Luis Gárate – Cooperaccion
17/07/2020
Imagen: Gestión
El gobierno de Martín Vizcarra ha cambiado su gabinete y ha nombrado como Presidente del Consejo de Ministro a Pedro Cateriano, un político de trayectoria y experiencia que ya ocupó antes ese puesto y que tiene una abierta posición favorable a la actividad minera.

Estos cambios en el gobierno que preside Martín Vizcarra tienen varias lecturas. Una es que el gabinete necesitaba refrescarse debido al desgaste propio de atender la crisis que ha traído la pandemia del COVID19y a un Estado que se ha visto desbordado en su capacidad de atender a la población. Por otro lado, el nuevo jefe del gabinete ha mostrado actitudes firmes y ha sido confrontacional con sus adversarios políticos.Lo fue con la alianza fujiaprista que dominó el anterior Congreso.

Pero con esa misma firmeza y vehemencia, Cateriano también es un férreo defensor de las inversiones privadas y el libre mercado. Se ha expresado innumerables veces en ese sentido. Lo hizo por ejemplo, cuando ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala, sobre todo cuando se reactivó el conflicto social en el Valle de Tambo en Islay, Arequipa, cuando se intentaba sacar adelante el proyecto minero Tía María. En ese momento declaró que:»El Perú es un país minero. La minería del pasado con tecnología antigua ya no es la que se aplica hoy. Hay que persuadir a la población. También hay que hacer comprender a los empresarios que la riqueza debe ser compartida. La inversión genera riqueza. La única manera de salir de la pobreza es generando riqueza».[1]

En ese momento también tuvo expresiones muy duras en contra de los agricultores que salieron a protestar por la reactivación de Tía María. Pidió al Poder Judicial y al Ministerio Público que actúen para que los detenidos en Islay no salgan libres: “Exhorto al presidente del Poder Judicial y la Fiscalía para que apliquen la Constitución y la ley”, dijo en una conferencia de prensa en abril de 2015.[2]

Cateriano participó en ese momento en una mesa de diálogo que se formó con autoridades regionales y locales. Insistióen que el diálogo era importante paraabsolver las dudas técnicas que tenía la población para que este proyecto se pueda implementar y de esa manera llevar bienestar para la región. Sin embargo, luego de eso, no se terminaron de responder las dudas técnicas de la población y la empresa tuvo que optar por una nueva pausa. Como se sabe, hasta ahora, el proyecto sigue detenido.

En sus primeras declaraciones, Cateriano ha reiterado que su principal misión seráenfrentar la pandemia e impulsar la reactivación económica. Ha señalado que una de sus principales acciones será “destrabar” las inversiones mineras, reiterando -como lo dijo años atrás- que el Perú es un país minero y requiere de estas inversiones.

En ese mismo sentido cabe mencionar que entre los cambios del gabinete se ha nombrado a Rafael Belaúnde, nieto del ex Presidente de la República, Fernando Belaunde Terry. El flamante ministro es un personaje vinculado al sector minero, habiendo sido parte de la empresa minera Argento y de otra empresa denominada Remediadora Ambiental SAC.

Queda claro que con el ingreso de Cateriano y ministros, como Belaúnde, el gobierno busca acelerar el proceso de reactivación económica. Pero como se puede advertir, claramente los nuevos ministros envían señales de estar más cerca de los gremios e intereses empresariales que de los sectores sociales más vulnerables y las comunidades.

Si bien es cierto que amplios sectores de la sociedad coinciden en que se debe reactivar la economía, esto debe hacerse tomando las precauciones del caso. El sector minero ha sido uno de los que más descuido ha mostrado en la aplicación de protocolos sanitarios entre sus trabajadores: ya son casi 3 mil trabajadores mineros contagiados a la fecha. Por otro lado, conflictos sociales como Tía María, siguen latentes y la población se encuentra expectante. Estaremos atentos a la actuación del nuevo gabinete.

[1]https://redaccion.lamula.pe/2015/04/05/pedro-cateriano-sobre-tia-maria-el-peru-es-un-pais-minero/jorgepaucar/

[2]https://redaccion.lamula.pe/2015/04/15/tia-maria-y-la-mano-dura-de-pedro-cateriano/jorgepaucar/

14/07/2020
La presión del sector privado para no detener la actividad minera y su exigencia por protocolos sanitarios más flexibles, que no han protegido adecuadamente a los trabajadores mineros, trajo consigo que en el sector ya se tengan registrados cerca de 3 mil casos positivos de COVID-19, según declaraciones de la propia Ministra de Energía y Minas, Susana Vilca. Esta situación crítica se suma a los conflictos sociales del sector minero; varios de los cuales se encuentra en estado de latencia y algunos activos, pese al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno en el marco de la pandemia.

En su informe del primer semestre de 2020, el Observatorio de Conflictos Mineros analiza y remarca las múltiples responsabilidades de tal situación. Fue el 17 de marzo que, ante la insistencia del sector privado, que el Ejecutivo incluyó dentro de las actividades esenciales la explotación y construcción de proyectos mineros de interés nacional.

“Hoy tenemos que, según datos del Ministerio de Energía y Minas, son cerca de 3 mil los trabajadores mineros que se han contagiado al ser expuestos en el marco del reinicio de labores. La Sociedad de Minería y la Confiep hicieron mucha presión, sin pensar en las consecuencias y la necesidad de proteger de manera adecuada a sus propios trabajadores y a las poblaciones vecinas”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcciónen el marcode este informe del observatorio.

Conflictividad en tiempos de pandemia

La conflictividad social estuvo activa a pesar de la cuarentena. Uno de los casos más resaltantes ocurre en Arequipa, donde la empresa Southern ha reactivado su campaña para retomar el proyecto minero Tía María ante la situación de crisis del país. Ello motivó a la población del Valle de Tambo a organizar 2 cacerolazos en rechazo al proyecto.

En la misma línea, las organizaciones sociales y comunidades campesinas de la zona del Corredor Minero del Sur denunciaron una excesiva presencia de camiones trasladando mineral para la empresa minera MMG- Las Bambas, en Apurímac, exponiendo a los trabajadores y comunidades a posibles contagios.

También se alerta sobre la fuerte presión que mineros informales y abiertamente ilegales vienen ejerciendo en varias zonas del país, alentados por las altas cotizaciones del oro.

Este y otros puntos son los que recoge el informe del Observatorio de Conflictos Mineros correspondiente al primer semestre de este año, el cual será presentado el próximo miércoles 15 de julio desde las 5:30 pm en una transmisión oficial del portal Wayka.pe. En la mesa participarán la Congresista Rocío Silva Santistevan, el representante de la Defensoría del Pueblo Rolando Luque, al ex Viceministro de Minas Miguel Inchaústegui y el abogado de FEDEPAZ David Velazco.

Inscríbete y recibe en exclusiva el informe aquí: https://forms.gle/i9ZLgvJMU9MPoWoq6

13/07/2020
Imagen referencial / Foto: Cosapi

Se aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y su respectiva actualización, mediante las resoluciones directorales 055-2010-MEM-AAM y 300-2014-MEM-DGAAM, anunció el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.

Ahora, Doe Run Peru S.R.L. en Liquidación (DRP) tiene la obligación de constituir garantías suficientes para realizar el cierre de mina respectivo, indicó el Minem.

El 10 de marzo pasado, la Dirección General de Minería (DGM) dispuso la paralización de actividades del CMLO, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47° del Decreto Supremo N° 033-2005-EM, que ordena la paralización de actividades cuando se incumple la constitución de las garantías del plan de cierre de minas.

En junio, DRP presentó ante la DGM las garantías requeridas para el cumplimiento del plan de cierre, correspondiente al año 2020, por un total de USD 12′740,915.36, y el 8 de julio pasado, mediante Resolución Directoral Nº 0443-2020/MINEM-DGM, la DGM dispuso el levantamiento de la paralización de las actividades mineras en el CMLO, precisando que DRP debe garantizar un ambiente laboral con condiciones favorables para el desarrollo de las actividades mineras en el CMLO, en cumplimiento de las normas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, su certificación ambiental y de los protocolos sanitarios establecidos por el Minem y el Ministerio de Salud, así como de las demás normas conexas.

“Cabe aclarar que, el levantamiento de la paralización dispuesta por la DGM debe efectuarse sin perjuicio de las disposiciones legales emitidas por los organismos competentes en relación a la emergencia sanitaria”, señaló el Minem.
Fuente: Gestión

Perú aprobó el plan de cierre de minas del Complejo Metalúrgico de La Oroya

14/07/2020

La ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, informó el jueves pasado que los contagios de coronavirus en el sector minero de Perú ascienden a casi 3.000 trabajadores, con dos fallecidos.

Vilca informó que la cifra de contagios representa un 2% de todos los trabajadores que actualmente han vuelto a las operaciones en las fases de reactivación en el segundo mayor productor mundial de cobre.

“Según registros que nos reportan las mineras al 29 de junio teníamos 2.957 trabajadores contagiados“, afirmó Vilca. “Sin embargo lamento profundamente que los reportes marquen el fallecimiento de dos trabajadores”.

Perú registró hasta el pasado miércoles 312.911 casos de coronavirus, la segunda mayor cifra de contagios en América Latina, detrás de Brasil, según datos oficiales. Los fallecidos suman 11.133 en todo el país.

La minería es vital para la economía de Perú porque es responsable del 60% de las exportaciones totales del país.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/sector-minero-de-peru-registra-casi-3-000-casos-de-coronavirus/

José De Echave C.
13 de julio de 2020
Imagen: Alterra

El 8 de julio se publicó en el diario El Comercio, a toda página, una carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas, dirigida al Presidente Martín Vizcarra. La carta estaba firmada por un conjunto de artistas y promotores culturales (músicos, directores de cine, dramaturgos), periodistas, dueños de restaurantes y hoteles, profesionales de diferentes disciplinas, residentes del exclusivo balneario de Santo Domingo que limita con la Reserva, entre otros.

En una parte de la comunicación se señala: “No hay que olvidar que Paracas -hoy por hoy- es el segundo lugar turístico del Perú. Pero toda inversión hotelera y su turismo ecológico va a desaparecer ante la amenaza de la construcción de un almacén de concentrado de minerales -de potencial tóxico- en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas. ¿Es que acaso no es una absoluta contradicción el promover un destino turístico paradisiaco con un almacén de minerales tóxicos en el límite de la Reserva, donde cualquier acción equívoca repercutiría en la salud de ésta directamente?”

Lo primero que hay que subrayar es que coincidimos con la preocupación que expresan los firmantes y respaldamos la iniciativa de proteger la Reserva Nacional de Paracas. Desde hace tiempo hemos venido denunciando el peligro que se cierne sobre esta importante reserva marina, que desde su creación ha estado fuertemente presionada por una creciente actividad pesquera, el aumento desordenado del turismo y urbanización en la zona, el mayor tránsito pesado y por supuesto un incremento cada vez más intenso de las actividades portuarias. Por ello, nos parece un despropósito que se pretenda ampliar la actividad del terminal portuario de Paracas para que se realice el almacenamiento y exportación de minerales y concentrados (400 mil toneladas al año), poniendo en mayor riesgo a esta importante reserva natural.

Cabe recordar que Paracas es una de las tres áreas marinas protegidas que existen en el país. El Perú apenas cuenta con menos del 1 % de su espacio marino bajo algún esquema de conservación, pese a que el Convenio sobre Diversidad Biológica, que hemos ratificado, establece que ya deberíamos estar protegiendo al menos el 10% de nuestras zonas marinas costeras y que la meta es llegar al 30% antes del 2030.

Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha escrito en sus redes sociales sobre el tema: “El análisis costo beneficio (herramienta elemental para aprobar una inversión o una ley o una licencia ambiental) debería ser el centro del debate. Valorar el patrimonio de Paracas antes de esta operación minera y medir sus riesgos: quién gana y quién pierde”.

Totalmente de acuerdo. Sin embargo, cómo no recordar que con estos mismos argumentos, pobladores de Tambogrande, Huancabamba, Ayabaca, Cajamarca, Valle de Tambo, Tabaconas-Namballe, entre otros, han defendido y siguen defendiendo sus tierras y ecosistemas, frente a la pretendida expansión de proyectos mineros. La diferencia es que a ellos los tildaron de enemigos de la inversión, antipatriotas, perros del hortelano y hasta de terroristas antimineros.

El mencionado aviso a toda página de los defensores de Paracas ha sido respondido por otro aviso de dimensión similar y en el mismo diario, por los propietarios del Terminal Portuario de Paracas. El tema de fondo no debería ser quién tiene más recursos económicos y poder de influencia; lo que en realidad está en juego es cómo construimos como país en serio y a fondo una verdadera gobernanza ambiental para “respetar a la naturaleza”y no ceder a “la codicia y la ambición desmedida”, como señalan los firmantes de la carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas.

Respaldemos esta iniciativa porque “permitir la construcción y el funcionamiento de un almacén de concentrado de minerales tóxicos justo allí -al lado de la Reserva- sería un gravísimo e imperdonable error”. Al mismo tiempo, seamos optimistas y esperemos que cuando nuestros pueblos indígenas, comunidades campesinas u otras poblaciones, defiendan sus ecosistemas de agresiones similares, también sean respaldados por iniciativas como ésta y por varios de los firmantes.
www.cooperaccion.org.pe

Agricultores del Valle del Tambo, que se oponen al proyecto minero, serán sometidos a un juicio oral que no garantiza el debido proceso judicial
09/07/2020
Como es de conocimiento público, con fecha 3 de marzo de 2020, se inició el juicio oral a 17
agricultores del Valle del Tambo, que participaron de la legítima protesta social contra la imposición
del proyecto minero Tía María, entre fines de marzo y fines de mayo de 2015; juicio que se vio
interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia por razones sanitarias generadas por el
Covid-19.
Sin embargo, a pesar que que la Corte Suprema de Justicia de la República anunció el reinicio de
las actividades judiciales desde el 1 de julio de este año (sin atención al público) y, desde el 17 del
mismo mes el reinicio del cómputo de los plazos procesales y, reinicio de las nuevas programaciones
de audiencia; el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa ha programado el reinicio del Juicio Oral para hoy a las 2:00 p.m. mediante
videoconferencia.
Al respecto, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron criminalizados
arbitrariamente en este proceso penal, expresa su preocupación por la que considera precipitada
reprogramación de reinicio de este juicio oral si que se hayan superando los riesgos de un probable
incumplimiento de los principios procesales de inmediación, publicidad, contradicción y otros que si
garantizan el cumplimiento del debido proceso judicial que se exige para toda persona que es
sometida a un juzgamiento de esta naturaleza.
En efecto, en una audiencia judicial por video conferencia no hay una relación directa entre los
magistrados y los medios probatorios y/o fuentes de prueba, así como tampoco con el acusado o la
víctima, vulnerándose el principio de inmediación procesal.
Las audiencias en estas circunstancias están limitadas a los magistrados y partes del proceso pero
no al público en general, por lo cual no se verifica el necesario cumplimiento de la publicidad del
juicio oral que es otra exigecia de carácter fundamental (el control público en la administración de
justicia) para calificarlo como que está dotado del debido proceso judicial. Y, tampoco las partes
podrán realizar un oportuno ejercicio del principio de contradicción porque por más que s etrata de
una video cnferencia en tiempo real, las partes no necesariamente tienen la misma posibilidad de
cuestionar, refuter, etc., argumentaciones de otras de las partes.
No cabe duda que el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también, una manifestación
del debido proceso judicial, sin embargo, no se puede desarrollar un juicio oral sin que estén
presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresion del debido proceso judicial.
En ese sentido, FEDEPAZ exhorta a las autoridades judiciales para que garanticen la existencia de
un debido proceso judicial en este Juicio Oral que se le sigue a los agricultores del Valle del Tambo
que se oponen y han protestado legítimamente contra el desarrollo del proyecto minero Tía María
(al cual se opone el 97% de la población del Valle, según la Consulta Vecinal que se llevó a cabo elaño 2012). Razón por la cual expresa la necesidad de que se lleve a cabo un juicio oral de forma
presencial en la oportunidad de que la emergencia nacional sanitaria por el Covid-19 sea superada.

Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telf: (+51 1) 4250211 / 4250209
Correo electrónico: prensa@fedepaz.org
Web: www.fedepaz.org
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Twitter: @FedepazPeru

09/07/2020
Imagen: Portal Mollendinos
Observatorio de Conflictos Mineros – Perú
El 3 de marzo de 2020 se inició el juicio oral a 17 agricultores del Valle de Tambo, en Arequipa, que participaron de la legítima protesta social contra la imposición del proyecto minero Tía María, entre fines de marzo y fines de mayo de 2015. El juicio se suspendió por la declaratoria del Estado de emergencia sanitaria dictada el 15 de marzo de este año.

Al respecto, el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ha programado el reinicio del juicio oral para hoy a las 2:00 p.m. mediante una videoconferencia. Esto sucede sin tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la República ha dispuesto el reinicio de reprogramación de audiencias desde el 17 de julio de 2020.

Al respecto, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, expresa su preocupación por esta precipitada reprogramación de reinicio del juicio oral, sin que se hayan superado los riesgos de un probable incumplimiento de los principios procesales de inmediación, publicidad, contradicción y otros que sí garantizan el cumplimiento del debido proceso judicial que se exige para toda persona que es sometida a un juzgamiento de esta naturaleza.

En efecto, en una audiencia judicial por videoconferencia no hay una relación directa entre los magistrados y los medios probatorios, no hay publicidad del proceso ni una necesaria posibilidad de ejercer una oportuna y adecuada actividad de contradicción procesal, vulnerándose así los principios antes referidos.

Si bien el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también, una manifestación del debido proceso judicial. Sin embargo, se hace necesario que también estén presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresión del debido proceso judicial.

En ese sentido, el Observatorio de Conflictos Mineros solicita a las autoridades judiciales a que garanticen la existencia de un debido proceso judicial en forma presencial en la oportunidad que la emergencia nacional sanitaria sea superada. (Con información de FEDEPAZ)

07/07/2020
Trevali Mining tiene más de 80 casos confirmados de Covid-19 en su operación de Santander, que es casi el 30% de la fuerza laboral total de la mina en Perú.

La compañía suspendió las operaciones en Santander a fines de junio, luego de que 19 trabajadores dieron positivo para el virus durante las pruebas serológicas de rutina. En respuesta, los 298 trabajadores en el sitio fueron puestos en cuarentena y se sometieron a más pruebas.

Un total de 82 trabajadores dieron positivo para Covid-19 utilizando pruebas de reacción en cadena de la polimerasa.

Trevali dice que tres personas muestran síntomas leves, mientras que todos los demás trabajadores están actualmente asintomáticos.

“Estamos trabajando con nuestros principales contratistas y el gobierno para determinar nuevos protocolos de detección y pruebas antes de determinar una fecha de reinicio”, dice el presidente y CEO de Trevali , Ricus Grimbreek .

Los trabajadores que resultaron negativos y que no son necesarios para tareas críticas en la operación están siendo transportados fuera del sitio a sus hogares. Aquellos que dieron positivo permanecerán en cuarentena por hasta dos semanas.

Mitsui Mining

Mitsui Mining dijo que sus dos minas de zinc en Perú reanudaron sus operaciones el 2 de julio después de un cierre de más de tres meses para limitar la propagación del nuevo coronavirus.

Las minas de Huanzala y Palka de la compañía habían sido suspendidas desde el 16 de marzo después de que el gobierno local emitiera un estado de emergencia. Se reinician las operaciones después de algunas actividades económicas se reanudaron y el gobierno local dio su aprobación, un portavoz de Mitsui Minería dijo.

“Las operaciones de las minas han vuelto a los niveles previos a la cuarentena en marzo, ya que se han estado preparando para el reinicio desde fines de junio”, dijo sin dar un pronóstico de producción para el año en curso.
Fuente: Reuters

Perú: Trevali reporta más de 80 casos de Covid-19 y Mitsui reanuda operación

Población del Valle del Tambo reitera su oposición al desarrollo del
proyecto minero Tía María y ha convocado a un “Cacerolazo”
para hoy 3 de julio
A propósito de las últimas declaraciones del Presidente de Souther Perú Copper Corporation, Oscar
Gonzales Rocha, en el sentido de que cree que la mayoría de la población del Valle del Tambo está
a favor del Desarrollo del Proyecto Minero Tía María; los pobladores de este Valle han expresado su
rechazo a dichas declaraciones calificándolas de alejadas de la realidad.
Ello, primero: porque los pobladores mantienen su firme decisión de opornerse al desarrollo de dicho
proyecto minero, al cosiderarlo como altamente contaminante del medio ambiente y porque
consideran que afectará la calidad y cantidad de agua que los pobladores utilizan para el desarrollo
de su exitosa actividad agrícola y; segundo: porque a la fecha no ha conversado ni con los dirigentes
y menos con los pobladores del Valle del Tambo que lo lleven a considerar que la población haya
cambiado de opinion y, mayoritariamente, apoya dicho proyecto minero.
La población del Valle del Tambo califica estas declaraciones como partes de un psicosocial que
pretende crear condiciones de una supuesta aceptación al desarrollo del citado proyecto minero, con
el único propósito de sorprender a los pobladores y, lograr el apoyo de algunos funcionarios del
gobierno central, para que respaldados por la policía y las fuerzas armadas, Southern Perú Copper
Corporation, intenten imponer el referido proyecto minero.
Por eso, para que no quede duda de que su legítima oposición al proyecto minero se mantiene firme,
y en el ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de expresión, han convocado para hoy a
una manifestación pública denominado “cacerolazo”, tal como lo hicieron días atrás.
Al respecto, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, exige al estado
peruano que, también, en su condición de garante de los derechos de la población del Valle del
Tambo, haga respetar la decision de esta población y no permita el desarrollo del proyecto minero
aquí señalado.
Lima, 3 de julio de 2020
Con el ruego de su difusion
Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
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José De Echave C.
02/07/2020
Imagen:CooperAcción
Tuve la oportunidad de tener dos conversaciones largas con él y en una ocasión también lo entrevisté para un trabajo de investigación que venía realizando. Sin embargo, me hubiese gustado tratarlo y conocerlo más a fondo. Ya no será posible.

Hombre de hablar pausado, Santiago Manuín reflejaba serenidad, conocimiento y mucha sabiduría. Para el momento que lo entrevisté, ya habían ocurrido los trágicos sucesos de La Curva del Diablo y el Baguazo, que sigue siendo un trágico capítulo de nuestra historia y una herida abierta que no hemos tenido la capacidad de cerrar. “Más que las balas y la enfermedad, me duele no ver procesados a los responsables de esta masacre”, declaró en una ocasión Manuín.

En 1994 recibió el premio Reina Sofía como reconocimiento a su trabajo en defensa de la Amazonia y los derechos humanos. Y el año 2014 fue Premio Nacional de Derechos Humanos, por toda una vida de servicio a favor de los pueblos amazónicos y la protección de la amazonia. En la ceremonia de premiación nos dejó varios mensajes: “Quiero recalcar que nuestra lucha por los derechos humanos no es la del Perro del Hortelano. Nosotros no estamos en contra de la ayuda del Estado y las inversiones, simplemente queremos estudios a fondo y que nos consulten de verdad. Tenemos una sabiduría que da una experiencia de cientos de años en este territorio” “Es triste decirlo pero la Selva es un cementerio de proyectos mal diseñados y mal ejecutados. Nuestro territorio es nuestro templo que no tiene paredes pero está lleno de seres vivos. Pero que quede claro no somos fanáticos. Creemos en la interculturalidad en el mundo globalizado. Nuestra historia es una historia de luchas para poder vivir en nuestro territorio en paz. Nunca le hemos robado nada a nadie”.

Como ha escrito Marlene Castillo, conocedora de la cultura awajun y amiga personal de Santiago Manuín, “se despidió como un guerrero. Sigue vivo en su familia, en su pueblo awajun, en nosotras y nosotros sus amigos y aliados, los que seguimos con los pueblos awajun y wampis por delante”.

En las actuales circunstancias, la muerte de Santiago Manuín también representa un llamado de atención y una alerta sobre lo que viene pasando en los territorios awajun y wampis en relación al avance del Covid 19. Los pueblos indígenas de esa zona del país están enfrentando el avance del virus casi sin ningún tipo de apoyo; sin infraestructura de salud, sin profesionales de medicina y sin medicinas. La región Amazonas debe ser atendida con urgencia por el Gobierno.