Nicolás Maduro, presidente del régimen, aseguró este miércoles que el Ejecutivo está en un combate contra la minería ilegal en todo el país, pero principalmente en el estado Bolívar, a propósito del reciente ataque armado de un componente de seguridad pública en una mina del Parque Nacional Canaima, en donde un indígena pemón resultó muerto.

Una vez más acusó a los dirigentes del partido La Causa R Andrés Velásquez y Américo De Grazia de estar detrás de las mafias del oro en Guayana, publica Correo del Caroní.

“Los daños en el Parque Nacional Canaima y el sistema de ríos circundantes son dolorosos”, dijo.

En una rueda de prensa con medios internacionales, sostuvo que es doble delito para un indígena, ante las leyes de la República y ante las leyes de Dios, involucrarse en mafias, “que destruyan el río, el parque, su comunidad y que van a dejar en la orfandad absoluta a sus familias y a su comunidad en los años que están por venir”, afirmó.

“Estamos obligados a liberar todos los parques nacionales del estado Bolívar y todas las regiones mineras de mafias ecocidas, porque es un ecocidio lo que se está cometiendo allí”, agregó.

Maduro no se refirió a los daños ambientales que ocasiona la creciente minería ilegal en zonas que forman parte del proyecto estatal Arco Minero del Orinoco y que son dominadas por grupos violentos y por irregulares que han sido vinculados al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). Tampoco se refirió a la cada vez más creciente actividad minera en estados como Amazonas, en donde se ha documentado la presencia de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN. Si bien la crisis minera existe desde hace décadas, se ha acrecentado en los últimos años debido al descontrol del Ejecutivo y la complicidad militar en el negocio de extracción de minerales como oro, coltán y diamante.

El mandatario nacional ordenó al jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), Jesús Mantilla, garantizar la estabilidad, seguridad y defensa de la naturaleza en el estado Bolívar y sugirió que las comunidades indígenas también están armadas. “Hay un grupos armados, que han conseguido lamentablemente infiltrados en algunas comunidades indias, allí es donde entonces empieza la campaña internacional. Entonces, uno pregunta, ¿puede un indio tener un fusil, disparar contra la Fuerza Armada y destruir el río? ¿puede? ¿tiene impunidad para eso? Pregunto yo a la comunidad mundial… no, ¿verdad?”, dijo.

Maduro repitió la tesis de que detrás de esta situación está una mafia en el estado Bolívar, vinculada a la oposición. “Andrés Velásquez y Américo Desgracia (sic) son los dos personajes políticos detrás de estas mafias. Si el Ministerio Público metiera un poquito la lupa, lo que encuentra allí es pudrición (…) la mafia del oro está con la mafia política y no podemos permitir grupos armados aquí”, dijo.

A principios de noviembre, el Presidente de la República hizo la misma conexión y amenazó con extinguir y desaparecer a los dirigentes políticos. “El partido político de estos conspiradores traidores es financiado por las mafias más putrefactas, más criminales y más contaminantes del oro. Esa es la verdad”, expresó.

Este miércoles, informó Maduro, el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, sostendría un diálogo con las comunidades indígenas para concretar una alianza y “para que sean los protagonistas de la limpieza del Parque Nacional Canaima, de la custodia del parque, eso sí, con las armas pero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hay que reformatear todo el sistema de seguridad porque lamentablemente donde aparece oro llega la locura”, puntualizó.

El Consejo de Caciques del Pueblo Pemón tildó en la noche del martes de asesino al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y pidió el retiro de la operación militar encubierta. Dirigentes han señalado que el retroceso del turismo los obligó a sumarse a la minería, una actividad que afecta el ecosistema de estas tierras declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Fuente:https://www.lapatilla.com/2018/12/13/maduro-critica-ecocidio-en-canaima-pero-evita-referirse-a-la-destruccion-propiciada-por-el-arco-minero-que-el-instauro/

Fuente:https://es.aleteia.org/2018/12/10/el-crimen-de-canaima-y-las-victimas-de-las-mafias-depredadoras-del-ambiente/

Desde hace años he venido denunciando la minería en territorios indígenas, como una grave amenaza para los propios habitantes de esas zonas y para los ecosistemas de su área de influencia. Hice el planteamiento en un foro sobre el tema realizado en 2016 en el Centro de Ingenieros de Ciudad Guayana y, en 2017 logré su inclusión en el Remitido sobre el Arco Minero del Orinoco, aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes (disponible en la web).

En estos momentos, reconocidas personas e instituciones denuncian la minería que está destruyendo áreas del Parque Nacional Canaima (declarado como Patrimonio de la Humanidad) y otros lugares adyacentes. Pero casi nadie quiere decir que la mayoría de esos trabajos en las minas están siendo ejecutados por los propios miembros de las etnias. Hay una especie de indulgencia automática con respecto a los posibles delitos ambientales que pudieran estar cometiendo los hermanos indígenas. Eso carece de toda lógica ambiental. La solución no es evadir el problema; es identificarlo, analizarlo y convocar a los actores para buscar alternativas enmarcadas en las leyes. Pero, ojo, hay que hacer cumplir las leyes.

Podría decirse que el problema tiene su origen en la anarquía minera que comenzó en 2004, con la creación de la Misión Piar que daba total apoyo con créditos, maquinarias, motobombas y tuberías, a quienes explotaban el oro al estilo de los garimpeiros. En ese mismo año un grupo de la etnia yek’wana se asoció con criollos y ambos iniciaron la explotación comercial en El Caura, que se consideraba la última cuenca prístina en el planeta. Entre 2011 y 2012 se reportó que pemones estaban realizando minería en El Casabe y en el río Tonoro, ubicados en la cuenca del Paragua. Entre 2010 y 2013, la prensa también informó sobre actividades similares en el río Carrao y en Urimán (dentro del Parque Nacional Canaima); en el último sitio el Ejército llegó a intentar controlar la situación, y los soldados fueron sometidos, amarrados y arrodillados; hubo una negociación para liberarlos y los indígenas expresaron que ellos continuarían con su labor minera en la Gran Sabana.

El portal SOS-Orinoco ha identificado unos 33 lugares donde se está haciendo minería dentro o en las adyacencias al parque Canaima. Esa información, unida a la que he recabado, indica que hay participación de indígenas en minas al menos en los siguientes lugares: zona media del río Caura, cuenca del río Paragua (El Casabe, río Tonoro, río Karún), cuenca del río Caroní (Las Calaveras, Campo Alegre, Sampai, Chiricayén, Apoipó, río Surucún, Acaredén, Yacrimá, río Amac, río Uaiparú, Parkupí, río Apremé, Aripichí, río Pirma, río Tirika, Urimán, Boquini, Guacharaca, Chicharrón, Asapati, río Carrao, Wadetey, Kuana, río Mowak). La ubicación de algunos de esos sectores demuestra que ya está en ejecución lo que podría llamarse el arco minero indígena, que se muestra en la siguiente figura.

_{Arco minero indígena en el área de influencia del Parque Nacional Canaima}

El tipo de minería que se está efectuando en estos sitios corresponde a monitores hidráulicos, con el uso de mercurio. Esto trae nefastas consecuencias para los ecosistemas y para los propios indígenas: destrucción de la vegetación, de los ríos, fragmentación de hábitats, contaminación del agua por sedimentos y por mercurio, afectación de la fauna, destrucción del suelo (ver siguiente imagen), enfermedades por mercurio, proliferación del paludismo, prostitución, tráfico de drogas y de alcohol.

_{Mina de Campo Alegre (10 kilómetros al suroeste de San Ignacio de Yuruaní, Gran Sabana), activa desde hace unos 10 años, con una superficie actual de 81 hectáreas (imagen tomada de Google Earth)}

La minería indígena ha evolucionado, ha adoptado prácticas de los criollos. Se ha reportado la existencia de un grupo paramilitar armado llamado Guardia Territorial Pemón, que pretende tomar el control de las minas que trabajan los criollos en Icabarú desde hace más de 50 años; es casi seguro que esa violencia generó, hace pocas semanas, el homicidio de José Vásquez, comandante de ese grupo paramilitar. También ocurrió otro hecho deplorable cuando se denunció, en agosto de este año, una disputa (con seis fallecidos) en la que miembros de la etnia Sanema se aliaron con “sindicatos” criollos y enfrentaron a integrantes de la etnia hibi por el control de una mina cerca de Maripa. Se puede prever que pronto los grupos indígenas más vulnerables serán víctimas de etnias con recursos más avanzados; en el pasado han ocurrido guerras por dominio del territorio y por derechos de cacería, ahora eso se puede repetir por la explotación del oro, lo cual hay que evitar; no se puede permitir que la violencia siga afectando a los hoti (en la sierra de Maigualida) o que se repitan masacres con los yanomami (en las sierras de la Neblina y Parima-Tapirapecó).

El arco minero indígena no está relacionado en tiempo ni en espacio con el Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno (que de por sí es muy malo). La mayoría de las minas indígenas comenzaron muchos años antes que el AMO. Este está al norte del estado Bolívar y muy lejos, en el sur, están las minas indígenas. En el sur es donde se hallan las más graves amenazas a los recursos hídricos, allí se encuentran las nacientes de los grandes ríos de Guayana (los ríos no corren del norte al sur, nacen en el sur y corren hacia el norte), ahí existe la mayor cobertura boscosa que se conecta con la selva amazónica, esa es la zona de los tepuyes y la diversidad más rica y frágil de Venezuela.

Tradicionalmente, la posición “oficial” de las organizaciones indígenas era que se oponían a la minería; así lo han expresado la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas y la Organización Indígena de la Cuenca del Caura (Kuyujani). Pero en las últimas semanas han aparecido declaraciones de los caciques de Gran Sabana y de Emilio González (integrante de la etnia pemón, minero y alcalde del municipio Gran Sabana) que señalan la defensa del derecho de los indígenas a practicar la minería. Esto representa un consentimiento público de lo que ya han venido ejecutando desde hace años; no le dan el nombre pero es innegable que está en marcha un arco minero indígena. Eso es muy grave porque sus territorios, en los que hay riquezas minerales localizadas, abarcan millones de hectáreas y, si esa destrucción no se detiene a tiempo, pronto veremos inmensos impactos ambientales y sociales. Esos territorios son iguales o mayores al Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno.

Para finalizar, hay que destacar que la Constitución nacional (1999), la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (2001) y la Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas (2005) protegen el modo de vida ancestral de las etnias; la minería con monitores hidráulicos y con mercurio no es parte de ese modo de vida ancestral. No hay forma legal de permitir esa actividad dentro de parques nacionales, monumentos naturales, zonas protectoras ni reservas hidráulicas. Quienes promueven esas ideas ignoran de manera muy irresponsable e imprudente las leyes de Venezuela.

_{Linderos aproximados del Arco Minero del Orinoco (línea negra) y su relación con los territorios indígenas}

No se puede seguir desconociendo el arco minero indígena. Ojalá que la sabiduría de los ancestros ilumine a los consejos de ancianos, y que estos actúen para retomar un modo de vida en armonía con el ambiente, y que la salud y la paz los acompañen en esta y en las próximas generaciones.

@jrlozada61

Fuente:http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/arco-minero-indigena-guayana-venezolana_261388

Despojar un terreno de sus bosques por esta actividad genera desertificación

La Guayana venezolana, esta conformada principalmente por los estados Amazonas y Bolívar e integra lo que es conocido como el Macizo Guayanés.

La periodista manifestó que lo alarmante es que esa explotación está ocurriendo dentro del Parque Nacional Canaima y que prácticamente lo que falta es que se extienda hasta dentro de la laguna.

de extremo a extremo, es su oficina. Difícil que alguien conozca tanto nuestro país como ella. Es por eso que esta semana sonaron las alarmas cuando la periodista Valentina Quintero publicó unas fotos que daban cuenta de la devastación causada en una de las principales reservas naturales del país y Patrimonio de la Humanidad decretado por la Unesco: el Parque Nacional Canaima.

En el segmento El Tema del Día, El Pitazo entrevistó a Valentina Quintero quien explicó las consecuencias que la minería está generando en este territorio milenario, contaminando con mercurio las aguas, destruyendo la frágil ecología de la zona y “corroyendo el alma de los pemones, los habitantes originarios de la zona quienes a falta de turismo se ven obligados a dedicarse a la minería”.

Fuente:https://elpitazo.com/ultimas-noticias/tema-del-dia-valentina-quintero-lo-destruye-la-mineria-canaima-irrecuperable/

Emiliano Teran Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, ha seguido de cerca el surgimiento del Arco Minero del Orinoco. Teran concibe esta nueva serie de megaproyectos como la aceleración desastrosa de una lógica extractivista aceptada sin críticas. En esta entrevista, sostiene que hay alternativas a una economía basada en la extracción que, aparte del daño ambiental y social que produce, no ha logrado resultados en términos de acumulación de capital y desarrollo.

CPM: Existe una trágica falta de conocimiento sobre el Arco Minero en Venezuela. ¿Puede, muy brevemente, decirnos algo sobre cuándo comenzó el proyecto, su escala, alcance e impacto ambiental?

ETM: El Arco Minero fue propuesto no hace mucho, en 2011, por Hugo Chávez. Pero me gustaría agregar lo siguiente: en realidad, lo que sería posteriormente el Arco Minero surgió durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, en el cual hubo un conflicto ambiental que resonaría en la opinión pública a finales de los 90. Fue entonces cuando Caldera presentó un decreto que desregulaba la Reserva Forestal Imataca para introducir la minería allí. Es donde están hoy las minas de oro que son el foco principal de la minería en el Arco Minero. La movilización en contra fue tal que ese decreto se mantuvo de alguna manera neutralizado. No fue derribado, pero si neutralizado. No pudieron completarlo. Es con Chávez que este decreto finalmente se formaliza, lo que permitiría llevar a cabo la minería en esa reserva forestal.

Es importante contar esa historia, porque proviene de toda una lógica de (re)colonización del Sur, una lógica que ha sido parte de los proyectos de desarrollo contemporáneos en Venezuela durante mucho tiempo. De hecho, todos los proyectos desarrollistas y progresistas recientes (como el proceso bolivariano) siguieron esa lógica.

En 2011, en el gobierno de Chávez, se anunció el Arco Minero de Guayana o el Arco Minero del Orinoco. Luego se habló de incluso un proyecto conjunto, el Plan Estratégico conjunto con la Faja Petrolífera del Orinoco, que ahora añadía una serie de proyectos mineros en toda la extensión del territorio al norte del estado Bolívar. Estamos hablando de una extensión de 111.800 kms cuadrados, 12 por ciento del territorio nacional, que es aproximadamente del tamaño de Cuba, para tener una idea de la escala. Los proyectos propuestos son la extracción de oro y diamantes, coltan, bauxita y hierro.

Esto implica reabrir y dar un nuevo impulso a minas ya existentes. No es que todas las minas serían nuevas. Minas ya existentes recibirán un nuevo impulso (como las dos grandes minas de oro), pero todo esto también va implicar el abrir nuevas minas. Por ejemplo, la extracción de coltán es totalmente nueva en Venezuela y significa penetrar el bosque de Parguaza y abrir grandes minas de coltán allí. También se abrirían nuevas minas en Imataca para la extracción de oro, formalizar minas de diamantes en el oeste del estado Bolívar y expandir la extracción de bauxita y hierro, que es antigua en Venezuela.

CPM: El Arco Minero del Orinoco implica una nueva legislación que, en efecto, coloca a la zona fuera del estado de derecho y la Constitución. Incluso se podría hablar de un régimen de excepcionalidad, desterritorialización y pérdida de soberanía. ¿Puede decir algo sobre el conflicto entre la soberanía popular y las necesidades de la acumulación capitalista global?

ETM: Eso es muy importante. Al principio, para el gobierno de Chávez, la Faja Petrolífera del Orinoco y lo que hoy conocemos como Arco Minero del Orinoco fueron iniciativas dirigidas a superar el agotamiento del modelo tradicional de acumulación rentista petrolera. Antes de Chávez, el enfoque era fundamentalmente la extracción de crudos livianos y medianos en el estado Zulia (frontera occidental) y en oriente del país, pero esos pozos están en franco declive. Entonces, dentro del modelo extractivista, con Chávez hay un cambio que le da mayor presencia a la extracción de petróleo no convencional en la Faja Petrolífera [también en el oriente del país]. Esto, por supuesto, tiene un impacto ambiental mucho mayor y un mayor costo. Por lo tanto, el Arco Minero sigue la misma lógica, dando nueva vida y oxigenando a un modelo en crisis.

Digo esto porque, si durante el gobierno de Chávez el Arco Minero tuvo un carácter de desarrollismo expansivo, una especie de reformulación del modelo extractivista, bajo el gobierno de Maduro este proyecto asume la naturaleza de una política de ajuste. Es un ajuste radical, aunque no es el típico ajuste macroeconómico, que trataría de redistribuir los excedentes monetarios de abajo hacia arriba.

Este ajuste tiene que ver directamente con la territorialización –es decir, con la apropiación, intervención, modelamiento y administración de los territorios del país– y la penetración radical de la soberanía nacional basada en varios mecanismos. Primero, desde 2016, Venezuela ha estado bajo un estado de excepción formal y declarado, de hecho y de derecho. Este estado de excepción se encuentra en el contexto de una ‘emergencia económica’.

Luego, hay otro instrumento: las Zonas Económicas Especiales. Siguen el formato del neoliberalismo chino, una forma de desregulación radical de los territorios, en la que se elimina cualquier obstáculo para el rápido desarrollo del capital: impuestos, aduanas, permisos, leyes laborales, restricciones ambientales, lo que sea. Este estado de excepción incluso significa asignar un tipo de gobernador ad hoc al territorio en cuestión.

El Arco Minero del Orinoco fue finalmente formalizado, en su encarnación actual, en febrero de 2016 con el Decreto Presidencial 2.248. Fue declarado Zona Económica Especial (o llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional). Como tal, se constituye como un territorio de desregulación total, de modo que el capital pueda desarrollarse libremente a cualquier precio. Eso presupone la eliminación de derechos de todo tipo: consulta democrática, derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a un medio ambiente limpio y sano, etc.

El régimen de excepción se implementó de la mano de una zona militar especial. Entonces, el Arco Minero es tanto una zona minera especial como una zona militar especial. Tiene un régimen militar especial. El Decreto 2.248 establece que los grupos que se oponen a él se oponen a los “intereses nacionales”, y al oponerse a los intereses nacionales ejercerían en una especie de crimen contra el propio Estado. Eso se dice muy claramente en el Decreto 2.248.

Ahora, cuando se observa esto desde el punto de vista de las consultas populares y consultas previas, lo cual, en un proyecto de esta magnitud, debe hacerse no sólo porque está establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino también (en el caso de las consultas a los pueblos indígenas) por el derecho internacional, el proceso se ha llevado a cabo de forma muy irregular, con mucha manipulación y cooptación. Para dar un ejemplo, indígenas se han quejado de las apariciones en televisión de capitanes cooptados que no los representan, y estos jefes cooptados estaban respaldando el proyecto minero.

Adicionalmente, los estudios de impacto ambiental están notablemente ausentes. Han sido anunciados, pero nadie sabe dónde están. Nadie sabe nada de ellos. Agrega a esto que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre el carácter y el alcance de los acuerdos que se han hecho, pero siguen siendo un misterio total. Toda la información que tenemos se basa en las promesas gubernamentales del ecosocialismo y la supuesta “minería ecológica”, pero sabemos, basado en estudios académicos y la experiencia acumulada en América Latina, que la mega-minería es una de las actividades industriales más devastadoras de todas. Así que, claramente el Arco Minero representa un régimen de excepción siguiendo una política de ajustes del tipo más radical, un camino neoliberal muy radical.

CPM: Una posición radicalmente anti-extractivista parece injusta. ¿Cómo avanzarán las naciones del Sur Global cuando, a corto y mediano plazo, sus únicas posibilidades de desarrollo parecen ser la extracción de materias primas? Muchos países del Norte Global pasaron de las economías extractivas a las industriales en los tiempos modernos. Entonces, ¿no sería injusto negar esa posibilidad a las naciones del Sur Global? ¿No es injusto hacer que las naciones del Sur Global soporten la carga de la crisis ambiental del planeta?

ETM: No estoy seguro de estar de acuerdo con algunas de esas afirmaciones. Primero, los últimos quince años de gobiernos progresistas en América Latina se han caracterizado por una lógica más bien de profundizar el extractivismo. Estas no fueron decisiones tomadas por la gente; la decisión vino desde arriba. Los vimos jugar esa carta, como si no hubiera otras opciones.

Repasemos uno de los argumentos típicos: “Necesitamos abrir esta nueva mina, necesitamos abrir un nuevo pozo de petróleo, necesitamos iniciar nuevos proyectos de monocultivo de soja”. ¿Y por qué necesitamos hacer esto? Porque necesitamos divisas para el desarrollo.

Uno de los problemas aquí es que no hay ninguna discusión sobre cómo distribuir el excedente ya existente. Las razones para abrir nuestro territorio a la minería son las mismas: se necesita captar divisas. Pero si observamos los diez años anteriores a 2014 (ese año bajó el precio de las materias primas), en esos diez años de auge, unos 500 mil millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado venezolano. Entonces, antes de abrir una nueva mina, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué pasó con todo ese dinero?

Para entender el capitalismo rentista venezolano, se debe entender la arquitectura de la distribución de la renta del petróleo. Esa arquitectura da forma a toda la economía nacional. La distribución de la renta petrolera determina las estructuras de poder y las diversas formas de consumo doméstico. En otras palabras, si por ejemplo el Estado tiene un subsidio eterno a la gasolina, como es el caso de Venezuela, eso fomentará un tipo específico de consumo. Va a determinar la forma en que las personas van de un lugar a otro y promoverá la práctica generalizada de importar vehículos.

Además, cuando hablamos de distribuir las ganancias del petróleo, también tenemos que hablar de impuestos. Según datos de la CEPAL, Venezuela y Chile son los países del continente donde los ricos pagan menos impuestos. En Venezuela, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto regresivo, que además ha aumentado y cae sobre los hombros de los pobres.

¿Cómo podemos conectar esto con el extractivismo? Te voy a dar un ejemplo. Uno de los mayores debates sobre el extractivismo en América Latina fue sobre el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Si aumentara en un 1,6 por ciento el impuesto sobre las 200 empresas más grandes y las familias más ricas del país, eso traería a las arcas del Estado la misma cantidad de dinero que aportaría 25 años de extracción de petróleo en la reserva de Yasuní.

Este es el caso de cualquier país latinoamericano. En lugar de abrir el debate sobre el tema de la distribución desigual de la riqueza, la única solución que aparece en el discurso es explotar más los ‘recursos naturales’: abrir nuevos campos, nuevas minas, etc. Luego, cuando los precios de las materias primas bajan, entonces este discurso más bien se engrandece: más iniciativas extractivistas deben impulsarse porque hay una crisis y, por supuesto, la única solución es extraer o perforar más pozos, minas, etc. Sin embargo, resulta que nos metimos en la crisis actual entre otras cosas porque la lógica extractivista estuvo inflada durante la última década y media.

Adicionalmente, conviene decir que actividades como la minería tienen un impacto en otros tipos de sectores económicos, ya que afecta por ejemplo la generación eléctrica. En Venezuela la mayor parte de la electricidad proviene de plantas hidroeléctricas. La minería que ocurre en Bolívar afecta los cauces de los ríos, lo que en el caso del río Caroní afecta sensiblemente la potencia de su caudal, siendo el río que alimenta la represa Guri, la principal fuente de electricidad en el país. Así se ha afectado la generación de electricidad. Eso tiene un efecto adverso en la economía, incluso en las refinerías de petróleo existentes y otros sectores de la industria petrolera.

Desafortunadamente, los debates sobre minería y extractivismo son silenciados. Entonces, resulta que el Arco Minero va a terminar afectando adversamente la productividad y la vida en Venezuela, y eso incluye la propia producción de petróleo, que es la que genera los principales ingresos para la nación.

CPM: ¿Qué pueden hacer las personas que quieren monitorear, protestar o simplemente mantenerse informados sobre el Arco Minero?

ETM: Es necesario volver a movilizar a las personas, y esa movilización debe ser autónoma e independiente. Estamos ante un gobierno que se ha desviado de su camino y tiene poco que ver con el proyecto inicial de las bases populares del chavismo, que tenía una orientación emancipadora y propuso una transición alternativa. Ese bloque debe recuperar su agenda social involucrando demandas relacionadas con el trabajo y el salario, junto con reclamos relacionados con el género, los derechos indígenas y la tierra.

Hay una crisis ambiental muy grave en Venezuela y la agenda ambiental debe ser asumida por todos, centrándose particularmente en la lucha contra esta nueva forma de extractivismo de ajuste que se ha vuelto dominante. Hay alternativas, y el movimiento popular tiene que forjar un proyecto: un camino diferente al de la actual devastación que estamos presenciando en Venezuela. Eso, a su vez, requiere un proceso de construcción y debate autónomos, que nos permita superar la lógica actual de devastación social y ambiental.

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/10/15/arco-minero-hoy-una-politica-ajuste-entrevista-venezuelanalysis-emiliano-teran-mantovani/

Autoridades nacionales recalcaron la semana pasada a voceros indígenas que el Gobierno Bolivariano, asumió la responsabilidad de controlar la actividad minera al sur del Orinoco, y con un despliegue cívico militar frenar y erradicar operaciones de minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1994.

Un grupo de ministros en representación del Ejecutivo Nacional se reunieron con líderes y voceros del pueblo Pemòn de Kanaimo, con el objetivo de establecer una agenda de trabajo conjunto en protección y defensa del parque, reseñó el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico en un boletín de prensa.

Durante el encuentro, el ministro Víctor Cano enfatizó que el Gobierno Bolivariano mantiene su compromiso para cumplir cabalmente con los lineamientos del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, de preservar la vida en el planeta.

“La prioridad del Motor Minero es proteger el Parque Nacional Canaima. Estamos evaluando con líderes del pueblo pemón diversas estrategias para frenar la minería en las áreas protegidas. No puede ni debe existir minería en Canaima”, expresó citado por el ministerio.

Cano explicó que el Estado venezolano va a tomar las acciones necesarias para neutralizar cualquier actividad minera fuera de las zonas autorizadas y delimitadas en la zona del Arco Minero del Orinoco (AMO).

“Este tema debemos mirarlo con mucho cuidado, con cautela; tenemos que esforzarnos para realizar las mejores prácticas con el objeto de preservar nuestros recursos naturales; pero, fuera de las zonas autorizadas, no está permitida la minería, y vamos a actuar para aplicar la ley. El Arco Minero se creó, precisamente, para cuidar las cuencas y la biodiversidad”, manifestó.

El ministro destacó que esta es la séptima reunión que sostiene con el pueblo Pemòn en el transcurso de este año. Desde el 2016 se han realizado 121 encuentros con las comunidades indígenas del Arco Minero.

El titular de Cultura, Ernesto Villegas, también ofreció unas palabras sobre el cuidado los espacios naturales de Canaima.

“El paisaje de Canaima es una bendición; pero, más que el lugar, el verdadero milagro está en su gente, que ha nacido y ha crecido por generaciones. Sin ustedes, los indígenas, no estamos completos, no estaría completa Venezuela: los pemones son parte fundamental e insustituible del pueblo venezolano. Son las comunidades ancestrales, con su idioma, costumbres y tradiciones que forman parte imprescindible de nuestra cultura”, destacó.

Por su parte, el ministro para Ecosocialismo, Heryck Rangel, invitó a toda la comunidad del parque a redoblar su participación en el plan nacional de preservación de las riquezas naturales del lugar, como la flora y fauna catalogadas como únicas y excepcionales por la Unesco.

“Venimos a hacer planteamientos sinceros con participación. Esto es un parque nacional, y hay actividades que no son permitidas. Debo decirle al pueblo pemón que están en una realidad geográfica bien compleja; no queremos hipotecar el futuro de Venezuela”, declaró.

La ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, explicó que la comunidad de Kanaimö tendrá apoyo para reactivar áreas productivas de bajo impacto ambiental, como la agricultura, ganadería y, por supuesto, el turismo con participación activa de la comunidad.

“Hay opciones en la mesa, pero definitivamente lo que no es opción es que Canaima sea una zona minera. Necesitamos proteger nuestro territorio, nuestra tierra y a todas las familias dentro del parque nacional. Debemos escucharnos y tomar en cuenta cada planteamiento”, reiteró Núñez.

Fuente:http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-ratifica-prohibicion-de-operaciones-mineras-en-canaima/

Una de las muchas bondades de Venezuela son sus místicos paisajes naturales, varios de ellos declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por su inigualable belleza y exótica fauna y flora, hoy en día amenazadas por prácticas ilegales y la inacción del gobierno.

Redacción Venezuela al Día

La comunicadora social Valentina Quintero, quien se ha dedicado a mostrar los paisajes de Venezuela por largo tiempo, denunció este lunes los trabajos de minería ilegal que realizan dentro del Parque Nacional Canaima, patrimonio de la humanidad, en un recorrido que efectuó desde un helicóptero.

Quintero levantó su voz a través de su cuenta en instagram, haciendo un llamado al ministro del Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, y el ministro para Ecosocialismo y Aguas, Heryck Rangel, sobre la situación en la que se encuentra el parque y la minería ilegal.

“Ustedes son ministros, son gobierno y les toca hacer cumplir las leyes. Ambos saben que es ilegal la minería dentro del Parque Nacional Canaima. Sacar la minería del Parque Nacional Canaima es su deber, se los exigimos los venezolanos y la humanidad entera”, escribió la periodista.

Además, agregó que esta práctica no se realiza si no hay gasolina y aseguró que el control del combustible lo tienen los militares lo que indica que están implicados en los trabajos de minería.

“Todos sabemos que no hay minería sin combustible. Ustedes saben, igual o mejor que nosotros, que el control de la gasolina lo tienen los militares. No se mueve un litro de gasolina en la frontera sin que un militar lo autorice”, sentenció.

Fuente:http://www.venezuelaaldia.com/2018/10/15/valentina-quintero-revelo-los-estragos-la-mineria-parque-canaima/

En 2016, el gobierno venezolano emitió un decreto convirtiendo cerca de 112.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica en un distrito minero especial, llamado Arco Minero. Nicolás Maduro prometió que el Arco Minero traería prosperidad económica y “desarrollo minero ecológico”.

Pero, en cambio, parece ser el mayor desastre minero y ecológico de América Latina, ya que la minería incontrolada y primitiva en la región está causando estragos en comunidades vulnerables, degradando ecosistemas y dañando la increíble biodiversidad de la región, que incluye desde jaguares y armadillos hasta unas 850 especies distintas de aves.

El saqueo de Venezuela de sus propios recursos y la correspondiente devastación ambiental no reciben la atención nacional e internacional que deberían.

Pero por primera vez, en julio, el Arco Minero fue tratado en una plataforma regional importante: el Congreso de la Sección Latinoamericana y del Caribe de la Sociedad para la Biología de la Conservación (LACA-SCB), que es la comunidad de profesionales de la conservación más grande del mundo.

Gobierno venezolano rechaza “desconocimiento” del atentado por parte de la UE

Durante el evento, celebrado en Trinidad y Tobago, LACA-SCB acordó una declaración de la conferencia sobre el Arco Minero: El comienzo de la declaración dice:

“En el Escudo Guayanés de Venezuela y la Cuenca Amazónica, incluyendo todos los territorios al sur del río Orinoco y su delta, se genera un área de importancia regional crítica para la conservación de la diversidad biocultural. Entre 2000 y 2015, la deforestación allí se ha incrementado exponencialmente debido en parte a la intensificación observable de las actividades humanas en el norte del estado de Bolívar, un “punto clave” de metales preciosos y minerales como oro, diamantes, hierro y coltán, entre otros. La mayoría de estas actividades están directa o indirectamente relacionadas con un aumento de las prácticas informales de extracción de oro , que afectan áreas protegidas y territorios indígenas”.

Hasta ahora, se han hecho pocos intentos para estudiar los impactos actuales y futuros del Arco Minero, pero los primeros indicadores son alarmantes. Juan Carlos Amilibia, biólogo de la Universidad Central de Venezuela, explica que la Amazonía venezolana está cada vez más deforestada y que la minería se está convirtiendo en una de las mayores amenazas para la biodiversidad. “El gobierno debería hacer esfuerzos para controlar la minería ilegal donde antes no había deforestación, en lugar de crear nuevas zonas de extracción y extracción”, dice citado por el Eatrh Island Journal.

Fuente:http://www.venezuelaaldia.com/2018/08/11/logro-chavista-arco-minero-pooodria-ser-el-desastre-ecologico-mas-grande-de-america-latina/

Amnistía Internacional denunció hoy que la indígena venezolana defensora de los derechos medioambientales Lisa Henrito fue acusada públicamente por un mando militar de «traición» por su activismo contra la explotación minera en sus territorios ancestrales sin estudios previos de impacto social y ambiental.

«El 23 de julio, la defensora medioambiental indígena pemón Lisa Henrito fue acusada de ‘traición’ y ‘secesión’ por un mando de las Fuerzas Armadas en la televisión nacional de Venezuela», dijo Amnistía Internacional (AI) en un comunicado.

La organización internacional no reveló el nombre del militar que hizo las declaraciones sobre la activista indígena o del medio de comunicación en el que las hizo.

Henrito es una indígena pemón, una etnia que habita en el sur de Venezuela, donde se ubican además riquezas minerales que han sido explotadas ilegal y legalmente pese a las protestas de los habitantes ancestrales de la zona.

En su escrito, AI señaló que Henrito «está siendo estigmatizada por su labor como activista de organizaciones de mujeres indígenas pemones que exigen el fin de la militarización y la explotación minera de sus territorios ancestrales sin consulta informada ni estudios del impacto social previos».

Asimismo, indicó que el Estado debe garantizar la protección de la integridad física de Lisa Henrito y otras personas que son también activistas indígenas y del medioambiente «y poner fin a su difamación y a la estigmatización de sus acciones de defensa de los derechos de sus comunidades».

Amnistía Internacional recordó que esta es una exigencia contemplada en la Constitución venezolana y también en «mecanismos internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos indígenas y sus tierras, su territorio y su medioambiente».

En 2015, la comunidad pemón pasó varios días en protesta contra la minería ilegal en el Parque Natural de Canaima, Patrimonio de la Humanidad.

Los indígenas denunciaron entonces que la minería ilegal ha devastado y contaminando el río Carrao, que es uno de los principales afluentes que alimenta al río Caroní, fuente del 70 % de la electricidad del país, un sector que en la actualidad se encuentra en crisis, lo que se refleja en constantes apagones.

Fuente:https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/471592-amnistia-internacional-alerta-acusaciones-militare/