La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) sigue investigando si mineras son responsables de incendios forestales en Veracruz, tal y como lo dejó entrever el gobernador, Cuitláhuac García, el pasado mes de abril.Así lo informó el subprocurador de Medio Ambiente en el estado, Ernesto Cuevas Hernández, en entrevista.

Al respecto, indicó que al menos 10 mineras cuentan con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para instalarse en Veracruz, pero les faltan permisos de los Ayuntamientos.

El funcionario estatal dijo que se ha hablado con los alcaldes para reiterarles el riesgo que representan estos proyectos, por lo que confían en que no les otorguen los permisos a través de sus Cabildos.

El funcionario añadió que hay intenciones de empresas para asentarse y realizar minería a cierto abierto incluso cerca de Xalapa, en el municipio Chiconquiaco, algo que ya fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Recordó que la investigación a las mineras comenzó a consecuencia del incendio ocurrido en Palma Sola, Alto Lucero, mismo que consumió al menos 915 hectáreas.

Dijo que actualmente los Ayuntamientos de Actopan, Alto Lucero, Chiconquiaco, Juchique de Ferrer y Yecuatla están en contra de la instalación de las mineras, por lo que esperan que se mantenga su negativa.

“Seguimos en la investigación, para muchos es como tradición quemar potreros, se ahorran recursos de la limpia y hacen esta práctica; hemos estado indagando, investigando sobre quién es el responsable, seguimos en ello”, añadió.

Finalmente expuso que las minas a cielo abierto consumen recursos, especialmente agua, además de que se buscan construir en zonas peligrosas, pues en el caso de Alto Lucero estaría cerca de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

 

Fuente:https://www.diariodelistmo.com/noticiasveracruz/xalapa/41263044/mineras-bajo-la-lupa-por-incendios-en-veracruz.html

A un joven de 19 años de edad «le amputaron las dos manos; le cortaron la lengua y le sacaron los ojos» en la mina Yin Yan de El Callao, estado Bolívar, según denuncia la periodista Pableysa Ostos en su cuenta de Twitter, mientras la foto muestra al agraviado, sentado y cabizbajo, con un pozo de sangre entre las piernas y uno rollo de trapos amarrados en ambos brazos, semejantes a guantes de boxeo. La escena es cruda y dolorosa. Reflejo de le ley que impera en la selva, tanto en la mina Yin Yan como en la mina La Gloria, la mina El Manguito, la mina El Perú o la mina Finlandia de El Callao; así como en otros lugares cercanos a Tumeremo, como en la mina Corre Gente, la mina Los Candados, la mina Guaitó, la mina Bochinche, la mina El Tigre, la mina Hoja Lata, la mina Botanamo, la mina La Camorra o la mina de Pariche, también del municipio Sifontes del estado Bolívar.

La mina Las Claritas, la mina 88, la mina Campanero, la mina El Manteco, la mina Sicapra, la mina El Guey o la mina Tonoro (controlada por venezolanos originarios de la etnia pemón) se suman igualmente a esa larga lista de la tierra de nadie, de la tierra de la muerte. Bien que se trate de la banda de El Coporo (cuyo líder ya fallecido, se llamaba Josué Zurita) y la guerrilla; o de la banda de El Talao (perteneciente a Archian Romero Ará) o de la banda de El Pulpo (ya fallecido); o de la pandilla de Run, en Tumeremo; así como de la mega banda de El Tortugo en El Callao, el cobro de vacunas y la extorsión forman el ajedrez del combate cuerpo a cuerpo, la sentencia punitiva, la declaración de guerra muerte o el exterminio declarado sin ambages.

Otras minas del estado Bolívar han resaltado por la crueldad del crimen, la recurrencia de las masacres, las disputas territoriales y la medición de fuerzas, como ocurre de menudo en las cercanías de La Paragua municipio Angostura (mina El Papelón, mina de Guariche, mina de Chicanán, mina La Bulla Nueva, mina de Tonoro), y en las minas de Maripa Alto Caura. En esa zona de La Paragua han ganado notoriedad bandas como Los Colombianos, Los Niche, banda Los Veinticuatro y banda de Marcopolo, entre otras, por el control de los yacimientos.

Bien que se trate de un enfrentamiento a metralla suelta y pistolas, tanto la banda llamada Grupo R, como la guerrilla del ELN y el ejército venezolano hacen tronar sus armas a plena luz del día como si se tratara del fin del mundo, percutiendo por igual fusiles R-15 y fusiles M-16, pistolas Smith&Wesson y Berettas nueve milímetros; fusiles automáticos ligeros o granadas, en plena ciudad de Tumeremo, principalmente en los sectores El Pariche y El Frío, del mismo modo que lo hacen en las minas en cuestión.

Dos cifras no confirmadas, emanadas por mineros del estado Anzoátegui que salieron disparados por el terror en Guayana durante los primeros meses de 2019, refieren que 300 mineros fueron arrasados por las balas a finales de enero en una mina de Tumeremo, incluyendo niños, mujeres embarazadas, menores de edad y hombres de todas las edades, y que no hubo ningún sobreviviente; y que diputados opositores supieron de estos hechos, pero se silenciaron por temor, y se sostuvo el dato emitido en la cifra oficial de que eran sólo ocho (8) los fallecidos, tal vez para no producir alarma. Sin embargo, una versión reciente del viernes 23 de agosto de 2019 señala, también por la vía anecdótica y testimonial, otra masacre de al menos ciento cincuenta (150) muertos en otra mina de la esa misma zona. Sobre esto último no hay confirmación. Es decir, 450 muertos en sólo dos masacres quedan en el limbo de su confirmación, por cuanto no hay una autoridad creíble que lo niegue o ratifique, o porque se supone que hay quien paga por el silencio de tales crueldades.

Pero, ¿quién asesina en las minas?

Los pobladores describen a grupos armados que visten franelas con el rostro del Che Guevara, pantalones de jeans y botas de combate similares a los grupos armados del ELN que operan en los estados Apure, Amazonas y Táchira, pero son los pranes y jefes de bandas quienes se pelean con aquellos por la supremacía y el control de los yacimientos, cuando no existen acuerdos y se crispan los ánimos.

De menudo aparecen fosas repletas de cráneos y extremidades humanas, y grupos de cadáveres descompuestos por decenas, siendo una práctica muy común mutilar mujeres vivas y hombres vivos por posesión de droga, robo, hurto o irrespeto al orden de mando dentro de las minas. De igual modo, existen sicarios entrenados y muy efectivos para matar en cualquier parte del país a quien, por A o por B, resulta sentenciado a muerte desde algunas de estas minas. El adulterio, por ejemplo, o la negativa a una vejación sexual, así como los celos de un marido que no cede su mujer a los antojos de un jefe de banda «por las buenas», son razones suficientes para el sacrificio de la propia vida, so pena de la condena a muerte a mano de un sicario de postín.

Las listas de desaparecidos y los avisos de solicitudes de señales de vida de parientes cercanos (madres, padres, hijos y hermanos) se derrumban ante el gran muro de silencio que rodea esta escuela de la muerte que es la zona minera del estado Bolívar. Toda la selva guayanesa es ya un gran cementerio de humanos. Trabajadores inocentes y criminales de la peor calaña se confunden entre la carroña, y de menudo los olores de la muerte, la pudrición y los zamuros cubren el ambiente que alguna vez maravilló al mundo por los tepuyes de la Gran Sabana, el Salto Ángel o la magia del parque natural Canaima. En la actualidad un simple viaje de aventuras hacia estas zonas puede convertirse en tragedia. Basta imaginar lo que ocurre en las gasolineras, y en las carreteras de Ciudad Bolívar, donde otras bandas conexas a las mafias de las minas persiguen a los automóviles para atracar, secuestrar, extorsionar, violar y matar a los desprevenidos viajeros; pero nadie ve nada, y nadie sabe nada. Al respecto, no hay alcabala, ni peaje ni control militar que valga. En suma, la vida no vale nada en toda Guayana.

Los llamados «Sindicatos» aportan de igual modo su dosis de terror, vía extorsión y crimen, no sólo en las minas sino en las empresas que operan la extracción de petróleo en la Faja del Orinoco Hugo Rafael Chávez Frías. Los comerciantes y grandes empresarios, así como todo hombre o mujer de negocio que se precie de exitoso y exitosa, u ostente fortuna en el ámbito económico que sea; desde la cría de ganado hasta la siembra agrícola, la explotación de madera o los servicios petroleros; ventas de maquinarias pesadas y autos, supermercados o centros comerciales, debe hacerse de los servicios de militares de alto rango de nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas para salvaguardarse y protegerse, amén de quedar expuesto al pago de vacunas mediante la extorsión y la presión criminal, para resguardar las familias y los bienes materiales, la riqueza económica y las inversiones personales.

Son famosos los enfrentamientos entre los sindicatos El Perú y Nacupay en sectores de El Callao conocidos como Los Andes, La Gasolina, El Paraíso y Las Casitas, para los que poco o nada sirven los despliegues de efectivos del orden público pertenecientes a la GNB, FAES, PEB, PNB y DIGCIM, aunque suelen tener bajas esporádicas y sumar heridos a los menguados hospitales del estado Bolívar. También son famosos los sindicatos que operan en Pariaguán, Zuata, San Diego de Cabrutica y El Tigre para controlar la zona de la Faja del Orinoco, apoyados por las altas esferas del poder político y militar, con su centro de mando tanto en Puerto La Cruz como Caracas. De hecho, los organismos de inteligencia militar como el DIGCIM y CICPC conocen plenamente a los líderes de estos sindicatos, y hasta se presumen amigos de muchos funcionarios de estos cuerpos policiales.

El oro y el dólar como monedas de intercambio de grandes sumas de dinero, tanto para matar como para actuar con impunidad y silenciar atrocidades criminales, se extiende al ámbito del comercio de los alimentos, no sólo en el abastecimiento de productos básicos de la dieta diaria de los venezolanos de a pie en Las Claritas, o desde ese paraíso fiscal llamado Santa Elena de Uairén-La Línea de Brasil, sino que impone su rigor monetario al precio del queso y la carne en toda la zona oriental del país, y de los llanos venezolanos.

En ese juego de los alimentos participan en rol protagónico los jefes de bandas de las minas, los pranes de las minas, los sindicatos de las minas, y todo el engranaje delicuencial que se mueve en torno al oro, al petróleo, al coltán, al cobre, a la compra-venta del dólar, y al tráfico de armas y camionetas Toyotas que se exportan e importan por las fronteras de Brasil y Colombia, incluso para ser llevadas al cono sur. Para todo este modus operandi es fundamental la complicidad y anuencia de las Fuerzas Armadas venezolanas, principalmente desde altos niveles de mando, desde coroneles hasta generales. No los incluye a todos, obviamente, pero hay mucha corrupción y traición a la patria en las filas del estamento militar. Vieja maña ésta heredada, por cierto, de la IV República. Nada nuevo.

Sin embargo, nos asalta una incógnita: ¿Quién le pone el cascabel al gato? El cuestionado y famoso Arco Minero, depredador de vidas humanas y vidas vegetales, de vidas animales y minerales esenciales, ha sido concebido como un recurso estratégico para el desarrollo del país, máxime ante la crueldad del bloqueo económico y financiero impuesto por EE.UU, y todo el accionar del mismo descansa desde hace mucho tiempo en las manos de personal militar. Ningún civil pone las manos al frente del organigrama del Arco Minero. A un general depuesto, otro general puesto.

El control militar sobre el oro es absoluto, pero hay dudas de que éstos tengan las manos limpias de culpa en todo el accionar criminal y de despojo que allí se ventila. Ojala existiera una investigación profunda, creíble, sincera y objetiva por parte de la Fiscalía General de la República, por parte del Ministerio para la Defensa, y del Ministerio de Interior y Justicia, sobre esta situación, y que efectivamente el oro venezolano se depositara en las bóvedas del Banco Central de Venezuela como materia esencial para sustentar nuestras reservas internacionales; y que no sea sólo el mineral de la ambición y la muerte, del crimen y la injusticias, de las mafias y del poder, de la miseria humana y la impunidad absoluta.

Que la muerte no siga imponiendo su ley en aquellos pueblos dotados de gracia y alegría, donde el sensual calipso nos hizo cantar a coro: «El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night… El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night…»

Que la muerte no mutile la riqueza cultural y humana de nuestra impresionante Guayana venezolana.

«El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night…

El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night…»

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/02/quien-asesina-minas-venezuela/?fbclid=IwAR2MDEiGxTc1QIE7Ya0ksdt1lSel-q-B8_ehIyzvB1Ui3bdJWtSrn4kNULs

El presidente Nicolás Maduro anunció este martes la asignación de «una mina de oro en pleno proceso productivo» a cada gobernación para financiar su presupuesto, medida que excluye a las que están en manos opositoras.

El mandatario informó la medida en un encuentro con los gobernadores y protectores, en el Palacio de Miraflores, y durante la presentación del Plan Minero Tricolor. La misma no incluye las gobernaciones de Nueva Esparta, Anzoátegui, Mérida y Táchira en manos opositoras. En dichos estados los recursos serán manejados por los protectores nombrados por el Ejecutivo

Para ello  anunció también la creación de las corporaciones de protección social y económica en los estados de Táchira (fronterizo con Colombia), Mérida (oeste), Anzoátegui (este) y Nueva Esparta (noreste), gobernados por dirigentes de la oposición.

Indicó también que los gobernadores podrán disponer de forma inmediata de los recursos que produzca la mina, para invertir en las necesidades de sus estados y sortear el «bloqueo» económico dispuesto por Estados Unidos (EEUU) contra su gestión; sin embargo, no dio detalles del proceso que seguirán las instituciones estadales para su explotación y comercialización.

«Recurso directo de la mina de oro al Estado, de la mina de oro a la gobernación, al pueblo. Buscando nuevas fuentes directas de divisas convertibles», enfatizó el mandatario al tiempo que prometió nuevos yacimientos a quienes administren mejor los recursos, que no llegaran a las gobernaciones opositoras sino a los protectores elegidos por el Ejecutivo en esos estados.

Vale destacar que la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), organismo encargado de manejar el sector minero en el país, es un ente sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense desde marzo de 2019, por lo que no puede comercializar su producto con países que sigan la línea impuesta desde Washington.

Igualmente, el Jefe del Estado asignó a todos los estados del país como modalidad de inversión para su uso libre “un millón de petros bimensuales a partir de noviembre”.

«Le estoy asignando a todos los estados, como modalidad de inversión, para su uso libre en las necesidades de estas prioridad un millón de petros bimensual a partir de noviembre. Esto significa en términos concretos, que le estamos asignando entre 1.354.000 euros bimensuales a 3.249.600 euros bimensuales», apuntó.

Maduro indicó que estos recursos les permitiría a los líderes de cada entidad «moverse amplia y libremente en atender y satisfacer las necesidades de la región».

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/10/16/maduro-aprueba-entregar-una-mina-oro-gobernacion-bolivariana/?fbclid=IwAR1PTP6-DlqVsZ84vy8_xxn81KgXNH50XMRAgznNxr_0hLQuk8PRPlEB9Po

El investigador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Francisco Javier Velasco, participó como invitado en el espacio República de Ciudadanos del medio Punto de Corte, con motivo de los actuales incendios que ocurren en la Amazonía y las causas estructurales del extractivismo que han generado las condiciones para este desastre ambiental.

En este espacio el investigador ofreció un panorama del avance del extractivismo en la región ante el amparo de gobiernos que han apostado por el saqueo de la naturaleza y ofreció datos relevantes sobre el impacto del mega proyecto del gobierno venezolano del Arco Minero del Orinoco.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/09/territorio-amenazado-arco-minero-del-orinoco-supera-tamano-portugal/

Ante el avance del extractivismo en Venezuela hacia una fase predatoria, que se articula con una política del saqueo en la que participan actores públicos, privados, civiles, militares, nacionales y extranjeros, pueblos enteros en Venezuela y la región son arrastrados por la lógica de actividades como la minería, que terminan siendo el único modo de vida factible para muchas comunidades como Tumeremo en el estado Bolívar.

Diversos medios locales y nacionales han reportado esta semana que mineros y pobladores de Tumeremo han protagonizado protestas por el cierre de al menos 30 zonas de extracción aurífera en las zonas de Corre Gente, Bochinche y Los Candados del municipio Sifontes del estado Bolívar.

Estas minas han permanecido cerradas desde hace unos tres meses por órdenes del comandante del Ejército, Ernesto Solís, a quien señalan como responsable de desapariciones forzosas y atropellos contra el pueblo, según informaron mineros este 24 de septiembre, en una protesta que realizaron en el casco histórico del pueblo.

 

«Que nos dejen trabajar», «fuera Solís», «el pueblo está pasando hambre». Son algunas de las frases que más se escuchan en el pueblo. Desde que el Ejército les impide la entrada a las zonas mineras, los mineros en Tumeremo han tenido que rebuscarse para sobrevivir ante la crisis económica que impulsó a muchos a optar por la minería y dejar sus ocupaciones anteriores.

De acuerdo con Milagros Cabrera, minera desde hace 18 años, aproximadamente 70 % de la población de Tumeremo es minera.

“La minería es suerte, nosotros no sabemos lo que tenemos bajo la tierra, pero en un día me podían quedar 10 gramas de oro; al precio que está ahorita, 510.000 bolívares cada grama de oro, hacía bastante. ¿Cómo nos sustentamos vendiendo un café en 2 o 3 mil bolívares?”, señaló Cabrera.

María Farías, licenciada en Educación, que desde hace un año se mudó desde Cumaná para trabajar en la mina, impulsada por su situación económica, indicó que “El alcalde dice que esas zonas pertenecen a los indígenas, pero los siete capitanes indígenas se reunieron con los mineros y no tenían problema de que trabajaran la mina (…) el oro se lo está llevando los brasileños, los colombianos, y el minero venezolano es el que está pasando hambre”.

Farías pidió al gobierno enviar una comisión presidencial porque la situación podría ponerse peor si las minas siguen cerradas, “le vamos a cerrar la troncal, tienen que ayudarnos o aquí habrá un estallido social”, reclamó. La opción que están tomando algunas personas es ir a minas con menos posibilidades de conseguir oro como El Cacho, donde por día logran sacar solo uno o dos puntos del metal, es decir, unos 200 miligramos.

“La mina va para tres meses cerrada y nos rebuscamos por esas minitas que hay por ahí. Estamos pasando trabajo, lo que queremos es que nos abran la mina, queremos trabajar, aquí hay muchos padres de familia”, dijo Jonathan Arocha.

“Aquí hay masacres, el Ejército encima de los mineros. El comandante del Ejército tiene la mina parada porque él dice. Los niños no han podido comenzar las clases porque los padres no han trabajado y no tienen para comprarles los útiles (…) queremos que antes de que pase algo en Tumeremo, abran las minas”, manifestó William Padilla, minero.

Hace unas semanas, familiares de mineros denunciaron que hay más de 400 desapariciones y, en algunos casos, ejecuciones confirmadas en Tumeremo. Jerania Lara, habitante del pueblo, señaló que apenas ha transcurrido una semana desde que se conoció de otras cinco desapariciones. Simplemente no se sabe nada de esas personas.

Mineros advirtieron que la situación puede empeorar de no tener respuesta, desde un estallido social hasta la tranca en la troncal 10, vía que comunica con los municiones del sur y al estado con Brasil.

Un minero dijo “en esa zona el oro se lo están llevando los colombianos”. Al consultarle sobre si se refería a algún grupo irregular colombiano en específico, argumentó que no podía hablar más porque su vida corría peligro, “yo no me voy a poner a decir aquí delante de todo el mundo lo que pasa allá adentro, porque mi familia corre peligro. Me van a matar”.

En Tumeremo aseguran que quien tiene tomado estos yacimiento del metal precioso es un grupo irregular que se instaló con anuencia del gobierno y el Ejército, pero no se atreven a señalarlo ni a ponerle nombre, solo dicen que los han escuchado hablar y tienen acento distinto a los venezolanos. Varios coinciden en decir que tienen acento colombiano.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/29/cierre-minas-bolivar-evidencia-tensiones-mineros-fanb-grupos-irregulares/?fbclid=IwAR3WhugT4hqC4KjKuDxKOhZuwpO_HmaYEiWSOXOdplmOKPnijvZYECvkBVQ

Desde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela compartimos la alerta sobre presuntas actividades de minería en áreas que podrían estar dentro del Monumento Natural Morros de Macaira en el estado Guárico.

El 22 de agosto la periodista Amanda Saldivia denunció en su cuenta en la red social Facebook que el Gobernador del estado Guárico, José Vásquez, había anunciado formalmente “la fase de exploración de parte de esta formación geológica, a los fines de realizar estudios para ver la factibilidad de explotar el yeso que en ellas se encuentra.”

De acuerdo con la periodista Saldivia, el funcionario expresó que esa parte de los morros estaba fuera de los límites del monumento natural y que se disponía los permisos necesarios para tal actividad. La comunicadora expresó su preocupación por el potencial impacto ambiental de la actividad minera en este monumento natural que es parte de la identidad local de quienes habitan en Altagracia de Orituco y en el estado Guárico.

Por su parte, el medio local Infórmate Altagracia, publicó este 27 de agosto una serie de imágenes filtradas de las presuntas actividades mineras en el Monumento Natural Morros de Macaira, en los que se aprecia el impacto que estas acciones estarían teniendo en la vegetación y la vida natural de la zona.

De acuerdo con este medio, la extracción de minerales fue ordenada por la Alcaldía del Muncipio José Tadeo Monagas junto con la Gobernación del estado Guárico.

 

El Monumento Natural Morros de Macaira está ubicado en el Municipio José Tadeo Monagas, en lo que geográficamente se conoce como el corazón de Venezuela, en el estado Guárico, y abarca un área de aproximadamente 99 hectáreas. En toda la región, es común encontrar macizos de roca calizas, cuevas surcadas por pequeños cursos de agua y profundas cimas verticales.

Su mayor atractivo es la formación calcárea de gran valor paleontológico y ambiental. Está constituido por tres macizos, los cuales albergan numerosas cuevas surcadas por torrentes fluviales. La vegetación está compuesta principalmente por bosques semideciduos y matorrales semideciduos en la región de bosques montanos de la cordillera de la costa de Venezuela.

De acuerdo con habitantes de la zona, el día 29 de agosto se realizó en Altagracia de Orituco un Foro promovido por la organización CESAP, en el que participaron expertos ambientalistas y académicos de la región, quienes alertaron sobre el impacto de las actividades mineras en el ecosistema de los Morros de Macaira. En esta actividad participaron también representantes de la Gobernación del estado Guárico y de la empresa encargada de la fase de exploración para la explotación de yeso en la zona.

Los expertos ambientales advirtieron sobre la fragilidad del ecosistema de los Morros de Macaira, que alberga especies de insectos y otros organismos endémicos diversos, además de ser un refugio de aves, abejas y murciélagos que cumplen una valiosa función de polinización vegetal, además de la presencia de manantiales de agua que no sólo benefician al ecosistema de los Morros sino también a la comunidad de Gamelotal.

Las autoridades presentes en la actividad informaron que la explotación de la piedra caliza se llevaría a cabo fuera de la zona protegida del monumento natural Morros de Macaira, y las imágenes difundidas en redes sociales se corresponden en efecto a un área fuera de la zona protegida.

Sin embargo, la comunidad organizada de Altagracia de Ortituco alega que el afloramiento rocoso de piedra o roca caliza, al igual que la caliza subterránea, es un solo ecosistema, y que si bien las actividades mineras actualmente en desarrollo afectan a la piedra al aire libre, su potencial impacto en la zona, por la tala de árboles, la contaminación con el humo de vehículos y el ruido que genera esta actividad, puede afectar negativamente el frágil ecosistema del monumento natural.

Los habitantes de Orituco además llamaron la atención sobre el hecho de que este estado ya cuenta con afloramientos de piedra caliza en zonas ya intervenidas, por lo que no se explica esta nueva intervención en una zona que no había sido intervenida.

Si bien el representante de la empresa encargada de esta fase exploratoria manifestó que se trata de una actividad de minería con responsabilidad, la comunidad de Orituco expresó su rechazo hacia toda forma de práctica minera en esta zona que conlleva impactos ambientales en la misma. Por ello se declararon en defensa de los Morros de Macaira, como Monumento que no sólo es hábitat de especies diversas sino que además hace parte de la identidad sociocultural de la región.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/08/29/denuncian-mineria-monumento-natural-morros-macaira-guarico/

El investigador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Francisco Javier Velasco, participó como invitado en el espacio República de Ciudadanos del medio Punto de Corte, con motivo de los actuales incendios que ocurren en la Amazonía y las causas estructurales del extractivismo que han generado las condiciones para este desastre ambiental.

En este espacio el investigador ofreció un panorama del avance del extractivismo en la región ante el amparo de gobiernos que han apostado por el saqueo de la naturaleza y ofreció datos relevantes sobre el impacto del mega proyecto del gobierno venezolano del Arco Minero del Orinoco.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/09/territorio-amenazado-arco-minero-del-orinoco-supera-tamano-portugal/

 

Restaurar los ecosistemas amazónicos diezmados por la minería ilegal al sur del país tardará hasta 200 años, estiman ambientalistas. Aunque el costo para la naturaleza es elevado y los recursos no son renovables, el alza en los precios del oro —50 dólares el gramo en el contexto de la crisis económica— desatan la voracidad del extractivismo controlado por el pranato minero y apalancado bajo el decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco.

 

Las entrañas de la tierra se estremecen al sur de Venezuela. En uno de los yacimientos de oro ubicado en las cercanías de El Dorado, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, un grupo de mineros desprende toneladas de capa vegetal para extraer aluviones de oro apenas visibles en la roca. Un motor hidráulico que dispara chorros de agua a presión rompe el suelo y en cuestión de minutos, metros cúbicos de plantas, nutrientes y pequeños animales son arrastrados por la corriente hasta transformarse en un sedimento arenoso que jamás retorna a su estado original.

 

En la franja de 111.843 kilómetros cuadrados que se extiende desde el río Cuchivero hasta la Sierra del Imataca en el estado Bolívar, atravesando los territorios de Amazonas y Delta Amacuro la explotación ilícita de minerales apalancada por el decreto del Arco Minero del Orinoco amenaza la biodiversidad ecológica del pulmón vegetal más importante del mundo. Lagunas ácidas y contaminadas, bosques arrasados, animales envenenados y suelos degradados son el eco de la devastación que ya se extiende a distintas regiones del país.

De 5 a 10 metros cúbicos de terreno son removidos por 15 o 10 gramos de oro en zonas como El Callao en las que el mineral es más fácil de hallar en vetas—una fuente primaria de procedencia—. En cambio, en Imataca al extremo norte de la región Guayana es más difícil hacerse con el preciado mineral. “En esa zona el oro está diseminado y se necesita extraer hasta una tonelada de terreno por 0.65 gramos de oro. Hay 10.000 mineros trabajando solo en esa zona, haciendo un desastre”, asegura un trabajador vinculado al área de la minería que no quiso ser identificado.

Un monitoreo del proyecto Global Forest Watch junto con la Universidad de Maryland y la Nasa muestra en un mapa interactivo que Venezuela perdió 1,9 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2018 lo que equivale a 3,4 % de la superficie vegetal amazónica.

 

En el gráfico se apunta con una señalización en rosado que los municipios Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Manteco, El Palmar y San Isidro en el estado Bolívar son los más afectados con una disminución de 374.000 hectáreas de cobertura vegetal para el período 2001-2018. En ese orden le siguen Amazonas con 151.000 y Delta Amacuro con 20.000 hectáreas de zona boscosa.

 

Aunque la destrucción de la capa arbórea es atribuible a diversos factores, el mapeo muestra una mayor incidencia de pérdida de vegetación en entidades con enclaves mineros, lo que constata los resultados del monitoreo llevado por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

 

El gráfico muestra un incremento del daño forestal asociado a la actividad minera en el estado Bolívar con una pérdida de 141.560 hectáreas de cobertura vegetal para el período 2013-2018.  La institución que desde año 2005 trabaja en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, muestra también en datos los estragos del extractivismo ilegal en el estado Amazonas, donde está prohibida la actividad minera de acuerdo al decreto 269 que entró en vigencia a partir del año 1989.

La violabilidad de la norma se evidencia dentro de algunas áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE), donde se han asentado los buscadores de oro. Hoy día el auge desmesurado de la minería arroja una pérdida de 85.486 hectáreas de bosque biodiverso en Amazonas, seguido de Delta Amacuro con 9.110 hectáreas de zonas vegetales, invadidas por campamentos mineros improvisados en los municipios Casacoima del sector Las Brujas y en el municipio Antonio Díaz.

Contaminación letal a cielo abierto

Los estragos de la destrucción ambiental hacen mella sobre una de las formaciones geológicas más arcaicas del mundo. La selva amazónica venezolana situada al sur del país sobre el escudo guayanés comprende una red de ecosistemas que se extiende por 469.000 km2 y que conecta a los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. El origen de esta área natural colmada de imponentes ríos, bosques y macizos rocosos data de la era precámbrica, uno de los períodos de formación de la tierra más antiguos con 1.700 millones de años de evolución.

 

La importancia de esta zona ancestral y biodiversa, fuente de riquezas y asentamiento de 51 comunidades indígenas, no impidió, sin embargo, que fuera destinada por el Gobierno para fines de explotación mineral con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco que delimita 111.843 kilómetros cuadrados de territorio para fines extractivistas y comerciales.

El megaproyecto oficializado el 24 de febrero de 2016 bajo el decreto presidencial número 2.248 y publicado en la Gaceta Oficial N.° 40.855, abarca a cuatro grandes áreas. Oro, coltán, diamantes, bauxita, carbón, hierro y tierras raras se diseminan en los cuatros puntos de interés comercial renombrados como: Juana La Avanzadora (área 1; 24.680 kilómetros cuadrados), Manuelita Sáenz (área 2; 17.246 kilómetros cuadrados), Negra Hipólita (área 3; 29.730 kilómetros cuadrados), Josefa Camejo (área 4; 40.149 kilómetros cuadrados).

Un total de 150 empresas nacionales y extranjeras fueron convocadas por el Ejecutivo para invertir en los proyectos extractivistas, sin embargo, con solo 18 —según muestra el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico en su página web— se establecieron alianzas comerciales. De las filiales que están en suelo venezolano 2 son palestinas, 2 turcas, 1 canadiense y el resto son empresas nacionales mixtas que intervendrán el territorio por un período de hasta 20 años.

Aunque el daño causado por la minería no es cuantificable en términos absolutos puede ser identificado según las modalidades de extracción que se aplican en distintas zonas.  Un especialista vinculado al área de la ingeniería que prefirió no ser identificado, explicó que la explotación de recursos que contamina los suelos, el aire y el agua es más acentuado en yacimientos donde se practica la minería aurífera a cielo abierto.

 

La fuente explicó que, a diferencia de la minería artesanal practicada por las comunidades indígenas con palas y picos, la minería a cielo abierto —en la que interviene gran número de personas— es una modalidad que utiliza chorros de agua a presión para perforar el suelo y mercurio para amalgamar el oro con el fin de separarlo de la roca.

“Al obtener el oro queman con un soplete todo el mercurio. Eso se transforma en un gas tóxico que contamina el ambiente y se acumula en animales, personas, cuencas y ecosistemas”.

Aunque una campana de emisión de gases podría atenuar los efectos del mercurio en el ambiente haciéndolo apto para su reutilización, la fuente asegura que al Gobierno no le interesa invertir en los equipos necesarios para evitar la contaminación pues prefiere mantener todo a bajo a costo para satisfacer los intereses de altos personeros vinculados al sector oficialista.

Además de los yacimientos a cielo abierto, existe la minería industrial, otra modalidad del extractivismo practicada por grandes empresas que usan cianuro, maquinaria pesada o explosivos. La revista digital especializada en ecología, Explora, reseña en su primera edición especial del año 2018 que este tipo de minería se ejecuta mediante galerías; túneles de 5 a 10 metros de diámetro y hasta 600 metros de profundidad, abiertos con perforaciones y detonaciones controladas.

Suelos expuestos a la minería: territorios en ruina

En algunas zonas de El Callao, uno de los municipios con mayor actividad minera, la existencia de desniveles rompe la armonía del paisaje. A pocos kilómetros de un enclave minero a lo largo y ancho de una amplia llanura se extiende un incipiente herbazal sin plantas ni árboles. Se trata de una zona recuperada tras ser devastada por la minería.

Los intentos del Gobierno por devolverle a los paisajes de Guayana parte de su vitalidad han sido en vano. El plan de cierre de minas que contempla el retiro de los equipos y los campamentos mineros de las zonas afectadas no se ha hecho de forma eficiente. La fuente asegura que lo suelos de la Amazonia arrasados por el uso de maquinarias y químicos difícilmente podrán reponerse, aunque sean rellenados con el material removido aún rico en nutrientes.

“Los planes de restauración tienen éxito en ecosistemas que no están expuestos a elementos sulfúricos como es el caso de Guayana donde apenas podrían sobrevivir algunos pequeños microorganismos y plantas herbáceas. La devastación requerirá hasta 200 años y millones de dólares de inversión”.

Los suelos del escudo guayanés—advirtió— tienen poca capacidad de recuperación debido a su naturaleza ácida. Son tierras frágiles expuestas a la pirita, la plata y la calcopirita. La acidez de sus componentes hace que la adaptación a la vida en sus ecosistemas sea de muy lento desarrollo.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/05/la-devastacion-en-el-arco-minero-del-orinoco-requerira-hasta-200-anos-para-la-recuperacion-de-los-suelos/?fbclid=IwAR1_s9C1e9R1D0_f-jp8hEbx8IHmV2QHZgEKT1ARy3yHZNXE12Cq_pTNtDw

La creación de esta zona fue un intento del régimen de Nicolás Maduro por conseguir ingresos luego de la caída de los precios del petróleo.

Un desalentador escenario se observa desde las alturas al sur del río Orinoco, en el estado Bolívar, donde está ubicado el Arco Minero.

La creación de esta zona fue un intento del régimen de Nicolás Maduro por conseguir ingresos luego de la caída de los precios del petróleo.

La Asamblea Nacional ha manifestado preocupación por la explotación de los minerales sin importar el daño ambiental que puede causar.

Pertenece a la Amazonia

El diputado Ramón Flores publicó un video en Twitter en el que muestra las condiciones del Arco Minero del Orinoco, zona perteneciente a la Amazonia.

«La destrucción indolente cometida con el pulmón vegetal más grande del planeta, que está ubicado al sur de Venezuela. Víctima de las manos criminales de este régimen por la extracción de recursos naturales», escribió en la red social.

Por estas acciones también hay denuncias debido a la presunta presencia de guerrilleros que explotan oro, diamante y coltán con el respaldo del régimen y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Incendio voraz

La explotación de los minerales en el Arco Minero del Orinoco cobró mayor importancia en los últimos días por el voraz incendio que se registra en la Amazonia desde hace más de dos semanas.

«Es el pulmón vegetal del mundo. Está conformado por 8 países, se cuentan 17 días de un incendio voraz que ha sacudido esta zona destruyendo el pulmón vegetal del mundo», dijo Flores en una entrevista ofrecida a la periodista Diana Carolina Ruiz.

 

Fuente:https://www.elnacional.com/venezuela/video-que-documenta-la-destruccion-del-arco-minero-del-orinoco/?fbclid=IwAR0KJyRPVIo9oJRwf3D-n3A6WO4MpTJDPizge8q5jfwiMR7pma5_7sDaR60

La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció este domingo el intenso desarrollo minero de oro en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas, lo que ha ocasionado un pronunciado deterioro del medio ambiente en la localidad.

La organización difundió un video en el que se observa la actividad minera y su radio de acción, y responsabilizó del suceso a la asociación guerrillera colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al presidente Nicolás Maduro.

«La imagen satelital 3D, tomada en el año 2018, que muestra la devastación por la minería ilegal en Yapacana, obra del ELN, socios de Nicolás Maduro. Un total de 46 sectores mineros, incluido varios en la cima del Tepuy, es decir, 2000 hectáreas», indicó SOS Orinoco.

La organización InSight Crime, que se dedica al monitoreo de la actividad criminal organizada, ya había alertado de la presencia y el control de la minería por parte de la organización guerrillera oriunda de Colombia.

La minería ilegal y sus efectos nocivos en el medio ambiente también ha sido denunciada por la Asamblea Nacional. El diputado Luis Parra, miembro de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Parlamento, advirtió que el arco minero está lleno de «negocios oscuros» que no tienen en cuenta medidas sostenibles para proteger el ecosistema de Amazonas.

fuente:http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/sos-orinoco-devastacion-ambiental-yapacana-obra-del-eln-maduro_264333