Muqui Informa, Noticias
Foto de Vidal Merma
Abel Kana Quispe, teniente gobernador, y Jorge Kana Taco, fiscal comunal de Urinsaya, del distrito de Coporaque, perteneciente a la provincia de Espinar, fueron liberados el día de ayer, lunes 3 de febrero, aproximadamente a las 9pm; tras la audiencia llevada a cabo por el juez Miguel Choque Zea de Sicuani, que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva que la fiscal Carmen Rosa Salas estaba solicitando para los dos comuneros mencionados, por el delito de secuestro al trabajador de la empresa Prosegur, Elvis Flores Maldonado, que brinda servicios de seguridad a la empresa minera Las Bambas.
¿Cómo se dieron los hechos?

En medio de las protestas y asambleas realizadas el 30 de enero por la comunidad de Urinsaya, para que el gobierno anule el DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur; la población detectó a una persona infiltrada, Elvis Flores, que estaba tomando fotos y grabando video sobre las acciones que realizaba la comunidad.

Los comuneros, al darse cuenta de ello, interrogaron a la persona, como se puede ver en uno de los videos, donde se aprecia que conversan, pero, que no está retenido en contra de su voluntad.

«Cuando la Fiscal hace la intervención el día 30 de enero, en el lugar de los hechos y encuentra a la supuesta víctima “retenida”, sólo encuentra a la propietaria del hospedaje, quien inicialmente refiere que efectivamente se encontraba alojado desde el 27 de enero y después que, fue obligada por la comunidad a retenerlo en su propia habitación y de eso dio noticia a la Fiscalía, su compañero de trabajo de la supuesta víctima de secuestro», señala Ramiro Llatas, abogado de los dirigentes.
¿Qué se les imputa?

Se acusa a los dirigentes de haber secuestrado al trabajador de la minera cuando este se encontraba en su cuarto. ¿Qué dice el parte policial? Que le pusieron alambres a la puerta de su cuarto en el hospedaje donde se encontraba.

Sin embargo, las dos personas que estuvieron detenidas no se encontraban en Urinsaya durante el 30 de enero; estaban en la ciudad de Espinar. El teniente gobernador y el fiscal de la comunidad se encontraban haciendo diligencias en la municipalidad de Espinar. Según la denuncia, supuestamente habían secuestrado al trabajador, y luego habían vuelto a Espinar. En espinar se entregaron a la policía porque los estaban buscando en Urinsaya.

Por la falta de pruebas, el juez de Sicuani resolvió levantar la prisión preventiva a los 2 detenidos. Sin embargo, la solicitud de prisión preventiva para los otros ocho comuneros continúa en ciernes y se verá en una próxima audiencia.
Defensa legal

El abogado de los comuneros, Ramiro Llatas, de la institución de Derechos Humanos Sin Fronteras, señalo que, de acuerdo a la ley, “la prisión preventiva es una medida de ultima ratio, no una medida principal, al menos cuando se trata de hombres del campo que viven de la agricultura y los trabajos eventuales que desarrollan. Tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral. Agregó que “los dos comuneros de Coporaque no han participado ni se ha podido demostrar su participación en estos supuestos hechos delictivos de secuestro”.

No obstante, la libertad de los dos detenidos frente a la prisión preventiva, la fiscal Carmen Rosa Salas está solicitando 30 años de cárcel para los 10 comuneros.

Datos:

La comunidad de Urinsaya no está incluida como parte del área de influencia directa o indirecta del proyecto minero Las Bambas, pero sufren las mismas afectaciones que otras comunidades, al tener el paso de 500 camiones diarios por la carretera que atraviesa sus comunidades.
Actualmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones viene comprando los terrenos a algunas comunidades adyacentes al corredor minero sur. Sin embargo, es decisión de la comunidad y las familias vender sus terrenos al Estado, y ello no puede imponerse como lo viene haciendo el gobierno a través del Decreto de Urgencia N° 026-2019, que autoriza al MTC a expropiar las áreas que resulten necesarias para la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac – Cusco”.

Cusco: Juez levanta prisión preventiva a 2 dirigentes de Espinar

A través de su consultora, Juan Carlos Liu realizó un informe en el 2012 que señalaba que el Gasoducto Sur —proyecto por el que la empresa brasileña acaba de demandar al Perú ante el CIADI— era autosostenible.

El presidente Martín Vizcarra informó este lunes que ya se aceptó la renuncia al ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, luego de que este domingo se reveló que en el 2012, a través de su consultora Cosanac, realizó un informe que sostuvo el proyecto Gasoducto del Sur —por el que Odebrecht acaba de demandar al Perú ante el CIADI— era autosostenible con los aportes de los usuarios a través de los recibos de luz.

Según reveló Panorama, ese documento, el entonces titular de Energía, Jorge Merino, lo llevó a Proinversión y el proyecto fue adjudicado a Odebrecht. En ese momento Liu Yonsen además era asesor ministerial, mientras que la fiscalía que investiga el caso, considera ese informe como indicio de colusión.

LA PERMANENCIA DE LUI YONSEN EN EL GABINETE ERA INSOSTENIBLE.

«Ante las denuncias que se han dado, hoy día temprano en la mañana nos hemos comunicado y se ha tomado decisión de aceptar su renuncia», señaló el jefe del Estado desde Villa El Salvador, donde supervisa las acciones del Gobierno para atender a los afectados por la deflagración de gas el pasado 23 de enero.

El mandatario Vizcarra señaló que la denuncia contra Liu merece una investigación que determine el nivel de las responsabilidades en este caso. «He escuchado a varios periodistas que se han referido al tema del ministro de Energía y Minas, solamente para decirlo muy concreto, ya se le ha aceptado la renuncia al cargo», insistió.

El ahora exministro admitió que hizo consultorías para Odebrecht a través de Cosanac. «Prestamos en algunos momentos, algunos servicios a Odebrecht, pero era de naturaleza regulatoria», alegó consultado al respecto, pero omitió en su declaración jurada de intereses esos servicios que colisionan con el cargo que hasta hoy ocupaba.

Lo que sí puso Lui Yonsen en su declaración jurada de intereses es fue asesor del ministerio de Energía y Minas entre el 2010 y 2014 y a la vez fue consultor externo de la misma cartera.

Así fue que a fines de 2012 se le solicitó a su consultora preparar un informe de evaluación para definir si el gasoducto era cofinanciado o autosostenible. «Lo que nosotros en este informe señalamos que esa APP (asociación público-privada) podía ser autosostenible», explicó Lui al citado dominical.

https://redaccion.lamula.pe/2020/02/10/vizcarra-confirma-renuncia-de-ministro-de-energia-y-minas-tras-revelarse-que-asesoro-a-odebrecht/redaccionmulera/

Foto: LaDecana.pe
Una entrevista de Miluska Pizarro

Noticias SER entrevistó al electo congresista por el departamento de Puno, Yvan Quispe Apaza, a fin de recoger sus opiniones sobre el proyecto de explotación del litio. Quispe Apaza, integrante del partido Frente Amplio, da su postura con relación a las actividades mineras.

Uno de los temas que más preocupa a la población es el relativo a la minería y sus impactos ambientales ¿Cuáles serán las principales medidas que planteará al respecto?

En principio debemos revisar bajo qué mecanismos se realizará la explotación de los recursos y los términos en los que se suscriben los contratos con las empresa concesionarias. Generalmente en nuestro país, los ingresos que genera el sector minero, que son bastante grandes en términos de utilidades, benefician sólo a las empresas. Una de nuestras funciones será fiscalizar este tema para que el beneficio llegue a todos.

Luego del anuncio del descubrimiento de un yacimiento de litio en Carabaya, se abre nuevamente la posibilidad de implementar un gran proyecto minero en nuestra región ¿Qué información y opinión tiene al respecto? ¿Estaría a favor o en contra?

Nosotros estamos a favor de la minería responsable, que no genere daños ambientales. No obstante, en el país no hay buenas experiencias respecto a la explotación de recursos minerales. Dos son los puntos que podríamos resaltar. Primero, los gravísimos daños ambientales generados en varios lugares; y en segundo lugar, está el tema de utilidades que no son las que uno espera.

¿Qué acciones y medidas debe realizar al gobierno nacional en relación al proyecto de litio? ¿Cumplirá algún rol al respecto desde el Congreso de la República?

Cumpliremos con nuestro rol de fiscalizadores. Si se desarrolla este proyecto velaremos que sea en beneficio de la población y no cause daños ambientales.

¿Cuáles son las tareas que deben cumplir el gobierno regional y los gobiernos municipales si finalmente se lleva a cabo el proyecto de litio?

Las autoridades deben estar atentas a las condiciones y los términos en que se pretende llevar a cabo la explotación de litio.

¿Qué opina de las propuestas que señalan que debe seguirse un modelo como el que se intentó implementar en Bolivia para la explotación y transformación del litio?

Bolivia es un país que está entrando en un proceso de industrialización y por supuesto a nosotros nos gustaría implementar algo similar. Sin embargo, somos conscientes de que en este momento no hay voluntad política. En el Perú, el modelo beneficia principalmente a las empresas mineras, a pesar de que tenemos un gran potencial en comercio, turismo, servicios y otros sectores económicos. Si queremos cambiar esta situación, uno de los primeros pasos que tenemos que dar es el cambio de artículos en la Constitución Política.

También se menciona el potencial de uranio en Carabaya ¿Tiene alguna opinión al respecto?

Es una gran preocupación. La explotación de uranio genera gravísimos problemas ambientales.
http://www.noticiasser.pe/entrevista/yvan-quispe-si-se-desarrolla-el-proyecto-del-litio-en-carabaya-velaremos-para-que-no

Medida se dicta a una semana que se realizan protestas en Espinar por la reactivación del transporte de minerales por el corredor de la empresa MMG Las Bambas.
8 Febrero, 2020
Ante la declaración del estado de emergencia en una parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa (corredor minero) en los tramos comprendidos las provincias de Espinar y Chumbivilcas, el periodista Vidal Merma señala que los dirigentes consideran una provocación del Ejecutivo ante las protestas que se realizan desde hace una semana.
Fue este sábado que el Gobierno declaró, mediante el Decreto Supremo N°020-2020-PCM, el estado de emergencia en parte denominado corredor minero, en los tramos comprendidos entre los distritos de Coporaque (Espinar) y Ccapacmarca (Chumbivilcas), en la región Cusco.
La norma señala que esta medida incluye también los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, “a fin de evitar actos contrarios al orden interno que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades en las localidades mencionadas y con el objeto de cautelar el orden interno, así como preservar los derechos constitucionales de la población”.
El hombre de prensa en comunicación con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos claro’ de la plataforma radio-TV Exitosa, señaló que esta norma fue a raíz de que se retomaron las protestas contra las actividades de transporte de minerales por el corredor de la empresa MMG Las Bambas.
Merma, periodista especializado en temas de medio ambiente hace siete días se realizaban protestas por la reapertura de la actividad de la minera sin cumplir los compromisos que adquirieron en bien de la comunidad.
Al respecto dijo que los dirigentes de Coporaque en Espinar señalaron que estas protestas se debe por el incumplimiento de la minera Las Bambas a los acuerdos como el de que solo usarían esa vía por tres años para la construcción de la planta minera. “Van siete años y han apertura esta vía para aperturar el paso del concentrado de cobre desde las bambas hacia el puerto de Matarani. Todo esto sin beneficio para la comunidad”, indicó.
“La población está tomando esta declaratoria de emergencia como una provocación por el Estado peruano. Ante esta situación se está haciendo una convocatoria multiorganizacional en Chumbivilcas, para una respuesta social ante la declaratoria de emergencia”, acotó.
Por último, señaló que en vez de hacer esta declaratoria de emergencia, el Gobierno debió buscar el diálogo ante los reclamos de la población. “Tras siete días de protestas, dictan esta medida. Esto demuestra la incapacidad del gobierno frente a los reclamos. Debió al menos convocarse a una mesa de diálogo”, concluyó.
CORREDOR MINERO SUR

El DS N°020-2020-PCM, que declara el estado de emergencia por 30 días en parte del Corredor Minero Sur, dispone que la Policía mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta mMedida surge a raíz de que se retomaron las protestas contra el paso de camiones de la empresa MMG Las Bambas por el corredor vial.
Es la segunda ocasión en el que la se adopta esta medida en un parte de dicha vía. Desde el 28 de enero de 2020, pobladores del Centro Poblado de Urinsaya del distrito de Coporaque bloquearon paso de vehículos por el puente Huañamayu.
https://exitosanoticias.pe/v1/gobierno-declara-en-estado-de-emergencia-corredor-minero/
https://exitosanoticias.pe/v1/wp-content/uploads/2020/02/dkop.jpg

Maniobra. Lanza el Plan de Cierre de Brechas y prepara un proyecto de ley sobre Ordenamiento Territorial, mientras comunidades de Loreto, Cusco y el sur de Ayacucho llevan mesas de diálogo con serias discrepancias.

Elizabeth Prado
07 Feb 2020
En el Ejecutivo están convencidos de que no pueden seguir discutiendo sobre el agua potable que le falta a una comunidad o la electricidad que le falta a otra, y se han propuesto encontrar una forma de relación con perspectivas de largo plazo. Es lo que refiere el viceministro de Gobernanza territorial Raúl Molina.

«Después de varios meses de tratos, tenía la sensación de que nos desgastábamos mucho tanto las organizaciones indígenas como nosotros en negociaciones individuales sobre los mismos problemas. Entonces, identificamos todas las necesidades de servicios e infraestructura de estas comunidades para que, en un plazo de 6, 7 u 8 años todas tengan un mismo nivel de cobertura de agua, transporte, salud, educación y también oportunidades económicas. Con estas prioridades estamos armando una estrategia de desarrollo», sostiene Molina respecto al Plan de Cierre de Brechas.

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Ordenamiento territorial
Del proyecto legislativo sobre Ordenamiento Territorial que presentarán al Congreso explica que esta normativa busca que la población se ponga de acuerdo sobre la convivencia de distintas actividades socioeconómicas en un territorio.

Anota que esto no significa que donde hay agricultura no puede haber minería.

“Puede haber si se respetan reglas que permitan que las dos actividades convivan. En el Perú no hemos hecho este proceso porque es un ejercicio que genera tensiones”, comenta.

Luego agrega que el Ordenamiento Territorial también tiene que ver con la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres porque fija el uso de suelos con criterios de prevención de riesgos. Así, ya no se permitiría que las quebradas se orienten a uso urbano, o que zonas muy vulnerables de cabecera de cuenca o de bosques tropicales vayan a actividades industriales.

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En tanto, dijo que el diálogo seguirá siendo una herramienta decisiva para el relacionamiento con las organizaciones indígenas y campesinas.

«Todas las veces que tengamos que hablar con las organizaciones indígenas lo vamos a hacer y siempre nos aseguraremos de que la gente sienta que el Estado está considerando, dentro de lo que las leyes lo permiten, su voz», afirma.

Conflictos picantes
La conflictividad social en Loreto, el Corredor Minero y en el Sur de Ayacucho están en efervescencia.

El viceministro de Gobernanza Territorial reconoce que en Loreto la consulta sobre el Lote 192 anda un poco más lenta de lo que se previó, que hubo algunas tensiones, pero está en marcha.

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Sin embargo, esta semana llegaron a Lima dirigentes indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón para reunirse con el viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, y asegurar el reinicio del diálogo y un buen proceso de consulta. También abordarán agendas pendientes con la Presidencia del Consejo de Ministros, Salud, Ambiente, y Defensoría del Pueblo.

En cuanto al Corredor Minero del Sur Raúl Molina informa que están tratando de trabajar con las empresas mineras la creación de un fondo de desarrollo para Chumbivilcas.

Dijo que la postura de la comunidad de Capaccmarca de derogar el decreto que convirtió en vía nacional una vía comunal no es factible porque tiene un trámite engorroso. En su lugar el Ejecutivo ha propuesto el asfaltado total y la creación de tres peajes en la zona.

También admite que el sur de Ayacucho “es una zona picante”. De ahí que el 17 de marzo irán a Puquio, provincia de Lucanas, para instalar cuatro mesas de trabajo.

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Proyecto Tía María iría en el año 2024
Raúl Molina indicó que Southern podría poner en operación Tía María en el año 2024 y para ello requiere dos años de obra previa, y por eso no saldrá en el gobierno de Martín Vizcarra.

“Más allá de Tía María lo importante es la apuesta del gobierno de que las actividades económicas convivan con la gente. Eso es lo que hace que yo y los ministros nos movamos por todo el país. Todas las actividades económicas son posibles si operan de manera que puedan convivir con la gente. Esto es aplicable para Tía María, el Corredor Vial y también para la zona petrolera”, sostiene.
https://larepublica.pe/politica/2020/02/07/el-gobierno-busca-apagar-conflictos-sociales-con-una-nueva-estrategia/

Autoridades y dirigentes cusqueños demandan ser incluidos como zona de influencia directa del proyecto Ccoroccohuayco, que es la ampliación de la mina Antapaccay de Glencore

Diálogo en Espinar, Cusco.
La República
05 Feb 2020
Autoridades y dirigentes campesinos de cinco distritos de la provincia de Espinar, en Cusco, decidieron iniciar el diálogo con representantes del Ejecutivo nacional. Se trata de Pallpata, Ocoruro, Pichigua, Alto Pichigua y Condoroma.

La viceministra de Gestión Ambiental, Lies Linares, y la alta comisionada para el diálogo y desarrollo del Corredor Minero del Sur, Paola Bustamante, escucharon las demandas de los espinarenses. Ellos piden la anulación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), que ya fue admitida por la Presidencia Ejecutiva de Senace.

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“Han iniciado el proceso de nulidad y eso sigue su curso”, dijo Linares.

La otra demanda es ser incluidos como zona de influencia directa del proyecto Ccoroccohuayco, que es la ampliación de la mina Antapaccay de Glencore.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/05/cusco-cinco-distritos-de-espinar-se-sientan-a-dialogar-sobre-conflicto-minero-lrsd/

03 de febrero de 2020

Los días 4, 5 y 6 de febrero se retomará el juicio oral a los 19 defensores criminalizados luego del conflicto social de Las Bambas del 2015. Ellos y sus comunidades llevan esperando justicia desde hace cuatro años en este juicio que se ha postergado más de 8 veces.

En la acusación, la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad. Así mismo se está pidiendo como reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano y 88 mil 600 dólares a favor de la empresa minera MMG Las Bambas por daños a la propiedad privada.

Con el objeto de velar por el debido proceso, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos participarán como observadores durante en el juicio oral.

Cabe precisar que en la visita del relator de defensores de Naciones Unidas, Michel Forst, los señores Brandon Quispe y Javier Mamani, acusados en el referido proceso judicial, denunciaron que agentes de seguridad les sembraron armas.

El día miércoles 05 en el lugar del juzgado, comunidades de toda la provincia se harán presentes para mostrar su solidaridad con los defensores sometidos a juicio y levantar su reclamo frente a la postergación de otro de los procesos judiciales en contra de defensores que ya tienen más de 4 años sin resolverse.

Por otro lado, es necesario recordar que las investigaciones de los casos de 3 defensores que murieron durante los conflictos del 2015 y 2016, aún se encuentran en etapa preliminar.

www.cooperaccion.org.pe

3 febrero, 2020 DHSF
El pasado viernes 31 de enero, La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva de 9 meses para dirigentes de Espinar. A la fecha, están detenidos Abel Kana Quispe y Jorge Kana Taco, Teniente Gobernador y Fiscal de la Comunidad Espinarense de Urisanya respectivamente. La razón: el supuesto ‘secuestro’ a Elvis Flores, un trabajador de la empresa PROSEGUR, que brinda servicios de seguridad para la compañía minera ‘Las Bambas’, quien habría llegado a vivir en un hospedaje de la comunidad desde el 25 de enero.

El supuesto delito se habría cometido el 30 de enero. Los comuneros descubrieron que Flores estaba grabando y fotografiando durante las asambleas comunales y acciones de protesta. Aquí, cabe señalar que Urinsaya, que pertenece al distrito de Coporaque, inició medidas de lucha exigiendo la anulación del DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur, sin informar y consultar previamente a las comunidades, que, en la actualidad, se ven afectadas por el transporte de más de 500 vehículos que trasladan concentrado de cobre y otros insumos.

Para las tres de la tarde, del 31 de enero, La Fiscalía recibe la denuncia de Flores, afirmando que los comuneros lo habían encerrado en su propio hospedaje. A partir de este momento, surgen una serie de irregularidades por parte del Ministerio Público, pues deciden detener a Virginia Ccaña, dueña del hospedaje, en calidad de imputada, quien, según comunicaciones con el abogado de oficio, ha sido obligada a declarar.

Lo inexplicable, es que después de las declaraciones de Ccaña, la Fiscal de Espinar, Carmen Rosa Salas –la misma que estuvo a cargo de la denuncia en contra del ex Alcalde y Ex dirigentes en el conflicto del 2012- oficializa una denuncia de prisión preventiva a diez comuneros que ocupan algún cargo dirigencial: 08 hombres y 02 mujeres.

Actualmente, Abel Kana y Jorge Kana, están detenidos en el Poder Judicial de Sicuani, y Salas ha ordenado que la audiencia de prisión preventiva se realice para hoy, 03 de febrero, a las tres de la tarde. Este caso es ‘Sui Generis’ en Espinar, pues es la primera vez que existe la posibilidad que diez dirigentes puedan ir a prisión en calidad de ‘prevención’ en un marco de protesta social.

Relación de Investigados:

1.- Abel Kana Quispe – Teniente Gobernador

2.- Jorge Kana Taco – Fiscal de la Comunidad

3.- Santos Gregorio Arpi Quispe – Integrante de Ronda Campesina

4.- Guillermo Hermogenes Quispe Taco – Integrante de Ronda Campesina

5.- Matilde Huamani Ccompi – Comunera

6.- Roger Choqueccota Qquehue – Integrante de Agrupación Vecinal

7.- Isaias Kana Huillca – Presidente de Comunidad

8.- Brigida Huamani Huillca – Presidenta de Club de Madres

9.- Guillermo Kana Chuma – Comunero de Sector Churpa Baja

10.- Gregorio Sinanyuca Quispe – Presidente de Ronda Central de la comunidad

Datos:

*Los comuneros también exigen reparación por daños a su salud y medio ambiente, además de la afectación de sus terrenos agrícolas, además demandan ser reconocida como área de influencia directa de del proyecto minero Las Bambas.

*Durante los días de protesta, la comunidad ha solicitado la presencia del Gerente General de MMG Las Bambas, para retomar el diálogo y exponer sus demandas, sin embargo no ha existido ningún acercamiento de parte de la empresa.

*La Federación Unificada de Campesinos de Espinar – FUCAE, inmediatamente tomo postura con un pronunciamiento, exigiendo al Estado que deje de criminalizar a los dirigentes, y que más bien demuestren ‘voluntad franca y trasparente para resolver sus demandas’.

Foto: Presidencia de la República
Jorge Frisancho

Luego de las elecciones congresales de la semana pasada, el triunfo del Ejecutivo sobre la mayoría parlamentaria aprofujimorista que buscó vacarlo es total, y ha de haber sido motivo de justificado regocijo en los pasillos de Palacio.

Pero harían mal el presidente Martín Vizcarra y sus asesores políticos en asumir que se trata de una victoria sobre la oposición legislativa en su conjunto. No lo es (y estoy seguro de que todos los involucrados lo ven con claridad diáfana). Tan huérfano de bancada como siempre, con respecto al parlamento Vizcarra aún camina sobre un campo minado.

La aritmética lo confirma. Al momento de escribir estas líneas, tres de las organizaciones políticas que en septiembre intentaron declarar a Vizcarra “temporalmente incapaz”, suspender su gobierno y juramentar a Mercedes Aráoz como Presidenta (AP, APP y FP) suman 62 escaños. Eso debería bastarles para cualquier iniciativa requerida de mayoría simple. Con apenas cuatro votos más, alcanzan una mayoría absoluta, lo que les permitirá elegir a la junta directiva, censurar gabinetes y modificar leyes orgánicas. Para llegar a la mayoría calificada con la que se nombra a los miembros del Tribunal Constitucional o se reforma la Constitución, les faltan 25 votos: tarea ardua pero no imposible en un Congreso tan fragmentado como el que viene.

Así, pues, un bloque opositor renovado tendría el mango de la sartén, o buena parte de él, todavía en la mano. La pregunta es si sus intereses llegarán a aglutinarse y si podrán actuar de forma concertada, y la respuesta no está del todo clara.

La bancada más nutrida, Acción Popular, proviene de un partido quebrado en dos facciones y no tiene hoy una línea definida, como no la tuvo en septiembre. Parece haber hecho una declaración de principios (harán “obstruccionismo democrático”, en la sintomática expresión de su entonces candidata Mónica Saavedra, hoy virtual congresista electa), pero el alcance de esa voluntad está severamente constreñido por las circunstancias. Para AP, el tema más importante en los meses que vienen será cómo capitalizar en las elecciones generales del 2021 su actual tendencia al alza, y es probable que ese interés mantenga a las dos facciones alineadas en la figura de una “oposición constructiva” a nivel del Congreso, mientras intentan resolver sus disputas internas lejos de la vista del público y la prensa.

Alianza para el Progreso, la segunda bancada, está en una posición similar, pero con algunas diferencias significativas. Una es su tendencia a la baja con respecto a elecciones previas, que los pone por necesidad en una postura defensiva. Otra es que si bien ha mantenido sus bastiones (como muestra este interesante análisis de Jesús Cosamalón), no ha cuajado como plataforma nacional. En ese contexto, es difícil de que APP deje de funcionar en el Parlamento de la forma en que ha funcionado hasta ahora: básicamente, como furgón de cola y volumen de votos para iniciativas ajenas.

Junto al imperativo 2021, por su parte, Fuerza Popular tiene una urgente tarea adicional: proteger a su cúpula de los procesos judiciales anticorrupción. La suma de esas dos necesidades (y la presencia de Martha Chávez) probablemente dé como resultado una oposición cerril que los distanciará de sus antiguos socios pro-vacancia. Un rapproachement estratégico no es imposible, pero no viene dado.

Sin embargo, sería un error descartar a FP como fuerza parlamentaria, y no solo porque cuenta con 15 escaños (pocos pero pesan). Una lección importante del paso del APRA por el último Congreso es que una bancada chica puede lograr grandes victorias, si sabe manejarse y mantiene una bien planificada política de alianzas. Y en este Congreso, Fuerza Popular tiene espacio para maniobrar y sumar.

Fuerza Popular tiene claros puntos de intersección con el Frepap (15 escaños), Unión por el Perú (13 escaños) y Podemos Perú (11 escaños) en temas de seguridad ciudadana, derechos civiles y política educativa, y no hará falta demasiada astucia para aprovecharlos. Además de la ideología, el tema es estratégico: el potencial de crecimiento de estas agrupaciones en la ruta del 2021 radica en disputar bolsones electorales con la izquierda, tanto en el Sur (UPP), como en Lima y Lima Región (PP, Frepap), y no es difícil imaginar escenarios que los lleven a la confluencia con el fujimorismo más oscurantista (es decir, con todo el fujimorismo).

¿Cómo puede el gobierno construir parapetos parlamentarios en esta coyuntura? Por ahora, de la misma manera en que lo ha hecho siempre: buscando apuntalarse en lo que fuera la “bancada liberal”, hoy parte del Partido Morado (9 escaños) y desglosando cuanto interés regional pueda ser desglosado de todas las organizaciones en la liza, a través de iniciativas legales, proyectos de infraestructura o algunas otras formas de desembolso.

Vizcarra cuenta hoy con dos ventajas. La primera es un considerable respaldo ciudadano, mantenido desde el referéndum. La segunda es la brevedad del periodo congresal que se inicia, que acortará los plazos de negociación de las distintas bancadas y les mantendrá la vista fija en sus necesidades electorales. La principal desventaja es que sus apoyos parlamentarios son todavía más endebles de lo que eran el año pasado, y no puede confiar en que se mantengan.

Herida de gravedad en la disputa con UPP, PP y el Frepap, la izquierda no tiene ya ningún incentivo para jugar en la cancha del gobierno. Por lo demás, el único grupo de izquierda que queda en la escena parlamentaria es el Frente Amplio, que solo ha jugado a favor de Vizcarra a regañadientes y cuando ha sido absolutamente necesario. Para el FA, no hay de otra: mantener una agenda opositora propia es asunto de supervivencia.

Mientras tanto, el rol que el Partido Morado jugará en el Congreso sigue siendo una incógnita: entran con esa bandera algunos viejos aliados de Vizcarra, pero también se han alzado desde ahí voces vagamente antiderechos y pro-Keiko. No es exagerado interpretar estas dos últimas intervenciones, así hayan sido hechas a título personal y por tentativas que parezcan, como invitaciones a la conversa. ¿Para qué? Imposible saberlo, pero quizá pronto se empiecen a ver negociaciones más abiertas para la conformación de directivas y comisiones.

Pero incluso si Palacio pudiera contar con el FA y el PM como puntales sólidos (y no puede), la suma no alcanza. El Ejecutivo tiene la iniciativa, pero deberá negociar con todas las bancadas dispuestas a hacerlo e hilar una agenda que les sirva a todas ellas. Es probable que tal agenda aparezca como un sancochado de concesiones en temas de fondo, desde la reforma electoral a las políticas laborales, pasando por el enfoque de género. Eso le serviría para mantener a su oposición dividida, pero tendrá un precio.

No será fácil que Vizcarra salga de ese proceso sin magulladuras. El dato fundamental, por ahora impredecible, es quién sabrá usar el Congreso para aprovecharlo en su beneficio y quién se desinflará en el intento.

http://noticiasser.pe/index.php/opinion/vizcarra-en-un-campo-minado

Luis Gárate
03 de febrero de 2020
Foto: Perfil industrial

Pasadas las elecciones congresales del 26 de enero último y con la nueva composición de fuerzas políticas en el Congreso que ha generado más de una sorpresa y una serie de análisis sobre la fragmentación de las bancadas, vuelve al tapete el tema de la compleja relación de la minería con la sociedad.

Precisamente ha sido el presidente Martín Vizcarra que ha declarado que el proyecto minero Tía María, “definitivamente” no se ejecutará durante su gobierno porque “no están dadas las condiciones”, tras las protestas realizadas durante meses por los habitantes del Valle del Tambo. “Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo, pero hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas”, señaló Vizcarra.

En respuesta, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha señalado que “le corresponde (al Estado) promover la inversión privada formal, aquella que ha cumplido con todas las normas y que resulta ambiental y socialmente responsable”. “No nos podemos dar el lujo de seguir postergando un proyecto que significa una inversión de más de US$ 1,400 millones dólares y que, durante su fase de construcción, aportaría casi 0.5 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)”, ha declarado el presidente de la SNMPE.

El ex presidente de Confiep, Roque Benavides, también ha reforzado la idea que no es “imposible” que se de luz verde a Tía María, dando a entender que es un tema de voluntad política y de mayor acercamiento de la empresa a la población. La actual presidenta de Confiep, María Isabel León, ha señalado que el presidente Vizcarra no debería pronunciarse en contra de Tía María “sin un sustento técnico”.

Cabe recordar que el año pasado, luego de los estallidos sociales en Las Bambas y Tía María, algunos gobernadores regionales del sur andino plantearon una iniciativa de Ley General de Minería y el presidente Vizcarra anunció el 28 de julio de 2019 que se nombraría una comisión de expertos que trabajaría la propuesta. Algunos de los partidos electos para el Congreso han señalado que están dispuestos a ver el tema. Sin embargo, la presidenta de la Confiep ha sentado posición y no ha tardado en declarar que no es “el momento adecuado para hacer cambios a la ley de minería”.

Como se sabe, desde hace bastante tiempo la conflictividad social en el país está fuertemente vinculada a la actividad minera. Según la Defensoría del Pueblo, el año 2019 se desarrollaron 220 conflictos sociales a lo largo y ancho del país, de los cuales el 65% estuvieron vinculados a la actividad minera.

Recordemos que en el caso concreto de Tía María, la empresa Southern no ha podido absolver las legítimas observaciones técnicas y las dudas de los agricultores del Valle de Tambo sobre los impactos que el proyecto puede provocar en la zona, principalmente a la producción agrícola.

No se trata entonces de un tema meramente coyuntural, es un problema de fondo que involucra la gestión del Estado, el funcionamiento de la propia institucionalidad vinculada a la minería y del marco normativo que no permite mecanismos adecuados de participación ciudadana y tampoco una adecuada evaluación de los proyectos y la consiguiente fiscalización. A pesar de las presiones de los gremios y voceros de la gran empresa, este nuevo Congreso sí podría poner en discusión un nuevo marco legal que permita prevenir y atender mejor la conflictividad generada por los proyectos mineros.