Javier Bedía Prado
10/03/2026
En portada: Minería a cielo abierto en Espinar, Cusco.
El Poder Judicial de Cusco (Perú) dilata el proceso de amparo formulado por la comunidad campesina Huisa contra una empresa del grupo minero suizo Glencore, por contaminación del ambiente y daños a la salud de la población de la provincia cusqueña Espinar, donde el 36% del territorio está concesionado a la minería.

Entre mayo de 2025 y este marzo, el Juzgado Civil de Espinar reprogramó cinco veces la audiencia de la acción constitucional interpuesta por los comuneros a la compañía cuprífera Antapaccay, una de las principales productoras de concentrado de cobre del país. La última audiencia fue cancelada el 10 de marzo y reprogramada para el próximo 8 de abril.

En tres ocasiones, el motivo de suspensión de la audiencia argumentado por la sala judicial fue que no se pudo notificar a algunas de las instituciones estatales demandadas, al no encontrarse su domicilio legal.

“Al extender el tiempo, se le permite a la empresa ver formas de responder, tomar medidas para argumentar que sí atienden las afectaciones determinadas en estudios. No se busca reparar derechos vulnerados, sino desestimar responsabilidades. Hay una campaña abierta para desconocer los resultados de los estudios”, declaró a Avispa Mídia la politóloga Karina Castro, integrante de CooperaAcción.

El impacto ambiental de la mina a tajo abierto Antapaccay en la provincia cusqueña Espinar ha sido señalado por instituciones públicas. En noviembre de 2025, el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) sancionó a la empresa con una multa de 1,6 millones de dólares, debido a que excede los límites permitidos de emisiones de material particulado PM10. Los metales pesados contenidos en estas partículas microscópicas son un grave riesgo para la salud porque penetran profundamente en el sistema respiratorio.

La demanda de la comunidad Huisa, en la que también participa la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar, incluye a los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Salud; a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Actividades de Glencore en Perú.

Los vínculos entre la empresa y el Estado se manifiestan en la posición del propio Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). “En una reunión con la Plataforma de Personas Afectadas por Metales Tóxicos, el año pasado, funcionarios del OEFA les dijeron que su responsabilidad es apoyar que las actividades extractivas se desarrollen en el país, que era una prioridad y no iban a dificultarlas”, relata la especialista en conflictos mineros.

Las afectaciones socioambientales en Espinar llevan cuatro décadas, desde la entrada en actividad de la mina Tintaya, predecesora de Antapaccay. Glencore adquirió el yacimiento a la también suiza Xtrata en 2012.

Meses antes de la transacción, cuatro comuneros fueron asesinados y cerca de un centenar heridos por la policía en protestas contra las operaciones de Xtrata.
Contaminación comprobada

En esta provincia andina hay una crisis de salud pública causada por la megaminería. Según la Dirección Regional de Salud de Cusco y la Red de Salud Canas Canchis Espinar, el 58% de la población de Espinar presenta en la sangre altos niveles de arsénico, manganeso, cadmio, plomo y mercurio. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que el arsénico en sus formas inorgánicas es un carcinogénico comprobado tipo I y lo asocia con diversos tipos de cáncer, al igual que el cadmio.

De acuerdo a una variedad de estudios, la actividad de Antapaccay afecta, además del aire, fuentes de agua superficiales y subterráneas, así como los suelos, al ganado, la fauna silvestre y la flora. La causalidad, negada por la empresa y el Estado, se sostiene sobre evidencias desde el año 2010.

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) demostró que el agua que consume la población de Espinar contiene mercurio y arsénico. Puntualmente, las comunidades Huisa y Alto Huancané están expuestas a altos niveles de metales pesados.

“Más del 80% de la población está expuesta a metales pesados. Crecen la cantidad de niños con problemas de desarrollo relacionados a la exposición prolongada al plomo y los casos de cáncer; la tasa de enfermedades es alta. El impacto en su sustento económico es severo, la actividad agropecuaria casi desapareció, ya no les compran sus quesos, su leche porque su ganado se alimenta de pastos contaminados, y la población no tiene más opción que consumir estos productos. La crianza de truchas no funciona porque los peces se mueren”, indica la representante de la organización de justicia ambiental.
Protestas contra la minería a cielo abierto por parte de Glencore en Perú. Fotos: Cooperacción.

Informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), realizados entre 2022 y 2023, determinan que los efluentes de la zona de beneficio incumplen la norma de calidad de agua para irrigación y uso ganadero. Asimismo, que los lixiviados de botaderos y depósitos de relaves afectan aguas superficiales y subterráneas.

Estos resultados fueron respaldados por un especialista internacional, el experto en química Bernhard Wehrli, profesor del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, quien recomendó una actualización urgente de las evaluaciones de impacto sobre la salud.

En el estudio Glencore en el Perú, de Oxfam y CooperAcción, se recogen testimonios de habitantes de Espinar acerca de incidencias de muertes por cáncer y nacimientos de personas con discapacidades.

En este panorama de expectativas de formas de justicia y necesidades de asistencia médica, se generan tensiones entre las comunidades incluidas en el área de influencia y las que no lo están. Ante la destrucción de la dinámica económica tradicional, hay familias cuyos ingresos dependen de la mina, lo que marca más diferencias en el entorno comunitario.
Demanda de potencias

Antapaccay, considerada entre los principales activos de Glencore en Sudamérica, produce alrededor de 150,000 toneladas de concentrado de cobre al año. La extensión proyectada de su área hasta el año 2022 era de 20 mil hectáreas, con reservas de oro y plata.

A través del proyecto Coroccohuayco, el grupo suizo planea duplicar su producción de cobre en Espinar a 300,000 toneladas anuales, para lo que tendría que sumar 20 mil hectáreas a la zona de sacrificio de Espinar. Así, Glencore se propone extender la vida útil de Antapaccay – cuya productividad actualmente se estima hasta el año 2034- durante otras dos décadas. Esto implica la desaparición de 85% de la comunidad Pacopata, de acuerdo al informe Glencore en el Perú.

Las organizaciones en los territorios advierten negociaciones irregulares por parte de la compañía e información imprecisa sobre las dimensiones de Coroccohuayco, que aún no ha pasado por consulta previa.

Además, en diciembre de 2025 Glencore adquirió el proyecto de extracción de cobre Quechua, también a tajo abierto y en la provincia de Espinar.

La transnacional se expande en el cinturón cuprífero de la Cordillera de los Andes, en el contexto del aumento de la demanda de cobre -del que el Perú es segundo productor mundial- por parte de las dos potencias globales, China y Estados Unidos.

En enero, el país suscribió con Estados Unidos un memorándum de entendimiento para acelerar la extracción de minerales considerados críticos por Washington, requeridos por la industria militar y tecnológica.

“Vemos un ejercicio de poder de las empresas sobre el Estado, el intento de reducir, desaparecer la estructura de protección ambiental. Presumimos que se incrementarán las presiones, con el fondo de la transición a energías renovables promovida por China, con Estados Unidos como un actor más inescrupuloso. Es una tendencia que vemos que va a incrementarse y traerá más impactos, principalmente a las mujeres”, concluye la politóloga.

El poder de Glencore en el Perú incluye la participación del 33% en Antamina (región Áncash), uno de los mayores complejos polimetálicos del mundo.

La alta rentabilidad, las nulas responsabilidades y la escasa inversión de la industria minera en el Perú, más allá de sus costos de operaciones, anticipa, para los especialistas, un crecimiento incluso más agresivo de las zonas de sacrificio, este sí realmente crítico para la existencia de poblaciones campesinas de los Andes.

Perú: Bloquean demanda de comunidad contra minera suiza; denuncian contaminación y crisis sanitaria

04/03/2026
La minera canadiense Lupaka Gold busca en una corte federal de Washington confirmar un laudo por cerca de US$69 millones ligado a protestas que paralizaron la mina Invicta. Perú afirma estar dispuesto a cumplir.

La minera canadiense Lupaka Gold Corp. presentó una demanda en Estados Unidos para hacer exigible (confirmar) un laudo arbitral internacional de aproximadamente US$69 millones (incluidos intereses) contra el Estado peruano, en el marco de una disputa vinculada a protestas que paralizaron su operación en la mina Invicta, en Perú.

De acuerdo con la información difundida por la compañía, la acción judicial fue ingresada el 27 de febrero ante una corte federal en Washington (Distrito de Columbia) con el objetivo de que un juez estadounidense reconozca el laudo, paso que facilita la ejecución y eventuales embargos de activos dentro de jurisdicción estadounidense.
Perú dice estar dispuesto a cumplir y propone coordinación

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú señaló que se contactó con Lupaka antes de la demanda para transmitir su “predisposición” a cumplir el laudo y propuso reuniones de coordinación. El Estado, añadió, mantiene su compromiso de honrar sus obligaciones.

Un precedente seguido de cerca por el mercado

El caso ocurre en un contexto de creciente número de controversias inversionista–Estado que involucran a Perú. El reportaje menciona que esta sería al menos la segunda demanda reciente para cobrar laudos mediante tribunales de EE. UU., y recuerda el antecedente del consorcio aeroportuario Kuntur Wasi, que fue pagado tras un proceso de confirmación judicial en Estados Unidos.

Asimismo, Perú enfrenta una disputa de alto perfil con Brookfield Asset Management por Rutas de Lima, con un arbitraje por US$2.7 mil millones aún pendiente, mientras el municipio de Lima ya habría perdido arbitrajes relacionados por montos menores.
Por qué importa: señal para futuras decisiones de inversión

Para el sector minero, la relevancia va más allá de este caso puntual: la confirmación y ejecución de laudos se observa como un indicador de cumplimiento de obligaciones internacionales, lo que puede influir en la percepción de riesgo y en decisiones de asignación de capital en jurisdicciones con alta conflictividad social.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/03/lupaka-gold-demanda-peru-eeuu-laudo-69-millones-invicta

Gloria Alvitres | 26/01/2026
El conflicto social en torno al proyecto minero Tía María se mantiene latente. En Arequipa, las denuncias presentadas contra agricultores que protestaron a fines de 2025 vienen siendo archivadas de manera progresiva. En paralelo, dirigentes del Valle del Tambo se movilizaron hasta Lima para cuestionar la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental, que consideran caduco. Convoca.pe revisó el caso para comprender el estado actual del conflicto.

Alegando “problemas de sistema” se suspendió la audiencia programada para hoy en el Primer Juzgado Constitucional que iba a resolver la Acción de Amparo que solicita declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por Southern Peru Copper Corporation. En paralelo, en Arequipa, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra dirigentes del Valle de Tambo por las protestas realizadas contra el proyecto minero en 2025. En ese contexto, los dirigentes del valle realizan un plantón frente al Poder Judicial, en Lima, y sostienen que no cesarán las movilizaciones mientras continúe el avance del proyecto.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas respaldó en 2025 el reinicio del proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Peru Copper Corporation. La iniciativa avanza hacia su etapa de construcción, con la expectativa de iniciar operaciones comerciales en la segunda mitad de 2027. A este escenario se suman cuestionamientos legales sobre la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental que sustenta el proyecto, así como denuncias de criminalización de la protesta social.

David Velasco (Fedepaz), abogado de la defensa, señaló que los dirigentes fueron acusados sin pruebas individualizadas. “La Policía no tenía a quién acusar por las protestas pacíficas y se abrieron más de 40 investigaciones, prácticamente una por cada día de movilización, contra ‘quienes resulten responsables’. La acusación fue tan amplia que se terminó citando a los dirigentes más conocidos, pero sin fotos ni pruebas que los incriminen”, explicó.
protesta

La Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior denunció una supuesta comisión de delitos por parte de los manifestantes. A partir de estas denuncias, y también de oficio, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió investigaciones contra distintos pobladores del Valle del Tambo, pese a que no existían imputaciones ni sindicaciones directas en su contra. En todos los casos, las investigaciones se dirigieron formalmente contra “los que resulten responsables”, aunque de manera reiterada fueron citados los mismos 20 pobladores, según indicó David Velasco de Fedepaz.

Las investigaciones se iniciaron por presuntos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros, en el contexto de la paralización indefinida que comenzó el 18 de febrero de 2025 en el Valle del Tambo. En total, la Fiscalía abrió más de 40 investigaciones penales contra más de 20 residentes del valle, entre agricultores, transportistas y maestros, que se oponen al proyecto minero Tía María.

“Lo que existe es una criminalización por parte del Estado. A mí se me ha investigado incluso por declaraciones en medios de comunicación o publicaciones en Facebook, sin que existan pruebas o fotografías que demuestren bloqueos de carreteras”, afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo, en declaraciones a Convoca.pe.
planton

En notas anteriores, Convoca.pe dió a conocer la persecución sostenida contra dirigentes y defensores de derechos humanos que se oponen al proyecto minero. Entre 2011 y 2014, durante el periodo más álgido del conflicto por Tía María, ocho personas fallecieron. “La persecución continúa, pero no tienen pruebas”, sostuvo Meza.

El cuestionado estudio de Impacto Ambiental

“Nos encontramos en Lima en una comisión para exigir que se invalide el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Tía María porque es un atentado contra la agricultura y contra el río», afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo a Convoca.

En marzo de 2025, los habitantes del Valle de Tambo presentaron una demanda de amparo contra Southern Peru Copper Corporation, el Ministerio de Energía y Minas, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) solicitando que se declare la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, así como la nulidad de la resolución que autorizó la construcción de la planta de beneficio.
empresa

Respecto a Senace, el gobierno aprobó contra el reloj un decreto destinado a acelerar grandes inversiones mineras cómo reveló Convoca.pe el 2024. El ex ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aceleró la aprobación del Decreto Supremo 009-2024, mientras aún se desarrollaba el debate interno de la norma en las instancias técnicas competentes. Esta decisión se produjo en el marco de un discurso oficial orientado a la “reducción de la tramitología” como mecanismo para agilizar las inversiones mineras.
“El Estudio de Impacto Ambiental ha caducado porque fue presentado el 2013, ya no tiene sentido que lo sigan validando, además, tenía muchas fallas y cuestionamientos”, indicó Miguel Meza.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María vuelve a estar en el centro del debate. En un reportaje anterior, Convoca.pe revisó el expediente completo de aprobación del estudio, 35 tomos, con el apoyo de ingenieros ambientales independientes y contrastó los hallazgos con la consultora Geoservice Ingeniería, contratada por Southern Peru Copper Corporation para su elaboración. La revisión identificó graves inconsistencias en el manejo de las aguas y en el monitoreo de los impactos ambientales, además de revelar una historia poco conocida de interacciones entre el Ministerio de Energía y Minas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la propia consultora.

La audiencia programada para el día de hoy en el Primer Juzgado Constitucional fue suspendida alegando “problemas en el sistema” y se realizará en mayo, según informó Red Muqui a Convoca.

A las afueras del Poder Judicial, dirigentes, agricultores y pobladores del Valle del Tambo realizan un plantón para exigir que se revise el caso adecuadamente. Miguel Meza ha señalado que continuarán con futuras acciones de resistencia a la minera porque la consideran dañina para la agricultura.
https://convoca.pe/agenda-propia/tras-ser-absueltos-agricultores-del-valle-del-tambo-se-movilizan-en-lima-contra

26/01/2026

El conflicto social Cachicadán se suma a los episodios que marcan la agenda diaria en la sierra de La Libertad, donde las disputas por actividades extractivas mantienen en alerta a la población. En el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, comuneros y autoridades locales expresan preocupación por presuntos impactos ambientales vinculados a operaciones mineras en la zona. La tensión social se incrementó tras una intervención policial durante una jornada de protesta comunal.
¿Por qué se inició el conflicto social en Cachicadán?

Los pobladores del caserío de Tambillo acataron un paro indefinido como medida de protesta frente a la empresa minera Olga Victoria. Los comuneros denunciaron una presunta contaminación ambiental que afectó fuentes de agua utilizadas para consumo y actividades agrícolas. La protesta se sostuvo como una exigencia de garantías ambientales y protección de los recursos hídricos.
¿Qué rol cumplió la Policía Nacional durante la protesta?

Durante la movilización, se observó la presencia de un importante contingente de la Policía Nacional que se desplazó hasta la zona con el objetivo de resguardar el orden público. Sin embargo, comuneros cuestionaron la intervención policial al considerar que favoreció a la empresa minera, lo que intensificó el malestar social.
¿Qué cuestionamientos surgieron desde el ámbito político?

La situación generó reacciones en el ámbito político regional y nacional. Lorena Carranza, integrante de la Comisión Ordinaria de Defensa Nacional, emitió un comunicado donde exigió que las entidades competentes del Estado evalúen los hechos y adopten medidas frente al conflicto.
¿Qué exigen actualmente los comuneros de Cachicadán?

Los pobladores mantuvieron la medida de fuerza por más de diez días y advirtieron que no permitirán la reanudación de las operaciones mineras. Exigieron estándares ambientales claros que garanticen la preservación del agua y la salud de la población local.

Santiago de Chuco: Conflicto social por protesta minera y presencia policial

Los procesos penales se abrieron durante la paralización de 2025 y fueron cerrados al no identificarse responsables ni existir pruebas suficientes
Olenka Pizarro
25/01/2026
Tía María – Southern Perú

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra pobladores del Valle del Tambo que participaron en las protestas contra el proyecto minero Tía María, al concluir que no existían pruebas ni responsables identificados. Los procesos se iniciaron durante la paralización indefinida de febrero y marzo de 2025 y formaron parte de una serie de denuncias que organizaciones de derechos humanos han calificado como un intento de criminalización de la protesta social.
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Según informó la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió más de 40 investigaciones penales contra al menos 20 pobladores del Valle del Tambo —entre agricultores, transportistas y maestros— en el contexto de una paralización indefinida iniciada el 18 de febrero de 2025.

Las protestas se realizaron mediante marchas, plantones y otras manifestaciones públicas que, de acuerdo con FEDEPAZ, se desarrollaron de manera pacífica. No obstante, la Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior presentó denuncias por supuestos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros ilícitos, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.

Denuncias sin imputaciones directas
De acuerdo con la información proporcionada por FEDEPAZ, las investigaciones se abrieron pese a que no existían sindicaciones directas contra personas determinadas. En la mayoría de los casos, la Fiscalía señaló que los procesos se dirigían “contra los que resulten responsables”.

Sin embargo, siempre eran los mismos pobladores del Valle del Tambo quienes eran citados a rendir declaración, aun cuando las carpetas fiscales no contenían imputaciones individualizadas ni pruebas que los vincularan directamente con los hechos denunciados.

Siete carpetas fiscales finalmente archivadas
FEDEPAZ informó que, mediante la Disposición N.º 03-2025-MP-DFA-FPPC-ISLAY, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay resolvió archivar siete investigaciones correspondientes a las carpetas fiscales 324-2025, 328-2025, 360-2025, 363-2025, 378-2025 y 446-2025, las cuales fueron acumuladas posteriormente en la carpeta 327-2025.

Estas investigaciones estaban vinculadas a nueve presuntos hechos delictivos que, según las denuncias, habrían ocurrido entre el 24 de febrero y el 21 de marzo de 2025, periodo en el que se desarrolló la paralización indefinida en el Valle del Tambo.

La Fiscalía sustentó el archivo al concluir que no fue posible “introducir mediante otros actos de investigación datos sobre los presuntos responsables” y que no existían testigos de los hechos, por lo que correspondía ordenar el cierre de las investigaciones.
Defensa legal denuncia criminalización de la protesta

El abogado defensor de los investigados, David Velazco Rondón, señaló que estas investigaciones vulneraron derechos fundamentales de los pobladores del Valle del Tambo.

“No hay que perder de vista que estas falsas imputaciones y aperturas de investigaciones penales contra los defensores de derechos humanos y del ambiente vulneran sus derechos como ciudadanos, dado que el derecho a organizarse y realizar peticiones de diálogo o incluso llevar adelante protestas públicas pacíficas se encuentra reconocido en tratados internacionales de protección de derechos humanos y en la propia Constitución Política del Perú”, afirmó.

Velazco Rondón agregó que la decisión de archivar las investigaciones confirma que no existían elementos probatorios contra los denunciados.

“La decisión fiscal de archivar todas estas investigaciones, con el argumento de no haber obtenido prueba de la identidad de los presuntos responsables penales, prueba la existencia de una arbitraria decisión gubernamental de criminalizar injustamente a los defensores del ambiente y derechos humanos, incluso sin que exista indicio y menos prueba alguna de responsabilidad penal contra ellos”, sostuvo.

FEDEPAZ recordó que el conflicto en torno al proyecto minero Tía María se origina en la oposición sostenida de la población del Valle del Tambo, principalmente agricultores, frente a la intención de diferentes gobiernos de imponer el desarrollo del proyecto.

Según la organización, estudios técnicos elaborados por expertos independientes han advertido que el proyecto minero podría afectar gravemente la cantidad y calidad del agua en una zona dedicada a la producción agrícola de alta calidad, lo que explica el rechazo mayoritario de la comunidad local.

Finalmente, el abogado Velazco Rondón sostuvo que este tipo de procesos penales forman parte de una estrategia para desalentar la protesta social.

“Hay que denunciar este comportamiento del gobierno peruano, que a través de sus procuradurías públicas y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay solicitan e inician procesos dentro de lo que consideramos una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo, accionar que se debe rechazar y condenar por ser contrario a un Estado garantista y respetuoso de los derechos de todas y todos”, concluyó.
https://www.infobae.com/peru/2026/01/25/fiscalia-archiva-siete-investigaciones-contra-pobladores-del-valle-del-tambo-por-protestas-contra-tia-maria/

AP 20/11/2025

Mineros informales peruanos se manifiestan exigiendo al Congreso que apruebe una ley que legalizaría su trabajo, en Lima, Perú, el martes 18 de noviembre de 2025..
Martin Mejia – AP
LIMA (AP) — El Congreso de Perú se disponía a debatir el jueves si extiende por quinta vez un permiso temporal que habilitaría a miles de mineros informales a extraer oro y cobre hasta fines de 2027 sin ser sancionados por las autoridades reincorporando además a 50.000 permisos excluidos, en medio de protestas de trabajadores de ese sector frente a la sede del Poder Legislativo.

Los permisos se han postergado desde 2016 sin que ningún gobierno haya logrado empadronar y cobrar impuestos a miles de mineros que, según evidencias de la fiscalía, usan mercurio para extraer oro en zonas naturales protegidas, contaminan ríos de la Amazonía que brindan agua y peces a poblaciones indígenas, o han invadido concesiones mineras de terceros, la mayoría pequeños mineros formales.

En Perú existen tres tipos de minería: la formal que cumple todos los requisitos legales; la informal que es de menor magnitud, pero se encuentra en proceso de legalización por varios años; y la ilegal que opera en territorios prohibidos por la ley y tiene nexos con grupos criminales. Según las autoridades un número indeterminado de registros de mineros informales es aprovechado por grupos criminales que se involucran en la extracción de minerales atraídos por los altos precios mundiales del oro y cobre.

El martes una comisión parlamentaria de Energía y Minas aprobó un dictamen para ampliar la vigencia del permiso temporal, llamado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta el 31 de diciembre de 2027, que será sometido a debate a lo largo del jueves. Para convertirse en ley debe ser aprobado de forma mayoritaria por el pleno del Parlamento unicameral.

El gobierno del presidente José Jerí no ha indicado si promulgará la ley en caso de ser aprobada o la observará, lo que implicaría su envío al Congreso con observaciones para que modifique los puntos cuestionados.

«El dictamen aprobado es nefasto…lo que hace es favorecer la minería ilegal abiertamente», dijo a la radio RPP Nicolás Besich, coordinador general del laboratorio de ideas Videnza Instituto. Señaló que el dictamen suspende la eliminación ordenada por el gobierno en julio de 50.565 permisos mineros temporales para personas que no realizaban actividades mineras o que no habían realizado trámites para regularizarse por varios años.

Adicionalmente 31.560 permisos temporales mineros sí han sido apoyados por las autoridades porque sus titulares tienen deseos de formalizarse, según el gobierno. La cuarta ampliación de los permisos temporales se realizó en junio y el Congreso indicó esa vez que la extensión, que finaliza a fines de 2025, era por “única vez”.

Las discusiones por la extensión temporal de los permisos ocurren a pocos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril y muchos de los congresistas buscan ganar la simpatía de los mineros informales que suman entre 300.000 y 500.000, según la fiscalía y datos de los propios mineros.

La Comunidad Andina —que integran Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia— dictaminó en octubre que Perú no está cumpliendo con sus compromisos para frenar la minería ilegal de oro. La organización ordenó a Perú finalizar las extensiones de los permisos temporales mineros, confiscar maquinaria de la minería ilegal, y señaló que en caso de que no ocurra, el país podría sufrir sanciones comerciales.

Cada vez que los mineros informales han logrado extender sus permisos temporales han protestado previamente por días de manera multitudinaria en los alrededores del Parlamento y a diferencia de las protestas antigubernamentales que exigen la remoción del presidente no han sido desalojados ni dispersados por la policía.

A mediados de año el gobierno dijo que la minería ilegal era más lucrativa que el narcotráfico y la fiscalía calculó que esta actividad genera unos 7.000 millones de dólares anuales.

Perú produce alrededor de 100 toneladas de oro por año, pero otras 40 toneladas se producen de forma ilegal e informal, según cálculos del Ministerio de Energía y Minas.

https://lancasteronline.com/lavoz/latinoamerica-y-caribe/congreso-de-per-debate-quinta-extensi-n-hasta-2027-de-permisos-para-operar-minas-informales/article_e6fdc594-e747-5786-a603-f42c36fcb62b.html

La movilización provocó un severo caos vehicular en el Cercado de Lima, afectando el tránsito hacia zonas como el Rímac, San Juan de Lurigancho y Barrios Altos.
17/11/2025

La mañana de este lunes dejó una imagen repetida pero cada vez más intensa: cientos de mineros informales tomaron la avenida Abancay y sus alrededores para exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y la reincorporación de miles de expedientes excluidos. La protesta, que se concentra frente al Congreso de la República, se desarrolla a pocas horas de que la Comisión de Energía y Minas debata un predictamen que extendería el proceso hasta diciembre de 2027.

La movilización provocó un severo caos vehicular en el Cercado de Lima, afectando el tránsito hacia zonas como el Rímac, San Juan de Lurigancho y Barrios Altos. Las avenidas y jirones Áncash, Junín y Abancay permanecieron bloqueados por varias horas mientras los manifestantes prometían permanecer en la zona de manera indefinida.
¿Por qué protestan los mineros informales?

La principal demanda gira en torno a dos puntos:

Extender el REINFO hasta 2027, como plantea el nuevo predictamen.
Permitir el reingreso de alrededor de 50 mil mineros excluidos del padrón.

El REINFO es una herramienta creada por el Estado para ordenar y formalizar la actividad minera artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, su avance ha sido lento y polémico. Cada ampliación ha generado debates sobre su eficacia, el riesgo de incentivar la minería ilegal y las limitaciones del propio Estado para fiscalizar.

¿Qué significa extender el REINFO?
Para los manifestantes, representa una oportunidad para regularizar su actividad y seguir operando sin ser considerados ilegales. Para parte del Congreso y de especialistas, se trata de una medida que debe ser acompañada de mayor control y reformas estructurales.
Predictamen listo para debate: ¿qué contempla?

El documento que será analizado este martes por la Comisión de Energía y Minas ya fue colgado en el sistema parlamentario. Su propuesta central es ampliar el REINFO por dos años más, hasta diciembre de 2027, lo que ha generado expectativa entre mineros y operadores del sector.

Entre sus disposiciones más relevantes, el predictamen propone:

Prórroga del REINFO hasta fines de 2027.
Reapertura para el reingreso de expedientes previamente excluidos.
Adecuaciones normativas para pequeños productores y mineros artesanales.

Para los dirigentes mineros, este punto es crucial: la exclusión masiva de expedientes en los últimos años dejó fuera a miles de trabajadores que ahora exigen volver al proceso.
Roberto Sánchez respalda ampliación por cinco años

Durante la protesta, uno de los protagonistas fue el congresista Roberto Sánchez, quien subió a un vehículo para dirigirse a los manifestantes. En medio de arengas y banderas, el parlamentario sostuvo que dos años no son suficientes y que la ampliación debería extenderse hasta cinco años, un plazo que considera más realista para cumplir con los requisitos de formalización.

“¡Viva el pueblo minero!”, exclamó entre aplausos. Sánchez también llamó a los manifestantes a mantenerse vigilantes y movilizados, calificando su reclamo como “una lucha justa y necesaria”.

Su postura anticipa que el debate en la Comisión podría dividir posiciones entre quienes respaldan una extensión mayor y quienes consideran que el proceso debe tener límites más estrictos.
Tensión sin enfrentamientos en el centro de Lima

A pesar del bloqueo prolongado, la jornada se mantiene sin enfrentamientos. Efectivos de la Policía Nacional intentaron confinar la protesta a un carril de la avenida Abancay, pero no lograron replegar a los manifestantes.

El tránsito desde el Parque Universitario hasta el Puente Hacho permanece restringido, provocando malestar entre transportistas y peatones. Comerciantes de la zona también reportaron afectaciones por la presencia masiva de manifestantes y el cierre parcial de vías.
¿Qué puede pasar en las próximas horas?

Con los mineros instalados frente al Parlamento y el predictamen en agenda, se esperan tres posibles escenarios:

Que la Comisión de Energía y Minas apruebe el predictamen, lo que podría reducir la tensión, aunque el Pleno también deberá debatirlo.
Que se postergue el debate, lo que podría intensificar las protestas.
Que se rechace o modifique sustancialmente el texto, lo que abriría una nueva fase de movilización.

La protesta, según los dirigentes, se mantendrá de manera indefinida hasta que exista una decisión concreta del Congreso.

Marcha minera toma Abancay: piden ampliar el REINFO hasta 2027

Convoca 22/10/2025
Representantes del Valle del Tambo llegaron a Lima para presentar una medida cautelar mediante el abogado Rodrigo Lauracio debido a que cuestionan la legalidad del proyecto. En entrevista con Convoca.pe, los líderes sociales señalaron que evalúan iniciar protestas sino son escuchados por el gobierno de José Jerí.

El proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern Copper en la región Arequipa, sigue generando controversia. Los representantes del Valle del Tambo denuncian irregularidades en el proyecto minero Tía María, que es operado por la empresa Southern Cooper.

Durante una conferencia de prensa organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los líderes sociales denunciaron serias irregularidades que comprometen su viabilidad legal y social.
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El abogado de Red Muqui, Rodrigo Lauracio, informó que la empresa no cuenta con licencia de uso de agua, un requisito fundamental para autorizar cualquier actividad extractiva en el país. La empresa habría indicado que utilizaría aguas subterráneas, pero la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no ha emitido ninguna autorización al respecto. Esta situación constituye, según Lauracio, un acto irregular que pone en cuestión todo el proceso de autorización del proyecto.

También se alertó sobre la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. Este documento, aprobado en 2014, ya superó su periodo de vigencia de cinco años. A pesar de ello, fue utilizado en 2019 para autorizar la construcción del proyecto, y nuevamente en 2025 se ha usado como base para el inicio de actividades extractivas. Esto representa un incumplimiento normativo que podría invalidar las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

En entrevista con Convoca, el vocero de los pobladores del Valle del Tambo, Miguel Meza, señaló que no existe respaldo social para el proyecto y recordó que en una consulta vecinal realizada por los agricultores en el año 2009, el 97 % de la población expresó su rechazo.

Meza agregó que no existe ningún trámite registrado ante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) sobre la supuesta desalinización de agua de mar, propuesta por la empresa como alternativa para no afectar el recurso hídrico del valle.

«No hay ningún trámite desde la municipalidad como también en la capitanía del puerto, DICAPI. No existe. Entonces, ¿cómo le otorga esta resolución directoral del Ministerio de Energía y Minas este año?», cuestionó el vocero.

Oscar Rodríguez, director de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, aprobó el 13 de octubre el inicio de actividades de explotación a la minera Southern Perú Copper Corporation. De esta manera, el gobierno de José Jerí reactiva el conflicto del proyecto minero Tía María.

Meza también denunció un cambio de postura por parte del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien anteriormente se comprometió con la defensa de la agricultura local, pero que ahora es señalado por los dirigentes como alineado con los intereses de la minera.

En la conferencia se expuso, además, la situación de criminalización que enfrentan los dirigentes y pobladores del valle. Entre 2011 y 2014, ocho personas perdieron la vida en el contexto del conflicto con la misma empresa. Actualmente hay dos personas en prisión, cuatro en la clandestinidad y decenas de carpetas fiscales abiertas contra líderes sociales. Se denunció también un constante seguimiento policial a Meza.

Los representantes del Valle del Tambo —Paulina Bobadilla, Agripina Paucar, Vilma Bobadilla y

Miguel Meza— señalaron que, de no obtener respuesta de parte del Ministerio de Energía y Minas o del Poder Ejecutivo, iniciarán una nueva movilización en defensa del agua, la agricultura y el territorio. Reiteraron su decisión de evitar un nuevo conflicto social y exigieron atención urgente a sus demandas.
https://convoca.pe/agenda-propia/tia-maria-lideres-del-valle-del-tambo-evaluan-protestas-y-cuestionan-legalidad-del

22/10/2025
Voceros del Valle de Tambo arribaron a Lima para manifestar su rechazo al proyecto Tía María impulsado por el gobierno de Jerí. Ante su inviabilidad legal y social, interpondrán una medida cautelar que busca frenar el inicio de las actividades de explotación.

La caducidad del EIA sería un incumplimiento normativo que podría invalidar la decisión de poner en marcha Tía María. Foto: Marco Cotrina/LR
Luego de conocer la decisión del gobierno de autorizar el inicio de las actividades de explotación de Tía María, los agricultores del Valle de Tambo, acompañados de abogados de organizaciones de sociedad civil, anunciaron que interpondrán una medida cautelar ante el Poder Judicial para frenar los efectos jurídicos de la resolución que dio luz verde al proyecto minero a cargo de Southern Copper Corporation.

En conferencia de prensa, el dirigente Miguel Meza calificó como una «imposición» la actitud del Poder Ejecutivo, que no ha respetado el mayoritario rechazo de la población expresado desde el 2009 en la consulta popular realizada en seis distritos de Islay. Asimismo, cuestionó el hecho de darle luz verde a Southern, pese a que no cuenta con el permiso de uso de agua requerido ni el derecho de servidumbre

«¿Cómo le otorgan esta resolución ministerial a Southern? Su estudio de Impacto Ambiental está caduco, no tiene la servidumbre y no cuenta con autorización de uso de agua. Recordemos que, su primer EIA era un mamarracho y respecto a su segundo estudio, dijeron que iban a sacar agua del mar. Hace días estuve conversando con la alcaldesa de Mejía y me informó que no hay trámite ante la municipalidad o Dicapi», manifestó.

De igual forma, recordó que hasta el momento, ningún representante del gobierno se ha acercado a dialogar con la población del Valle de Tambo, pese a que se han cursado invitaciones anteriormente tanto a la expresidenta Dina Boluarte como a sus ministros de Estado. Por lo pronto, insistirá en este pedido ante el mandatario José Jerí y el gabinete ministerial, aunque reconoce no tener muchas expectativas al respecto.

Meza informó que en los próximos días se convocará a una asamblea popular para decidir las acciones a tomar en rechazo al proyecto Tía María. Para este propósito, se ha conformado una comisión que dialogará con otras organizaciones sociales y ya está en funciones un Comando de Lucha en el Valle de Tambo que liderará la presión en las calles.

Inicio de Tía María podría frenarse

Según explicó David Velazco, director Ejecutivo de Fedepaz, ya existe una demanda de amparo contra las autoridades ambientales y la propia empresa de capitales mexicanos que fue presentada a fines de marzo de este año. El cuestionamiento central se centra en la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que caducó en el 2019.

«Estamos cuestionando la vigencia del EIA a través de la demanda de amparo que hemos presentado ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima. Este jueves, vamos a plantear una medida cautelar, de manera preventiva, y esperamos que el Poder Judicial suspenda los efectos de esta resolución directoral que autoriza las actividades de explotación hasta que se resuelva el pedido principal que tiene que ver con la caducidad del Estudio de Impacto ambiental», indicó a este medio.

En la misma línea, estimó que el Poder Judicial debe emitir un pronunciamiento en unos 30 días y el tema de fondo podría resolverse a fines de diciembre o inicios de enero del próximo año. A su juicio, existen las pruebas necesarios para conseguir un fallo exitoso, puesto que un EIA tiene solo cinco años de vigencia, y el estudio presentado y aprobado data del 2014

Por su parte, Rodrigo Lauracio, miembro del equipo legal de la Red Muqui, recordó que los pobladores del Valle de Tambo han agotado todas las vías administrativas necesarias antes de recurrir a la instancia judicial. Y es que, ellos presentaron un pedido de nulidad ante la Dirección General de Minería y solicitaron al Senace incorporarse como tercero en el procedimiento administrativo. No obstante, estos recursos fueron desestimados.

«Senace han sostenido que los pobladores no tenían un interés legítimo para intervenir en este procedimiento de evaluación de la caducidad del EIA. Esto claramente es una negativa y por lo tanto, la vía que correspondía era judicializar el caso a través de una demanda de amparo. Una vez llevada la audiencia el 18 de diciembre, el juez tiene el plazo de 10 días para emitir una decisión. Para los primeros días del 2026, deberíamos tener una sentencia, que consideramos debería ser favorable porque tenemos los medios probatorios para acreditar que el EIA ha perdido vigencia», anotó.

Dirigentes denuncian criminalización y evalúan protestas

En la conferencia de prensa, también participaron otras representantes del Valle de Tambo como Agripina Páucar, Paulina Bobadilla y Vilma Bobadilla. Ellas denunciaron que el proyecto Tía María supone una amenaza de contaminación de su medio natural agrícola y advirtieron una posible afectación al ecosistema frágil de Lomas de Cachendo.

De no obtener respuesta por parte de los integrantes del gobierno de José Jerí, no dudarán en retomar las movilizaciones para defender el agua, su territorio y fuentes de vida. Recordaron que entre el 2011 y 2014, siete peruanos perdieron la vida durante las protestas, dos se encuentran en prisión y existe una estrategia de criminalización contra los líderes sociales.

En otro momento, Meza se refirió a las declaraciones del CEO de Southern Perú, Raúl Jacob, quien anunció que concluirá la parte de la construcción de la mina y de apertura para la segunda parte del 2027, así como resaltó las bondades económicas de Tía María. Para Meza, la agricultura es la actividad que mayor trabajo les da a los pobladores.

«En el Valle de Tambo, el jornal de trabajo es de S/110 y S/120 y falta personal para trabajar la chacra. En su propio EIA, señalan que generan 700 empleos directos, de las cuales, el 90% es para mano calificada y el 10% que no tienen una carrera. Resulta que las políticas mineras buscan ensalzar las bondades económicas a costa de la agricultura y el ambiente sostenible», sentenció.
https://larepublica.pe/economia/2025/10/22/tia-maria-agricultores-del-valle-de-tambo-presentaran-medida-cautelar-para-suspender-ejecucion-de-proyecto-minero-a-cargo-de-southern-arequipa-hnews-1615768

Proyecto de cobre es rechazado por la población del valle del Tambo. En protestas realizadas en el 2011 y 2014, se produjo la muerte de siete personas (seis manifestantes y un policía).
16/10/2025
Foto: Defensoría del Pueblo
El pasado 13 de octubre, a través de la Resolución Directoral 0692-2025-MINEM/DGM, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto Tía María, a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay (Arequipa).

Según la resolución, la empresa cumplió con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros, entre ellos la acreditación de la propiedad de los terrenos superficiales. Asimismo, señala que el proyecto cuenta con el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado mediante la Resolución Directoral 392-2014-MEM-DGAAM y con el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), en 2021.

El Minem también resaltó que en este caso “no corresponde iniciar procedimiento de consulta previa” porque sobre el área de influencia directa “no hay presencia de pueblos indígenas u originarios”.

Conflicto que cobró siete vidas

El proyecto Tía María tiene como objetivo la extracción de cobre, con una inversión estimada en $ 1400 millones. Fue anunciado en el 2003, pero fue paralizado tras las protestas iniciadas entre marzo y abril de 2011, las cuales causaron la muerte de tres personas.

Los principales opositores son los habitantes del valle del Tambo, quienes se oponen al proyecto porque temen que las actividades mineras a cielo abierto contaminen el aire de la zona, así como las aguas del río Tambo, utilizado por los agricultores de los distritos de Islay, Dean Valdivia y Cocachacra.

En el 2009, la empresa presentó un estudio de impacto ambiental (EIA), pero en el 2011 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) encontró 138 observaciones al estudio de impacto ambiental (EIA), sobre todo relacionadas con el agua y el polvo minero.

Tras una modificación del EIA, presentada en el 2013, la empresa aseguró que no usaría agua del río Tambo, sino agua de mar. Sin embargo, la población no dejó de oponerse, y en el 2014 se produjeron nuevas protestas que cobraron la vida de cuatro personas (tres manifestantes y un policía).

Según la Red Muqui, desde 2024, “las organizaciones del valle vienen cuestionando la legalidad y legitimidad del EIA, denunciando que Tía María no cuenta con licencia de uso de agua ni con licencia social”.

En marzo de 2025, agrega la organización, la población presentó una demanda de amparo solicitando la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el EIA, así como la nulidad de la resolución que autorizó la construcción de la planta de beneficio de dicho proyecto.

Minem autorizó inicio de actividades del proyecto minero Tía María