La Libertad. Comuneros de Shiracmaca y Caserío Toro piden apoyo para que empresa Los Andes Perú Gold SAC limpie el agua que viene contaminando con el derrame de lama de la minera.

“A nuestros niños los contaminamos con estos alimentos. Mi mamá está postrada en una cama por culpa de la minería. Hacen meses que está el agua igual, se han muerto 3 vacas y nadie hace nada“, denunció una ciudadana en un vídeo publicado en Facebook.

La minera Los Andes Perú Gold SAC viene trabajando en la zona desde hace un año, desde entonces, los comuneros de Shiracmaca y el Caserío Toro, en La Libertad, se ven afectados por la contaminación que propina la empresa.

“Que se comprometan a limpiarnos nuestra agua, porque es esta la que abastece para nuestros alimentos. Se ve amarilla el agua por causa de la contaminación.”, añade la mujer.

En el vídeo se puede observar que la poca agua que llega tiene un color muy oscuro, mostaza. Al parecer, ésta estaría siendo contaminada por la minera Los Andes Perú, quienes realizan trabajos algunos kilómetros arriba de los pueblos.

“Todo se está secando. La papá, la cebolla la yerba, todo se muere por el agua”, manifiesta un poblador.

Los agricultores piden apoyo a las autoridades y medios de comunicación para dar a conocer el caso y para que la situación en la que se encuentran mejore, ya que consideran que los están envenenando al tener que tomar esa agua.

Según la denunciante, esta no es la primera vez que se quejan por la contaminación que genera la empresa, sino que, en otro momento, los ingenieros han llegado al lugar para prometer que la situación cambiará, pero nunca limpian el agua.

La redacción intentó comunicarse con la empresa, pero no se encontró un número para poder contactarlos. Esperamos que puedan realizar su descargo a través de nuestra plataforma de WhatsApp 941 000 000.

Fuente:https://larepublica.pe/reportero-ciudadano/1328777-libertad-agricultores-acusan-minera-envenenarlos-agua-contaminada

Más de 100 comuneros y representantes de 11 comunidades campesinas de las regiones de Pasco y Junín se movilizaron ayer   frente a las oficinas de la Autoridad Nacional del agua ANA. Exigen que se anule una resolución que trae como consecuencia la inundación de sus tierras con aguas contaminadas con metales tóxicos provenientes del Lago Chinchaycocha en Junín.

El ANA al emitir la Resolución No 369-2018-ANA-AAAX MANTARO, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades, ha aprobado un programa de descargas de la represa que se encuentra cerca al Lago Chinchaycocha. Los pobladores afirman que se hecho de manera arbitraria, sin considerar el volumen almacenado ni los impactos para las tierras de las comunidades que se usa para la ganadería en época de verano. Esta resolución aprueba una cota Máxima, o límite de embalse de la represa, de 4,081.5 msnm que las comunidades señalan no es sustentable.

Hermogenes Solórzano Bermúdez, fiscal del comité de vigilancia ambiental comunal Chinchaycocha, afirmó que por más de 80 años las comunidades circundantes al Lago Chinchaycocha son inundadas sus tierras anualmente por las aguas provenientes es del rio San Juan desde Pasco, aguas que contienen metales pesados, de pasivos mineros de Pasco. Esta situación se agravaría con la decisión del ANA. Así se estaría contaminando miles de hectárea de tierras productivas para la ganadería, así como ponen en riesgo el habitad de miles de especies de aves, y otras especies alto andinas que anidan en el lago.

Solórzano aseguró que en los alrededores del Lago Chinchaycocha hay pasivos ambientales mineros que pertenecen a la empresa estatal Activos Mineros y que estaban en proceso de remediación. Con el aumento de descargas se cubriría con agua los pasivos mineros, y los trabajos de remediación no se culminarían.

Los funcionarios del ANA recibieron a un comité de representantes. Solorzano aseveró que se espera que la Institución realice los estudios técnicos pertinentes y no los perjudique. También pide que se investigue a la empresa Electro Perú, hidroeléctrica que opera en la zona y a la que culpan de constantes inundaciones y desviaciones de cauce del río San Juan.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/792-por-decision-del-ana-tierras-de-comunidades-terminarian-inundadas-con-aguas-contaminadas-con-metales

En julio se presentaron las cifras del canon minero distribuido para el año 2018[1]. Las transferencias de canon mostraron una mejoría respecto al año anterior, lo cual es una buena noticia para las regiones. Así, en el 2017 se transfirieron a los gobiernos sub nacionales (regionales y locales) por este concepto S/.1,862 millones, mientras que en el 2018 las transferencias llegaron a S/.3,157 millones.

A pesar de esta mejora, el canon sigue mostrando una alta volatilidad y aún se encuentra por debajo de los niveles pico que alcanzó en el 2007 o 2012. Por ejemplo, en el 2012 Arequipa recibió S/.781 millones y en el 2018 S/.531 millones, en el 2012 La libertad recibió S/.547 millones y en el 2018 S/.254 millones, en el 2012 Cusco recibió S/.357 millones y en el 2018 S/.211 millones, tendencia que se repite en las demás regiones. Sólo en Ancash las transferencias de canon en el 2012 y 2018 han sido similares, alcanzado S/.1,003 y S/.1,085 millones, respectivamente. En la mayoría de regiones con actividad minera el nivel más bajo de transferencia de canon se produjo el 2016 debido a la caída de los precios de los minerales.

Luego de 25 años de expansión minera, cabe preguntarse, si el canon minero está siendo efectivo para sentar las bases del desarrollo regional. Además de la volatilidad ya expuesta, su actual diseño presenta varios cuestionamientos.

Uno de las principales críticas es que genera una fuerte desigualdad entre jurisdicciones distritales, provinciales y regionales. Los ratios de distribución de la empresa Las Bambas en Apurímac, que actualmente ya paga regalías, orientan el 25% de los recursos transferidos de la minería hacia el distrito de Challhuahuacho y el 20% a los otros cinco distritos de la provincia de Cotabambas. Por su parte, el resto de distritos, provincias, gobierno regional y universidades en Apurímac recibirán el 55% restante. Generar este tipo de desarrollo desigual no ha sido positivo para mejorar las condiciones de vida y dinamizar la economía en espacios territoriales ampliados como el nivel provincial o regional y, más bien, han favorecido las lógicas de “enclave”. Ciertamente, la propuesta del canon comunal, planteada en el Congreso, que concentraría el 30% de los recursos que recibe el gobierno distrital en las comunidades de influencia directa agravaría esta situación[2].

Otro de los problemas en el diseño del canon es que está determinado por ley básicamente a obras de infraestructura. En efecto, en los últimos años el canon ha sido utilizado principalmente para la construcción de carreteras, mantenimiento de infraestructura, infraestructura educativa, saneamiento, entre otros. Sin embargo, el cierre de las brechas de infraestructura sólo es una de los ejes que favorecen el desarrollo a largo plazo. Waldo Mendoza en su análisis sobre las barreras al crecimiento de Cajamarca identifica cuatro factores que deberían abordarse para sostener el desarrollo de esta región: a) reducción de déficits en infraestructura, y en educación y salud[3], b) complejidad económica y productividad, c) institucionalidad y d) planificación local y regional. Por ejemplo, se reclama constantemente la falta de capacidades en los niveles de sub nacionales de gobierno, sin embargo, los recursos del canon están vetados para el fortalecimiento de la institucionalidad local. Para que las regiones y el país den un siguiente paso en la senda de un desarrollo integral debe avanzar en cada uno de estos ejes de manera paralela y articulada, y los recursos del canon podrían ayudar en ello.

En setiembre de este año se aprobó la ley 30848 que permite ampliar los usos del canon dentro de las regiones para el financiamiento de programas de vivienda social impulsados por el gobierno nacional^[4]. A pesar del impacto positivo en la población, lo cierto es que en el Perú se ha tendido a canalizar el aporte al desarrollo que podría tener la minería preferentemente a través del sector construcción –un común denominador de la mayoría de las propuestas recientes–. Este diseño refleja además un direccionamiento del canon hacia una lógica economicista pues este tipo de gasto conduce a aumentar el PBI regional y nacional en el corto plazo.

En la otra orilla, están retos no atendidos con este tipo de recursos como la lucha contra la anemia que presenta un alto índice en varias regiones con actividad minera. Como se sabe una respuesta a este problema requiere de una inversión menor en infraestructura y un mayor gasto corriente, siendo su abordaje clave y urgente para salvaguardar y fortalecer las capacidades humanas de corto y largo plazo de muchos compatriotas en situación de vulnerabilidad. Caminar en esta ruta, no obstante, requiere de un abordaje multidimensional e integral del desarrollo.

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[1] El canon se publica y se distribuye a las regiones en el mes de julio.

[2] Actualmente la mayoría de comunidades de zonas de influencia directa reciben ya un aporte social preferencial por parte de las empresas mineras, lo que ha generado importantes brechas de atención social respecto al resto de comunidades del mismo distrito y provincia.

[3] Incluye cobertura y calidad del servicio.

[4] Modificación del artículo 6 de la Ley del canon (Ley 27506):

6.2. […] También podrán ser utilizados para el financiamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo MIVIVIENDA, según corresponda. […]

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-datos-del-canon-minero-y-los-desafios-del-desarrollo-regional/

De los 32 conflictos que registró la Defensoría del Pueblo en la macro región centro, en el primer semestre del año, 23 son socio ambientalesasociados a la minería.

En el informe desarrollado por la Defensoría del Pueblo, se precisa que el 66.1% de conflictos socio ambientales son causados por la actividad de la minería, seguida del 13.4% a causa de los hidrocarburos y 9% por la energía.

En el caso de la macro región central, Ayacucho encabeza la lista con 11 conflictos de los cuales 10 son socio ambiental, 6 de ellos latentes y 4 activos. A esta le sigue la región Junín con 6 conflictos, 2 latentes y 4 activos. Asimismo, Pasco presenta 5 conflictos socio ambientales, 4 de ellos activo y 1 latente. Finalmente, Huánuco con 4 conflictos divididos equitativamente entre 2 latentes y 2 activos.

En general en todo el país los conflictos socio ambientales equivalen al 64.1%.  Las regiones en las que se registra mayor incidencia son en la sierra y selva, donde hay presencia de actividad minera, sea legal e ilegal.

A diferencia del año anterior la presencia de conflictos socio ambientales en la macro región centro ha crecido en un porcentaje de 8%, equivalente a 3 conflictos más que en el año pasado. Para agosto del 2017 la Defensoría registró a nivel nacional 121 conflictos socio ambientales, pero este año la cantidad se incrementó a 127 casos.

A pesar de este incremento existen regiones como Ayacucho y Pasco donde aún no se ha establecido dialogo entre la población y las empresas o entidades con la que se genera el conflicto lo cual puede generar que se activen y se conviertan en movilizaciones.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/m-s-del-70-de-conflictos-en-la-macro-regi-n-central-son-socio-ambientales-asociados-la-miner

Proyecto minero Mayra de Buenaventura estaría incumpliendo licencia social y ambiental, así lo aseguró el alcalde del distrito de Madrigal, Tomás Cerna en una entrevista con radio Victoria. el Presidente del Frente local, el Sr. Fructuoso, informó que los pobladores fueron a la zona donde se realiza el proyecto, y han notado la presencia de agua amarillenta que baja desde de la zona alta. Así se estaría contaminando la cabecera de cuenca del río Palca.

El proyecto Mayra se ubica en localidad de Madrigal, Chivay, provincia de Caylloma, y su titular es la empresa Minera Buenaventura. La empresa tiene 3 proyectos mineros adyacentes en la misma zona. Hace poco, fue aprobado su Estudio de Impacto ambiental semidetallado para la etapa de exploración.

Sin embargo, la población que vive cerca de la zona de influencia no está de acuerdo con la forma en que se realizaron los mecanismos de participación ciudadana, información y audiencia pública sobre el proyecto minera. Así lo ha comentado el alcalde Cerna, quien declaró que están evaluando presentar recursos administrativos en contra del proyecto.

El alcalde informó que la Presidencia del Consejo de Ministros ha planteado la conformación de una Mesa de diálogo en Chivay, sin embargo, aunque el día de hoy viernes 21 debieron llegar las autoridades de Lima y no lo han hecho. También, cuestionó, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) dio la autorización del uso de recursos hídricos en la de cabecera de cuenca a la empresa minera, afirma que ello pone en riesgo su localidad, y por ello han presentado un recurso de reconsideración.

El mes pasado, el diario La República reportó que los pobladores y alcaldes de los distritos realizaron una movilización en el Cercado de Arequipa reclamando que los trabajos de Buenaventura cesen porque estarían contaminando la cabecera de cuenca del río Palca, además de estar cerca del nevado Surihuiri.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/789-arequipa-rio-palca-estaria-siendo-contaminado-por-proyecto-minero-de-buenaventura

Un reciente libro que estudia a profundidad el conflicto de Las Bambas fue presentado la noche del miércoles por CooperAcción. Se trata de “Gobernanza y gobernabilidad: el caso Las Bambas”, del abogado y especialista en conflictos socioambientales, Leonidas Wiener. El libro muestra, a partir del caso Las Bambas, cómo los conflictos sociales se relacionan con la falta de equilibrios adecuados entre los intereses de los diversos actores involucrados en los modelos de gobernanza que se aplican a las actividades extractivas.

“¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la gobernabilidad de Las Bambas siempre está en cuestionamiento?”, se preguntó Wiener durante la presentación. Para entenderlo, detalló cómo los cambios en los estudios ambientales y en las prácticas de responsabilidad social tras la venta de Las Bambas a la empresa china MMG, llevaron a un cambio en los equilibrios que se habían construido en años anteriores entre el Estado, la empresa y los distintos sectores de la población que tenían algún tipo de interacción o eran afectados de alguna manera por el proyecto minero.

“En el caso de Las Bambas, la venta y las modificaciones en el EIA implicaron cambios que no fueron consultados. La poca transparencia y las leguleyadas que fueron utilizadas generaron una disminución significativa en la legitimidad del proyecto”, explicó el autor. Ello, sumado a otros aspectos, tales como los incumplimientos de compromisos de proyectos de inversión por parte del Estado, determinó una alteración en los equilibrios de gobernabilidad que se habían alcanzado en torno a Las Bambas, situación que dura hasta el día de hoy, según explicó.

Entre los principales cambios que llevaron a esta situación está el reemplazo del mineroducto por una carretera para el transporte constante de carga pesada; la exclusión de comunidades y localidades del área de influencia del proyecto; la ausencia de acciones para sanear la propiedad de los terrenos comunales utilizados para dicha carretera; todo ello realizado mediante los denominados informes técnicos sustentatorios (ITS) o modificatorias del EIA, que excluyeron los mecanismos de participación ciudadana y cuya aprobación se realizó bajo diversas irregularidades.

Wiener resaltó que a raíz de esta pérdida de legitimidad, el proyecto ha venido operando en medio de constantes protestas y estallidos de conflicto, lo que ha llevado a una también constante represión policial, producto de la cual han muerto cuatro personas. Además, ante la falta de capacidades de las autoridades gubernamentales para canalizar adecuadamente las diversas demandas sociales en torno a las Bambas, el proyecto minero adolece de altos déficits de gobernabilidad, lo cual ha devenido en la instauración de continuos estados de emergencia para garantizar las operaciones mineras, lo cual viene restringiendo los derechos de la ciudadanía.

Los comentarios al libro estuvieron a cargo de un destacado panel conformado por los docentes José Carlos Orihuela, economista por la PUCP, Iván Lanegra, especialista en derecho ambiental, y Anthony Bebbington de la Universidad de Clark, así como por Evelin Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac.

Orihuela señaló que las prácticas de “clientelismo corporativo”, tales como financiar fiestas, eventos deportivos, o compra de cerveza, pueden generar “eslabonamientos en la economía local y ese chorreo va a generar alguna gobernanza mientras la actividad económica lo permita”, pero que eso no es sostenible. “Tienes un boom de consumo, pero surgen las preguntas de la actividad económica como una actividad de largo plazo, sostenible”, cuestionó.

Por su parte, Bebbington recordó que al inicio Las Bambas se presentaba casi como un modelo nuevo de minería y relación con las comunidades. “¿Cómo es que terminó estallando de esta manera?”, se preguntó, y destacó la ausencia de una planificación de la relación entre la minería y el proceso de desarrollo regional. “Esto tiene que ver con una estrategia del Gobierno para hacer lo que se tenga que hacer para exportar cobre, el énfasis está en la exportación de cobre y no tanto en el desarrollo regional”, señaló.

La consejera regional Evelin Cavero señaló que “Apurímac no es una región antiminera, al contrario, convivimos con la minería. Pero esta actividad no ha ayudado a cerrar brechas, sino ha creado división”, señaló recordando los conflictos entre comunidades. Finalmente, el ex viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra concluyó que “los conflictos finalmente son expresión de las asimetrías, convertidas en violencia como consecuencia del fracaso del espacio institucional. La cuestión es cómo se distribuyen los riesgos y beneficios de la presencia de actividades de este tipo en el territorio”.

La publicación de este libro es parte de un esfuerzo constante de CooperAcción por entender la conflictividad social en el país como un síntoma de instituciones ambientales que necesitan ser fortalecidas para lograr equilibrios adecuados para una adecuada gobernanza de las actividades extractivas.

¿Cómo adquirirlo?

• El libro en versión digital puede descargarse de este enlace: http://cooperaccion.org.pe/publicaciones/gobernanza-y-gobernabilidad-el-caso-las-bambas/
• Para adquirir la versión física, puede comunicarse a los teléfonos 461 2223 / 461 3864 o acercarse a las oficinas de CooperAcción.

Fuente:https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/165f91b3a18c2ca3

Mientras el foco de atención se centra en la creciente tensión entre el Gobierno y el Congreso fujimorista por las reformas política y judicial que plantea el Ejecutivo, en el país también siguen latentes otros problemas, como el de los conflictos sociales que pueden desencadenar violencia en el futuro, alertó la Defensoría del Pueblo en su último reportes que enumera, detalla y clasifica estos sucesos.

En su último informe de agosto señala, bajo el rótulo de Alertas Tempranas, que hay amenaza de 24 conflictos en un total de 14 regiones del Perú, según Gestión. En el documento se detalla que los departamentos donde hay riesgo de un estillido social son Áncash, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco y San Martín.

También hay una alerta por un caso a nivel nacional debido a la convocatoria a una huelga indefinida para el 18 de setiembre de una facción del Sutep.

En el mismo reporte de alertas tempranas, la Defensoría pide que se atiendan los casos de Las Bambas, Quellaveco, Hudbay, Michiquillay, Chinalco, entre otros proyectos o minas que generan tensión social en sus zonas de influencia.

En datos

> En agosto se presentaron 196 conflictos, dos menos que el mes pasado. De este universo, 134 están activos, lo cual es un nuevo descenso desde el mes de junio.

> De los 196 casos, solo se dialoga en 80 de ellos. En julio había 82 procesos de conversación en marcha.

Además el informe señala que los conflictos socioambientales siguen liderando la lista, pues son 126, de los cuales 103 tienen como responsable de resolverlos al gobierno central.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2018/09/17/defensoria-del-pueblo-hay-amenaza-de-24-conflictos-en-un-total-de-14-regiones-del-peru/redaccionmulera/