Imagen: CooperAcción
Este 27 de febrero se reanudó la fase final del juicio contra los 19 defensores de Cotabambas, criminalizados por el conflicto de Las Bambas en 2015. En la sesión se presentaron los alegatos finales de las partes y la autodefensa de los acusados, tras lo cual el juez Andrés Abelino Aguilar programó la lectura del adelanto de fallo para el próximo lunes 02 de marzo a las 2:30 p.m. en el Juzgado Unipersonal de Cotabambas.

Durante el alegato, el representante del Ministerio del Interior anunció que desde el Estado demandarían a los acusados por la suma de 50 mil soles por los costos del procedimiento legal y el transporte del personal policial al lugar del juzgado. Asimismo, el Procurador del Ministerio señaló que el juicio habría afectado la imagen de su institución.

La defensa de los acusados alegó que la protesta fue pacífica, evidenciando inexactitudes, contradicciones y omisiones procedimentales en los objetos de prueba de la Fiscalía y la empresa MMG Las Bambas. La falta de medios probatorios y los testimonios brindados anteriormente corroborarían la versión de los acusados sobre el sembrado de armas.

Al respecto cabe traer a colación el testimonio de Víctor Raúl Rucoba Tello, actual Viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac. En su testimonio Rucoba, detalló que intervino en las acciones de detención y las actas de incautaciones, lo que para la defensa es muestra de una violación de los planes de operación y las normas policiales. Indicó además que su plan de operaciones implicaba la disuasión de las poblaciones a ejercer sus derechos fundamentales por medios coercitivos, dado el número desproporcional de 1800 efectivos para la operación. Los certificados médicos y los testimonios de los defensores de Cotabambas, evidencian que en todos los casos los acusados fueron víctimas de maltratos físicos.

El abogado de los acusados, David Velazco Rondón (FEDEPAZ), al preguntar a Rucoba por la omisión de las identificaciones de los funcionarios que firman el acta de intervenciones, respondió ignorar las causas del error. Como se encuentra en su testimonio, Rucoba firmó el acta que viola las garantías de legalidad: “Yo he firmado un acta después de terminar los registros de las personas que han sido detenidas”.

En su autodefensa los acusados denunciaron la estigmatización y el perjuicio económico que ha implicado el proceso judicial en cada uno de sus casos. Se recuerda que varios de ellos han sido detenidos, sin pruebas, como ocurrió con Brandon Quispe cuando tenía 18 años.

Imagen: CooperAcción

El acusado Wilbert Cárdenas relató: «Quiero que me digan que soy inocente para que mi vida vuelva a ser tranquila. Yo me encontraba en Challhuahuacho trabajando para juntar dinero para mis estudios. Mis padres están preocupados porque no tengo dinero.»

Imagen: CooperAcción

Por su parte, Octavio Pinares señaló: «Mis hijos están asustados de ver a su papá en juicio y estos cuatro años los han mantenido en angustia. No puedo atender a mi familia porque esto me genera gastos. No hemos matado a nadie, no hemos quemado. Estamos acá abandonando a nuestros hijos.»

Los acusados y la defensa exhortan al Juez a actuar frente a la criminalización de la protesta y un mal uso de las normas en el Perú. Este tema ha sido denunciado en el reciente reporte del Relator de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst.

27 de febrero de 2020
COOPERACCION

EDITORIAL
(BOLETÍN AMP N°248, FEBRERO 2020)
Imagen: Aeronoticias
Sin discusión, la capacidad del presidente Vizcarra para nombrar a sus ministros no es una de sus fortalezas y tampoco ha sido un factor que haya apuntalado su envidiada popularidad desde que asumió el gobierno. Los continuos cambios en sus gabinetes y la cantidad de ministros y ministras que han tenido que pasar, sin pena ni gloria, han ido generando una imagen de incapacidad para gobernar, nombrar y gestionar diversos portafolios claves.

Los últimos cambios del gabinete, van en el mismo estilo, lo que ya parece ser una suerte de sello o marca registrada de Vizcarra. Salidas que no se pueden explicar (como la de la Ministra de Educación) y nombramientos que desde el día cero, llegan con una enorme mochila pesada, como es el caso de la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca Achata, parece ser más de lo mismo.

Susana Vilca, no es una desconocida para la política peruana. Fue elegida congresista de la República el año 2006, representando a la región Puno por Unión por el Perú, que llevó como candidato presidencial a Ollanta Humala, en su primer intento por llegar a la presidencia. Para entonces, ya era coordinadora regional del Partido Nacionalista en Puno.

En su paso por el Congreso, ocupó la vice presidencia de la Comisión de Energía y Minas entre agosto de 2010 y julio de 2011 y fue Coordinadora del Grupo Parlamentario Puno, entre agosto de 2009 y julio de 2010. Desde entonces, se expandió la versión de la vinculación de la electa congresista con la minería informal y abiertamente ilegal de esa región e incluso se decía que habrían financiado su campaña. De profesión, Ingeniera de Minas, se graduó con la tesis “Estudio Técnico Económico para la Explotación del Oro Aluvial”. Además, en este período apoyó desde el Congreso las leyes de creación de la Universidad Nacional de Juliaca y de la Universidad de la Selva Central.

Durante el gobierno de Humala, como militante y persona de confianza del Partido Nacionalista, se desempeñó en varios cargos importantes: fue Vice Ministra de Energía y Minas, entre agosto de 2011 y enero de 2012. Su salida se dio en medio de una denuncia periodística sobre un conflicto de interés, ya que se descubrió que tenía 17 concesiones mineras (unas en trámite y otras vigentes) en varias regiones del país.

Del vice ministerio y pese a las denuncias, pasó a desempeñarse, nada menos que como Presidenta del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), hasta el mes de septiembre de 2016. Como se sabe, el Ingemmet es el organismo que otorga concesiones mineras en el Perú.

De lo que se conoce, en los últimos años ha venido desempeñando varios cargos vinculados a la docencia universitaria, además de consultora y fiscalizadora de medio ambiente, perito minero, etc. En su hoja de vida, también se señala que ha trabajado para varios consorcios y empresas mineras.

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, ha señalado que antes de nombrar a los nuevos ministros, “se ha revisado los antecedentes de cada uno de los designados” y también ha reconocido que en el caso de Vilca, sabían que había estado “comprometida aparentemente con minería informal” y que no había declarado las concesiones.

La explicación final que ha dado Zevallos es que “todos tienen derecho a rehabilitarse”. Curiosa justificación. ¿Una cartera, en un sector clave para el país, es el espacio oportuno para buscar rehabilitarse? Nuevamente, el gobierno muestra serias limitaciones para conformar un equipo de ministros sólido o, quizás, cada vez encuentran menos voluntarios y voluntarias para ocupar, por tan poco tiempo, tal responsabilidad. Ser ministros “fusibles” nunca ha sido atractivo para profesionales serios.

Habrá que estar atentos al desempeño de la flamante ministra y cómo asume la compleja cartera del sector Energía y Minas. Para comenzar, tendrá que sentar posición sobre la propuesta de nueva Ley General de Minería que anunció el presidente Vizcarra el pasado 28 de julio y el trabajo que ha realizado la comisión encargada que acaba de entregar su propuesta.

EDITORIAL – LA NUEVA MINISTRA – (BOLETÍN AMP N°248, FEBRERO 2020)

27/02/2020
Imagen: CooperAcción

Tras una décima suspensión el juez Andrés Abelino Aguilar a cargo del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, región Apurímac, reprogramó la audiencia contra los 19 defensores criminalizados por el conflicto de Las Bambas del año 2015 para el día de hoy, 27 de febrero, desde horas de la mañana y en la que se espera se dicte la sentencia.

El pasado 18 de febrero se había retomado la audiencia. Los acusados Brandon Quispe y Javier Mamani, que auxiliaron a varios heridos durante el conflicto, enfrentan un juicio por el que podrían recibir 16 y 17 años de pena privativa de libertad. A los defensores de Cotabambas se les exige además una reparación civil de 20 mil soles al Estado y de 88 mil dólares a la empresa minera MMG Las Bambas.

Diversos testimonios realizados en las sesiones anteriores, respaldaron la versión de los defensores acusados, ya que mostraron su presencia circunstancial durante el conflicto. Asimismo, se presentó el peritaje realizado para evaluar la compatibilidad de los elementos químicos y las muestras tomadas de Brandon y Javier, acusados de tenencia ilegal de armas y producción de peligro común.

Al concluir la revisión de documentos, la Fiscalía y el representante de la empresa minera, expresaron la necesidad de suspender la audiencia dada la ausencia de los peritos del Ministerio Público, los mismos que vienen siendo citados desde el año pasado. Por su parte, la defensa de los acusados y el juzgado manifestaron estar a favor de avanzar en el desarrollo del juicio a pesar de su complejidad.

A las audiencias asisten los 19 defensores junto con sus familias, lo que implica un alto costo en transporte y exposición para quienes no viven en Tambobamba (donde se encuentra el juzgado). Pese a múltiples instancias y manifestaciones públicas de las comunidades involucradas, el proceso judicial todavía no concluye. Las comunidades, los familiares y la defensa esperan una sentencia absolutoria en el caso de los criminalizados por la defensa de los territorios.
Cooperacción

Desde la Mesa Técnica en Salud Humana y Ambiental, integrada por instituciones de Derechos Humanos que vienen dando acompañamiento técnico a diversos casos de afectación por contaminación ambiental y humana a nivel nacional, nos solidarizamos con las familias de Cerro de Pasco que vienen acampando hace más de dos semanas en el frontis del Ministerio de Salud, reclamando por atención médica para los niños y niñas afectadas a causa de la sobre exposición de los metales tóxicos en sus cuerpos, pese a ello siguen sin tener una respuesta estatal adecuada.

Saludamos la valentía de las familias que también realizaron un plantón en las instalaciones de la empresa minera Volcán, visibilizando así la responsabilidad de esta empresa por los impactos acumulativos a la salud humana y ambiental en Cerro de Pasco. Lamentamos que la empresa no asuma compromisos y responsabilidades para las reparaciones de las afectaciones ocasionadas.

El Estado peruano no ha dado, hasta la fecha, una respuesta integral y articulada para la región Pasco, siendo este uno de los casos más graves de contaminación por metales tóxicos que existe en el país a causa de la industria extractiva minera. Tampoco se cuenta con una política nacional multisectorial e intergubernamental para abordar todos los casos de contaminación a la salud humana y ambiental por metales tóxicos que existen en diversas regiones del país, donde miles de peruanos viven en territorios contaminados por relaves mineros y derrames petroleros. Esta política es una demanda nacional que desde la Plataforma de afectados y afectadas por Metales Tóxicos se viene exigiendo desde años atrás, y a la cual la Presidencia del Consejo de Ministros sigue sin dar respuesta a través de una comisión multisectorial de alto nivel.

El Estado peruano tiene que dejar de negar el problema y entablar un diálogo directo con los afectados para construir políticas públicas adecuadas e integrales a sus necesidades. Sabemos que en nuestro país no hay posibilidad de que el Estado asuma una política para los afectados por metales tóxicos si es que no hacemos sentir que estamos unidos exigiendo nuestros derechos. Por eso hacemos un llamado a toda la ciudadanía a solidarizarse y movilizarse por Pasco y por los cientos de afectados por metales tóxicos a nivel nacional.

Suscriben:
Mesa de Salud Ambiental y Humana – Centro Labor Pasco – Derechos Humanos Sin Fronteras – Red Muqui – Centro de Políticas Públicas Perú Equidad – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) – Proyecto Amigo – OXFAM – Red por una Globalización con Equidad (RedGe) – Pueblos Índigenas Amazómicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) – EarthRights Internacional (ERI) – CooperAcción

Acuerdo. Comuneros piden ser incluidos en zona de influencia del proyecto Antapaccay. La palabra la tiene Senace.
La República
23/02/2020
Luis Álvarez

Comuneros del distrito de Pallpata, en la provincia de Espinar, esperan la respuesta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles (Senace). Este organismo decidirá sobre una solicitud de los comuneros para anular la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del Proyecto Antapacay, expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.

Senace debió emitir una respuesta el viernes 21 último. Ese fue uno de los compromisos asumidos por el Gobierno. El retraso provocó la impaciencia de los comuneros. Ellos demandan que los incluyan en el área de influencia del referido proyecto, ante posibles daños ambientales. Pallpata inició hace un mes una huelga indefinida que no incluye bloqueo de carreteras.

PUEDES VER: Cusco: ejecutarán obras de agua y desagüe en comunidades campesinas de Espinar
Por su parte, Senace emitió un comunicado justificando el retraso al pedido de los comuneros. Afirman que aguardan la opinión de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). “ Enviamos a la ANA los argumentos expuestos, a fin de que dicha entidad emita opinión en el marco de sus competencias y facultades conforme a ley. El informe técnico, a ser emitido por la ANA, es imprescindible, para que el Senace absuelva de forma integral los argumentos expuestos en este recurso de apelación”, dicta el documento.

Senace es un organismo especializado del Ministerio del Ambiente, que evalúa la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más complejos. El pasado 14 de febrero, los comuneros y autoridades de Pallpata se reunieron en mesa técnica para insistir con este planteamiento.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/23/pallpata-otro-conflicto-minero-que-espera-solucion-en-cusco-lrsd/

Van once días de huelga realizada por ciudadanos y ciudadanas de Cerro de Pasco que exigen al Ministerio de Salud que atienda a sus menores hijos e hijas. [Foto: Luis Javier Maguiña / Instagram]
25/02/2020

La protesta contra la afectación a la salud de menores que estaría provocada por actividades extractivas en Cerro de Pasco continúa en los exteriores del local del Ministerio de Salud (Minsa) en Jesus María (Lima).

Desde el pasado 13 de febrero, un grupo de familias viene exigiendo que el Estado peruano cumpla su obligación de atender a los menores intoxicados con metales pesados, condición que sería consecuencia de la explotación minera a tajo abierto en Cerro de Pasco, a cargo de la empresa Volcan desde hace más de veinte años.

Las familias demandan la atención para los más de 200 niños y niñas de Pasco que registraron intoxicaciones por contaminación con plomo y otros metales. A través de las redes sociales, los padres y madres han compartido parte de los análisis que les han realizado a los menores, donde aparecen los metales pesados presentes en la sangre de los niños y niñas.

Para este lunes 24 de febrero, estaba programa una reunión entre los padres y madres de los menores afectados y representantes del Minsa y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

«Han querido presionar hasta el último para que el tratamiento sea en el país. Han ridiculizado, nos han maltratado, piensan que nosotros no tenemos derechos», dijo una madre a la salida de la reunión.
Algo que ha ofendido a las familias es que el Gobierno ofrezca viviendas.

«Hemos tenido diálogo con gente corrupta, gente incapaz, que no toman acciones ante nuestros problemas de salud. Hemos discutido un pliego de reclamos amplios que tenemos nosotros como padres, dando a conocer lo que necesitan nuestros hijos. No hemos llegado a ningún tipo de acuerdo porque nosotros seguiremos luchando por la salud de nuestros hijos».
«Haremos respetar la salud de nuestros hijos, no con negociaciones baratas con ofertas de viviendas».
Las familias afectadas por la contaminación minera señalan que en Perú no hay profesionales ni equipos de salud adecuados para tratar casos de intoxicación con metales pesados. Denunciaron que varios menores han fallecido en los hospitales, donde les administraban morfina y otros fármacos. Resaltaron también el caso de la niña Esmeralda, que salvó su vida por un transplante realizado en Argentina.

Las familias anunciaron que continuarán protestando en los exteriores del Minsa y que cumplirán con la marcha para el día 28 de febrero.
https://redaccion.lamula.pe/2020/02/24/familias-intoxicadas-por-contaminacion-minera-seguiran-protestando-en-los-exteriores-del-minsa/jorgepaucar/

24/02/2020
Imagen: Rumbo Minero

Ya se han publicado las cifras consolidadas del año 2019 y se puede comenzar a hacer algunos análisis sobre la situación actual de la tributación y las tendencias que se presentan. A continuación haremos un repaso de lo que muestran las principales cifras.

En primer lugar, cabe señalar que la recaudación anual por el gobierno central durante 2019 ha mantenido una tendencia positiva, logrando un crecimiento de 3.5% respecto a 2018. Del mismo modo, los Ingresos Tributarios (que constituyen el 86.7% del total recaudado) aumentaron en 3.7%. Con respecto a los Ingresos No Tributarios, que incluyen las Regalías Mineras y el Gravamen Especial a la Minería, incrementaron en 10.3%, aunque cabe mencionar que estos representan sólo el 1.2% del total recaudado.
Por su parte, el pago del Impuesto General a la Renta (IGR) de tercera categoría del sector minero -considerando regularización- se ha reducido de manera sustantiva en – 40.5%. Esto se debe a la disminución de los pagos por regularización del Impuesto a la Renta de tercera categoría en 2019.

Al analizar la estructura porcentual del IGR de tercera categoría se observa que el subsector minero aportó con 11.7% al total recaudado por este concepto (muy por debajo del 20.2% que representaba en 2018). Además, es importante considerar que esta disminución en la participación se debe a un menor aporte en términos absolutos del sector, que de S/. 8,703 millones (su máximo valor alcanzado en 2007) disminuyó a S/. 2,707 millones durante 2019.
El gráfico “Participación de la minería en el Impuesto a la Renta” muestra que el subsector minero, luego de representar en 2007 algo más del 50% del total recaudado por IGR, en el 2016 alcanzó su nivel más bajo en las dos últimas décadas (apenas el 4.5%), recuperándose los años 2017 y 2018, para nuevamente volver a caer el año pasado, lo que denota la alta volatilidad contributiva de este sector.

Por otro lado, el aporte del sector minero al total de tributos recaudados por el Estado peruano registró una participación de 8.1% (por debajo del 10.8% alcanzado durante el 2018). En términos absolutos, durante 2007 -cuando el sector minero alcanzó su participación más alta en las últimas décadas-, su aporte ascendía a S/. 10,760 millones de soles, mientras que en 2019 fue de S/. 8,001 millones de soles. Esto da cuenta de que parte de esta disminución en la participación se explica por el incremento de aportes en términos absolutos de otros sectores, entre los cuales destaca el crecimiento de lo recaudado por los rubros Otros Servicios y Construcción.

Un tema adicional que ha venido generando atención en los últimos años es el importante crecimiento de las devoluciones tributarias, pese a la evidente disminución de los aportes del sector minero. Al finalizar el 2018, el aporte tributario del sector minero más regalías se incrementó a S/. 11,170 millones, mientras que las devoluciones llegaron a S/. 3,771 millones, con ello el aporte del sector en términos netos alcanzó S/. 7,400 millones.
El gráfico “Aportes tributarios, regalías y devoluciones al sector minero” compara el nivel de aportes tributarios y devoluciones en 2019, respecto a 2018. A nivel general, se observa que aunque los aportes tributarios y las regalías del sector minero hayan disminuido en 2019, las devoluciones al sector minero aumentaron: las devoluciones al sector minero suman S/. 4,643 millones, mientras que el aporte tributario total más regalías del sector minero ascendió a S/. 9,511. Por tanto, el aporte neto del sector minero ascendió a S/. 4,868 millones durante 2019.

Mineras tienden a resolver conflictos sociales con modelos multiactor
Aspiran a ser protagonistas del desarrollo de las comunidades, reveló estudio presentado por la Universidad Esan
ANDINA/Difusión
21/02/2020

Las grandes empresas mineras tienden a resolver los conflictos sociales a través de los modelos de negociación multiactor, dejando de lado el enfoque paternalista, en el que las empresas aspiran a ser las protagonistas del desarrollo de las comunidades.

Así lo afirmó César Sáenz, en el marco del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), basándose en un estudio realizado por la Universidad Esan, que consideró las lecciones aprendidas de cuatros emprendimientos mineros en nuestro país.

El modelo multiactor plantea un trabajo articulado y participativo entre los distintos actores.

“Hay una variedad de casos, pero existe la tendencia entre las grandes mineras de implementar el modelo multiactor, donde se invita a los gobiernos locales, provinciales y regionales a planificar el desarrollo de las comunidades”, dijo Sáenz.
Lecciones aprendidas
Durante la presentación del estudio titulado “Gestión Estratégica de la Licencia Social para Operar”, el experto explicó que a raíz del análisis de casos de los proyectos Corani (Puno), Ollachea (Puno), Quellaveco (Moquegua) y Tintaya (Cusco) se lograron sistematizar lecciones aprendidas que podrían aportar a la solución de conflictos en otros proyectos u operaciones en el país.

“La gestión estratégica de la licencia social tiene varios componentes y en cada uno de estos existen lecciones aprendidas. En este estudio se analizan, por ejemplo, cuál es la situación de las relaciones de las empresas con las comunidades, cómo desearíamos que fuera esta relación y cuáles son las estrategias a aplicar”, apuntó.

Según el expositor, un conflicto social no solo afecta a las comunidades y empresas, sino también al país. “Las empresas pierden reputación, caen sus acciones y ponen en riesgo sus futuros proyectos. Hay un estudio de una empresa que perdía USD 20 millones por semana por el tema de paralizaciones”, mencionó.

Licencia social

En ese sentido, Sáenz precisó que existen algunos requisitos fundamentales para lograr la licencia social de un proyecto minero. Entre los más resaltantes figuran la generación de confianza y legitimidad en las comunidades, y la creación de valor compartido en las zonas de influencia.

Indicó que, dentro de la generación de confianza, existen factores como el “poder relativo” que podrían detener las negociaciones entre las empresas y las comunidades.

“Cuando las comunidades sienten que no tienen poder en la negociación es muy difícil que otorguen su confianza porque sienten que su palabra no es respetada. Entonces la clave es empoderarlas”, agregó.

Finalmente, el especialista refirió que dicho estudio propone a las empresas mineras optimizar sus estrategias de gestión social de manera integral. Es decir, no solo centrarse en los conflictos sociales o en las relaciones comunitarias, sino tener una mirada global que incluya el compromiso de las empresas y sus trabajadores.
https://www.andina.pe/agencia/noticia-mineras-tienden-a-resolver-conflictos-sociales-modelos-multiactor-785785.aspx