimemente el plan megaminero en junio de 2016, queda en contradicción cuando Julio Borges, presidente del poder legislativo, aclara en una carta del 17 de Mayo de 2017 dirigida a los organizadores del «Latin America Down Under», que los contratos y acuerdos firmados con el actual gobierno quedan invalidados, pero que una vez cambie la situación nacional y «se restablezca la democracia en nuestro país, nuestras puertas estarán abiertas para recibir las inversiones, con la debida seguridad jurídica, que el país necesita para re-direccionarse a lo largo de un camino de progreso y desarrollo«.

Ante esta situación diferentes organizaciones, grupos e individualidades nos hemos dado a la tarea de hacer un llamado amplio a un gran Asamblea Pública de luchadores contra el Arco Minero del Orinoco, en defensa de la soberanía y de los derechos constitucionales. El año transcurrido desde la promulgación del decreto, nos muestra la imperiosa necesidad de generar un espacio de discusión de todos los sectores críticos de esta cruda realidad. El reto es el de incorporar a ambientalistas, luchadores sociales, líderes y activistas comunitarios, indígenas, trabajadores, profesionales, intelectuales, indígenas, luchadores sociales, dirigentes comunitarios, trabajadores y estudiantes, en espacios asamblearios de discusión y articulación de acciones, apoyándonos en los acuerdos y sin obviar las diferencias que puedan existir. Consideramos que ante la crisis, este espacio de discusión debe generar alternativas viables al rentismo extractivista, como el desarrollo de nuestros potenciales agroecológicos, turísticos, industriales y culturales así como el desarrollo de una política minera seria.

Lograr la derogación del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco y defender nuestros derechos constitucionales, vinculados al tema ambiental, indígena y de soberanía nacional, constituye una tarea titánica y de largo aliento, que estamos dispuest@s a asumir. Creemos que con la organización y la movilización democrática y autónoma del pueblo venezolano podremos alcanzar ese objetivo. Por ello hacemos el llamado a este Encuentro de Luchadores entendido como un espacio amplio, democrático, diverso y plural para el debate nacional y la lucha contra los proyectos extractivistas que amenazan al conjunto de la vida en Venezuela y el resto del continente.

Fuente:https://www.aporrea.org/actualidad/n311648.html

Jorge Arreaza, ministro para el Desarrollo Minero, se pronunció este jueves sobre las acusaciones de “ecocidio” que varios sectores del país han realizado desde que el Gobierno anunció la extracción de oro en territorio venezolano.

“Quienes dicen que vamos a cometer un ecocidio en el Arco Minero están equivocados”, expresó, asegurando que dicha medida generará recursos importantes para el país.

Explicó que el Arco Minero, además de la minería, también fomenta el crecimiento en sectores de construcción y agricultura.

Arreaza dijo que la oposición está “atentando contra el desarrollo económico del país”, por lo que instó a integrarse en los procesos correspondientes a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), asegurando que será instaurada por “el bien del país”.

“La expresión más grande de paz es la elección de Constituyentes”, destacó el ministro.

Fuente:http://noticiaaldia.com/2017/05/arreaza-la-expresion-mas-grande-de-paz-son-las-elecciones-de-constituyentes-para-la-anc/

Tres envío, hizo una tonelada de oro, vienen más se afirma, pero de las obligaciones nada se dice. Así como el Ministro de Minería Ecológica habla con tanto orgullo de oro, debe halar de los planes ecológicos. Debe explicar cómo se extrajo la tonelada de oro si dañar el ecosistema o de lo contrario cuál fue el impacto al respecto medido. Dee ser dual su alegría ¡Aquí está el oro Venezuela!, ¡Aquí está su impacto!.

Ante la primera tonelada de oro, Ministro Arreaza preséntele al país el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Sociocultural, pues son derechos de carácter nacional e internacional que tienen el pueblo venezolano y que el Estado Gobierno está obligado a cumplir.

El Ministro Jorge Arreaza conjuntamente con el ministro de Ecosocialismo y Agua deben presentar el plan del impacto Ambiental y la manera cómo van a mitigar la contaminación de los ríos el deterioro de los suelos y el bosque, así como el impacto sociocultural de la población afectar. De lo contario serán violadores a la Constitución, las leyes y decretos respectivos a cumplir.

De igual manera, además del plan y reparación ambiental, se debe presentar el plan social, en donde se va a invertir eses dinero proveniente del oro, diamante y coltán.

No quieren llevar el modelo extractivista a la Constituyente

Si se tratase en verdad de una Constituyente medianamente democrática el tema del oro, o del desastre de la minería ilegal de más de 20 años en el Sur del país; así como discutir la minería que se pretende realizar por parte del Estado y las trasnacionales mineras impariales. Este tema toca la Venezuela profunda, la que no se ha discutido aún. Allí está presente todo el lado oscuro de la otra Venezuela, la que debe abordarse para hacer una patria soberana y socialista, respetuosa a la constitución, a los derechos humanos y a la vida.

Se dice que se ha sacado miles de toneladas de oro delante de los ojos del Gobierno y el país todo, y que se seguirá sacando, al igual que el diamante y el coltán gubernamental. De esta irregularidad también debe dar cuente los hombres y mujeres del Gobierno, pues ya lleva casi dos décadas conociendo de este asunto sin superar la parálisis. Cuál ha sido el impacto social, cultural, financiero, ambiental, de salud, de soberanía, ético, y paren de contar. Si no se evalúa esta situación nada nos garantizará que explotar miles de toneladas más que aún quedan de minerales el asunto cívico militar, ambiental va a cambiar.

Dual es la hoja de ruta

Cuál es diagnóstico complejo que al respecto tiene el Ejecutivo Nacional, cual es la propuesta que al respecto se tiene para el reimpulso del Arco Minero del Orinoco. Queremos conocerlo. Cuál será la hoja de ruta de soberanía cuando las empresas trasnacionales continúen con su única política conocida mundialmente: la contaminación y la destrucción. Así como la violación a la soberanía de los Estados Naciones.

Nos preocupa que va a pasar con los frágiles ecosistemas del sur del Orinoco y su delta.

Quizás, Jorge Arreaza y el militar que está en el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, estén en un par de años en el Ministerio de la Juventud el primero y el segundo quizás en el Ministerio de la Vivienda. ¿Quién va a responder?, ¡el Estado!, ah bien, que difícil es esto en materia ambiental, más si están involucrados capitales imperiales, chinos o rusos, o iraníes.

El ambiente está ligado con la calidad de vida de la población. Los hombres y mujeres del Gobierno no lo saben, o les importa un comino. Sólo meter my sacar oro de las bóvedas de BCV.

Fuente:https://www.aporrea.org/actualidad/a246349.html

La periodista venezolana, Valentina Quintero, denunció que la compra de más 300 kilogramos de oro que hizo el ministro de Minería, Jorge Arreaza, es ilegal y aseguró que eso conlleva a la destrucción de la naturaleza.

«Esa pequeña minería es ilegal. Y es ilegal porque no es para la’vida’ como usted dice. Es para la muerte. Para la destrucción de nuestras aguas y de nuestra naturaleza», dijo Quintero en su cuenta en Instagram.

La conductora del otrora programa Bitácora, explicó que cuando se extrae el mineral de esa manera «el oro se pega del mercurio y así es más sencillo sacarlo de la arena».

Advirtió que para separar el mercurio del oro hay que quemarlo y la consecuencia de eso es el envenenamiento del agua.

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Aseguró además que no solo ha dañado la naturaleza sino también con los indígenas «yekuanas en la zona de Caur, esclavizó a los sanemas y prostituyó a muchas de sus mujeres».

En el mismo mensaje, que acompañó con una imagen de Arreaza con los lingotes de oro, señaló que a través de esa publicación ha hecho un reconocimiento a que el Gobierno de Venezuela «promueve» la minería ilegal y la destrucción del Parque Nacional Canaima, uno de los patrimonios naturales de la humanidad.

«El arco minero es otra forma de matar el futuro de todos los venezolanos», concluyó Quintero.

Fuente:http://www.ntn24.com/noticia/denuncian-que-oro-extraido-de-el-callao-por-el-ministro-arreaza-causa-un-grave-dano-al-ecosistema-140749

Cronicas Venezuela / Este martes llegó a Caracas un total de 238 kilogramos de oro proveniente del Arco Minero del Orinoco, recurso que servirá para ampliar las reservas internacionales y aumentar la inversión social en el país, informó el ministro para el Desarrollo Minero, Jorge Arreaza.

Desde la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, donde fue recibido el lote del oro proveniente de El Callao, estado Bolívar, Arreaza indicó que una vez ingresada esta cantidad de oro a las arcas del Banco Central de Venezuela, se comenzará el proceso para que el mineral se convierta en recursos para el Estado Nación.

El recurso aurífero se convertirá en «reservas internacionales, en financiamientos, en educación, salud, viviendas», expresó el ministro, quien destacó que gracias a la creación del Motor Minería de la Agenda Económica Bolivariana, estos recursos pueden ser utilizados en beneficio de la patria.

Recordó que a través del Motor Minería el Ejecutivo ha articulado alianzas con pequeños mineros y mineras a quienes se les compra el oro de manera directa y reciben un pago digno por su trabajo.

«Aquellas mafias que pretendian llevarse el oro de la República para el exterior como contrabando de extracción de un mineral fundamental, están pasando a la historia, se están quedando en el pasado», recalcó Arreaza, tras recordar que la minería en Venezuela era ejercida por mafias que se llevaban los recursos al extranjero y se enriquecían sin aportar nada al país.

Arreaza resaltó que la minería se ha constituido en una fuente alternativa de ingresos económicos para el país y es la segunda más importante después del sector petrolero. «Es el motor que dará mayores ingresos al país dentro de los 15 Motores Productivos de la Agenda Económica Bolivariana».

El ministro resaltó que el despacho de este martes representa el traslado de oro más grande realizado por la Corporación Venezolana de Guayana (Minerven) ubicada en El Callao, es decir, el mayor lote de la historia de la minería aurífera nacional.

La entrada Para ampliar reservas internacionales Arco Minero aportó 238 kilos de oro aparece primero en Actualidad Venezuela.

Fuente:http://www.entornointeligente.com/articulo/9893804/VENEZUELA-Para-ampliar-reservas-internacionales-Arco-Minero-aporto-238-kilos-de-oro

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, decretó 39 permisos de trabajo para la comunidad de Nacupae, ubicada en el Callao estado Bolívar, para que exploten la minería. “Es el mecanismo que le da estatus y garantía legal al proceso del desarrollo de diamantes y piedras preciosas”, destacó Maduro durante la revisión del motor número 8 de turismo y minería. Por su lado, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, informó que una parte del oro extraído del Arco Minero del Orinoco se utilizará para las reservas del país y la otra para el fondo de las misiones.

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En el Arco Minero del Orinoco las empresas Metales del Sur, Oro Azul y FAO se disponen a empezar trabajos de exploración sin antes el Gobierno Nacional con el apoyo del Ministra Indígena Aloha Núñez demarcar sus territorios, violando así la Constituciones y las leyes de la República y Convenios Internacionales. Funcionarios públicos de los ministerios relacionados con minas, ambiente e indígenas  presionan sin escrúpulos a comunidades y líderes indígenas del pueblo Huottoja: Parhuaza y , Suapure para que acepten cambiar sus territorios de vida por las dádivas prometidas por el Presidente Maduro a través de los medios de comunicaciones.

Este artículo se lo dedicamos a los compañeros Jorge Arreaza y a Aristóbulo Istúriz

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