Luis Espejo y José De Echave
COOPERACCION       02/03/2020
Imagen: El comercio

En los últimos años, las devoluciones de tributos internos se han incrementado de manera sostenida y el año pasado han batido un nuevo récord: S/. 17,131 millones. En los últimos 5 años, las devoluciones se han incrementado casi en un 80%.

Cabe destacar que desde el inicio del período de post súper ciclo de precios, la tendencia de las devoluciones ha ido al alza. En el período 2014-2019, prácticamente se han duplicado, mientras que la presión tributaria disminuía.

En el total de devoluciones, destacan nítidamente las del sector minero (27% del total): entre el 2015 y 2019, las devoluciones a empresas mineras pasaron de 2,385 millones de soles a 6,144 millones de soles el año 2017 y 4,643 millones de soles el año 2019. Esta situación tiene un impacto en la capacidad recaudatoria del Estado peruano.

Le sigue a la minería el sector manufactura (25%) y el de comercio (24%). Cabe destacar que las devoluciones de estos componentes se han incrementado significativamente desde el año 2014. Manufactura registraba devoluciones el año 2014 por un valor de S/ 2,169 millones, mientras que en 2019 ha sido S/ 4,222 millones. Por su parte, el sector comercio registró devoluciones en 2014 por un monto de S/ 1,522 millones de soles, mientras que en 2019 alcanzaron los S/ 4,180 millones.

En el Perú destacan las siguientes devoluciones por orden de importancia: devoluciones por exportación (el año pasado representaron el 68% del total); pagos en exceso o indebidos; recuperación anticipada del IGV; devoluciones de oficio; régimen de percepciones y retenciones del IGV y otros.

Los siguientes gráficos muestran la evolución de las devoluciones por exportación y las del régimen de recuperación anticipada por IGV. Si bien las devoluciones por exportaciones son las más relevantes y se mantienen por encima de los 10 mil millones de soles desde el año 2017, todo indica que el récord alcanzado el año pasado se debe, sobre todo, al importante incremento de las devoluciones por el régimen de recuperación anticipada por el IGV.

¿Cómo se explica este fuerte incremento? Esta variable estaría relacionada con las inversiones pre operativas de grandes proyectos (mineros u otros) y algunos cambios normativos: en primer lugar debemos recordar que mediante Decreto Legislativo N.° 973 (marzo de 2007), se pasó a un régimen que incluía devoluciones para todas las inversiones en actividades económicas que generen renta de tercera categoría. Es así que a partir de 2007, se comenzaron a devolver montos por encima de los 500 millones de soles. Sin embargo, en septiembre de 2018 -mediante el Decreto Legislativo N.° 1423-se simplificaron las formas para que una empresa se acoja a este régimen especial de devoluciones[1]. Además, se incluyeron nuevas formas para implementar las devoluciones, como abonos a cuentas corrientes o de ahorro[2]. Estas modificaciones habrían permitido que las devoluciones por el régimen de recuperación anticipada el año 2019 se incrementen de manera significativa.

[1] El DL N.° 1493 reemplaza todos los artículos, donde se hace mención al Contrato de Inversión con el Estado, (anterior requisito), reemplazándolo por una solicitud con carácter de declaración jurada.

[2] El DL N.° 1493 modifica el artículo 10.1, que incluye las notas de créditos negociables, agregando cheques no negociables o abonos en cuenta corriente o de ahorro.

El Estado prorrogó la permanencia del Ejército hasta el 31 de marzo
El Estado prorrogó la permanencia del Ejército en el puerto de Matarani hasta el 31 de marzo. Según la Policía, aún continúan las convocatorias para realizar protestas contra Tía María, proyecto minero de Southern.
La República
28/02/2020
Las Fuerzas Armadas continuarán un mes más resguardando la seguridad en el terminal portuario de Matarani, provincia de Islay en Arequipa. El último jueves, el Estado prorrogó la permanencia del Ejército hasta el 31 de marzo.

La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano a través de la Resolución Suprema N° 019-2020-IN. Según lo detallado en la resolución, la IX Región Policial informó que los opositores al proyecto minero Tía María aún continúan las coordinaciones y convocatorias para continuar las protestas.

PUEDES VER: Siete proyectos dinamizarán la minería en el 2020
Se teme nuevamente el bloqueo de vías que paralice el transporte público y de carga pesada, así como el bloqueo y afectación a las instalaciones del puerto de Matarani donde llegan cargas provenientes de otras regiones o países.

El pasado 4 de agosto del 2019, el Estado autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay a consecuencias de los enfrentamientos que se desataron en rechazo a Tía María, proyecto cuprífero que la empresa Southern -desde hace años- intenta sacar adelante.

En seis ocasiones el Gobierno aprobó la permanencia del Ejército en el lugar. El último aplazamiento era del 1 de febrero al 1 de marzo, pero ahora los agentes permanecerán un mes más.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/28/arequipa-fuerzas-armadas-continuaran-en-islay-durante-marzo-por-conflicto-de-tia-maria-mineria-southern-lrsd/

Foto: Luisenrrique Becerra
Mirtha Vásquez, abogada, Congresista electa

Hace un par de días el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el «Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018″ que reveló cuáles son los distritos más pobres en el Perú. Aunque el estudio sólo mide la pobreza monetaria, es decir cuántos ingresos en dinero tiene mensualmente cada familia, y además se trata de un estudio del 2018, es decir no tan reciente; la noticia levantó revuelo entre un sector de la prensa nacional y “opinólogos” de derecha, que resaltan un aspecto que, siendo cierto, exige una lectura adecuada e integral: de los 22 distritos más pobres del país, 16 se ubican en Cajamarca y de estos, 10 están en la zona de influencia del proyecto minero Conga.

Entonces vienen análisis y aseveraciones ligeras, intuitivas, sesgadas y hasta tendenciosas. ¿Por qué Cajamarca sigue ocupando el primer lugar de pobreza en el país teniendo los más grandes proyectos mineros de explotación de oro que abonan millonarias ganancias? Porque los alcaldes y gobernadores se robaron la plata. ¿Por qué son pobres los distritos de la zona de influencia de Conga? Pues porque no aceptaron el proyecto. Y siguen las preguntas airadas hasta que se atreven a dar la receta para salir de esta situación: más inversión minera, reactivación del proyecto Conga y otros, ya que sólo estos salvarán a Cajamarca; e inclusive algunos se atreven a señalar que los recursos provenientes de la minería deben pasar a ser manejados por las propias empresas, vía fondos de fideicomisos, y no ser transferidos a los gobiernos locales y regionales.

Frente a estas afirmaciones, cabe señalar que el estudio cubre el período 2013-2018, y de acuerdo a lo indicado por la propia Ministra en relación a los datos difundidos por el INEI, a pesar de que la mayor cantidad de distritos pobres siguen en Cajamarca, esta región es la segunda con el mayor número de distritos con reducción de la pobreza. Se agrega además que » es la región que menos anemia tiene en el Perú, incluso menos que Lima”. Dicho de otra manera, y aunque no sea un consuelo, estábamos peor en la época del gran boom minero. Es decir, se logró empezar a reducir la pobreza y mejorar los índices de salud, cuando la población frenó el avance irresponsable de la actividad extractiva.

Otro dato que no se resalta es que el distrito de La Encañada donde se aceptó la minería y ha sido el centro de la explotación minera desde que Yanacocha se instaló, está ubicado en el puesto 12 del ranking. ¿Cómo se explica entonces que en los lugares donde hay minería y reciben los recursos más altos de canon persista la pobreza? Si bien no podemos descartar la mala gestión, e inclusive la posibilidad de corrupción, no se puede afirmar a raja tabla que todos los alcaldes y gobernadores regionales han sido ladrones y se han quedado con las millonarias sumas de dinero provenientes del canon y las regalías.

Y hablando de canon y regalías y los ingresos millonarios que se presumen por estos conceptos, no está de más recordar que durante los años del boom minero y el aumento impresionante del precio de los minerales, el país no fue beneficiado como sí lo fueron las empresas mineras. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque desde los años 90 el sector minero ha sido protegido por un paquete de contratos y beneficios tributarios que se mantuvieron invariables y subsisten hasta hoy. En efecto, las mineras son beneficiarias de convenios de estabilidad jurídica y contratos de estabilidad tributaria que son su mejor arma para evitar el pago de nuevos impuestos, como las regalías fijadas el 2004.

Estos beneficios se aprobaron entre 1991 y 1992, congelando las condiciones fiscales hasta por 15 años. SI bien la mayoría de convenios vencieron hacia el 2007 (gobierno de Alan García) fueron renovados por los distintos gobiernos, de tal forma que empresas como Yanacocha siguen beneficiándose de los mismos en varios de sus proyectos. Por ello – atención amigos opinólogos- no es verdad que Cajamarca reciba sumas millonarias por canon y regalías, ya que varias empresas están exoneradas por sus convenios de estabilidad de pagar el último concepto.

Y en el caso del canon, tampoco se puede hablar de sumas millonarias. En realidad las empresas cuentan con diversos mecanismos para reducir el pago de los impuestos.

El primero, que viene desde 1993, permite a las mineras reinvertir hasta el 80% de sus utilidades en nuevos proyectos a cambio de exonerarles el mismo monto del impuesto a la renta. Osea, lo que ganan lo declaran invertido en otra mina y listo, se reduce el pago del canon. Según un estudio de la ONG Cooperacción, entre el 2001 y el 2011 se utilizó ocho veces más el beneficio de reinversión que cuando estaba vigente. En total se canjearon US$ 2.982 millones de utilidades, lo que significó una pérdida de US$ 447 millones por canon minero. Los principales perjudicados fueron las poblaciones asentadas en las zonas de explotación que son quienes reciben estos recursos. La empresa Yanacocha es una de las que ha venido usando más este beneficio en nombre de sus convenios de estabilidad. Y tal vez por eso la pobreza golpeaba más a Cajamarca en la época de la gran bonanza minera.

Por otro lado, el sector minero mantiene dos excepciones tributarias: se les devuelve el IGV que pagan por las actividades y compras que realizan durante la fase de exploración minera y se les reduce el 20% del valor anual de sus maquinarias (depreciación acelerada), lo que también aminora el monto sobre el que se deducirán sus impuestos. Por ambos “incentivos” el fisco dejó de recaudar S/ 609.555 millones en la última década. Dicho sea de paso, el presidente Vizcarra acaba de extender por tres años más este beneficio, vía Decreto de Urgencia, la reducción del Impuesto a la Renta (IR) por obras de infraestructura, es otra de las gracias que mantiene el sector minero.

De acuerdo a un informe de Ojo Público[1] el monto que el fisco dejó de recaudar por estos cuatro beneficios equivale a todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) para los 500.000 beneficiarios del país en 10 años. Como resultado de esta situación, el aporte de la minería a la recaudación peruana es ahora sólo del 3%, el más bajo desde hace 12 años, y en ningún momento, incluida la época del boom minero, los beneficios y convenios tributarios han sido cuestionados.

En conclusión, los ingresos millonarios de la minería son una aseveración mítica por los beneficios que gozan las empresas. Y ello se suma a los mecanismos de distribución del canon, que dependen de la ley, existiendo una serie de restricciones para la buena gestión e inversión de los recursos en aras del desarrollo regional.

Por el momento un dato objetivo del estudio del INEI que no puede pasar desapercibido es que el 87% de la población de los distritos con mayor pobreza tienen como principal actividad la agricultura ¿No deberíamos entonces enfilar los esfuerzos en potenciar esta actividad sostenible?

La solución no es más minería ni que las empresas manejen los fondos. Ir en ese sentido es terrible para la gobernabilidad, porque los propios datos arrojan que incluso en el periodo de mayor explotación y mayor cotización de los minerales, los territorios de explotación no solo se empobrecieron más, sino se perdieron zonas importantes de producción agropecuaria, sufrieron contaminación y la población fue afectada en su salud.

Por ello Cajamarca sigue siendo pobre, porque siendo la región que más ha aportado con minerales, nunca recaudó lo que debería y se siguen destruyendo grandes zonas de producción sostenible. Cajamarca sigue siendo pobre porque tiene la mayor cantidad de pasivos ambientales y gran parte de la población contaminada con metales pesados en Hualgayoc o Choropamapa, sigue sin atención. La economía no es el fin, es el medio para dignificar a las personas y si el modelo económico afecta la dignidad e integridad, no debe profundizarse sino revisarse.

Ahora mismo necesitamos diversificar la economía, revisar el modelo extractivista que ha llegado a su límite. También debemos volver a recaudar como país lo que realmente nos corresponde. Las empresas no deben tener más privilegios, las empresas deben pagar lo que le deben a este Estado. Y esta deuda no se reduce a las obligaciones tributarias sino debe incluir pagar por los graves efectos causados en el medio ambiente y sobre todo en la salud y la vida de las personas.

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[1] https://ojo-publico.com/331/las-intocables-exoneraciones-del-club-minero

Productora Hiperactiva Comunicaciones estrenará su primer largometraje, un filme sobre la situación del distrito de Marcona (Ica), donde opera la minera china Shougang.

Tras 67 años de actividad minera en Marcona, la situación en este distrito de la provincia de Nasca (región Ica) no es como los promotores de las industrias extractivas quisieran mostrar como ejemplo: tiene el 78% de su territorio bajo concesión minera, es escenario de denuncias de contaminación ambiental y violación a derechos laborales, y los servicios de salud son de baja calidad.

A través de la voz de los ciudadanos y autoridades de este distrito, el documental «Entre el hierro y el mar» da cuenta de la forma en que la actividad minera ha afectado la economía de Marcona a través de obstáculos para diversificar la producción y para contar con una infraestructura adecuada a la zona. Un ejemplo de ello es que desde hace cinco años Marcona no cuenta con un hospital y los suministros de agua y luz proceden de la mina Shougang.

El documental, de la productora Hiperactiva Comunicaciones, abre el debate sobre si la minería por sí misma puede generar desarrollo y plantea la necesidad de repensar el modelo extractivista en el Perú.

«Para las entidades estatales que promueven la inversión y los funcionarios de la minera Shougang, esta empresa realiza sus actividades de manera responsable. Sin embargo, en el filme se puede constatar la disputa territorial, la afectación de la economía local, la contaminación y la violación de derechos laborales», dice la productora.
En setiembre pasado, el sindicato de obreros de Shougang protestó pidiendo iniciar diálogo con la minera china. Los trabajadores pidieron aumentos salariales y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Se mostraron indignados porque Shougang solo les aceptó un aumento de S/1,90 por día. El sindicato pedía S/7,90 diario, ya que las ganancias de la minera han aumentado en 237%.

Esa huelga es solo una de las más de 17 medidas de protestas registradas. En su Memoria Anual 2018, Shougang reconoce que tiene sanciones impuestas por Oefa, Osinergmin y Sunafil por un monto superior a 15 mil millones de soles. La empresa también reconoció que destinó 197 mil soles para cubrir gastos en sus procesos legales.

El documental “Entre el hierro y el mar” es dirigido por la periodista Maga Zevallos y cuenta con el apoyo de la ONG CooperAcción.
ADELANTO DEL VIDEO: https://youtu.be/T_rhrfumOMs

Gobierno regional de Arequipa publicó ordenanza regional que declara de interés público la conservación de estos ecosistemas. La norma fue aprobada en el contexto del conflicto por el proyecto minero Tía María.
La República
01/03/2020
Se publicó la ordenanza regional que declara de interés público la conservación de siete ecosistemas frágiles costeros (lomas).

La norma fue aprobada en noviembre por el Consejo Regional, en el contexto del conflicto por el proyecto minero Tía María y una supuesta superposición con Lomas de Cachendo.

El jefe de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA), Carlos Santos Roque, sostuvo que tendrán 60 días para elaborar un plan de acciones para proteger la flora y fauna de la zona. No especificó si la norma impedirá un futuro desarrollo del proyecto Tía María.

Por su parte, el consejero regional José Luis Hancco consideró que la ordenanza no afectaría al proyecto minero por no ser retroactiva; sin embargo, considera que sí ayudará a emprender acciones de preservación de los ecosistemas
https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/01/siete-lomas-de-arequipa-son-de-interes-regional-lrsd/

Imagen: CooperAcción
Este 27 de febrero se reanudó la fase final del juicio contra los 19 defensores de Cotabambas, criminalizados por el conflicto de Las Bambas en 2015. En la sesión se presentaron los alegatos finales de las partes y la autodefensa de los acusados, tras lo cual el juez Andrés Abelino Aguilar programó la lectura del adelanto de fallo para el próximo lunes 02 de marzo a las 2:30 p.m. en el Juzgado Unipersonal de Cotabambas.

Durante el alegato, el representante del Ministerio del Interior anunció que desde el Estado demandarían a los acusados por la suma de 50 mil soles por los costos del procedimiento legal y el transporte del personal policial al lugar del juzgado. Asimismo, el Procurador del Ministerio señaló que el juicio habría afectado la imagen de su institución.

La defensa de los acusados alegó que la protesta fue pacífica, evidenciando inexactitudes, contradicciones y omisiones procedimentales en los objetos de prueba de la Fiscalía y la empresa MMG Las Bambas. La falta de medios probatorios y los testimonios brindados anteriormente corroborarían la versión de los acusados sobre el sembrado de armas.

Al respecto cabe traer a colación el testimonio de Víctor Raúl Rucoba Tello, actual Viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac. En su testimonio Rucoba, detalló que intervino en las acciones de detención y las actas de incautaciones, lo que para la defensa es muestra de una violación de los planes de operación y las normas policiales. Indicó además que su plan de operaciones implicaba la disuasión de las poblaciones a ejercer sus derechos fundamentales por medios coercitivos, dado el número desproporcional de 1800 efectivos para la operación. Los certificados médicos y los testimonios de los defensores de Cotabambas, evidencian que en todos los casos los acusados fueron víctimas de maltratos físicos.

El abogado de los acusados, David Velazco Rondón (FEDEPAZ), al preguntar a Rucoba por la omisión de las identificaciones de los funcionarios que firman el acta de intervenciones, respondió ignorar las causas del error. Como se encuentra en su testimonio, Rucoba firmó el acta que viola las garantías de legalidad: “Yo he firmado un acta después de terminar los registros de las personas que han sido detenidas”.

En su autodefensa los acusados denunciaron la estigmatización y el perjuicio económico que ha implicado el proceso judicial en cada uno de sus casos. Se recuerda que varios de ellos han sido detenidos, sin pruebas, como ocurrió con Brandon Quispe cuando tenía 18 años.

Imagen: CooperAcción

El acusado Wilbert Cárdenas relató: «Quiero que me digan que soy inocente para que mi vida vuelva a ser tranquila. Yo me encontraba en Challhuahuacho trabajando para juntar dinero para mis estudios. Mis padres están preocupados porque no tengo dinero.»

Imagen: CooperAcción

Por su parte, Octavio Pinares señaló: «Mis hijos están asustados de ver a su papá en juicio y estos cuatro años los han mantenido en angustia. No puedo atender a mi familia porque esto me genera gastos. No hemos matado a nadie, no hemos quemado. Estamos acá abandonando a nuestros hijos.»

Los acusados y la defensa exhortan al Juez a actuar frente a la criminalización de la protesta y un mal uso de las normas en el Perú. Este tema ha sido denunciado en el reciente reporte del Relator de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst.

27 de febrero de 2020
COOPERACCION

EDITORIAL
(BOLETÍN AMP N°248, FEBRERO 2020)
Imagen: Aeronoticias
Sin discusión, la capacidad del presidente Vizcarra para nombrar a sus ministros no es una de sus fortalezas y tampoco ha sido un factor que haya apuntalado su envidiada popularidad desde que asumió el gobierno. Los continuos cambios en sus gabinetes y la cantidad de ministros y ministras que han tenido que pasar, sin pena ni gloria, han ido generando una imagen de incapacidad para gobernar, nombrar y gestionar diversos portafolios claves.

Los últimos cambios del gabinete, van en el mismo estilo, lo que ya parece ser una suerte de sello o marca registrada de Vizcarra. Salidas que no se pueden explicar (como la de la Ministra de Educación) y nombramientos que desde el día cero, llegan con una enorme mochila pesada, como es el caso de la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca Achata, parece ser más de lo mismo.

Susana Vilca, no es una desconocida para la política peruana. Fue elegida congresista de la República el año 2006, representando a la región Puno por Unión por el Perú, que llevó como candidato presidencial a Ollanta Humala, en su primer intento por llegar a la presidencia. Para entonces, ya era coordinadora regional del Partido Nacionalista en Puno.

En su paso por el Congreso, ocupó la vice presidencia de la Comisión de Energía y Minas entre agosto de 2010 y julio de 2011 y fue Coordinadora del Grupo Parlamentario Puno, entre agosto de 2009 y julio de 2010. Desde entonces, se expandió la versión de la vinculación de la electa congresista con la minería informal y abiertamente ilegal de esa región e incluso se decía que habrían financiado su campaña. De profesión, Ingeniera de Minas, se graduó con la tesis “Estudio Técnico Económico para la Explotación del Oro Aluvial”. Además, en este período apoyó desde el Congreso las leyes de creación de la Universidad Nacional de Juliaca y de la Universidad de la Selva Central.

Durante el gobierno de Humala, como militante y persona de confianza del Partido Nacionalista, se desempeñó en varios cargos importantes: fue Vice Ministra de Energía y Minas, entre agosto de 2011 y enero de 2012. Su salida se dio en medio de una denuncia periodística sobre un conflicto de interés, ya que se descubrió que tenía 17 concesiones mineras (unas en trámite y otras vigentes) en varias regiones del país.

Del vice ministerio y pese a las denuncias, pasó a desempeñarse, nada menos que como Presidenta del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), hasta el mes de septiembre de 2016. Como se sabe, el Ingemmet es el organismo que otorga concesiones mineras en el Perú.

De lo que se conoce, en los últimos años ha venido desempeñando varios cargos vinculados a la docencia universitaria, además de consultora y fiscalizadora de medio ambiente, perito minero, etc. En su hoja de vida, también se señala que ha trabajado para varios consorcios y empresas mineras.

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, ha señalado que antes de nombrar a los nuevos ministros, “se ha revisado los antecedentes de cada uno de los designados” y también ha reconocido que en el caso de Vilca, sabían que había estado “comprometida aparentemente con minería informal” y que no había declarado las concesiones.

La explicación final que ha dado Zevallos es que “todos tienen derecho a rehabilitarse”. Curiosa justificación. ¿Una cartera, en un sector clave para el país, es el espacio oportuno para buscar rehabilitarse? Nuevamente, el gobierno muestra serias limitaciones para conformar un equipo de ministros sólido o, quizás, cada vez encuentran menos voluntarios y voluntarias para ocupar, por tan poco tiempo, tal responsabilidad. Ser ministros “fusibles” nunca ha sido atractivo para profesionales serios.

Habrá que estar atentos al desempeño de la flamante ministra y cómo asume la compleja cartera del sector Energía y Minas. Para comenzar, tendrá que sentar posición sobre la propuesta de nueva Ley General de Minería que anunció el presidente Vizcarra el pasado 28 de julio y el trabajo que ha realizado la comisión encargada que acaba de entregar su propuesta.

EDITORIAL – LA NUEVA MINISTRA – (BOLETÍN AMP N°248, FEBRERO 2020)

27/02/2020
Imagen: CooperAcción

Tras una décima suspensión el juez Andrés Abelino Aguilar a cargo del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, región Apurímac, reprogramó la audiencia contra los 19 defensores criminalizados por el conflicto de Las Bambas del año 2015 para el día de hoy, 27 de febrero, desde horas de la mañana y en la que se espera se dicte la sentencia.

El pasado 18 de febrero se había retomado la audiencia. Los acusados Brandon Quispe y Javier Mamani, que auxiliaron a varios heridos durante el conflicto, enfrentan un juicio por el que podrían recibir 16 y 17 años de pena privativa de libertad. A los defensores de Cotabambas se les exige además una reparación civil de 20 mil soles al Estado y de 88 mil dólares a la empresa minera MMG Las Bambas.

Diversos testimonios realizados en las sesiones anteriores, respaldaron la versión de los defensores acusados, ya que mostraron su presencia circunstancial durante el conflicto. Asimismo, se presentó el peritaje realizado para evaluar la compatibilidad de los elementos químicos y las muestras tomadas de Brandon y Javier, acusados de tenencia ilegal de armas y producción de peligro común.

Al concluir la revisión de documentos, la Fiscalía y el representante de la empresa minera, expresaron la necesidad de suspender la audiencia dada la ausencia de los peritos del Ministerio Público, los mismos que vienen siendo citados desde el año pasado. Por su parte, la defensa de los acusados y el juzgado manifestaron estar a favor de avanzar en el desarrollo del juicio a pesar de su complejidad.

A las audiencias asisten los 19 defensores junto con sus familias, lo que implica un alto costo en transporte y exposición para quienes no viven en Tambobamba (donde se encuentra el juzgado). Pese a múltiples instancias y manifestaciones públicas de las comunidades involucradas, el proceso judicial todavía no concluye. Las comunidades, los familiares y la defensa esperan una sentencia absolutoria en el caso de los criminalizados por la defensa de los territorios.
Cooperacción