La zona del Canipaco, ubicada en la parte alta de la provincia de Huancayo, región Junín, se encuentra en emergencia ambiental a causa del vertimiento de aguas ácidas a tres ríos que a su vez son tributarios del Mantaro.

Durante la reciente conferencia que acaba de realizar el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, ante la Asociación de Prensa Extranjera en la sede del ministerio; acaba de anunciar que el proyecto minero tía maría de la empresa Southern Copper, perteneciente al Grupo México, no va a iniciar operaciones antes del 2024. “Eso nos da 5 años para que el Estado haga el cierre de brechas”, añadió el ministro.

De acuerdo a los tweets de la periodista Jacqueline Fowks, el ministro afirmó que primero construirán el hospital de los distritos de Cocachacra y de Mollendo y realizarán el estudio de agua y desague del Valle de Tambo.

«El Ministerio se va a hacer presente en el valle de Tambo para ‘cerrar brechas’. Eso nos da 5 años para fomentar el diálogo y alejar preocupaciones. Esto empezó con reclamos hídricos», añadió el ministro Liu.

Asimismo, también anunció que este año empezará a operar Mina Justa en Marcona (Ica), que inicialmente produciría aproximadamente 100.000 toneladas de cobre al año a partir de las operaciones de dos minas a cielo abierto.

Justicia en México

Mientras el gobierno anuncia, a través de su ministro de Energía y Minas, la estrategia para que el proyecto minero tía maría se implemente en Arequipa después del 2024; en México, la empresa transnacional dueña de Southern Copper, Grupo México, acaba de recibir una sentencia desfavorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener que reabrirse el fideicomiso que había destinado para la reparación ambiental, social y en materia de salud de las personas afectadas el 2014, o definirse nuevos mecanismos de remediación y reparación de los daños generados tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi. En estos días se hará pública la sentencia.

La denuncia de los afectados organizados en los Comités de Cuenca del río Sonora, señala que la reparación implementada por el Grupo México y el gobierno de Peña Nieto a través del fideicomiso, fue fallida, mal implementada y sin participación de los afectados en el Comité Técnico. Por ejemplo, hasta ahora no se construye el centro de salud especializado para la atención de los afectados por metales tóxicos y no se ha realizado la remediación ambiental completa de la cuenca del Sonora.

Fuente:https://muqui.org/noticias/tia-maria-antes-del-2024-la-empresa-no-va-a-iniciar-operaciones-afirma-ministro-de-energia-y-minas/?fbclid=IwAR3F5jt6oXzzaWTsY5msSxI6NDcSJGiWIs3vn2MMQ7FqRxAujkZX7_8NR-E

El 19 de diciembre último, se reunieron en la provincia de Espinar, Cusco, una comitiva del Poder Ejecutivo y representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya – Antapaccay, que actualmente se encuentra en proceso de ampliación con el proyecto Coroccohuayco. La reunión tenía por finalidad dar seguimiento al compromiso asumido por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, en la reunión del 19 de noviembre, relacionado con la implementación del proceso de consulta previa para el proyecto Coroccohuayco.

En esta reunión se acordó que las sesiones preparatorias para la realización de la consulta se iniciarán a fines de enero del presente año. Para dicho fin, el Poder Ejecutivo presentaría el plan de consulta, que es el primer paso para la realización de este proceso. El plan debe precisar: qué comunidades son las consultadas, quién es el encargado de hacer la consulta (el Ministerio de Energía y Minas en este caso), las etapas del proceso, los principios que la rigen, entre otros temas; siendo un punto fundamental, el objeto de la misma, es decir qué es lo que se está consultando.

De igual manera, en el acta de esta reunión de diciembre, también aparece como acuerdo la posibilidad que las comunidades presenten una propuesta de plan.

Hasta acá uno podría pensar que las cosas se están manejando correctamente por parte del Poder Ejecutivo, y los derechos de las comunidades están siendo respetados. Pero si uno escarba un poco más, encuentra muchas más sombras que luces en este caso. Para entrar en detalles, es necesario contextualizar el caso.

Como es bien sabido, el primer tajo Tintaya data de mediados de los ochenta, cuando todavía la mina era una empresa pública. En los noventa la mina se privatizó, y ya con la empresa suiza Xstrata como titular, Tintaya amplió sus operaciones con la aprobación del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya a partir del 2010.  Luego Xstrata fue absorbida por Glencore, que es el actual dueño de esta mina. Años de explotación indiscriminada bajo nulos estándares ambientales o sociales, y las sucesivas expansiones de la mina con las compras de tierras, ha devastado el tejido social de estas comunidades, y condenado a aquellos que decidieron quedarse y no migrar a zonas urbanas a convivir con los relaves mineros y las aguas contaminadas. De acuerdo a estudios del Ministerio de Salud, existen más de 700 personas que habitan en la zona de influencia de la mina a los cuales se les ha detectado presencia de metales pesados en el organismo.

Para viabilizar el proyecto Coroccohuayco, la empresa presentó una Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) ante el SENACE, órgano encargado de su aprobación y la certificación ambiental. Como lo señaló el mismo SENACE en el proceso de evaluación de esta MEIA, la ejecución de Coroccohuayco implicaría el reasentamiento de 3 comunidades: Huano Huano, Huini Coroccohuayco y Pacopata. De acuerdo al artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, que protege a estas comunidades en su condición de pueblos originarios, el reasentamiento requiere el consentimiento de estas comunidades. Y solo en el excepcional caso que no se pueda obtener tal consentimiento, el Estado debe brindar a aquellas comunidades o pueblos indígenas reasentados, similares o mejores condiciones que las que tenían inicialmente; eso quiere decir que el lugar al cual sean reasentados les debe permitir seguir manteniendo su infraestructura comunal y, especialmente, sus prácticas tradicionales de convivencia con la tierra y el territorio, sus derechos colectivos como pueblos originarios.

Dada el nivel de impacto que conllevaría el proyecto Coroccohuayco sobre estas 3 comunidades, poniendo en peligro su subsistencia física y cultural, desde hace más de un año estas comunidades vienen demandando que la MEIA sea objeto de consulta. Existe una acción de amparo pendiente de resolver en el juzgado de Espinar por esta causa, y, además, en el transcurso del 2019 se han enviado numerosos petitorios al SENACE y otros ministerios para que se socialicen los contenidos de esta MEIA ante las comunidades. SENACE nunca atendió ninguna de estas solicitudes, justificando su decisión en el carácter técnico de su labor. De acuerdo a lo que señalaron en sus respuestas, formalmente ellos no se sentían obligados a dialogar con la población o sentarse en un espacio de diálogo.

De tal manera que, ya existían varios cuestionamientos sobre la forma cómo SENACE venía manejando el proceso de evaluación de la MEIA Coroccohuayco. Lo concreto es que esta entidad nunca tuvo la iniciativa para informar con transparencia a las comunidades cuáles eran los planes de venta de sus tierras.

Y así se llegó a la reunión del día 19 de diciembre. Dos días antes, el 17 de diciembre, el SENACE emitió la Resolución 00196-2019-SENACE-PE/DEAR que aprobó la MEIA Coroccohuayco. Las comunidades de Coroccohuayco que acudieron de buena fe a la reunión del 19 de diciembre no pudieron enterarse de dicha decisión, puesto que no fue un punto de agenda en la reunión ¿Se hubiera llegado a un acuerdo con las comunidades sobre la consulta previa si es que estas se hubieran enterado de antemano de la aprobación de la MEIA?

De tal manera que, nos encontramos próximos al inicio de un proceso de consulta con unas comunidades que aún no saben cuáles son las implicancias de los planes de compra de sus tierras. Con una MEIA aprobada, lo más probable es que el Poder Ejecutivo no quiera incluir en la consulta el reasentamiento de estas comunidades.

Pero hay que dejar algo en claro. En el proceso de evaluación de la MEIA, SENACE le requirió a Glencore que presente un plan de reasentamiento para las comunidades de Coroccohuayco, y este plan tenía que cumplir con los estándares de protección de pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT. La empresa nunca cumplió con presentar dicho plan, justificando su posición en el hecho de que no está regulado el reasentamiento poblacional para actividades mineras, y de que sus tratativas se deben enmarcar en el libre acuerdo entre privados. Bajo este marco, la empresa prefiere impulsar negociaciones bilaterales, o entre grupos de interés dentro de las comunidades, generando divisionismos y la fractura social.

A pesar de que la empresa no presentó ningún plan de reasentamiento, SENACE les ha aprobado la MEIA. En el Informe que sustenta esta aprobación, SENACE señala, de forma contradictoria, que el plan de adquisición de tierras presentado por la empresa debe cumplir con los estándares sociales y ambientales del Convenio 169 de la OIT, aunque propiamente todavía no puede ser considerado un plan de reasentamiento[1]. Ante una MEIA aprobada y la ausencia de una legislación sobre reasentamientos poblacionales para actividades mineras, cabe preguntarse: ¿qué órgano del Estado va a garantizar de que el proceso de adquisición de tierras en este caso cumpla estándares mínimos de protección de pueblos indígenas? Si es un acuerdo entre privados, va a ser difícil que el OEFA se vea obligado a intervenir. Si no lo hace, ¿quién lo hará entonces? SENACE se lava las manos al plantear una obligación que tiene que cumplir la empresa, pero sin especificar cuál es el órgano que va a supervisar que se cumpla tal disposición. Sería saludable que el Ministerio de Cultura, en su condición de órgano rector de los pueblos indígenas del país, pueda plantear alguna posición respecto a esta grave situación que pone en completa indefensión a estas comunidades. Nos preguntamos si lo hará o también se va a lavar las manos en este tema.

Resulta indispensable que en el próximo proceso de consulta que se va iniciar, puedan ser aclarados los puntos mencionados, particularmente precisar cómo el gobierno va a garantizar la vigencia de los derechos colectivos de las comunidades de la zona de influencia del proyecto Coroccohuayco.

16 de enero del 2020

[1] Como indica SENACE en el Informe 1017-2019-SENACE-PE/DEAR (págs. 270 y 271) que sustenta la aprobación de la MEIA: “(…) el efecto del impacto (Pérdida de tierras de actividades productivas) generado por el Proyecto es el desplazamiento físico y económico de los hogares asentados en dichas tierras, por lo cual, la medida que corresponde para este caso es reubicar dichos hogares en otras tierras en las condiciones que señala la citada disposición (…) Por lo tanto, considerando a la vivienda como medio de subsistencia y ubicándose ésta en tierras donde se asientan los hogares de las comunidades campesinas de Huano Huano, Pacopata y Huini Coroccohuayco, que son pueblos indígenas, y que van a ser impactados por el Proyecto; se les aplica la medida de compensación de reubicación de viviendas conforme el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-sombras-del-proyecto-coroccohuayco/?fbclid=IwAR2J8tdAAyfNHHnG4r78mrsGwqQOTxbJrzaBEymKQMUvjjpO-5HDc_OAYIk

Toda la población de Huancavelica afronta un tremendo problema de contaminación: residuos de minerales como el arsénico, plomo y mercurio está en casi todos los suelos.

Así lo volvieron a dar a conocer durante una conferencia realizada en la Municipalidad de Huancavelica, un equipo de especialistas, quienes recordaron el estudio que realizó el norteamericano Nicholas Robins y las muestras que tomó el 2019.

El equipo formado por la licenciada en física Elsa Benavente Salazar, el médico epidemiólogo Máximo Ecos Lima y el arqueólogo Ruben Darío Espinoza Gonzales, recordó los altos estándares de contaminación.

“Mover la ciudad”

Ecos Lima afirmó que al estar Huancavelica asentada en una zona donde hace siglos hubo hornos de la minería, queda mucho resto de relaves sobre los cuales se ha edificado la ciudad. Con esos relaves se construyeron casas de adobe, lo que contamina a sus vecinos.

“Solo tenemos dos caminos, reasentar la ciudad (cambiarla de lugar) o pavimentar todo, para reducir la contaminación”, afirmó Ecos Lima. Sin embargo, dicha propuesta fue cuestionada por la directora regional de vivienda, Dora Soriano Vera, quien afirmó que pavimentar no va a ser una solución.

“Por volatización va a bajar ese polvo contaminado a la ciudad, no es viable el pavimentar todo o tendríamos que pavimentar la cordillera”, afirmó Soriano Vera.

Ecos resaltó que ni hirviendo el agua se descontamina de plomo, peor aún, este se concentra más.

Fuente:https://ojo.pe/regionales/huancavelica-plantean-mudar-a-toda-la-poblacion-por-alta-concentracion-de-metales-web-ojo-noticia/?fbclid=IwAR0-gHxfFdzCynF3lAKsHiNdWxM_QbEiVK6drphBg29IGiXthgzn7KWcyD8

Southern Peaks Mining, que pretende llevar adelante el proyecto minero Ariana (distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, región Junín), en la principal zona productora de agua para Lima y Callao, tiene antecedentes que preocupan. Uno de estos antecedentes tiene que ver con la Unidad Minera Quiruvilca (La Libertad) cuando precisamente Southern Peaks era la empresa operadora. Vamos a detallar algunos de los hechos más importantes.

Hasta donde hemos podido confirmar, Southern Peaks Mining tuvo a su cargo la Compañía Minera Quiruvilca desde el 20 de septiembre de 2012 hasta el 26 de julio de 2015. En ese período el Organismo de Evaluación Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a la minera dos veces por falta de medidas de previsión y control sobre los depósitos de relaves y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) la sancionó una vez por infringir condiciones de estabilidad física.

Los hechos fueron los siguientes:

• En octubre de 2012, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental inspeccionó la Unidad Minera Quiruvilca y constató que la empresa “no evitó ni impidió que las aguas provenientes de la bocamina Almirvilca del drenaje de la desmontera Codiciada y del laboratorio químico y metalúrgico, se acumulen en la poza de grandes eventos, la cual no se encuentra impermeabilizada”, tal como señala la Resolución Directoral N° 988-2015-OEFA-DFSAI[1]. El OEFA declaró la responsabilidad administrativa de la Compañía Minera Quiruvilca.
• La empresa fue inspeccionada en junio de 2014 por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y en la Resolución Directoral que emitió años después (N° 85-2016-OEFA/DFSAI[2]) declara: “la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía Minera Quiruvilca S.A. al haberse acreditado que no adoptó las medidas de previsión y control a fin de evitar o impedir que el agua del subdrenaje, proveniente del depósito de relaves Santa Catalina, discurra sobre suelo, luego sobre la quebrada Santa Catalina y finalmente al río Shorey. Nuevamente, el OEFA declaró la responsabilidad administrativa de la Compañía Minera Quiruvilca.
• En febrero de 2014, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) constató en la Resolución de Gerencia de Supervisión Minera N° 1096-2016[3] el incumplimiento con las normas técnicas requeridas para garantizar la estabilidad física del depósito de relaves Santa Catalina determinando que “existe la certeza de que el incumplimiento de Quiruvilca no asegura la estabilidad física del depósito de relaves”.

Esto significa  que la empresa habría infringido dos veces el Artículo 5° del Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-93-EM. La empresa también habría infringido el artículo 335° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su principio de prevención de riesgos. Si bien el proceso de sanción terminó después de la venta de Quiruvilca y la empresa puede ejercer los derechos de apelación que la legislación le confiere, la normativa indica que las acciones posteriores a la detección de la infracción no eximen de la responsabilidad administrativa correspondiente.

Como se sabe, en la actualidad la zona donde se ubica Quiruvilca ha sido declarada en emergencia. Autoridades de todos los niveles de gobierno han intervenido para declarar emergencia al Río Moche, dado que se ha seguido vertiendo aguas ácidas provenientes de la Unidad Minera Quiruvilca. Esta es la quinta declaratoria de emergencia en la zona, que presenta indicadores muy por encima de los Estándares de Calidad Ambiental (4 veces en cromo, 17 veces en arsénico y 24 veces en cadmio).

Como señala un reciente artículo publicado en el diario El Comercio (6 de enero de 2020): “Quiruvilca no solo ha sido invadida por centenares de mineros informales de La Libertad y Cajamarca, sino que se ha convertido en una fuente visible de contaminación para el río Moche, debido al abandono de las labores de remediación ambiental que debieron ejecutar los dos últimos operadores de la mina: Southerns Peaks y el boliviano Luis Sáenz”.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/15/southern-peaks-mining-entre-quiruvilca-y-ariana/

En un comunicado del 8 de enero, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibles (SENACE) anunció que presentará en Pallpata, provincia cusqueña de Espinar su resolución sobre la evaluación de la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Antapaccay, expansión Tintaya, integración Coroccohuayco, perteneciente a la empresa minera transnacional Glencore. Ante el ofrecimiento de una reunión para tratar el tema, las comunidades de la zona influencia suspendieron el paro que iniciaron el 9 de enero en protesta por la aprobación del MEIA.

Se debe recordar que, el Ministerio de Energía y Minas acordó desarrollar la consulta previa con las comunidades originarias de la zona de influencia. Diversos voceros de la provincia se pronunciaron en un video exigiendo que esta consulta sea sobre la MEIA y que se modifique la Ley de consulta previa para que esta se realice antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de determinar los impactos de los proyectos mineros y las obligaciones de las empresas para evitar o mitigar realmente los daños de las operaciones a los derechos colectivos de las comunidades.

La fecha de la presentación a cargo del SENACE será el 20 de enero a las 10:00 a.m. en el local de la Municipalidad distrital de Pallpata.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2020/01/15/espinar-comunidades-de-zona-de-influencia-del-proyecto-coroccohuayco-suspenden-paro-ante-ofrecimiento-del-senace/?fbclid=IwAR0wECnnTqR6kgaIkgO1J1c1s82aUKEyQudulpXoZLSXh6jpzSWAsF0FDYg

Yolanda Zurita, tiene 60 años y es natural de Junín. Es una de las voceras de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. En su sangre tiene metales tóxicos, principalmente Plomo, Cadmio y Arsénico. Desde que estaba en la Universidad se ha involucrado en la defensa del medio ambiente y salud humana. Su capacidad de indignación no es gratuita, su formación católica y su compromiso con la pastoral social de su parroquia la ha empujado a luchar por una vida digna y por el respeto de la creación.

Yolanda, ¿Desde cuándo sabes que vives con metales tóxicos en tu cuerpo?

Era universitaria cuando empecé a tener convulsiones. En el Hospital me dijeron que era pequeña lesión en el cerebro y que no era grave. A comienzos del 2000 la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), junto a otras instituciones, realizaron una conferencia sobre las consecuencias de los metales pesados, desde ese momento empecé a relacionar mis malestares con la posibilidad de tener metales a causa de la actividad extractiva. Por esas fechas la Universidad inicia una investigación, y me invitan a hacerme un dosaje, cuando me entregan los resultados confirmo que tengo metales en mi sangre.

La iglesia ha cumplido un rol importante frente a la afectación de la salud humana por metales tóxicos…

En Huancayo han cumplido un rol importante. En el 2000 se realizó un encuentro de la Arquidiócesis, y empezaron a conformar pastorales específicas con énfasis en los derechos, porque si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, merecemos una vida digna, y esto implica que respeten todos nuestros derechos. Desde entonces, en mi parroquia hicimos una evaluación del contexto que vivíamos, nosotros ya sentíamos efectos a nuestra salud, pero no todos sabían si era consecuencia de la actividad del complejo metalúrgico, por ello decidimos conformar una pastoral que aborde los temas de salud, y conformamos el Comité de Derechos Humanos – Eje Ecología y Medio Ambiente de la Pastoral Social

Supongo que el proceso no ha sido fácil, más cuando es la iglesia quien se involucra…

Sabíamos que no iba a ser fácil, porque al comienzo no sabíamos nada, afortunadamente CEAS nos ayudó con capacitaciones. Después reflexionamos que de nada serviría que solo la Pastoral esté informada, así que empezamos a invitar a juntas vecinales, comunidades, frentes de defensa y organizaciones. Muchas ONG’s nacionales e internacionales nos visitaban permanentemente. Doe Run ya administraba el complejo metalúrgico, y gracias a estas instituciones vinculadas a iglesia nos enteramos de los antecedentes que tenía esta empresa.

¿Y qué acciones empezaron a realizar?

Después de la experiencia de la pastoral, en el 2001 se conforma el Movimiento por la Salud de La Oroya, donde varias organizaciones se suman. El espacio se fortaleció aún más cuando se hacen públicos los resultados de un estudio que la elaboró la Comisión Ambiental Municipal, que determinó que el aire de La Oroya estaba contaminado a un 99 % a consecuencia de la actividad de Doe Run.

¿Es en este momento cuando deciden tomar acciones legales?

Decidimos denunciar al Ministerio de Salud, y afortunadamente, en el 2007, la sentencia sale a nuestro favor, le ordenan al Ministerio iniciar una atención especializada y gratuita a las personas afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, pasan los años y el Estado no cumple la sentencia, por eso fuimos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2009 deciden atender nuestras denuncias, y hemos asistido a muchas audiencias más de 60 afectados, ahora estamos esperando el informe que la Comisión debe enviar al Estado Peruano.

¿Y Qué ha hecho el gobierno regional frente a esta situación?

En el 2012, el gobierno regional emitió una ordenanza para crear un registro de afectados, promover atención integral e implementar un programa de prevención, pero solo han sido buenas intenciones, no han destinado prepuesto, y cuando han venido profesionales, ninguno ha sido especialista. Esto nos empujó a formar la Plataforma Regional de Salud Ambiental y Humana, donde se articulan representantes de Junín, Yauli, La Oroya, Parroquias, La Pastoral Social de Arquidiócesis; organizaciones de Jauja, Concepción y Huancayo.

Se convirtió en una preocupación regional…

Es que se realizó un estudio para evaluar la contaminación del aire, y se determinó que la contaminación de Doe Run llega a 180 Km a la redonda, dependiendo de la velocidad del viento, porque puede ser más, entonces las otras provincias entendieron que también se estaban afectando. Además, Doe Run tiene su depósito de dióxido de arsénico que afecta al río Mantaro, y existen otras empresas como Volcan o Chinalco que contaminan nuestro suelo y agua, así que la problemática se empezó asumir como regional.

Es una situación que enfrentan varias regiones, por eso ahora se articulan en una plataforma nacional…

La Plataforma Regional de Junín, es acompañada por la Red Uniendo Manos contra la Pobreza y CEAS, que a su vez articulan a la Red Muqui, así que en noviembre del 2017 nos invitaron a un encuentro para presentar la experiencia de nuestra plataforma. Al reconocer que somos varios lugares con las mismas exigencias, nace la Plataforma Nacional de afectados por metales tóxicos, y me escogen como una de sus representantes, en mi caso soy la vocera de la zona andina.

¿Qué acciones han realizando en este tiempo?

Principalmente acciones de incidencia para exigir la implementación de una política especializada, multisectorial e integral que atienda a todas las personas afectadas. Exigimos la creación de una Comisión Multisectorial permanente. El Ejecutivo nos afirmó que en noviembre se creaba esta comisión, pero es una mentira más. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, del Ambiente, de Energía y Minas y con la PCM, porque todos los ministerios son responsables de nuestra afectación por metales tóxicos. De qué sirve que el Ministerio de Salud nos atienda, si el Ministerio de Minas no fiscaliza las actividades extractivas.

La Plataforma Nacional les ha ayudado también a acompañarse entre mujeres…

Eso es cierto, porque tenemos afectaciones particulares, incluso más, tenemos que cuidar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a pesar que también estamos enfermas. En mi caso, y de otras compañeras, hemos sufrido acoso y amenazas de los trabajadores de las empresas, estas cosas que te comento, han sido compartidas en un encuentro que tuvimos solo las mujeres que pertenecemos a la plataforma.

¿Cuál es la apuesta a largo plazo de la Plataforma Nacional?

Vamos a insistir en que se cree la Comisión Multisectorial, pero vamos a exigir que nos incluyan a las personas afectadas para elaborar juntos el programa de atención, de lo contrario no tendría sentido tener una comisión que no incluya a quienes viven día a día las consecuencias de la contaminación. Es tiempo de que las autoridades sean coherentes, no podemos hablar de desarrollo sostenible, si nuestra salud está siendo seriamente afectada, solo por darle prioridad a las actividades extractivas y empresas transnacionales•

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/todos-los-ministerios-son-responsables-de-nuestra-afectacion-por-metales-toxicos-entrevista-a-yolanda-zurita-vocera-de-la-plataforma-nacional-de-afectados-y-afec/

08.01.2020. A convocatoria del Gobernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente, para hoy se instaló y conformó la Comisión Técnica encargada de exigir la nulidad de la Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC que clasifica como vía nacional parte de la ruta del corredor minero del sur, sin haber consultado previamente a las comunidades que conforman este territorio. A la cita asistieron alcaldes distritales y provinciales de Espinar, Chumbivilcas, Paruro, presidentes de comunidades campesinas afectadas por la contaminación de los vehículos que hacen uso del corredor minero, dirigentes de frentes de defensa, entre otros.

Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizaron una presentación sobre los mecanismos y procedimientos de aprobación de la reclasificación de rutas del corredor minero casi justificando su decisión. Los dirigentes presentes cuestionaron que el MTC no ha respetado el derecho de propiedad, la autonomía de la comunidad, se ha vulnerado derechos como la omisión de consulta previa.

Después del debate acalorado que se desarrolló en las instalaciones del Gobierno Regional, se acordó implementar un plan de trabajo, así como evaluar un eventual pronunciamiento para solicitar la derogatoria del Decreto de Urgencia que dispone la expropiación y adquisición de tierras comunales, del mismo modo se hará entrega de un ejemplar del expediente administrativo a cada presidente comunal.

En la próxima reunión tendrá lugar la exposición del Gobierno Regional sobre el procedimiento administrativo seguido en el año 2018 para solicitar la reclasificación de rutas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así mismo, las organizaciones sociales plantearan los argumentos y procedimientos para plantear quede sin efecto Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-conforman-comision-para-analizar-resolucion-que-clasifica-como-via-nacional-el-corredor-minero-del-sur/

El Estado es garante de los derechos humanos, mientras que las empresas en el corredor minero cuentan o se han adherido a Políticas de Derechos Humanos, Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y Código de Conducta. Este reconocimiento ‘ideal’ de los derechos humanos contrasta con el movimiento real de los derechos en los escenarios que mostraremos en las siguientes líneas.

1. Poder Minero y Estado Pro-Empresa

En el 2016 se trasladaron 684,207 TMF (Toneladas Métricas Finas), y en el 2017 781,224 TMF de cobre de las transnacionales MMG Las Bambas (China), Hudbay (Canadá) y Glencore (Suiza), que generaron más de 10 mil millones de soles anuales¹. Por ejemplo, para el 2016: S/. 4’ 131,613,000 de Las Bambas, S/. 3’ 690,612,000 Antapaccay y S/. 2, 257,050 de Constancia. Esta estructuración económica ha constituido un poder minero hegemónico en cada uno de los escenarios locales donde operan y que se extienden a nivel nacional a través de sus gremios empresariales que los reafirman como los mandantes del Perú.
En dicho escenario, el Estado ha priorizado su brazo represivo, y su brazo social en lógica de inversión estatal para desmovilizar conflictos en contra del capital minero. Estructuración y acción estatal que promueve escenarios donde los derechos terminan siendo una segunda prioridad, postergable y hasta negable, versus los intereses empresariales.

2. Doble campo restrictivo para ejercicio y la defensa de derechos

En el corredor minero el ejercicio, exigencia y garantía de derechos de las poblaciones locales, comunidades campesinas y defensores/as de derechos se desarrolla en un doble campo restrictivo que tiende a reducirse y endurecerse en relación con gobiernos favorables a la inversión minera, la estrategia empresarial y la correlación de fuerzas locales. Por un lado, dentro de un campo donde las instituciones estatales nacionales y locales actúan a favor de los intereses del capital minero: Policía que actúa “eficientemente” cuando están afectados los intereses de la empresa, Policía que tiene convenios con la empresa, Poder Judicial que acelera o dilata los procesos contra dirigentes. Por otro lado, el campo donde el poder hegemónico minero despliega mecanismos de control social, político e ideológico: financiamiento a medios y/o programas radiales para deslegitimar a defensoras/es, fragmentación social, influencia en las elecciones comunales, distritales y provinciales, “trabajo” con aliados/informantes en comunidades y distritos, financiamiento de proyectos de distritos y/o comunidades.

3. Criminalización y privatización del uso de la fuerza

Un primer patrón extendido en el corredor minero es la criminalización. La garantía del Estado de los intereses del capital minero ha generado como efecto político que haya más de 500 criminalizados por situaciones de conflictos sociales y movilizaciones de las poblaciones locales: 500 por las protestas contra la minera MMG Las Bambas de 2011 a la fecha², en Espinar se tiene 3 ciudadanos criminalizados (durante y luego del conflicto del 2012) y decenas de denunciados por la empresa minera, y en Chumbivilcas más de 50 (luego del 2011, 2012 y 2014). Sin considerar los cientos de detenidos y heridos que dejaron los conflictos y movilizaciones.

Un segundo patrón está relacionado a la estigmatización de defensoras/es de derechos que se despliega como mecanismo desde las empresas mineras y también desde el Estado. En el caso de las empresas mineras, el control y/o influencia sobre medios de comunicación transforman a los medios en aparatos de deslegitimación y ataque a quienes identifican como contrarios a sus intereses, mostrándolos como “radicales”, “antimineros” ó “terroristas”. En Espinar por ejemplo, “los dirigentes que tienen posición son desacreditados a través del medio de comunicación. Que son radicales, que son enemigos del pueblo, porque había dirigentes que se han hecho de la vista gorda y no decían nada y los que si reclamamos nos ganamos todo el pleito”³; mientras que es extendido la práctica de deslegitimar a los defensores de derechos humanos relacionándolos con las ONGs “y que dichas ONGs manejan millones de dólares en nombre de la pobreza y que los dirigentes cercanos a ellos deben tener beneficios personales y por lo tanto no hay que darle credibilidad, es el mensaje que dan”⁴. Dicho patrón se muestra en Chumbivilcas y en el caso de Hudbay con lo sucedido el 22 abril de 2017 en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore de MiningWatch Canadá, y el periodista estadounidense John Dougherty, quienes fueron detenidos en cumplimiento de un supuesto procedimiento “habitual” de la policía de migraciones, luego de la presentación del documental sobre el Fraude de Flin Flon, que en palabras de un dirigente que conversó con un funcionario de la empresa manifestaba: “yo les pregunté de frente, ¿por qué la empresa tiene tanto miedo a Jennifer Moore?, y me dijeron que es una persona radical, que viene desde Canadá, que las debilidades pequeñas que tiene la empresa eso lo agrandan y ahí es que comentaron que han coordinado con el Ministerio del Interior, y que ya lo habían expulsado porque estaba mal informando a la población, ellos se sentían satisfechos”⁵. Siendo claro el objetivo político de deslegitimarlos, generar desconfianza y fragmentarlos para reducir o anular las posibilidades de oposición.

Un tercer patrón extendido es la privatización del uso de la fuerza pública a través de los convenios Policía-Empresa que parcializa la actuación de los aparatos del Estado y legitima los intereses empresariales, abriendo un campo para vulneración de derechos: 50 efectivos policiales en Las Bambas, 20 en Hudbay y 22 en Tintaya (20 efectivos y 2 de inteligencia). La actuación parcializada de los aparatos coercitivos del Estado se mostró claramente en el caso del conflicto de Espinar (2012) y Cotabambas (2016-2017) cuando la Policía operaba desde las instalaciones de las empresas mineras (dormían, se alimentaban y se movilizan); y en el caso de Chumbivilcas se mostró en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore y el periodista John Dougherty donde la actuación de la Policía fue claramente parcializada a favor de la empresa, deslegitimando la labor de los defensores de derechos y legitimando los intereses de la empresa por parte del máximo representante de la Policía en Cusco: “Estaban realizando reuniones en las que estaban alentando los actos de protesta contra la actividad minera. Está sancionado administrativamente participar en actividades que pongan en riesgo el orden público”⁶.

Un cuarto patrón extendido son los estados de emergencia. Así, el corredor minero ha sido, es y será escenario de permanentes conflictos por los impactos ambientales que genera el transporte minero, la débil o nula articulación económica de las comunidades y poblaciones por donde atraviesa, la sobreexpectativa de las comunidades y distritos de “ser beneficiados”, y la no expropiación ni compensación de las tierras por parte del Estado y la empresa por la vía por donde transita el transporte minero: Coporaque (2017), Velille (2018), Nueva Fuerabamba (2019), Mara (2019), Ccapacmarca (2019), y Colquemarca (2019). En efecto, los estados de emergencia han sido un mecanismo de uso permanente: el 2018 se ha tenido 6 meses de estado de emergencia en el corredor minero y 4 meses en Colquemarca; mientras que en el 2019 por los conflictos de Yavi Yavi y Capacmarca se ha tenido 2 meses de estado de excepción. Es indudable que el objetivo político no es resolver el conflicto sino desmovilizarlo restringiendo derechos para dar condiciones de estabilidad al capital minero•

1 Las 50 Primeras Compañías Mineras. The Top Mining Companies. En Miles de Soles-Dólares. Perú Top Publicaciones 2017.
2 PERU21. Comuneros buscan una amnistía para 500 dirigentes denunciados. 23 de abril de 2019. Consulta: 9 de dic. De 2019. bit.ly/344Q51j
3 Entrevista a dirigente de Espinar.
4 Entrevista a dirigenta de Espinar.
5 Entrevista a dirigente de Chumbivilcas.
6 Cusco en portada. General Iglesias: Periodistas intervenidos alentaban a protestar contra Hudbay. 24 de abril De 2017. Consulta: 2 de agosto de 2019. bit.ly/2YFxxn1

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/los-dd-hh-en-el-corredor-minero-entre-vulneracion-garantia-limitada-y-restricciones-permanentes/?fbclid=IwAR0trXDqI5PdSVmb8TSQYITPsD-6p8sWVbXtnKuiUcHaCCw9QbCfsMoeWkk