Gloria Alvitres | 26/01/2026
El conflicto social en torno al proyecto minero Tía María se mantiene latente. En Arequipa, las denuncias presentadas contra agricultores que protestaron a fines de 2025 vienen siendo archivadas de manera progresiva. En paralelo, dirigentes del Valle del Tambo se movilizaron hasta Lima para cuestionar la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental, que consideran caduco. Convoca.pe revisó el caso para comprender el estado actual del conflicto.

Alegando “problemas de sistema” se suspendió la audiencia programada para hoy en el Primer Juzgado Constitucional que iba a resolver la Acción de Amparo que solicita declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por Southern Peru Copper Corporation. En paralelo, en Arequipa, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra dirigentes del Valle de Tambo por las protestas realizadas contra el proyecto minero en 2025. En ese contexto, los dirigentes del valle realizan un plantón frente al Poder Judicial, en Lima, y sostienen que no cesarán las movilizaciones mientras continúe el avance del proyecto.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio de Energía y Minas respaldó en 2025 el reinicio del proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Peru Copper Corporation. La iniciativa avanza hacia su etapa de construcción, con la expectativa de iniciar operaciones comerciales en la segunda mitad de 2027. A este escenario se suman cuestionamientos legales sobre la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental que sustenta el proyecto, así como denuncias de criminalización de la protesta social.

David Velasco (Fedepaz), abogado de la defensa, señaló que los dirigentes fueron acusados sin pruebas individualizadas. “La Policía no tenía a quién acusar por las protestas pacíficas y se abrieron más de 40 investigaciones, prácticamente una por cada día de movilización, contra ‘quienes resulten responsables’. La acusación fue tan amplia que se terminó citando a los dirigentes más conocidos, pero sin fotos ni pruebas que los incriminen”, explicó.
protesta

La Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior denunció una supuesta comisión de delitos por parte de los manifestantes. A partir de estas denuncias, y también de oficio, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió investigaciones contra distintos pobladores del Valle del Tambo, pese a que no existían imputaciones ni sindicaciones directas en su contra. En todos los casos, las investigaciones se dirigieron formalmente contra “los que resulten responsables”, aunque de manera reiterada fueron citados los mismos 20 pobladores, según indicó David Velasco de Fedepaz.

Las investigaciones se iniciaron por presuntos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros, en el contexto de la paralización indefinida que comenzó el 18 de febrero de 2025 en el Valle del Tambo. En total, la Fiscalía abrió más de 40 investigaciones penales contra más de 20 residentes del valle, entre agricultores, transportistas y maestros, que se oponen al proyecto minero Tía María.

“Lo que existe es una criminalización por parte del Estado. A mí se me ha investigado incluso por declaraciones en medios de comunicación o publicaciones en Facebook, sin que existan pruebas o fotografías que demuestren bloqueos de carreteras”, afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo, en declaraciones a Convoca.pe.
planton

En notas anteriores, Convoca.pe dió a conocer la persecución sostenida contra dirigentes y defensores de derechos humanos que se oponen al proyecto minero. Entre 2011 y 2014, durante el periodo más álgido del conflicto por Tía María, ocho personas fallecieron. “La persecución continúa, pero no tienen pruebas”, sostuvo Meza.

El cuestionado estudio de Impacto Ambiental

“Nos encontramos en Lima en una comisión para exigir que se invalide el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Tía María porque es un atentado contra la agricultura y contra el río», afirmó Miguel Meza, dirigente del Valle del Tambo a Convoca.

En marzo de 2025, los habitantes del Valle de Tambo presentaron una demanda de amparo contra Southern Peru Copper Corporation, el Ministerio de Energía y Minas, Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) solicitando que se declare la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, así como la nulidad de la resolución que autorizó la construcción de la planta de beneficio.
empresa

Respecto a Senace, el gobierno aprobó contra el reloj un decreto destinado a acelerar grandes inversiones mineras cómo reveló Convoca.pe el 2024. El ex ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aceleró la aprobación del Decreto Supremo 009-2024, mientras aún se desarrollaba el debate interno de la norma en las instancias técnicas competentes. Esta decisión se produjo en el marco de un discurso oficial orientado a la “reducción de la tramitología” como mecanismo para agilizar las inversiones mineras.
“El Estudio de Impacto Ambiental ha caducado porque fue presentado el 2013, ya no tiene sentido que lo sigan validando, además, tenía muchas fallas y cuestionamientos”, indicó Miguel Meza.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María vuelve a estar en el centro del debate. En un reportaje anterior, Convoca.pe revisó el expediente completo de aprobación del estudio, 35 tomos, con el apoyo de ingenieros ambientales independientes y contrastó los hallazgos con la consultora Geoservice Ingeniería, contratada por Southern Peru Copper Corporation para su elaboración. La revisión identificó graves inconsistencias en el manejo de las aguas y en el monitoreo de los impactos ambientales, además de revelar una historia poco conocida de interacciones entre el Ministerio de Energía y Minas, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la propia consultora.

La audiencia programada para el día de hoy en el Primer Juzgado Constitucional fue suspendida alegando “problemas en el sistema” y se realizará en mayo, según informó Red Muqui a Convoca.

A las afueras del Poder Judicial, dirigentes, agricultores y pobladores del Valle del Tambo realizan un plantón para exigir que se revise el caso adecuadamente. Miguel Meza ha señalado que continuarán con futuras acciones de resistencia a la minera porque la consideran dañina para la agricultura.
https://convoca.pe/agenda-propia/tras-ser-absueltos-agricultores-del-valle-del-tambo-se-movilizan-en-lima-contra

26/01/2026

El conflicto social Cachicadán se suma a los episodios que marcan la agenda diaria en la sierra de La Libertad, donde las disputas por actividades extractivas mantienen en alerta a la población. En el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, comuneros y autoridades locales expresan preocupación por presuntos impactos ambientales vinculados a operaciones mineras en la zona. La tensión social se incrementó tras una intervención policial durante una jornada de protesta comunal.
¿Por qué se inició el conflicto social en Cachicadán?

Los pobladores del caserío de Tambillo acataron un paro indefinido como medida de protesta frente a la empresa minera Olga Victoria. Los comuneros denunciaron una presunta contaminación ambiental que afectó fuentes de agua utilizadas para consumo y actividades agrícolas. La protesta se sostuvo como una exigencia de garantías ambientales y protección de los recursos hídricos.
¿Qué rol cumplió la Policía Nacional durante la protesta?

Durante la movilización, se observó la presencia de un importante contingente de la Policía Nacional que se desplazó hasta la zona con el objetivo de resguardar el orden público. Sin embargo, comuneros cuestionaron la intervención policial al considerar que favoreció a la empresa minera, lo que intensificó el malestar social.
¿Qué cuestionamientos surgieron desde el ámbito político?

La situación generó reacciones en el ámbito político regional y nacional. Lorena Carranza, integrante de la Comisión Ordinaria de Defensa Nacional, emitió un comunicado donde exigió que las entidades competentes del Estado evalúen los hechos y adopten medidas frente al conflicto.
¿Qué exigen actualmente los comuneros de Cachicadán?

Los pobladores mantuvieron la medida de fuerza por más de diez días y advirtieron que no permitirán la reanudación de las operaciones mineras. Exigieron estándares ambientales claros que garanticen la preservación del agua y la salud de la población local.

Santiago de Chuco: Conflicto social por protesta minera y presencia policial

Los procesos penales se abrieron durante la paralización de 2025 y fueron cerrados al no identificarse responsables ni existir pruebas suficientes
Olenka Pizarro
25/01/2026
Tía María – Southern Perú

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales abiertas contra pobladores del Valle del Tambo que participaron en las protestas contra el proyecto minero Tía María, al concluir que no existían pruebas ni responsables identificados. Los procesos se iniciaron durante la paralización indefinida de febrero y marzo de 2025 y formaron parte de una serie de denuncias que organizaciones de derechos humanos han calificado como un intento de criminalización de la protesta social.
Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas
Te puede interesar: Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

Según informó la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay abrió más de 40 investigaciones penales contra al menos 20 pobladores del Valle del Tambo —entre agricultores, transportistas y maestros— en el contexto de una paralización indefinida iniciada el 18 de febrero de 2025.

Las protestas se realizaron mediante marchas, plantones y otras manifestaciones públicas que, de acuerdo con FEDEPAZ, se desarrollaron de manera pacífica. No obstante, la Procuraduría Pública de Orden Interno del Ministerio del Interior presentó denuncias por supuestos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros ilícitos, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.

Denuncias sin imputaciones directas
De acuerdo con la información proporcionada por FEDEPAZ, las investigaciones se abrieron pese a que no existían sindicaciones directas contra personas determinadas. En la mayoría de los casos, la Fiscalía señaló que los procesos se dirigían “contra los que resulten responsables”.

Sin embargo, siempre eran los mismos pobladores del Valle del Tambo quienes eran citados a rendir declaración, aun cuando las carpetas fiscales no contenían imputaciones individualizadas ni pruebas que los vincularan directamente con los hechos denunciados.

Siete carpetas fiscales finalmente archivadas
FEDEPAZ informó que, mediante la Disposición N.º 03-2025-MP-DFA-FPPC-ISLAY, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay resolvió archivar siete investigaciones correspondientes a las carpetas fiscales 324-2025, 328-2025, 360-2025, 363-2025, 378-2025 y 446-2025, las cuales fueron acumuladas posteriormente en la carpeta 327-2025.

Estas investigaciones estaban vinculadas a nueve presuntos hechos delictivos que, según las denuncias, habrían ocurrido entre el 24 de febrero y el 21 de marzo de 2025, periodo en el que se desarrolló la paralización indefinida en el Valle del Tambo.

La Fiscalía sustentó el archivo al concluir que no fue posible “introducir mediante otros actos de investigación datos sobre los presuntos responsables” y que no existían testigos de los hechos, por lo que correspondía ordenar el cierre de las investigaciones.
Defensa legal denuncia criminalización de la protesta

El abogado defensor de los investigados, David Velazco Rondón, señaló que estas investigaciones vulneraron derechos fundamentales de los pobladores del Valle del Tambo.

“No hay que perder de vista que estas falsas imputaciones y aperturas de investigaciones penales contra los defensores de derechos humanos y del ambiente vulneran sus derechos como ciudadanos, dado que el derecho a organizarse y realizar peticiones de diálogo o incluso llevar adelante protestas públicas pacíficas se encuentra reconocido en tratados internacionales de protección de derechos humanos y en la propia Constitución Política del Perú”, afirmó.

Velazco Rondón agregó que la decisión de archivar las investigaciones confirma que no existían elementos probatorios contra los denunciados.

“La decisión fiscal de archivar todas estas investigaciones, con el argumento de no haber obtenido prueba de la identidad de los presuntos responsables penales, prueba la existencia de una arbitraria decisión gubernamental de criminalizar injustamente a los defensores del ambiente y derechos humanos, incluso sin que exista indicio y menos prueba alguna de responsabilidad penal contra ellos”, sostuvo.

FEDEPAZ recordó que el conflicto en torno al proyecto minero Tía María se origina en la oposición sostenida de la población del Valle del Tambo, principalmente agricultores, frente a la intención de diferentes gobiernos de imponer el desarrollo del proyecto.

Según la organización, estudios técnicos elaborados por expertos independientes han advertido que el proyecto minero podría afectar gravemente la cantidad y calidad del agua en una zona dedicada a la producción agrícola de alta calidad, lo que explica el rechazo mayoritario de la comunidad local.

Finalmente, el abogado Velazco Rondón sostuvo que este tipo de procesos penales forman parte de una estrategia para desalentar la protesta social.

“Hay que denunciar este comportamiento del gobierno peruano, que a través de sus procuradurías públicas y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay solicitan e inician procesos dentro de lo que consideramos una estrategia de amedrentamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente del Valle del Tambo, accionar que se debe rechazar y condenar por ser contrario a un Estado garantista y respetuoso de los derechos de todas y todos”, concluyó.
https://www.infobae.com/peru/2026/01/25/fiscalia-archiva-siete-investigaciones-contra-pobladores-del-valle-del-tambo-por-protestas-contra-tia-maria/

AP 20/11/2025

Mineros informales peruanos se manifiestan exigiendo al Congreso que apruebe una ley que legalizaría su trabajo, en Lima, Perú, el martes 18 de noviembre de 2025..
Martin Mejia – AP
LIMA (AP) — El Congreso de Perú se disponía a debatir el jueves si extiende por quinta vez un permiso temporal que habilitaría a miles de mineros informales a extraer oro y cobre hasta fines de 2027 sin ser sancionados por las autoridades reincorporando además a 50.000 permisos excluidos, en medio de protestas de trabajadores de ese sector frente a la sede del Poder Legislativo.

Los permisos se han postergado desde 2016 sin que ningún gobierno haya logrado empadronar y cobrar impuestos a miles de mineros que, según evidencias de la fiscalía, usan mercurio para extraer oro en zonas naturales protegidas, contaminan ríos de la Amazonía que brindan agua y peces a poblaciones indígenas, o han invadido concesiones mineras de terceros, la mayoría pequeños mineros formales.

En Perú existen tres tipos de minería: la formal que cumple todos los requisitos legales; la informal que es de menor magnitud, pero se encuentra en proceso de legalización por varios años; y la ilegal que opera en territorios prohibidos por la ley y tiene nexos con grupos criminales. Según las autoridades un número indeterminado de registros de mineros informales es aprovechado por grupos criminales que se involucran en la extracción de minerales atraídos por los altos precios mundiales del oro y cobre.

El martes una comisión parlamentaria de Energía y Minas aprobó un dictamen para ampliar la vigencia del permiso temporal, llamado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta el 31 de diciembre de 2027, que será sometido a debate a lo largo del jueves. Para convertirse en ley debe ser aprobado de forma mayoritaria por el pleno del Parlamento unicameral.

El gobierno del presidente José Jerí no ha indicado si promulgará la ley en caso de ser aprobada o la observará, lo que implicaría su envío al Congreso con observaciones para que modifique los puntos cuestionados.

«El dictamen aprobado es nefasto…lo que hace es favorecer la minería ilegal abiertamente», dijo a la radio RPP Nicolás Besich, coordinador general del laboratorio de ideas Videnza Instituto. Señaló que el dictamen suspende la eliminación ordenada por el gobierno en julio de 50.565 permisos mineros temporales para personas que no realizaban actividades mineras o que no habían realizado trámites para regularizarse por varios años.

Adicionalmente 31.560 permisos temporales mineros sí han sido apoyados por las autoridades porque sus titulares tienen deseos de formalizarse, según el gobierno. La cuarta ampliación de los permisos temporales se realizó en junio y el Congreso indicó esa vez que la extensión, que finaliza a fines de 2025, era por “única vez”.

Las discusiones por la extensión temporal de los permisos ocurren a pocos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril y muchos de los congresistas buscan ganar la simpatía de los mineros informales que suman entre 300.000 y 500.000, según la fiscalía y datos de los propios mineros.

La Comunidad Andina —que integran Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia— dictaminó en octubre que Perú no está cumpliendo con sus compromisos para frenar la minería ilegal de oro. La organización ordenó a Perú finalizar las extensiones de los permisos temporales mineros, confiscar maquinaria de la minería ilegal, y señaló que en caso de que no ocurra, el país podría sufrir sanciones comerciales.

Cada vez que los mineros informales han logrado extender sus permisos temporales han protestado previamente por días de manera multitudinaria en los alrededores del Parlamento y a diferencia de las protestas antigubernamentales que exigen la remoción del presidente no han sido desalojados ni dispersados por la policía.

A mediados de año el gobierno dijo que la minería ilegal era más lucrativa que el narcotráfico y la fiscalía calculó que esta actividad genera unos 7.000 millones de dólares anuales.

Perú produce alrededor de 100 toneladas de oro por año, pero otras 40 toneladas se producen de forma ilegal e informal, según cálculos del Ministerio de Energía y Minas.

https://lancasteronline.com/lavoz/latinoamerica-y-caribe/congreso-de-per-debate-quinta-extensi-n-hasta-2027-de-permisos-para-operar-minas-informales/article_e6fdc594-e747-5786-a603-f42c36fcb62b.html

La movilización provocó un severo caos vehicular en el Cercado de Lima, afectando el tránsito hacia zonas como el Rímac, San Juan de Lurigancho y Barrios Altos.
17/11/2025

La mañana de este lunes dejó una imagen repetida pero cada vez más intensa: cientos de mineros informales tomaron la avenida Abancay y sus alrededores para exigir la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y la reincorporación de miles de expedientes excluidos. La protesta, que se concentra frente al Congreso de la República, se desarrolla a pocas horas de que la Comisión de Energía y Minas debata un predictamen que extendería el proceso hasta diciembre de 2027.

La movilización provocó un severo caos vehicular en el Cercado de Lima, afectando el tránsito hacia zonas como el Rímac, San Juan de Lurigancho y Barrios Altos. Las avenidas y jirones Áncash, Junín y Abancay permanecieron bloqueados por varias horas mientras los manifestantes prometían permanecer en la zona de manera indefinida.
¿Por qué protestan los mineros informales?

La principal demanda gira en torno a dos puntos:

Extender el REINFO hasta 2027, como plantea el nuevo predictamen.
Permitir el reingreso de alrededor de 50 mil mineros excluidos del padrón.

El REINFO es una herramienta creada por el Estado para ordenar y formalizar la actividad minera artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, su avance ha sido lento y polémico. Cada ampliación ha generado debates sobre su eficacia, el riesgo de incentivar la minería ilegal y las limitaciones del propio Estado para fiscalizar.

¿Qué significa extender el REINFO?
Para los manifestantes, representa una oportunidad para regularizar su actividad y seguir operando sin ser considerados ilegales. Para parte del Congreso y de especialistas, se trata de una medida que debe ser acompañada de mayor control y reformas estructurales.
Predictamen listo para debate: ¿qué contempla?

El documento que será analizado este martes por la Comisión de Energía y Minas ya fue colgado en el sistema parlamentario. Su propuesta central es ampliar el REINFO por dos años más, hasta diciembre de 2027, lo que ha generado expectativa entre mineros y operadores del sector.

Entre sus disposiciones más relevantes, el predictamen propone:

Prórroga del REINFO hasta fines de 2027.
Reapertura para el reingreso de expedientes previamente excluidos.
Adecuaciones normativas para pequeños productores y mineros artesanales.

Para los dirigentes mineros, este punto es crucial: la exclusión masiva de expedientes en los últimos años dejó fuera a miles de trabajadores que ahora exigen volver al proceso.
Roberto Sánchez respalda ampliación por cinco años

Durante la protesta, uno de los protagonistas fue el congresista Roberto Sánchez, quien subió a un vehículo para dirigirse a los manifestantes. En medio de arengas y banderas, el parlamentario sostuvo que dos años no son suficientes y que la ampliación debería extenderse hasta cinco años, un plazo que considera más realista para cumplir con los requisitos de formalización.

“¡Viva el pueblo minero!”, exclamó entre aplausos. Sánchez también llamó a los manifestantes a mantenerse vigilantes y movilizados, calificando su reclamo como “una lucha justa y necesaria”.

Su postura anticipa que el debate en la Comisión podría dividir posiciones entre quienes respaldan una extensión mayor y quienes consideran que el proceso debe tener límites más estrictos.
Tensión sin enfrentamientos en el centro de Lima

A pesar del bloqueo prolongado, la jornada se mantiene sin enfrentamientos. Efectivos de la Policía Nacional intentaron confinar la protesta a un carril de la avenida Abancay, pero no lograron replegar a los manifestantes.

El tránsito desde el Parque Universitario hasta el Puente Hacho permanece restringido, provocando malestar entre transportistas y peatones. Comerciantes de la zona también reportaron afectaciones por la presencia masiva de manifestantes y el cierre parcial de vías.
¿Qué puede pasar en las próximas horas?

Con los mineros instalados frente al Parlamento y el predictamen en agenda, se esperan tres posibles escenarios:

Que la Comisión de Energía y Minas apruebe el predictamen, lo que podría reducir la tensión, aunque el Pleno también deberá debatirlo.
Que se postergue el debate, lo que podría intensificar las protestas.
Que se rechace o modifique sustancialmente el texto, lo que abriría una nueva fase de movilización.

La protesta, según los dirigentes, se mantendrá de manera indefinida hasta que exista una decisión concreta del Congreso.

Marcha minera toma Abancay: piden ampliar el REINFO hasta 2027

Convoca 22/10/2025
Representantes del Valle del Tambo llegaron a Lima para presentar una medida cautelar mediante el abogado Rodrigo Lauracio debido a que cuestionan la legalidad del proyecto. En entrevista con Convoca.pe, los líderes sociales señalaron que evalúan iniciar protestas sino son escuchados por el gobierno de José Jerí.

El proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern Copper en la región Arequipa, sigue generando controversia. Los representantes del Valle del Tambo denuncian irregularidades en el proyecto minero Tía María, que es operado por la empresa Southern Cooper.

Durante una conferencia de prensa organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los líderes sociales denunciaron serias irregularidades que comprometen su viabilidad legal y social.
mesa

El abogado de Red Muqui, Rodrigo Lauracio, informó que la empresa no cuenta con licencia de uso de agua, un requisito fundamental para autorizar cualquier actividad extractiva en el país. La empresa habría indicado que utilizaría aguas subterráneas, pero la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no ha emitido ninguna autorización al respecto. Esta situación constituye, según Lauracio, un acto irregular que pone en cuestión todo el proceso de autorización del proyecto.

También se alertó sobre la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. Este documento, aprobado en 2014, ya superó su periodo de vigencia de cinco años. A pesar de ello, fue utilizado en 2019 para autorizar la construcción del proyecto, y nuevamente en 2025 se ha usado como base para el inicio de actividades extractivas. Esto representa un incumplimiento normativo que podría invalidar las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

En entrevista con Convoca, el vocero de los pobladores del Valle del Tambo, Miguel Meza, señaló que no existe respaldo social para el proyecto y recordó que en una consulta vecinal realizada por los agricultores en el año 2009, el 97 % de la población expresó su rechazo.

Meza agregó que no existe ningún trámite registrado ante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) sobre la supuesta desalinización de agua de mar, propuesta por la empresa como alternativa para no afectar el recurso hídrico del valle.

«No hay ningún trámite desde la municipalidad como también en la capitanía del puerto, DICAPI. No existe. Entonces, ¿cómo le otorga esta resolución directoral del Ministerio de Energía y Minas este año?», cuestionó el vocero.

Oscar Rodríguez, director de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, aprobó el 13 de octubre el inicio de actividades de explotación a la minera Southern Perú Copper Corporation. De esta manera, el gobierno de José Jerí reactiva el conflicto del proyecto minero Tía María.

Meza también denunció un cambio de postura por parte del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien anteriormente se comprometió con la defensa de la agricultura local, pero que ahora es señalado por los dirigentes como alineado con los intereses de la minera.

En la conferencia se expuso, además, la situación de criminalización que enfrentan los dirigentes y pobladores del valle. Entre 2011 y 2014, ocho personas perdieron la vida en el contexto del conflicto con la misma empresa. Actualmente hay dos personas en prisión, cuatro en la clandestinidad y decenas de carpetas fiscales abiertas contra líderes sociales. Se denunció también un constante seguimiento policial a Meza.

Los representantes del Valle del Tambo —Paulina Bobadilla, Agripina Paucar, Vilma Bobadilla y

Miguel Meza— señalaron que, de no obtener respuesta de parte del Ministerio de Energía y Minas o del Poder Ejecutivo, iniciarán una nueva movilización en defensa del agua, la agricultura y el territorio. Reiteraron su decisión de evitar un nuevo conflicto social y exigieron atención urgente a sus demandas.
https://convoca.pe/agenda-propia/tia-maria-lideres-del-valle-del-tambo-evaluan-protestas-y-cuestionan-legalidad-del

22/10/2025
Voceros del Valle de Tambo arribaron a Lima para manifestar su rechazo al proyecto Tía María impulsado por el gobierno de Jerí. Ante su inviabilidad legal y social, interpondrán una medida cautelar que busca frenar el inicio de las actividades de explotación.

La caducidad del EIA sería un incumplimiento normativo que podría invalidar la decisión de poner en marcha Tía María. Foto: Marco Cotrina/LR
Luego de conocer la decisión del gobierno de autorizar el inicio de las actividades de explotación de Tía María, los agricultores del Valle de Tambo, acompañados de abogados de organizaciones de sociedad civil, anunciaron que interpondrán una medida cautelar ante el Poder Judicial para frenar los efectos jurídicos de la resolución que dio luz verde al proyecto minero a cargo de Southern Copper Corporation.

En conferencia de prensa, el dirigente Miguel Meza calificó como una «imposición» la actitud del Poder Ejecutivo, que no ha respetado el mayoritario rechazo de la población expresado desde el 2009 en la consulta popular realizada en seis distritos de Islay. Asimismo, cuestionó el hecho de darle luz verde a Southern, pese a que no cuenta con el permiso de uso de agua requerido ni el derecho de servidumbre

«¿Cómo le otorgan esta resolución ministerial a Southern? Su estudio de Impacto Ambiental está caduco, no tiene la servidumbre y no cuenta con autorización de uso de agua. Recordemos que, su primer EIA era un mamarracho y respecto a su segundo estudio, dijeron que iban a sacar agua del mar. Hace días estuve conversando con la alcaldesa de Mejía y me informó que no hay trámite ante la municipalidad o Dicapi», manifestó.

De igual forma, recordó que hasta el momento, ningún representante del gobierno se ha acercado a dialogar con la población del Valle de Tambo, pese a que se han cursado invitaciones anteriormente tanto a la expresidenta Dina Boluarte como a sus ministros de Estado. Por lo pronto, insistirá en este pedido ante el mandatario José Jerí y el gabinete ministerial, aunque reconoce no tener muchas expectativas al respecto.

Meza informó que en los próximos días se convocará a una asamblea popular para decidir las acciones a tomar en rechazo al proyecto Tía María. Para este propósito, se ha conformado una comisión que dialogará con otras organizaciones sociales y ya está en funciones un Comando de Lucha en el Valle de Tambo que liderará la presión en las calles.

Inicio de Tía María podría frenarse

Según explicó David Velazco, director Ejecutivo de Fedepaz, ya existe una demanda de amparo contra las autoridades ambientales y la propia empresa de capitales mexicanos que fue presentada a fines de marzo de este año. El cuestionamiento central se centra en la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que caducó en el 2019.

«Estamos cuestionando la vigencia del EIA a través de la demanda de amparo que hemos presentado ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima. Este jueves, vamos a plantear una medida cautelar, de manera preventiva, y esperamos que el Poder Judicial suspenda los efectos de esta resolución directoral que autoriza las actividades de explotación hasta que se resuelva el pedido principal que tiene que ver con la caducidad del Estudio de Impacto ambiental», indicó a este medio.

En la misma línea, estimó que el Poder Judicial debe emitir un pronunciamiento en unos 30 días y el tema de fondo podría resolverse a fines de diciembre o inicios de enero del próximo año. A su juicio, existen las pruebas necesarios para conseguir un fallo exitoso, puesto que un EIA tiene solo cinco años de vigencia, y el estudio presentado y aprobado data del 2014

Por su parte, Rodrigo Lauracio, miembro del equipo legal de la Red Muqui, recordó que los pobladores del Valle de Tambo han agotado todas las vías administrativas necesarias antes de recurrir a la instancia judicial. Y es que, ellos presentaron un pedido de nulidad ante la Dirección General de Minería y solicitaron al Senace incorporarse como tercero en el procedimiento administrativo. No obstante, estos recursos fueron desestimados.

«Senace han sostenido que los pobladores no tenían un interés legítimo para intervenir en este procedimiento de evaluación de la caducidad del EIA. Esto claramente es una negativa y por lo tanto, la vía que correspondía era judicializar el caso a través de una demanda de amparo. Una vez llevada la audiencia el 18 de diciembre, el juez tiene el plazo de 10 días para emitir una decisión. Para los primeros días del 2026, deberíamos tener una sentencia, que consideramos debería ser favorable porque tenemos los medios probatorios para acreditar que el EIA ha perdido vigencia», anotó.

Dirigentes denuncian criminalización y evalúan protestas

En la conferencia de prensa, también participaron otras representantes del Valle de Tambo como Agripina Páucar, Paulina Bobadilla y Vilma Bobadilla. Ellas denunciaron que el proyecto Tía María supone una amenaza de contaminación de su medio natural agrícola y advirtieron una posible afectación al ecosistema frágil de Lomas de Cachendo.

De no obtener respuesta por parte de los integrantes del gobierno de José Jerí, no dudarán en retomar las movilizaciones para defender el agua, su territorio y fuentes de vida. Recordaron que entre el 2011 y 2014, siete peruanos perdieron la vida durante las protestas, dos se encuentran en prisión y existe una estrategia de criminalización contra los líderes sociales.

En otro momento, Meza se refirió a las declaraciones del CEO de Southern Perú, Raúl Jacob, quien anunció que concluirá la parte de la construcción de la mina y de apertura para la segunda parte del 2027, así como resaltó las bondades económicas de Tía María. Para Meza, la agricultura es la actividad que mayor trabajo les da a los pobladores.

«En el Valle de Tambo, el jornal de trabajo es de S/110 y S/120 y falta personal para trabajar la chacra. En su propio EIA, señalan que generan 700 empleos directos, de las cuales, el 90% es para mano calificada y el 10% que no tienen una carrera. Resulta que las políticas mineras buscan ensalzar las bondades económicas a costa de la agricultura y el ambiente sostenible», sentenció.
https://larepublica.pe/economia/2025/10/22/tia-maria-agricultores-del-valle-de-tambo-presentaran-medida-cautelar-para-suspender-ejecucion-de-proyecto-minero-a-cargo-de-southern-arequipa-hnews-1615768

Proyecto de cobre es rechazado por la población del valle del Tambo. En protestas realizadas en el 2011 y 2014, se produjo la muerte de siete personas (seis manifestantes y un policía).
16/10/2025
Foto: Defensoría del Pueblo
El pasado 13 de octubre, a través de la Resolución Directoral 0692-2025-MINEM/DGM, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó el inicio de actividades de explotación del proyecto Tía María, a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay (Arequipa).

Según la resolución, la empresa cumplió con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros, entre ellos la acreditación de la propiedad de los terrenos superficiales. Asimismo, señala que el proyecto cuenta con el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado mediante la Resolución Directoral 392-2014-MEM-DGAAM y con el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), en 2021.

El Minem también resaltó que en este caso “no corresponde iniciar procedimiento de consulta previa” porque sobre el área de influencia directa “no hay presencia de pueblos indígenas u originarios”.

Conflicto que cobró siete vidas

El proyecto Tía María tiene como objetivo la extracción de cobre, con una inversión estimada en $ 1400 millones. Fue anunciado en el 2003, pero fue paralizado tras las protestas iniciadas entre marzo y abril de 2011, las cuales causaron la muerte de tres personas.

Los principales opositores son los habitantes del valle del Tambo, quienes se oponen al proyecto porque temen que las actividades mineras a cielo abierto contaminen el aire de la zona, así como las aguas del río Tambo, utilizado por los agricultores de los distritos de Islay, Dean Valdivia y Cocachacra.

En el 2009, la empresa presentó un estudio de impacto ambiental (EIA), pero en el 2011 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) encontró 138 observaciones al estudio de impacto ambiental (EIA), sobre todo relacionadas con el agua y el polvo minero.

Tras una modificación del EIA, presentada en el 2013, la empresa aseguró que no usaría agua del río Tambo, sino agua de mar. Sin embargo, la población no dejó de oponerse, y en el 2014 se produjeron nuevas protestas que cobraron la vida de cuatro personas (tres manifestantes y un policía).

Según la Red Muqui, desde 2024, “las organizaciones del valle vienen cuestionando la legalidad y legitimidad del EIA, denunciando que Tía María no cuenta con licencia de uso de agua ni con licencia social”.

En marzo de 2025, agrega la organización, la población presentó una demanda de amparo solicitando la caducidad de los efectos jurídicos de la resolución que aprobó el EIA, así como la nulidad de la resolución que autorizó la construcción de la planta de beneficio de dicho proyecto.

Minem autorizó inicio de actividades del proyecto minero Tía María

Protesta en Perú contra la inseguridad.
Getty Images, foto, La inseguridad es el gran tema de preocupación para los peruanos, que han salido a la calle para reclamar el fin de la violencia.
Guillermo D. Olmo
BBC News Mundo
13/10/2025
La popularidad de Dina Boluarte en las encuestas llevaba meses bajo mínimos.

La presidenta resistía en el cargo pese a la polémica acción de las fuerzas de seguridad en las protestas que siguieron a la caída del expresidente Pedro Castillo que dejaron decenas de muertos, la sucesión de escándalos de corrupción que la salpicaban y la percepción entre gran parte del electorado de una falta de liderazgo en el gobierno.

Pero cuando unos desconocidos dispararon contra la banda de cumbia Agua Marina durante una actuación en Lima en la noche del miércoles, los acontecimientos se precipitaron. Pocas horas después, Boluarte salía de la presidencia destituida por el Congreso en el desenlace de una crisis política fulgurante.

Y es que el azote de una criminalidad cada vez más violenta se ha convertido en una de las principales preocupaciones en Perú, con gran parte de la población y de los analistas culpando a los dirigentes políticos de inacción, cuando no complicidad, ante las bandas criminales.

El nuevo presidente, José Jerí, prometió nada más jurar el cargo «una guerra contra el crimen».
«El mal que nos aqueja en este momento es la delincuencia. El enemigo está en las calles», dijo Jerí en sus primeras palabras como presidente ante el Congreso de la República.

Los datos dan cuenta del auge de la delincuencia.
En el primer semestre de 2025 se registraron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Solo en el pasado agosto hubo 209 homicidios. Y Human Rights Watch ha alertado de que Perú es uno de los países de la región en los que más aumentan las muertes violentas.

Pero el delito cuyo incremento más ha alarmado durante la presidencia de Boluarte ha sido el de las extorsiones, que parecen haberse disparado. Según un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia, un organismo de análisis de la delincuencia, en 2024 las denuncias fueron más del doble que las registradas en 2018.

Según los datos policiales, cada día se presentan 75 denuncias por extorsión en Perú y los expertos señalan que el problema es probablemente mayor, ya que las víctimas evitan en muchos casos denunciar por temor a represalias de quienes los extorsionan.

Pequeños negocios y transportistas son los más golpeados. El Observatorio del Crimen y la Violencia estima en unos 180 los conductores de transporte urbano asesinados este año por negarse a pagar cupos, una cifra que ha llevado al sector a organizar sucesivos paros y protestas para exigir respuestas al gobierno.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Dos mujeres caminan junto a un agente de Policía en una noche de Lima. Todos se ven de espaldas y cabizbajos. Una de las mujeres lleva abrazada a la otra.

1. Auge de la minería ilegal

Los expertos señalan que el auge de la criminalidad va de la mano del de la minería ilegal, que en los últimos años parece fuera de control en Perú.

«Las economía ilícitas han florecido con la minería ilegal en el centro», le dice a BBC Mundo, Ricardo Valdés, exviceministro de Interior de Perú y experto en el estudio de la delincuencia.

«La demanda de oro se disparó por el incremento del precio del oro en los mercados internacionales», indica Valdés, que señala que distintos grupos criminales fueron concentrándose en la minería ilegal ante la falta de respuesta de las autoridades.

La suya no es la única voz que señala a una aquiescencia de los congresistas y los sucesivos gobiernos con los grupos delictivos dedicados a la minería ilegal.
Vista aérea de la Amazonía peruana llena de minas ilegales.

El gobierno ha venido renovando año a año el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un polémico mecanismo que nació con el objetivo declarado de la formalización de los mineros artesanales.

Concebido inicialmente como temporal, el Reinfo se ha venido prorrogando desde hace años hasta convertirse según críticos como César Bazán, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en una especie de «patente de corso» para la minería ilegal.

Pese a las protestas que en las calles exigieron su supresión y las advertencias de organizaciones no gubernamentales sobre su impacto negativo en el medio ambiente, la seguridad ciudadana y los pueblos indígenas que habitan muchas de las zonas mineras, el gobierno de Boluarte aprobó en junio una nueva extensión del Reinfo.

Valdés le dijo a BBC Mundo que ni el gobierno ni los congresistas «quisieron enfrentarse con el medio millón de votantes que viven de la minería ilegal y en torno a ella se han desarrollado muchas otras oportunidades para la criminalidad, porque para financiarla muchos han recurrido la extorsión y la explotación sexual».

Así, organizaciones criminales transnacionales como la venezolana Tren de Aragua, la brasileña Comando Vermelho o la ecuatoriana de Los Choneros se abrieron paso en Perú y empezaron a interactuar con las locales, engordando un monstruo que ha desbordado a sus autoridades y castigado a su población.
Cabecera de una manifestación contra el gobierno de Dina Boluarte. La pancarta principal dice «Ni un muerto más».

2. Facilidades a la delincuencia desde el poder

Muchos en Perú culpan a los políticos en el Congreso de haber favorecido con sus decisiones el auge del crimen organizado. Corrupción y delincuencia son las dos principales preocupaciones ciudadanas, según las encuestas, y en ocasiones parecen ir de la mano.

César Bazán le dice a BBC Mundo que «para protegerse a sí mismos en las investigaciones en las que muchos estaban envueltos, los congresistas aprobaron leyes que debilitaron la lucha contra el crimen organizado y la capacidad de la Policía y la Fiscalía para hacerle frente».

Entre ellas, destaca la que limita el tiempo disponible para corroborar las informaciones facilitadas por los testigos que la ley peruana califica como colaboradores eficaces, la que exige la presencia de abogados en los allanamientos y registros llevados a cabo por los agentes, o la que redujo los plazos de prescripción para ciertos delitos graves.

Ricardo Valdés señala que hay indicios suficientes para pensar que «el gran articulador criminal de la minería ilegal tiene representantes en el Congreso y en muchos partidos políticos».

Y no es el único. El colectivo conocido como Generación Z anunció que se sumará al paro nacional convocado por distintas organizaciones el próximo 15 de octubre contra lo que califica de «pacto corrupto» en el Congreso para hacer presidente a José Jerí.
El presidente de Perú, José Jerí, tras dos policías, en una imagen nocturna.

3. Una respuesta «populista»

El aumento de la delincuencia impactó especialmente a la población a partir del momento en que las bandas de extorsionadores empezaron a mostrarse más violentas.

Bazán indica que «el problema de la extorsión siempre existió, lo que pasa es que ahora ha aumentado y, sobre todo, ha aumentado también la violencia de los grupos de extorsionadores».

Los homicidios de quienes se niegan a pagar e incluso los ataques con explosivos contra los negocios cuyos propietarios se resisten al chantaje se han repetido en los últimos años.

Algunos casos conmocionaron a la opinión pública, como el ataque con una granada que dejó 15 heridos en una discoteca del populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho, y empujaron a Boluarte a decretar el estado de emergencia y ordenar el despliegue del Ejército en tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas.
Un grupo de policías, de pie junto a un edificio. Es de noche y al fondo, a unos metros, en la misma calle, se distingue a un grupo de personas.

Boluarte trataba de mostrar firmeza frente a la delincuencia pero su abrupta salida del poder revela que su estrategia no funcionó.

Bazán cree que «el gobierno trató de responder con medidas populistas como la declaración del estado de emergencia, que no obtienen resultados en la lucha contra el crimen ni atacan la raíz del problema».

En la misma línea, Valdés asegura que «la experiencia demuestra que los estados de emergencia no sirven absolutamente para nada en la lucha por acabar con el crimen organizado».

4. Una policía mermada y bajo sospecha

La crisis de inseguridad no solo le ha acabado costando la presidencia a Boluarte, sino que ha también ha colocado bajo el foco a la Policía Nacional del Perú (PNP).

En medio de constantes cambios en el Ministerio del Interior, que ha tenido hasta 13 ministros en los últimos cuatro años, el cuerpo se ha visto incapaz de contener el aumento de la delincuencia.

Según dice Bazán, «la policía no tiene suficiente financiación, ni efectivos, ni entrenamiento. Pero además hay un problema claro de complicidad de la policía y es evidente que hay algunos mandos que están implicados en el crimen organizado».

Según informaciones periodísticas, el presunto cabecilla criminal Erick Moreno, alias El Monstruo, declaró tras ser detenido por la policía de Paraguay que elementos de la PNP le informaban desde Perú de cómo los agentes paraguayos le seguían los pasos.

Y un antiguo alto mando policial peruano declaró que sus superiores lo apartaron cuando estaba a punto de detenerlo tras una larga investigación de sus actividades.

Según Ricardo Valdés, «la corrupción policial se ha extendido y normalizado».

La capacidad de la policía como fuerza de lucha contra le delincuencia se ha visto afectada también por las rivalidades políticas.

Valdés afirma que «desde la época del expresidente Pedro Castillo, la policía empieza a ser instrumentalizada por las altas autoridades del país y se inicia una pugna interna entre el sector que intenta investigar la corrupción y los policías que había colocado Castillo, que intenta impedirlo».

Ya en la época de Boluarte, al coronel Harvey Colchado, uno de los más reputados policías del país, lo pasaron a retiro después de registrar el domicilio de la presidenta y liderar las investigaciones de los casos en los que ella y su hermano estaban implicados.

Todos estos factores, cree el experto, llevaron a que cuando las bandas criminales se hacían más fuertes «se encontraron enfrente a una policía atontada y desnortada».
https://www.bbc.com/mundo/articles/crl2rr3613do

Los últimos días del régimen de Boluarte estuvieron marcados por la crecientes protestas en diferentes zonas del país. Su salida no ha calmado las demandas locales ni el temor de la inseguridad. Así, el nuevo presidente José Jerí asume su mandato ante un pronto paro el 15 de octubre.
Paros y protestas se han agudizado desde inicios de octubre en el país. Foto: composición LR.
Adrián Sarria Muñoz
La pradera vuelve a encenderse y el país ingresa otra vez en un ciclo de protestas. La vacancia de Dina Boluarte al parecer no apaciguó los ánimos y diversos frentes se suman al paro del 15 de octubre. Los días previos a la caída de la exmandataria dos focos regionales concentraron la tensión: Cajamarca, con epicentro en Jaén; y Huancavelica con la ciudad de Pampas como punto neurálgico. En ambos casos, la medida trajo bloqueos de carreteras y paros indefinidos.

El politólogo e investigador Omar Coronel contextualiza: “Estamos en una etapa de acumulación de malestar con el funcionamiento del Estado en múltiples áreas. A la erosión de capacidades se suma la ansiedad del ciclo electoral. Las élites son más vulnerables y la sociedad civil sabe que puede exigir un poco más”.

Desde el lunes 6 de octubre, las rondas campesinas de Cutervo, Cajamarca, iniciaron un paro indefinido que pronto derivó en cierres masivos. En Chiple y Chamaya Pueblo, sobre la carretera Fernando Belaúnde Terry, instalaron piquetes con llantas encendidas, piedras y cadenas humanas. Al tercer día, la consigna fue tajante: no pasaba nadie, ni siquiera peatones.

La Sutran registró al menos siete puntos bloqueados hasta el cierre de esta edición, en un corredor que conecta Cajamarca con Jaén, Amazonas y San Martín. Los reclamos van más allá de la coyuntura: exigen la culminación de los tramos pendientes de la Longitudinal de la Sierra, medidas firmes contra la minería ilegal y acciones urgentes de seguridad ciudadana.

El diario Ahora de Jaén, en comunicación con La República, detalló los impactos inmediatos: mercados cerrados, combustibles escasos y decenas de camiones varados con carga perecible. Tras la vacancia de Boluarte, el viernes 10 de octubre se registraron treguas en algunos puntos, otros aún evaluaban levantar la medida. Mientras que, por la tarde, en Jaén, una reunión de ronderos afinaba detalles para su participación del paro del 15 de octubre.

En paralelo, Huancavelica vive su propia paralización. Desde el último viernes 3, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (UNAT) cerraron accesos a Pampas y bloquearon la vía Huancayo–Huancavelica en cuatro puntos, a la altura de Imperial (Ñahuinpuquio). El pedido es claro: que una comisión técnica del Minedu llegue a la ciudad. Mientras no se presenten, no se moverán.
El periodista Percy Salomé, de Huancayork Times, describió a Pampas como “una ciudad sitiada”: entradas clausuradas, trochas selladas y piquetes abastecidos por vecinos. Ni el anuncio del Ministerio de Educación -que prometió reestructurar la Comisión Organizadora de la UNAT- calmó los ánimos. El viernes 10 de octubre se desarrolló una mesa de trabajo con representantes del Minedu, aunque se conoció que los estudiantes mantendrán su medida de lucha hasta que se plasmen los acuerdos.

Coronel interpreta ambos escenarios como reflejo de un deterioro más profundo: “No es solo seguridad; es salud, educación, infraestructura. Desde 2021 se rompe la mínima gobernabilidad de lo cotidiano. Comunidades y estudiantes ya no aceptan promesas; exigen presencia estatal efectiva. La protesta se convierte en un mecanismo de accountability social”.
Pataz: la marcha que llegó hasta Lima

El norte andino también aporta un símbolo. El 25 de agosto, Aldo Carlos Mariños, alcalde provincial de Pataz, La Libertad, inició una “marcha de sacrificio” desde Tayabamba hacia Lima para exigir hospital y carreteras. Se trata de una provincia a la vez azotada por los crímenes de la minería ilegal. Lo acompaña una columna de ronderos y pobladores que crece pueblo tras pueblo.

El 7 de octubre, ya en la costa central, Huaura lo recibió con agua, alimentos y vítores. Mariños responsabilizó a Dina Boluarte y a César Acuña: “No entienden el dolor del pueblo”. Su objetivo en Lima es sumar a transportistas y jóvenes de la Generación Z.
Alcalde de Pataz llegó a Lima en marcha de sacrificio y se unirá a paro del 15 de octubre. Foto: Kevinn García – La República.

Este viernes 10 de octubre la autoridad arribó a la capital y anunció que participará en el paro del miércoles 15. Considera que la vacancia de Boluarte no cambió el escenario. «El dolor del pueblo es demasiado grande para estar divididos. Es hora de unirnos. La causa es la misma y el pedido es el mismo: que se vayan todos. El Congreso cree que ha tranquilizado al pueblo y se equivoca», argumenta.

Coronel añade una lectura política: “Que una autoridad local gane visibilidad representando demandas postergadas es típico de democracias en crisis de representación. Puede haber cálculo electoral, pero también respuesta a la orfandad estatal. Es probable que figuras así se vuelvan actores clave de la oposición rumbo a 2026”.
El sur: memoria y repudio

El 4 de octubre, en Huamanga, Ayacucho, el ministro de Agricultura Ángel Manero y el congresista Raúl Coronado fueron repudiados por un grupo de mujeres. La primera voz fue Yovana Mendoza, cobradora de combi y hermana de una víctima del 15 de diciembre de 2022: “Detestamos a todos los que respaldan a Boluarte y a este Congreso. Encima nos dicen que la minería es prioridad y el agro puede esperar. Sin agua no hay vida, que comas minerales entonces”, dijo a La República.

Su reclamo combinó memoria y presente: la impunidad por la masacre de 2022 y el ninguneo del agro. Coronel lo resume: “En el sur, el repudio es persistente. No es solo memoria, es un recordatorio de cuentas pendientes. Si no hay justicia institucional, la memoria se activa en la calle”.

El 8 de octubre, Juliaca rechazó la visita de Phillip Butters, periodista y candidato presidencial. Familiares de las víctimas del 9 de enero de 2023 lo declararon persona no grata. “Pidió plomazos a la cabeza de quienes protestaban. No puede venir ahora a buscar votos”, dijo Raúl Samillán, presidente de la asociación de deudos. La policía tuvo que evacuarlo entre insultos y objetos lanzados por la multitud.

Deudos de las víctimas también se pronunciaron tras la vacancia presidencial, la que ven como un primer paso para llegar hacia la justicia. “Dina Boluarte solo trajo llanto, dolor y sangre al pueblo peruano”, expresó María Samillán, hermana del médico fallecido Marco Antonio Samillán.

Mientras que en Arequipa existen colectivos ciudadanos que están en movilización permanente. Se pronunciaron contra Dina Boluarte cuando esta arribó a la Ciudad Blanca para la clausura de Perumin el 26 de septiembre, aunque no pudieron acercarse por el fuerte cordón policial.

Estos colectivos realizan de forma cotidiana marchas nocturnas hacia la Plaza de Armas en Arequipa, donde se han sumado jóvenes de la Generación Z. Los manifestantes aún definen cómo participarán el 15 de octubre, día en que también llegará a Arequipa el rey de España, Felipe VI, para el Congreso Internacional de la Lengua Española.
Amazonía y costa norte: olvidos encendidos

En Condorcanqui (Amazonas), comunidades awajún y wampis protestan desde agosto contra la minería ilegal que contamina los ríos con mercurio. La comisión enviada por la PCM en septiembre fue rechazada por “no tener capacidad de decisión”. El premier Eduardo Arana prometió un plan de acción con la Marina y la Policía, pero sin plazos; “pronto tendrán novedades”, dijo el 1 de octubre a La República.

Rosemary Pioc, lideresa awajún, lo resume: “Nos cambian ministros y los acuerdos se quedan en nada. No existimos para el Estado”. Pioc, además, advierte de un incremento de la violencia sexual contra mujeres y niñas, ya alertado meses antes y nuevamente abandonado.

En la costa norte, pescadores de Lambayeque y Piura bloquearon la Panamericana entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre contra la cuota de pota fijada en 42 mil toneladas. “No podemos vivir con una sola salida al mar”, decían. Tras dos días de tensión y enfrentamientos con la policía, el viceministro de Pesca ofreció cinco salidas más antes de fin de año.
Lima: motores apagados y rabia juvenil

Durante la noche del 9 y la madrugada del 10 de octubre, decenas de ciudadanos se congregaron frente a la embajada de Ecuador en San Isidro, para expresar su rechazo ante la posibilidad de que ese país otorgue asilo a Boluarte ante su inminente vacancia. Los manifestantes exigieron que la exmandataria responda ante la justicia peruana por las muertes registradas durante las protestas de su gobierno.

En paralelo, la tarde del viernes se convocó otra movilización frente al Congreso de la República, donde colectivos feministas, organizaciones juveniles y ciudadanos autoconvocados protestaron bajo el lema “Un violador no puede ser presidente”. Ello en referencia al flamante presidente José Jerí, quien enfrentó una denuncia de presunta violación sexual archivada por el actual Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, entonces en su calidad de fiscal supremo de familia.

La tensión social se mantiene alta mientras diversas organizaciones preparan la gran marcha nacional del 15 de octubre, convocada originalmente antes de la vacancia de Boluarte, pero que ahora se proyecta como una jornada de protesta masiva contra el Congreso y la continuidad de la crisis política.
Camino a la gran marcha en la capital

Diversas organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y agrupaciones juveniles se preparan para movilizarse este 15 de octubre en Lima, en una nueva jornada de protestas convocada inicialmente antes de la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, pero que ahora toma fuerza en medio de la inestabilidad política y el rechazo a la designación de José Jeri Oré como presidente.

Aunque la convocatoria fue lanzada días antes, la crisis se profundizó tras el debate y aprobación de la moción de vacancia en el Congreso, impulsada luego del ataque armado contra la agrupación Agua Marina durante un concierto en Chorrillos, hecho que generó fuertes cuestionamientos a la gestión de seguridad del Ejecutivo y terminó siendo el detonante político de la salida de la mandataria.

En Lima, la movilización del 15 de octubre tendrá como puntos principales de concentración la Plaza San Martín, el Parque Universitario y la avenida Abancay, con marchas previstas hacia el Congreso y Palacio de Gobierno. Se prevé la participación de gremios sindicales, colectivos feministas, agrupaciones universitarias y movimientos ciudadanos que exigen una transición democrática y elecciones generales inmediatas.

La capital vivió hace apenas unas semanas otra gran manifestación, protagonizada principalmente por jóvenes de la llamada “Generación Z”, que tomaron las calles para exigir cambios estructurales, renovación política y justicia por las víctimas de la represión. Aquella movilización, más espontánea y organizada desde redes sociales, demostró el creciente descontento entre los sectores juveniles.

El panorama político sigue siendo incierto tras la vacancia de Boluarte y el rechazo ciudadano al nuevo jefe del Gobierno. Así, Lima vuelve a ser el epicentro del descontento nacional.
Gobernadores regionales se pronuncian sobre vacancia

Durante sus casi tres de años de gobierno, Dina Boluarte halló apoyo en la mayoría de gobernadores regionales. Tras su caída, algunos empezaron a desmarcarse y criticar su gestión. César Acuña, gobernador de La Libertad y quien sostuvo al régimen desde su bancada de APP, ahora señaló que la vacancia respondió a un clamor popular.

“El Congreso ha escuchado al pueblo. La vacancia era necesaria porque la presidenta no tenía políticas claras para revertir la inseguridad. El país no aguantaba más, había muertos todos los días”, declaró Acuña.

Mientras que Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, señaló que la expresidenta pagó las consecuencias de una mala gestión. Además, cuestionó al Congreso por sostener a Boluarte por casi tres años, hasta que todas las bancadas le bajaron el dedo y la vacaron.

Quien opinó en contra de la vacancia fue el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores. «Creo que Dina Boluarte debió quedarse hasta julio del 2026, porque habiendo algunas situaciones en curso, creo que había ministros que sí debian salir, incluyendo el premier, pero llegar hasta esta estructura de quitar a un presidente de la República no parece saludable».

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un comunicado donde exhortó a que el nuevo gobierno preserve la gobernabilidad, la paz social y estabilidad del Estado. Esto en un clima donde las protestas en todo el país siguen activas.
https://larepublica.pe/politica/2025/10/11/protestas-en-regiones-fueron-preludio-de-la-vacancia-de-dina-boluarte-el-malestar-continua-hnews-949135