Inversiones chinas en Perú es un documental interactivo que analiza el comportamiento de cuatro empresas mineras chinas en Perú: Las Bambas, Shougang, Chinalco y Río Blanco Cooper, en cuanto a derechos humanos, derecho laboral y sindical, derecho a la tierra, el territorio; derecho a la vida, a la integridad.

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones.

Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Los principales productos exportados a China son los minerales de cobre y sus concentrados con un valor de más de 5 millones de 67% del total de las exportaciones tradicionales. Esto ha generado que China tenga gran influencia en el mercado de América Latina. En el Perú las empresas chinas han cometido una serie de atropellos a los derechos humanos como en el caso de Las Bambas, en Apurimac donde, además, el Estado tiene alianzas con la policía nacional. El otro caso emblemático es el de Río Blanco ubicado en Piura.

Dirigentes de comunidades de Piura siguen denunciando públicamente que la minera china Xiamen nunca ha contado con el permiso social y ocupa ilegalmente el territorio. A pesar de ello, el 2016, Perú y China firmaron un convenio para la promoción del proyecto minero Río Blanco. En el campo laboral, varias empresas mineras chinas que operan en Perú se destacan por desconocer los derechos fundamentales en el trabajo, amparados por la legislación internacional en materia de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la empresa Shougang Hierro Perú SAA, donde prevalecen bajos niveles remunerativos, altos niveles de conflictividad laboral, así como un largo historial de denuncias por malas prácticas laborales.

Te invitamos a navegar y conocer estos cuatro casos que representan más de US$17 mil millones de dólares de inversión en el Perú.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/799-revisa-el-documental-interactivo-sobre-empresas-chinas-y-derechos-humanos-en-el-peru

21 organizaciones de América Latina exigen al Estado Chino proteger, cumplir y respetar los DD.HH. de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de sus empresas. Esta semana representantes de la sociedad civil de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina se encuentran en Ginebra para brindar información sobre la vulneración de derechos de las inversiones chinas para el tercer Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, la audiencia está programada para este jueves 11 de octubre de 14:00 a 15:30 horas.

Ya se encuentran en Ginebra los representantes de la sociedad civil de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina -que han formado el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA)-, participando de la Pre-sesión del Examen Periódico Universal de China, quienes apelarán al Consejo de Derechos Humanos y a las diferentes Misiones Permanentes que evaluarán el adecuado cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales del Estado chino, en cuando a convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, aspirando que China genere mecanismos de debida diligencia que garanticen el respeto y la protección de los DD.HH.

Hasta este momento, los delegados han compartido información y testimonios con las Misiones de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Nepal, Noruega, los Países Bajos, Finlandia, Francia, Australia, Colombia, Uruguay  y  Nueva Zelanda, que  advierte sobre las graves violaciones a los derechos humanos que generan 18 proyectos en la región, de los cuales son operados por 15 consorcios y con el financiamiento de seis bancos chinos. Además, se alerta que 15 de estos proyectos afectan a territorios indígenas, 11 a áreas naturales protegidas, cinco son patrimonio natural y cultural de la humanidad reconocidos por la UNESCO y 12 corresponden a la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recoge las recomendaciones del CICDHA, como:

1. La preocupación ante el hecho de que las leyes y reglamentos chinos no hicieran referencia a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos ni impusieran requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos a las empresas chinas que operaban en el país o en el extranjero.
2. Que la aplicación de la legislación china se limitaba a al ámbito nacional y no podía utilizarse para regular las operaciones de las empresas chinas más allá de las fronteras nacionales. La JS28 instó a China a que protegiera las normas internacionales de derechos humanos en toda nueva ley referida la inversión en el exterior y la asistencia para el desarrollo en el extranjero, y a que modificara, según fuera necesario, los reglamentos complementarios existentes sobre la propiedad, la gobernanza empresarial o la conducta empresarial responsable. Con respecto a las operaciones de las empresas chinas en Myanmar, la Myanmar Alliance for Transparency and Accountability instó a China a que respetara los derechos humanos en los países donde mantenía actividades comerciales, por ejemplo actuando con la diligencia debida en la realización de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, y que proporcionará acceso a recursos efectivos a quienes se vieran afectados negativamente por las actividades de sus empresas.
3. Que las empresas mineras chinas, en particular las que participaban en los proyectos Mirador y San Carlos Panantza en el Ecuador, habían incurrido en prácticas irregulares de adquisición de tierras, como la compra irregular sin consulta previa, la reclamación arbitraria de derechos de explotación minera y la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad. Por medio de estas prácticas y con el apoyo de las fuerzas de seguridad, estas empresas habían provocado el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de un total de 42 familias indígenas.
4. Que las vulneraciones cometidas por la empresa estatal China National Petroleum Company a través de su socio BGP Bolivia, que ponía de manifiesto su falta de adhesión a las normas internacionales para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y a los acuerdos emanados del proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado, lo que incluía el hostigamiento y la criminalización de los observadores sociales y medioambientales indígenas.

Cabe señalar que de los 15 casos que sustenta la sociedad civil, ocho se encuentran en Ecuador: Proyecto Mirador, Proyecto San Carlos, explotación petrolera en los bloques 79-83, Proyecto Minero Río Blanco, Bloque 62, 14 y 17; Proyecto propósito hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, Proyecto propósito múltiple Chone Fase I-Presa Río Grande y Desaguadero San Antonio, Proyecto propósito eléctrico Toachi Pilatón. En Perú, cuatro proyectos mineros: Proyecto Las Bambas-MMG, Shougang Hierro Perú, Proyecto Toromocho de la mina Chinalco y el Proyecto Río Blanco de la mina Zijin. En Argentina: Aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Santa Cruz. En Bolivia: Exploración petrolera en la Amazonía boliviana, y en Brasil: Hidroeléctrica de Sao Manoel.

El informe regional presentado por el CICDHA sostiene que se vienen vulnerando derechos de manera sistemática en cuanto al derecho a la consulta previa y participación de comunidades locales; desplazamiento y desalojos forzosos de comunidades enteras; criminalización de la protesta social de líderes y lideresas indígenas; irrespeto a la intangibilidad de territorios ancestrales; violaciones a los derechos sindicales, otros.

Además, sustenta que la combinación de las estrategias gubernamentales de flexibilización de los marcos normativos e institucionales en temas ambientales, fiscales, laborales,  en  los países de América Latina, aunada con las prácticas empresariales chinas, lo que viene afectando directamente la calidad de vida y la salud de las poblaciones,  y el impacto en el medio ambiente.

* El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) está integrado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), Centro de Documentación e Información de (Bolivia), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) y el Colectivo Proteja Amazônia (Brasil) y en Perú: CooperAcción, Red Muqui, Aprodeh, Coordinadora Nacional de DD.HH., Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú, Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas, Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/18-proyectos-chinos-vulneran-derechos-en-america-latina/

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitió hoy una casación que anula la sentencia en segunda instancia que condenaba a Walter Aduviri Calisaya, dirigente aymara y actual candidato al gobierno regional de Puno, a siete años de prisión efectiva y al pago de una reparación  civil de S/2 millones por el delito de contra la tranquilidad pública en agravio del Estado en calidad de autor mediato. Comos se recuerda, en mayo del 2011 Aduviri lideró una protesta contra la minera Bear Creek conocida como el ‘Aymarazo’.

Los vocales César San Martín Castro, Hugo Príncipe Trujillo, Iván Sequeiros Vargas, Luisa Chávez Mella y Elvia Barios Alvarado concluyeron que la sentencia que condenó a Aduviri no cumplió con estar debidamente motivada y no tuvo en cuenta el debido proceso. Por tal motivo, ordenó la realización de un nuevo proceso judicial en primera instancia contra el dirigente aymara, quien este domingo podría ser elegido presidente regional de Puno.

La fiscalía había acusado a Aduviri de ser el autor mediato del delito contra la tranquilidad pública. Según la resolución, no existió debida motivación “al no examinarse un presupuesto fundante de autoría mediata por aparatos de poder organizado”. De otro lado, advirtió que “se invocó un tipo de intervención delictiva en los casos de autoría en el que no se desarrollaron las [..] características de un frente de defensa”. Como se recuerda, Aduviri era dirigente del Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur.

“Hoy podemos decir que se equivocaron, me perjudicaron por ocho años, me alejaron de mi familia, no tuve estabilidad laboral, fue un proceso con injerencia política y económica”, declaró Aduviri tras conocerse la casación.

Fuente:http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/312343-corte-suprema-anulo-sentencia-contra-walter-aduviri-por-el-aymarazo/?ref=f-rt

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el día de ayer, 1 de octubre, denuncias de mineros de Perú, que sufren enfermedades porque su organismo tiene una concentración de metales pesados por encima de los estándares normales debido a su trabajo. A la fecha no han recibido respuestas de parte de las empresas: Antamina y Yanacocha donde trabajaron.

Dos mineros, Saúl Alejandro Juárez Flores y Alán Richard Herrera, testificaron hoy durante el 169 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra en la Universidad de Colorado, en Boulder.

Juárez Flores aseguró que sufre cáncer debido al arsénico que absorbió involuntariamente por la boca y la piel mientras trabajaba para la Minera Antamina en una zona del Callejón de Conchucos. que se encuentra a una altitud de unos 4.000 kilómetros por encima del nivel del mar.

Ante la altitud y la falta de oxígeno, los mineros usaban para protegerse solo una máscara de papel, en vez de una mascarilla de plástico con filtros destinados a impedir la absorción de metales.

«Me rebela, me indigna que empresas tan grandes, tan poderosas, vengan al Perú a ser cada vez más ricas y que nos agredan de esta forma, que nos hagan daño no solamente a mí, sino a mi familia y a toda la familia minera del Perú. Y, encima de eso, que nos traten de ignorantes», expresó Juárez Flores.

El hombre, de 53 años, comenzó a trabajar para la Minera Antamina en 1999 y fue despedido en 2011 después de que le diagnosticaran el cáncer.

Junto a él, se sentó Alán Richard Herrera, de 44 años y que trabajó para la Minera Yanacocha entre 1998 y 2012.

En declaraciones a Efe, Richard Herrera dijo sentirse en una «ruleta rusa», porque su cuerpo tiene concentraciones de mercurio, arsénico y talio por encima de los niveles normales y no sabe qué consecuencias tendrá para su salud o la de sus hijos.

El minero tiene tres hijosy uno de ellos, de 12 años, tuvo problemas de caída de cabello cuando era más pequeño.

Durante la audiencia, los representantes del Estado peruano aseguraron que el Gobierno y en concreto el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tienen en marcha mecanismos y regulaciones para atender los problemas que puedan derivarse de la inversión minera, que ocupa un importante lugar en la economía peruana.

De hecho, de enero a mayo del 2018, las inversiones mineras ascendieron a 1.569 millones de dólares, lo que supone un incremento del 34,3 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: http://muqui.org/comunicaciones/noticias/item/795-trabajadores-mineros-enfermos-a-causa-de-exposicion-de-metales-declararon-ante-comision-interamericana-de-derechos-humanos

La Libertad. Comuneros de Shiracmaca y Caserío Toro piden apoyo para que empresa Los Andes Perú Gold SAC limpie el agua que viene contaminando con el derrame de lama de la minera.

“A nuestros niños los contaminamos con estos alimentos. Mi mamá está postrada en una cama por culpa de la minería. Hacen meses que está el agua igual, se han muerto 3 vacas y nadie hace nada“, denunció una ciudadana en un vídeo publicado en Facebook.

La minera Los Andes Perú Gold SAC viene trabajando en la zona desde hace un año, desde entonces, los comuneros de Shiracmaca y el Caserío Toro, en La Libertad, se ven afectados por la contaminación que propina la empresa.

“Que se comprometan a limpiarnos nuestra agua, porque es esta la que abastece para nuestros alimentos. Se ve amarilla el agua por causa de la contaminación.”, añade la mujer.

En el vídeo se puede observar que la poca agua que llega tiene un color muy oscuro, mostaza. Al parecer, ésta estaría siendo contaminada por la minera Los Andes Perú, quienes realizan trabajos algunos kilómetros arriba de los pueblos.

“Todo se está secando. La papá, la cebolla la yerba, todo se muere por el agua”, manifiesta un poblador.

Los agricultores piden apoyo a las autoridades y medios de comunicación para dar a conocer el caso y para que la situación en la que se encuentran mejore, ya que consideran que los están envenenando al tener que tomar esa agua.

Según la denunciante, esta no es la primera vez que se quejan por la contaminación que genera la empresa, sino que, en otro momento, los ingenieros han llegado al lugar para prometer que la situación cambiará, pero nunca limpian el agua.

La redacción intentó comunicarse con la empresa, pero no se encontró un número para poder contactarlos. Esperamos que puedan realizar su descargo a través de nuestra plataforma de WhatsApp 941 000 000.

Fuente:https://larepublica.pe/reportero-ciudadano/1328777-libertad-agricultores-acusan-minera-envenenarlos-agua-contaminada

Más de 100 comuneros y representantes de 11 comunidades campesinas de las regiones de Pasco y Junín se movilizaron ayer   frente a las oficinas de la Autoridad Nacional del agua ANA. Exigen que se anule una resolución que trae como consecuencia la inundación de sus tierras con aguas contaminadas con metales tóxicos provenientes del Lago Chinchaycocha en Junín.

El ANA al emitir la Resolución No 369-2018-ANA-AAAX MANTARO, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades, ha aprobado un programa de descargas de la represa que se encuentra cerca al Lago Chinchaycocha. Los pobladores afirman que se hecho de manera arbitraria, sin considerar el volumen almacenado ni los impactos para las tierras de las comunidades que se usa para la ganadería en época de verano. Esta resolución aprueba una cota Máxima, o límite de embalse de la represa, de 4,081.5 msnm que las comunidades señalan no es sustentable.

Hermogenes Solórzano Bermúdez, fiscal del comité de vigilancia ambiental comunal Chinchaycocha, afirmó que por más de 80 años las comunidades circundantes al Lago Chinchaycocha son inundadas sus tierras anualmente por las aguas provenientes es del rio San Juan desde Pasco, aguas que contienen metales pesados, de pasivos mineros de Pasco. Esta situación se agravaría con la decisión del ANA. Así se estaría contaminando miles de hectárea de tierras productivas para la ganadería, así como ponen en riesgo el habitad de miles de especies de aves, y otras especies alto andinas que anidan en el lago.

Solórzano aseguró que en los alrededores del Lago Chinchaycocha hay pasivos ambientales mineros que pertenecen a la empresa estatal Activos Mineros y que estaban en proceso de remediación. Con el aumento de descargas se cubriría con agua los pasivos mineros, y los trabajos de remediación no se culminarían.

Los funcionarios del ANA recibieron a un comité de representantes. Solorzano aseveró que se espera que la Institución realice los estudios técnicos pertinentes y no los perjudique. También pide que se investigue a la empresa Electro Perú, hidroeléctrica que opera en la zona y a la que culpan de constantes inundaciones y desviaciones de cauce del río San Juan.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/792-por-decision-del-ana-tierras-de-comunidades-terminarian-inundadas-con-aguas-contaminadas-con-metales

En julio se presentaron las cifras del canon minero distribuido para el año 2018[1]. Las transferencias de canon mostraron una mejoría respecto al año anterior, lo cual es una buena noticia para las regiones. Así, en el 2017 se transfirieron a los gobiernos sub nacionales (regionales y locales) por este concepto S/.1,862 millones, mientras que en el 2018 las transferencias llegaron a S/.3,157 millones.

A pesar de esta mejora, el canon sigue mostrando una alta volatilidad y aún se encuentra por debajo de los niveles pico que alcanzó en el 2007 o 2012. Por ejemplo, en el 2012 Arequipa recibió S/.781 millones y en el 2018 S/.531 millones, en el 2012 La libertad recibió S/.547 millones y en el 2018 S/.254 millones, en el 2012 Cusco recibió S/.357 millones y en el 2018 S/.211 millones, tendencia que se repite en las demás regiones. Sólo en Ancash las transferencias de canon en el 2012 y 2018 han sido similares, alcanzado S/.1,003 y S/.1,085 millones, respectivamente. En la mayoría de regiones con actividad minera el nivel más bajo de transferencia de canon se produjo el 2016 debido a la caída de los precios de los minerales.

Luego de 25 años de expansión minera, cabe preguntarse, si el canon minero está siendo efectivo para sentar las bases del desarrollo regional. Además de la volatilidad ya expuesta, su actual diseño presenta varios cuestionamientos.

Uno de las principales críticas es que genera una fuerte desigualdad entre jurisdicciones distritales, provinciales y regionales. Los ratios de distribución de la empresa Las Bambas en Apurímac, que actualmente ya paga regalías, orientan el 25% de los recursos transferidos de la minería hacia el distrito de Challhuahuacho y el 20% a los otros cinco distritos de la provincia de Cotabambas. Por su parte, el resto de distritos, provincias, gobierno regional y universidades en Apurímac recibirán el 55% restante. Generar este tipo de desarrollo desigual no ha sido positivo para mejorar las condiciones de vida y dinamizar la economía en espacios territoriales ampliados como el nivel provincial o regional y, más bien, han favorecido las lógicas de “enclave”. Ciertamente, la propuesta del canon comunal, planteada en el Congreso, que concentraría el 30% de los recursos que recibe el gobierno distrital en las comunidades de influencia directa agravaría esta situación[2].

Otro de los problemas en el diseño del canon es que está determinado por ley básicamente a obras de infraestructura. En efecto, en los últimos años el canon ha sido utilizado principalmente para la construcción de carreteras, mantenimiento de infraestructura, infraestructura educativa, saneamiento, entre otros. Sin embargo, el cierre de las brechas de infraestructura sólo es una de los ejes que favorecen el desarrollo a largo plazo. Waldo Mendoza en su análisis sobre las barreras al crecimiento de Cajamarca identifica cuatro factores que deberían abordarse para sostener el desarrollo de esta región: a) reducción de déficits en infraestructura, y en educación y salud[3], b) complejidad económica y productividad, c) institucionalidad y d) planificación local y regional. Por ejemplo, se reclama constantemente la falta de capacidades en los niveles de sub nacionales de gobierno, sin embargo, los recursos del canon están vetados para el fortalecimiento de la institucionalidad local. Para que las regiones y el país den un siguiente paso en la senda de un desarrollo integral debe avanzar en cada uno de estos ejes de manera paralela y articulada, y los recursos del canon podrían ayudar en ello.

En setiembre de este año se aprobó la ley 30848 que permite ampliar los usos del canon dentro de las regiones para el financiamiento de programas de vivienda social impulsados por el gobierno nacional^[4]. A pesar del impacto positivo en la población, lo cierto es que en el Perú se ha tendido a canalizar el aporte al desarrollo que podría tener la minería preferentemente a través del sector construcción –un común denominador de la mayoría de las propuestas recientes–. Este diseño refleja además un direccionamiento del canon hacia una lógica economicista pues este tipo de gasto conduce a aumentar el PBI regional y nacional en el corto plazo.

En la otra orilla, están retos no atendidos con este tipo de recursos como la lucha contra la anemia que presenta un alto índice en varias regiones con actividad minera. Como se sabe una respuesta a este problema requiere de una inversión menor en infraestructura y un mayor gasto corriente, siendo su abordaje clave y urgente para salvaguardar y fortalecer las capacidades humanas de corto y largo plazo de muchos compatriotas en situación de vulnerabilidad. Caminar en esta ruta, no obstante, requiere de un abordaje multidimensional e integral del desarrollo.

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[1] El canon se publica y se distribuye a las regiones en el mes de julio.

[2] Actualmente la mayoría de comunidades de zonas de influencia directa reciben ya un aporte social preferencial por parte de las empresas mineras, lo que ha generado importantes brechas de atención social respecto al resto de comunidades del mismo distrito y provincia.

[3] Incluye cobertura y calidad del servicio.

[4] Modificación del artículo 6 de la Ley del canon (Ley 27506):

6.2. […] También podrán ser utilizados para el financiamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo MIVIVIENDA, según corresponda. […]

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-datos-del-canon-minero-y-los-desafios-del-desarrollo-regional/

De los 32 conflictos que registró la Defensoría del Pueblo en la macro región centro, en el primer semestre del año, 23 son socio ambientalesasociados a la minería.

En el informe desarrollado por la Defensoría del Pueblo, se precisa que el 66.1% de conflictos socio ambientales son causados por la actividad de la minería, seguida del 13.4% a causa de los hidrocarburos y 9% por la energía.

En el caso de la macro región central, Ayacucho encabeza la lista con 11 conflictos de los cuales 10 son socio ambiental, 6 de ellos latentes y 4 activos. A esta le sigue la región Junín con 6 conflictos, 2 latentes y 4 activos. Asimismo, Pasco presenta 5 conflictos socio ambientales, 4 de ellos activo y 1 latente. Finalmente, Huánuco con 4 conflictos divididos equitativamente entre 2 latentes y 2 activos.

En general en todo el país los conflictos socio ambientales equivalen al 64.1%.  Las regiones en las que se registra mayor incidencia son en la sierra y selva, donde hay presencia de actividad minera, sea legal e ilegal.

A diferencia del año anterior la presencia de conflictos socio ambientales en la macro región centro ha crecido en un porcentaje de 8%, equivalente a 3 conflictos más que en el año pasado. Para agosto del 2017 la Defensoría registró a nivel nacional 121 conflictos socio ambientales, pero este año la cantidad se incrementó a 127 casos.

A pesar de este incremento existen regiones como Ayacucho y Pasco donde aún no se ha establecido dialogo entre la población y las empresas o entidades con la que se genera el conflicto lo cual puede generar que se activen y se conviertan en movilizaciones.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/m-s-del-70-de-conflictos-en-la-macro-regi-n-central-son-socio-ambientales-asociados-la-miner