Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/970-rio-blanco-se-cumplen-10-anos-del-asesinato-a-ronderos-de-huancabamba-en-piura-y-sigue-el-juicio

Aunque se trata de un ecosistema de desierto costero, la Reserva Nacional de San Fernando alberga especies como cóndores y guanacos, usuales habitantes del paisaje andino. Los tilansiales, planta que es el alimento de estos auquénidos, crecen en el área marino costera y hacen de este espacio un corredor biológico para el camélido.

Por ello, la minería ilegal que se hacía en esta reserva era una amenaza que podía terminar por destruir los tilansiales y, con ello, alejar a la fauna del lugar.

El último jueves, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), dieron el cuarto y definitivo golpe al destruir 14 socavones de minería ilegal en 11 lugares de la reserva de San Fernando. El operativo tomó tres días y la Policía Nacional permanecerá una semana en esta zona para consolidar la intervención. Sin embargo, aún hay tres áreas protegidas bajo amenaza de mineros ilegales.

Acciones

De acuerdo con Pedro Gamboa, jefe del Sernanp, la presencia de mineros ilegales en áreas protegidas ha disminuido en los últimos dos años. De siete de ellas, a la fecha las actividades mineras ilícitas prevalecen en tres y es ahí donde se destinan las acciones. “Estamos convencidos de que al Bicentenario no debemos tener minería ilegal en ninguna área natural protegida”, dijo el funcionario a El Comercio.

Los lugares donde se han podido llevar a cabo operativos contra la minería ilegal y contener las actividades ilícitas son la Reserva Comunal El Sira (Ucayali), donde había minería ilegal aluvial; el Parque Nacional Yaguas (Loreto), donde se utilizaban dragas; Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios), donde tienen planificado realizar un acciones de reforestación; y finalmente la Reserva Nacional de San Fernando.

“Hay minería ilegal en ocho zonas de amortiguamiento. Por ejemplo, en Tambopata se ha podido erradicar (minería ilegal) no solo dentro del área, sino en el sector La Pampa. Ahí el impacto ha sido terrible y por eso hay presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional», dijo Gamboa. En esta zona, la deforestación afectó 759 hectáreas, lo que equivalente a casi 70 parques de la Exposición.

Tareas pendientes

Gamboa precisó que las tres áreas donde siguen realizando acciones contra la minería ilegal son el Parque Nacional Huascarán (Áncash), la Reserva Nacional de Tumbes (Tumbes) y la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (Arequipa).

En el Parque Nacional Huascarán, de una extensión aproximada de 340 mil hectáreas y que en 1977 fue declarada por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad, el Sernanp realiza un trabajo de sensibilización con la comunidad campesina de Vicos debido a que hay presencia de minería ilegal en forma de socavones. El principal recurso que se extrae es oro, pero el Sernanp ha recibido propuestas para trabajar con la población.

“Estamos trabajando con la comunidad para que cambien de rubro. Si bien hemos hecho las denuncias correspondientes, era complicado el ingreso. Primero porque la comunidad no lo permitía y solo había una forma de ingresar, y eso originaba que pudiera presentarse quizás la pérdida de vidas”, dijo Gamboa a este Diario. Precisó que una de las actividades alternas es el turismo, y sobre ello están trabajando con la comunidad. “Podemos decir que hay un 90% que ya no hace minería ilegal, son pocos los remanentes pero seguimos trabajando”, agregó.

Otra de las reservas amenazadas por la minería ilegal es la Reserva Nacional de Tumbes, donde se registra el ingreso de extranjeros a territorio peruano. “Es una minería artesanal y de río, pero coordinamos con las autoridades de Ecuador para ver cómo detenemos el flagelo. Es el límite de la frontera con Ecuador”, dijo Gamboa. El funcionario agregó que ya se dieron algunas acciones en la zona.

Finalmente, en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, se ha liberado casi la mitad del espacio amenazado, pero permanecen algunos remanentes de mineros ilegales. El jefe del Sernanp precisó que en la zona se han realizado 150 operativos y el 50% de esta minería ha sido erradicada completamente. “La minería en este lugar de Cotahuasi, que es de socavón, a veces no se advierte y es lejana. Por eso, cuando damos golpes no encontramos a nadie. Extraen oro, que es el más rentable, pero también otro tipo de mineral”, sostuvo Gamboa.

Desafío complejo

Para enfrentar la minería ilegal se requieren acciones articuladas entre varios sectores. “Estamos trabajando con las poblaciones para generar oportunidades. La estrategia tiene como acciones: identificación y apoyo logístico; sensibilización y educación ambiental; generar oportunidades”, comentó Gamboa. Por ejemplo, en Tambopata, donde hay potencial turístico, se están mejorando los accesos a la reserva desde Puerto Maldonado. “Queremos que más turistas vayan y eso dinamiza la economía. No es una estrategia solo de represión, sino dar otra alternativa”, agregó.

Por otro lado, al 2021, el plan del Sernanp es recuperar las 759 hectáreas deforestadas de Tambopata con plantones y apoyo para la regeneración natural. En diciembre, se empezará con la siembra de 48 mil plantones en 30 hectáreas.

Por su parte, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de SPDA, dijo a El Comercio que para los casos de amenaza de minería ilegal en áreas protegidas se deben incrementar los sistemas de monitoreo (fortalecer la vigilancia), y tener un trabajo articulado entre el Estado.

“La prevención es un reto más fuerte porque, ¿cómo se previene la ilegalidad cuando está vinculada a varios factores? Como pobreza, migración, falta de oportunidades. Es un fenómeno social complejo”, opinó Baldvino.

En el caso de Tambopata, si bien se retiró a quienes practicaban la minería ilegal, los desplazamientos se dieron a otras áreas. “Ahí la estrategia no solo es control, vigilancia; sino dar herramientas para que la población encuentre alternativas de sostenibilidad. Es difícil competir con el oro, pero ahí entran también las autoridades con propuestas de desarrollo”, agregó.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/tres-areas-protegidas-del-pais-siguen-amenazadas-por-la-mineria-ilegal-ancash-madre-de-dios-tambopata-noticia/?fbclid=IwAR2JvFKoPwgOS8_gXeB8Re6UN6W5QcH-ElCAGYhMQAIeVos8Ozt6gRFSInc

Fuente:https://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/969-piura-pronunciamiento-de-rondas-frente-a-hostigamiento-de-minera-rio-blanco?fbclid=IwAR0h7bmi8ULGyVUyrbTPakj2AWdtW6Tzyp4sBQ5gM0d4eQWGZb0JEFmxouQ

Tomaron parte de la carretera del Corredor Minero del Sur, impidieron el tránsito de los camiones de las empresas Glencore y MMG Limited y lograron que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos acepte una reunión con ellos. Los ciudadanos afectados por el proyecto minero Antapaccay (Glencore) se reunirán con el Jefe del Gabinete Ministerial el próximo martes 19 de noviembre.

La reunión se llevará a cabo en la comunidad de Tintaya. La protesta la realizaron 13 comunidades de la provincia de Espinar (Cusco). Este martes, los ciudadanos decidieron protestar con una toma en el Corredor Minero del Sur en la zona de la comunidad de Marquiri.

Los comuneros reclaman al Estado peruano que haga respetar la consulta previa por el proyecto minero Antapaccay. Flavio Huanqque Ccapa, vocero de la Asamblea Multicomunal de las 13 comunidades afectadas, señaló que se espera una respuesta del Estado desde hace meses.

“Nosotros esperamos que el martes 19 el Estado peruano reconozca la omisión de la consulta previa en Antapaccay y también que se comprometa a que se hará en el caso de Coroccohuayco. No nos oponemos a la explotación minera, lo que queremos es que se respeten nuestros derechos”, señaló Huanqque.

Como informa el Observatorio de Conflictos Mineros, las comunidades esperan que en esta oportunidad el Estado peruano reconozca la omisión del proceso de consulta previa en 2012 para el proyecto minero Antapaccay.

Además, las comunidades piden que se establezca un proceso de consulta para determinar la viabilidad del proyecto de ampliación de Coroccohuayco y que se implemente un plan de reparaciones para los daños sociales y ambientales que se habrían cometido desde el 2012.

Sobre el proyecto minero Antapaccay, el Estado peruano preve que para el 2022, está previsto el desarrollo del proyecto Integración Coroccohuayco, a cargo de la Compañía Minera Antapaccay (590 millones de dólares).

En setiembre pasado, una comitiva del Ejecutivo, encabezada por el entonces ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Gustavo Rosell, llegó a Espinar para reunirse con las comunidades.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/11/15/cusco-espinar-mineria-antapaccay-glencore-tintaya-vicente-zeballos/jorgepaucar/

La población del valle de Llaucán, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, continúa protestando en contra de los estudios hídricos que viene realizando la empresa minera Yanacocha en el sector denominado China Linda, cerca al caserío Totoracocha, a través de la instalación de piezómetros.

El lunes por la tarde, diversos medios de comunicación daban cuenta del incendio de maquinaria en la zona de China Linda y poco después, la empresa a través de sus redes sociales, confirmó que unas 80 personas fueron las responsables: “Incendian maquinaria de Yanacocha dentro de propiedad de la empresa en la zona de China Linda. A unos metros, aproximadamente 80 personas de Llaucán, quienes iniciaron este siniestro”, difundió la empresa. Según los videos que circulan e información del Frente Policial de Cajamarca, se incendiaron dos unidades móviles con plataformas que mantienen una máquina perforadora. Cabe indicar que este hecho se produjo dos días después de que se informara sobre la presencia de agua turbia en el sistema de Totoracocha, lo que fue relacionado por la población a los estudios hídricos.

Desde hace varios días atrás, la empresa ha venido invocando al diálogo e informando que los estudios que se están realizando no afectan a las fuentes de agua cercanas, algo que la población de Llaucán no cree; asimismo, en uno de sus últimos comunicados, la minera afirma haber desarrollado reuniones informativas: “Yanacocha mantiene abiertas sus puertas para hacer más reuniones informativas, como las 36 que ya realizó sobre estos estudios con participación de más de 2,320 personas de diversos caseríos de los distritos de La Encañada y Bambamarca”, se indica.

Sin embargo, el conflicto crece con el paso de los días. Este martes, ronderos y ronderas de los caseríos de Totoracocha, San Juan de Corralpampa y del Centro Poblado El Alumbre del Valle de Llaucán, llegaron hasta la ciudad de Cajamarca para realizar un plantón en las afueras del local de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) exigiendo que se anulen los permisos otorgados a Yanacocha para la realización de los estudios. Durante la protesta, un grupo de ronderas agredieron a correazos a una persona de sexo masculino a quien acusaron de infiltrado.

Alcalde provincial de Hualgayoc se pronuncia

El alcalde provincial de Hualgayoc, Marco Aguilar, también llegó a Cajamarca acompañando a la población para solicitar una reunión con funcionarios de la ANA para que le informen el estado de un recurso de apelación que la Municipalidad de Hualgayoc presentó en contra de la Resolución N° 1167-2018, que precisamente autoriza a Yanacocha la instalación de piezómetros; asimismo, informó que se ha oficiado a otras instituciones para que intervengan y se solucione el conflicto: “La población requiere que se anule la resolución. Toda lucha que se inicia tiene dos componentes, uno que es el tema social y el otro el tema legal que obviamente lo tenemos que asumir (como Municipalidad). Hemos enviado un documento a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental a efectos de que tenga que actuar inmediatamente y a la Fiscalía de Prevención del Delito de Bambamarca. Esto no es ninguna manifestación, hay un justo reclamo”, declaró.

Por su parte, el alcalde del Centro Poblado El Alumbre, Segundo Ortiz Herrera, consultado sobre el incendio de las unidades móviles dijo que cuando se originan reclamos, la empresa está acostumbrada a acusar a los ronderos, además, ratificó su posición de rechazo a la actividad minera: “No queremos minería. Los campesinos vivimos de la agricultura y ganadería”, dijo.

Finalmente, se informó que continuarán protestando hasta lograr que la empresa suspenda sus trabajos.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/escalan-protestas-contra-minera-yanacocha-con-incendio-de-maquinaria-en-bambamarca?fbclid=IwAR0rR3ofezSgiS9FKp6BvI4kBt-UjfFMSeDo7Jwvc_WK79X12VK0AePQ4NM

En el distrito de Curasco, provincia de Grau (Apurímac), desde el 19 de noviembre comuneros realizan jornadas de lucha contra una minera que denuncian operaría ilegalmente en la zona.

En los días que lleva la protesta, más de cien manifestantes se han movilizado en la localidad frente a la empresa minera J.A.H. Perugia E.I.R.L. Según el sector de Energía y Minas, esta empresa estaría operando de manera ilegal en la zona.

Durante el primer día de protesta los comuneros bloquearon una vía de tránsito hacia la mina y forzaron a la policía a recuar de la zona. Desde entonces las medidas de fuerza contra la minera se han radicalizado, produciendo un incendio en el campamento minero durante en la madrugada del 20 de noviembre.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/11/21/apurimac-se-registran-fuertes-protesta-en-curasco/

El 19 de noviembre se reunieron en la provincia de Espinar, Cusco, una comitiva del Poder Ejecutivo liderada por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos y representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya–Antapaccay e integración Coroccohuayco. En la reunión se acordó realizar una consulta previa en los próximos 30 días, para lo cual el Ministerio de Energía y Minas daría la normativa respectiva.

Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

• La consulta previa en minería se realiza antes de la emisión de la resolución que establece el inicio de operaciones. Es decir, al final de la cadena de decisiones, cuando todos los permisos que ponen las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo están aprobados y consentidos, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por tanto, en el momento de la consulta ya nada se puede cambiar.
• Ante esta situación, las comunidades de la zona de influencia han venido demandando consulta al EIA de la mina Antapaccay y de la ampliación Coroccohuayco, pues en el EIA se establecen los impactos del proyecto y las obligaciones que cumplirá la empresa para evitar o mitigar daños. Esta demanda se ampara en la jurisprudencia internacional, en el derecho comparado, pero también en numerosas resoluciones judiciales a nivel nacional, como las sentencias del Lote 116 y de la Hidrovía Amazónica. La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en múltiples ocasiones en ese sentido.
• Hasta la fecha, en ningún caso los pedidos de consulta previa para el EIA han sido acogidos por las autoridades administrativas competentes. En un caso, SENACE no lo admitió bajo el argumento de no contar con el mandato para realizarla y la potestad normativa para establecerla en sus procedimientos de aprobación de la certificación ambiental.
• Actualmente, la considerada ampliación de la mina Antapaccay, llamada Coroccohuayco, se viene evaluando a través de una modificatoria del EIA (MEIA). Esto plantea un tema aparte, bastante discutible: si incorporar nuevos tajos en un amplio territorio puede ser considerado ampliación o una nueva unidad productiva. Al margen de ello, la extensión de la ampliación y sus posibles impactos, implica consultar esa modificatoria del EIA. La Defensoría del Pueblo ha señalado que si la decisión impacta en derechos colectivos de pueblos indígenas, debe ser consultada.
• Las comunidades del territorio donde se efectúa la “ampliación” han solicitado consulta y no ha sido concedida. Confiamos que el acuerdo mencionado, que señala que el MINEM dará la normativa necesaria para la consulta que se realizará en 30 días, esté referido a incorporar la consulta previa antes de la aprobación del EIA y en sus modificatorias cuando éstas puedan tener un fuerte impacto en los pueblos indígenas.
• Cabe precisar que la necesidad de realizar el proceso de consulta previa antes de la aprobación de la MEIA del proyecto Coroccohuayco resulta particularmente esencial, dado que su ejecución podría generar graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades de esa zona. Los planes de Glencore para este proyecto (descritos en la MEIA) contemplan la adquisición de numerosas tierras comunales, e implicaría la pérdida de infraestructura de uso colectivo. En ese sentido SENACE ha observado el plan de adquisición de tierras de la empresa, ya que ello implicaría obtener el consentimiento de las comunidades. La empresa no ha aceptado este requerimiento y SENACE no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema.
• Finalmente, es importante recordar que en esta zona se viene desarrollando actividad minera desde mediados de los ochenta del siglo pasado en la antigua mina de Tintaya, cuyas operaciones se ampliaron luego con la aprobación del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya a partir del 2010. Recordemos también que la explotación minera ha generado hasta ahora graves impactos ambientales y sociales, como la afectación de la calidad y cantidad de agua disponible o serios problemas de salud relacionados con la presencia de metales tóxicos en el organismo de los pobladores que habitan en las zonas aledañas de estas operaciones mineras.

Por lo tanto, consideramos que el gobierno tiene la gran oportunidad de cambiar un comportamiento que ha excluido a las comunidades. Puede hacer que se visibilicen los impactos en los derechos colectivos y de que en el EIA se adopten las medidas necesarias para evitar daños y riesgos sobre las condiciones de existencia de esas comunidades. La consulta de esta modificatoria del EIA puede ser la gran oportunidad para que los propios pueblos indígenas hagan respetar sus derechos.

Lima, 26 de noviembre de 2019

Firman:

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH

CooperAcción

Red Muqui

Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH

Derechos Humanos sin Fronteras

Instituto de Defensa Legal

Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH

Comisión de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA

Asociación Servicios Educativos Rurales – SER

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ

Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA

Proyecto Amigo – Huamachuco

Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia – COSDEJ

Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS