No a la Mina
18/08/2025
Pobladores de 20 comunidades de la cuenca baja del río Tigre, en la provincia peruana de Loreto (norte), iniciaron en la noche de este domingo un paro indefinido contra la minería ilegal y la inacción del Gobierno frente a la contaminación de sus aguas y sus espacios vitales.

Más de 20 dragas de mineros ilegales operan en la zona y contaminan los cauces de agua con mercurio. El presidente de la Federación de Comunidades de la cuenca del Bajo Tigre (Feconabat), César Moreno Culqui, denunció: “Desde que amanece hasta que anochece están soltando el mercurio y nosotros consumimos esa agua. Por eso iniciamos esta lucha hasta que las autoridades se hagan presentes y expulsen a los mineros ilegales“.

Las comunidades exigen la presencia en el área del Gobierno de la presidenta de facto Dina Boluarte y que tome acciones concretas para detener la minería ilegal y, con ello, evitar los daños que el mercurio está causando a la salud humana, a la seguridad alimentaria y a los ecosistemas.

De acuerdo con medios locales, las comunidades determinaron bloquear el acceso al río Tigre, lo que afecta directamente el abastecimiento y operación de los lotes petroleros 8 y 192, ubicados en esta cuenca. También impedirán la navegación hasta que el Gobierno no retire las dragas y poner en práctica otras acciones de control territorial…
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/per%C3%BA-20-comunidades-ind%C3%ADgenas-inician-protestas-en-contra-de-la-miner%C3%ADa-ilegal-en-la-regi%C3%B3n-de-loreto/

20/08/2025
La Primera Sala Mixta – Sede Sicuani de la Corte Superior de Justicia de Cusco, el 13 de agosto, realizó una audiencia cuyo propósito era que un juez superior emita voto dirimente para configurar fallo de segunda instancia en el proceso de amparo sobre omisión de consulta previa seguido por las comunidades campesinas quechuas de Huini Coroccohuayco, Pacopata y Huano Huano contra el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la Compañía Minera Antapaccay S.A.

Se trata de un proceso judicial en el que dichas comunidades reclaman la consulta previa, libre e informada de la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Antapaccay – Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco.

Esta audiencia se produce luego de que, en abril de 2025, el juzgado de Espinar resolviera declarar infundada la demanda de las citadas comunidades, que estas apelaran la sentencia y que dos jueces superiores (Sumire López y Villa Humpiri) votaran por declarar nula la sentencia de primera instancia, mientras que el tercer magistrado (Gil Caviedes) votara por confirmarla. Al no alcanzarse tres votos con el mismo fallo —requisito en materia constitucional según la Ley Orgánica del Poder Judicial—, se convocó a un cuarto juez para dirimir.

Durante la audiencia del último miércoles 13 de agosto, los abogados defensores de las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata reiteraron que el acto administrativo de aprobación de la MEIA debe ser consultado porque define las afectaciones se sufrirán en estas comunidades y las medidas para evitarlas, mitigarlas o compensarlas.

La defensa de la parte demandante de las comunidades señaló que “En el caso concreto de la comunidad de las comunidades demandantes, como podemos ver el mapa, hay afectación directa del territorio, porque el proyecto se superpone a los territorios de la comunidad de Huini y de Pacopata. El informe que sustenta la aprobación de la modificatoria del EIA dice que las comunidades van a reducir su territorio, perderán infraestructura colectiva e hidráulica”, advirtió.

Por su parte, la abogada de una de las comunidades señaló: “La consulta previa, señor magistrado, garantiza que la opinión de los pueblos indígenas sea tomada en cuenta antes de la adopción de cualquier decisión que se les pueda afectar. En este caso, el voto de discordia sostiene que el EIA no debía ser consultado porque no incide directamente en las comunidades. Sin embargo, la propia MEIA prevé reasentamiento y prevé afectación a los medios de vida, a la cultura y al territorio”.

De otro lado, la defensa de la empresa Antapaccay reiteró que la aprobación de un estudio de impacto ambiental no constituye un acto sujeto a consulta previa, argumentando que este instrumento no autoriza el inicio de actividades y que la responsabilidad de convocar a la consulta corresponde al Ministerio de Energía y Minas.

El caso Coroccohuayco es emblemático porque pone en debate si la consulta previa debe realizarse antes de aprobar estudios de impacto ambiental o sus modificatorias, etapa clave en la definición de impactos y obligaciones socioambientales de los proyectos extractivos. La decisión que adopte la Sala en los próximos días será un precedente importante para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto de los estándares ambientales en el Perú.

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Brasileña Nexa Resources informó el reinicio de las actividades en sus minas El Porvenir y Atacocha.
La inversión polimetálica de Nexa: US$ 347 mlls. para Perú y Brasil este 2025
Hace una semana, los pobladores del anexo de San Juan de Milpo iniciaron una protesta que interrumpió labores en minas El Porvenir y Atacocha. (Foto: Nexa – El Porvenir).
19/08/2025
La brasileña Nexa Resources comunicó la reanudación de las actividades mineras en sus unidades polimetálicas El Porvenir y Atacocha, ubicadas en el Complejo Cerro Pasco; en un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

De acuerdo con la empresa, las protestas que venían realizando algunos pobladores del anexo de San Juan de Milpo (Pasco) han cesado, permitiendo retomar las labores interrumpidas en las minas desde hace una semana.

“Nexa continúa sosteniendo un diálogo constructivo con los representantes de la Comunidad, y sigue comprometida con el desarrollo sostenible de sus comunidades del área de influencia de sus operaciones”, resaltó la compañía.

Expand IconNexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial. (Foto: Nexa).
Nexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial. (Foto: Nexa).

Presencia y operaciones de Nexa
Con más de 65 años de operaciones en América Latina, Nexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial, según Wood Mackenzie. El portafolio de la compañía incluye cuatro minas subterráneas polimetálicas, una mina a tajo abierto y tres fundiciones —incluida Cajamarquilla, la más grande de las Américas— con operaciones en Perú y Brasil.
https://gestion.pe/economia/empresas/nexa-retoma-operacion-minera-en-el-porvenir-y-atacocha-tras-cese-de-protestas-noticia/

Entre 2023 y 2025, el gobierno de Dina Boluarte incrementó en más de 63% los fondos para controlar movilizaciones, mientras que la lucha contra la minería ilegal solo creció 1,9%, según un informe de La República
Nicol Chauca Alendez
20/08/2025

La Policía se enfrenta con manifestantes durante protestas en las que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso hoy, en Lima (Perú). EFE/Aldair Mejía
La distribución del presupuesto nacional vuelve a poner bajo la lupa las prioridades del Ejecutivo. Un reciente informe de La República reveló que, durante el gobierno de Dina Boluarte, se destinaron recursos muy superiores al control de protestas sociales en comparación con la lucha contra la minería ilegal, una de las actividades ilícitas más lucrativas y violentas del país.

Según la investigación periodística, el Ministerio del Interior recibió S/1.125 millones en 2025 para el programa “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”. En contraste, el mismo año, los fondos dirigidos al combate de la minería ilegal apenas alcanzaron S/63.2 millones, cifra considerada insuficiente frente a la magnitud del problema.

Cifras que evidencian las prioridades del Ejecutivo
De acuerdo con los registros revisados por La República, el presupuesto contra la minería ilegal mostró variaciones mínimas entre 2023 y 2025. En 2023, Boluarte destinó S/62 millones a este objetivo; en 2024, la cifra se elevó a S/79.7 millones; y en 2025, el monto volvió a reducirse a S/63.2 millones.

Sin embargo, el asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz, La Libertad, fue un punto de quiebre. El hecho obligó a la presidenta a viajar a la zona y anunciar un “enfrentamiento sin cuartel” contra las mafias del oro. A raíz de la tragedia, el presupuesto inicial para este año fue modificado a S/83.6 millones, un incremento de poco más de S/20 millones.

La diferencia se acentúa al contrastarlo con el gasto destinado en programas contra protestas. En 2023 se asignaron S/687.4 millones, en 2024 se subió a S/715.6 millones y en 2025 se disparó a S/1.125 millones. Es decir, mientras los fondos para conflictos sociales aumentaron 63,74% en el período, el presupuesto contra la minería ilegal apenas creció 1,98%.

La brecha resulta más llamativa si se considera que, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal aurífera mueve aproximadamente US$6.840 millones al año, superando al narcotráfico y la trata de personas.

Policías con pocos recursos
Fuentes policiales consultadas por el medio señalaron que la asignación resulta insuficiente para enfrentar a las bandas criminales. “La minería ilegal ha superado al narcotráfico. Un kilo de cocaína se cotiza en US$2.500, mientras que uno de oro supera los US$100.000. Sin embargo, contamos con pocos recursos para combatir a las mafias del oro”, comentaron.

El kilo de oro ilegal
El kilo de oro ilegal puede alcanzar los 100 mil dólares en el mercado negro, superando con creces al narcotráfico, según el Mininter. (Composición Infobae/ Fotos Sector Minero Energético/Política Exterior)
Los efectivos añadieron que apenas disponen de 40 vehículos para sus operativos, cuando se requieren al menos 200 para cubrir las principales zonas afectadas. “Se combate de manera desigual con organizaciones criminales que manejan mucho más presupuesto que la Policía”, enfatizaron.

De los S/63,2 millones asignados en 2025, solo S/15 millones llegaron a la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, unidad especializada en enfrentar la minería ilegal. El resto fue distribuido en otras dependencias, diluyendo la capacidad operativa.

Operativos limitados frente a un negocio millonario
En lo que va del año, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP realizó 3.860 operativos a nivel nacional, de los cuales 1.360 estuvieron vinculados directamente a la minería ilegal. Se incautaron maquinarias, motores, combustible y armas por un valor cercano a S/2.000 millones.

Más de cinco horas duró el operativo en La Libertad, donde se incautó armamento militar usado por grupos armados que protegían actividades de minería ilegal.
A pesar de los resultados, las autoridades reconocen que el impacto sigue siendo limitado, ya que la estrategia se concentra en los eslabones más débiles de la cadena: los mineros ilegales en los socavones. Los grandes exportadores que adquieren el oro ilícito, sin embargo, permanecen fuera del radar de las operaciones.

Estado de emergencia y fondos mal distribuidos
Tras la masacre en Pataz, el gobierno declaró el estado de emergencia en la provincia e incorporó S/52,6 millones adicionales para intensificar la fiscalización del transporte de insumos químicos y explosivos.

De ese monto, S/26 millones fueron transferidos a las Fuerzas Armadas, mientras que apenas S/6 millones se dirigieron a la Policía Nacional, institución que cuenta con personal especializado en minería ilegal.
https://www.infobae.com/peru/2025/08/20/dina-boluarte-destino-mas-presupuesto-para-sofocar-protestas-que-para-combatir-la-mineria-ilegal/

Thomas Niederberger 19/08/2025
El gobierno de China estaría adquiriendo oro a un ritmo voraz, como parte de un esfuerzo estratégico para reducir la dependencia del dólar estadounidense. De esta manera, estaría fomentando la minería ilegal en los países del sur, según una investigación del Washington Post. Al mismo tiempo, observamos un crecimiento acelerado de exportaciones de concentrado de oro desde el Perú a China. ¿Es parte de la misma tendencia?

En un reportaje publicado el 12 de agosto en el Washington Post (ver un resumen en español por Infobae), se plantea que la adquisición de oro para aumentar sus reservas estratégicas responde a una política del gobierno chino para aislarse de posibles sanciones de Estados Unidos y reforzar su posición en el sistema monetario internacional. Facilitada a través de redes de empresas chinas, pero también alimentada por operaciones vinculadas a organizaciones criminales, esta política estaría fomentando un aumento de la extracción ilegal de oro en todo el sur global, con impactos ambientales y sociales desastrosos.

Se trataría de una tendencia global, con los ejemplos detallados en el reportaje de Indonesia, Ghana y la Guayana Francesa, sin mención a Perú. Sin embargo, los hallazgos resuenan con una tendencia notable en los datos nacionales: el crecimiento de exportaciones de concentrados de oro de Perú a China, por un factor de casi 20 desde el 2019.

Como se sabe, el oro se exporta típicamente en lingotes de oro doré, por avión, hacia las refinerías situadas en Suiza, Canadá y, cada vez más, hacia India y Emiratos Árabes. Mientras, en el caso del concentrado de oro, clasificado con código del sistema armonizado de mercancías HS 261690 (“Minerales de oro y sus concentrados”), se trata de un concentrado polimetálico, cuyo elemento más valioso es el oro, pero que también contiene cobre, plata, plomo, zinc u otros elementos que requieren de una fundición especializada para separarlas.

Esta última modalidad de la exportación de oro en concentrados por vía marítima no tuvo mayor relevancia hasta muy recientemente. Hasta 2019, no llegó a tener más de 24 mil toneladas anuales, a un valor de US $45 millones. En 2020, casi se triplicó comparado con el año anterior. Y en 2024 llegó a casi 400 mil toneladas, valorizadas en US $884 millones, es decir, un aumento en factor 20 comparado al 2019. Este auge corresponde, justamente, al período post-pandémico, en paralelo al crecimiento de la minería informal e ilegal en el país. Casi la totalidad de concentrados de oro se exportan a China y, en mucho menor medida, a otros destinos como Alemania.

¿Quién exporta concentrados de oro?

A base de una revisión inicial de los datos detallados de declaraciones de exportación por empresas (a los que se tuvo acceso via el portal panjiva.com), dos características de esta modalidad de exportación de concentrados de oro nos llaman particularmente la atención:

Casi todos son exportados por empresas comerciantes (traders) que no operan minas, es decir, lo compran de otras fuentes. Varios de ellos se han creado recientemente.
Muchos de los envíos por vía marítima son cantidades relativamente pequeñas, a veces no más de 100 toneladas de concentrados, empacados en bolsas o ‘big bags’.

El hecho de que las exportaciones se hagan vía traders significa que no conocemos el origen del mineral, ya que no figura en su declaración al momento de embarcar. Sin embargo, podemos asumir que se trataría, en gran parte, de concentrados producidos en las cientos de pequeñas plantas de beneficio a lo largo del país que reciben mineral extraído por mineros artesanales informales e ilegales, algo parecido a lo que pasa con los concentrados de cobre de la minería informal. Otra fuente posible serían pequeñas y medianas minas formales.

Si miramos la lista de las empresas exportadoras de concentrado de oro en los últimos 5 años, las primeras tres son Trafigura (568 mil toneladas), IXM (127 mil toneladas), y Humon Latin America S.A. (50 mil toneladas). Trafigura, con sede en Suiza y Singapur, es el principal trader con depósitos en el Callao. IXM (anteriormente Luis Dreyfus) también tiene su sede matriz en Suiza y opera depósitos grandes en el Callao, pero pertenece al consorcio chino CMOC. Humon Latin America forma parte del grupo empresarial Humon, que opera fundiciones en China.

El restante, aproximadamente una cuarta parte del total, se divide entre una treintena de empresas comerciantes, desde nombres conocidos, que principalmente exportan concentrados de cobre, como MCC / Metallica Commodities, Andina Trade, Metco Trading, Hartree Metals Peru, u Optamine, hasta otros que son de creación reciente y que muestran relativamente pocos envíos, de cantidades pequeñas.

Otro dato llamativo es que Perú también importa concentrados de oro desde Ecuador, Colombia (vía marítima) y Bolivia (por camión). Si bien son cargas relativamente menores, típicamente por unas 100 toneladas, en bolsas, el total de los últimos 5 años llega a 83 mil toneladas, por un valor declarado de 549 millones de dólares. También acá, la mayor parte es del último año y, principalmente, a cargo de Trafigura e IXM, que aparentemente utilizan sus depósitos en el Callao como centro de acopio para luego embarcar estos concentrados, junto con otros de origen peruano, hacia China.

Sabiendo muy bien que la extracción de oro, tanto en Perú como en los países vecinos, es en gran parte ilegal o, por lo menos, de un área gris llamada ‘informal’, y que este sector se encuentra crecientemente vinculado con el crimen organizado y hasta controlado por grupos armados, nos preguntamos: ¿Qué está pasando acá? ¿Estas empresas traders pueden garantizar el origen legal del concentrado de oro que exportan?

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27/07/2025
Las protestas en contra del proyecto minero, Tía María y La Tapada se intensificaron a pocas horas de recibir el mensaje presidencial. Los voceros temen que Boluarte apoye a Southern.
Foto del autorMirelia Quispe

Las acciones de rechazo contra el proyecto minero Tía María continúan en el Valle de Tambo, en Arequipa, donde este domingo se realizaron movilizaciones a las ferias locales de Cocachacra y la Punta de Bombón. Los manifestantes ya preparan una protesta más contundente para este lunes 28 de julio, Día de la Independencia del Perú, y planean quemar un muñeco alusivo a Dina Boluarte.

“Estamos convocando al pueblo de Valle de Tambo a concentrarse este 28 de julio en la plaza San Francisco, a partir de las nueve de la mañana, para participar en el desfile patrio. En dicho desfile, participaremos con nuestras banderas verdes y, alrededor de mediodía, quemaremos un muñeco de Dina Boluarte. Este 28 de julio”, declaró Jorge del Carpio, dirigente de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) y vocero de valle de Tambo.

Según el propio dirigente, el acto simbólico de quema del muñeco responde a la sospecha de que el Ejecutivo podría anunciar el inicio del proyecto minero durante las celebraciones patrias: “Sospechamos va a anunciar que el proyecto Tía María – La Tapada va”.

Bloqueos de vías continúan
Aunque este domingo no se registraron bloqueos activos, se informó que ayer hubo dos bloqueos importantes: uno en la zona conocida como “Ventillata”, que comunica el Valle de Tambo con Tacna y Moquegua, y otro en Santa María, en Cocachacra. También se realizó una olla común, donde invitaron comida preparada con ingredientes cosechados del valle de tambo a los conductores que quedaron varados, y algunos pasajeros no dudaron en bajar y pedir un poco de comida y agua.

Mientras que las actividades de hoy se concentraron en las ferias de productos alimenticios en Cocachacra por la mañana y en la Punta de Bombón por la tarde. “Son las ferias donde acuden muchas personas a abastecerse de comida para toda la semana”, indicó Jorge del Carpio.

Mientras tanto, en la zona se desplegaron nuevas banderas verdes para que los tambeños que desees las coloquen en sus casas en preparación para el desfile del 28. Las consignas que acompañan las actividades siguen siendo claras: “El valle no se vende, el valle se defiende. El valle nos alimenta, la mina nos asesina”.
https://larepublica.pe/politica/2025/07/27/tia-maria-pobladores-amenazan-con-quemar-muneco-de-dina-boluarte-en-rechazo-de-proyecto-minero-areuipa-hnews-2246022

El Gobierno ha retirado a cerca de 50.000 mineros del registro de formalización por no avanzar en su proceso, desatando protestas y revelando cómo el sistema ha servido de escudo a operaciones ilegales.
Sergio Llerena Caballero 18/07/2025
Según datos del Ministerio Público de Perú, la minería ilegal genera pérdidas económicas de 6.285 millones de dólares anuales, una razón de peso que explica las recientes protestas violentas de mineros informales: hay mucho dinero de por medio.

Pero… ¿por qué se habla de tanto dinero (ilegal) en juego cuando las protestas son de mineros informales y no ilegales? El detalle que explica esta contradicción aparente viene del propio Gobierno y sus reparos con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Dicho registro, administrado por el Ministerio de Energía y Minas, fue creado en 2016 con el propósito original de que, en un plazo de 3 años, los pequeños mineros informales puedan regularizar sus actividades (formalizarse) cumpliendo con ciertos requisitos técnicos, ambientales y administrativos.

Sin embargo, esos 3 años iniciales se han ido prorrogando hasta la actualidad en que, en junio, el Gobierno emitió un decreto que ordenó retirar del Reinfo a cerca de 50.000 mineros.

El Gobierno tomó esta decisión luego de verificar que durante el primer semestre de 2025 los cerca de 50.000 inscritos no mostraron avances en su proceso de formalización, acusando un uso indebido del registro.

¿FACHADA PARA LA ILEGALIDAD?
Además, el fracaso del Reinfo parece evidente si se considera que, según cálculos hechos a partir de datos del Ministerio de Energía y Minas, desde su creación sólo entre el 2 y el 2,4 por ciento de los mineros inscritos (que suman cerca de 90.000 personas) lograron formalizarse exitosamente.

«A partir de la diferentes ampliaciones de la vigencia del Reinfo, los mineros que son parte de este registro podían continuar realizando sus actividades, pero sin ser pasibles de una fiscalización efectiva o algún tipo de control que venga desde el Estado, y si es que miramos el caso de las intervenciones para controlar la minería ilegal, todas aquellas personas que sean parte del registro no son pasibles de recibir una intervención o fiscalización por minería ilegal», dijo a la Agencia Sputnik la coordinadora Luisa Ríos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en el departamento de Madre de Dios (Amazonía sur).

En ese sentido, lo explicado por Ríos da cuenta de lo que parece ser un secreto a voces en Perú: el Reinfo terminó siendo una herramienta para que los mineros ilegales -bajo la fachada de «informales»- puedan continuar con sus operaciones amparados en la protección que les da el registro, en tano aleguen que su «formalización» está en curso.

Un minero informal es aquel que realiza actividad minera sin todos los permisos legales, pero que puede llegar a regularizarse; mientras que un minero ilegal es aquel que opera en zonas prohibidas -como ríos o reservas naturales- o sin autorización alguna y comete un delito penal; por tanto, la formalización de un minero ilegal no puede estar «en proceso» al ser legalmente imposible que se formalice.

¿Qué buscan entonces los mineros que actualmente protestan en Perú? Según explica Ríos, en vista de que el Gobierno decretó que el Reinfo expire el próximo 31 de diciembre, los mineros exigen que esta vigencia se extienda (una vez más) hasta fines del 2027.

Asimismo, exigen que si la vigencia no se puede extender, se apruebe en el Congreso el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal en Perú (Ley MAPE).

Ríos advierte que el proyecto de Ley MAPE se está buscando aprobar de una manera «apresurada», sin consultar a la ciudadanía, con un pobre enfoque sobre el impacto ambiental de la minería, entre otros vicios que impedirían una efectiva formalización de los mineros informales.

«Por ejemplo, la Ley MAPE plantea que se pueda aplicar el silencio administrativo positivo. Esto significa que si tú presentas un trámite sobre materia minera y el procedimiento establece que ese trámite demora 10 días, por ejemplo, y llega el día 11, no importa el contenido de lo que quieras tramitar, pues este se aprueba porque el funcionario no generó observaciones dentro del plazo que se manejaba para ese trámite», detalla Ríos.

DERECHO MINERO
Por otro lado, de parte de los mineros informales existen reclamos que se pueden considerar razonables respecto a su derecho a que recibir facilidades para ejercer su actividad extractiva.

«Lo que buscan los mineros artesanales, la pequeña minería, es que todas las comunidades campesinas que se dedican a producir en sus tierras ancestrales tengan la posibilidad de un empleo ante el fracaso del modelo neoliberal. La gente ha avanzado y tiene ahora una gran oportunidad de desarrollo en los recursos de la minería y en sus propias tierras», dice a la Agencia Sputnik el congresista Roberto Sánchez, defensor de la causa minera informal.

Sánchez, miembro de la bancada de Juntos por el Perú (izquierda), apunta a una «falla injusta» dentro de las pretensiones de que a los mineros informales se les impida el ejercicio de sus actividades.

«En Perú, el 70 por ciento de la economía se desarrolla de manera informal, no sólo la minería. El Perú es un país informal en su economía, eso tenemos que decirlo con categoría, entonces que el Gobierno no sea más papista que el papa cuando dice que la informalidad del sector de la minería hay que combatirla: lo que hay que combatir y perseguir es al crimen, a la ilegalidad», afirma el congresista.

Por lo pronto, las protestas de los mineros han cesado desde que el Gobierno decidió llevar a cabo mesas de trabajo intersectoriales para atender sus demandas, aunque las posibilidades de un acuerdo que satisfaga a todas las partes se presumen bajas.

La minería informal en Perú, luces y sombras de un millonario y complejo conflicto social

LA AGENDA QUE UNE A EMPRESAS FORMALES Y MINEROS INFORMALES
17/07/2025

Minería informal e ilegal se han convertido en principales protagonistas de los conflictos y su crecimiento pone en discusión el régimen de concesiones mineras, señala el Observatorio de Conflictos Mineros en su 36 reporte semestral.

Investigadores alertan sobre el impacto de la actividad ilegal en la juventud, que opta por trabajos en el sector ante la falta de alternativas económicas viables.

El auge de la minería informal en el Perú ha transformado la conflictividad social, desplazando el foco de las disputas tradicionales hacia nuevos actores y territorios. El 36 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) concluye que el crecimiento de la minería informal y artesanal, en medio de la discusión sobre una nueva Ley MAPE, redefine la matriz de los conflictos, con disputas por control del territorio y beneficios entre pequeños y medianos mineros, empresas formales y comunidades.

Los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que el número de conflictos mensuales ronda los 200 casos, con una tendencia al alza en las protestas colectivas, que alcanzaron 256 acciones recientes. La mitad de estos conflictos son socioambientales y dos tercios están vinculados al sector minero, lo que confirma el dominio de los sectores extractivos en la conflictividad nacional.

El informe detalla que 15% del territorio —unos 19 millones de ha— está concesionado a la minería, con regiones como Apurímac y La Libertad superando el 50% de su superficie. En zonas como Pataz, donde las concesiones ocupan el 80% del territorio, la criminalidad asociada a la minería informal se ha convertido en un problema central.

Por otro lado, el nuevo superciclo de precios de minerales, especialmente cobre y oro, ha generado ingresos extraordinarios de casi 19.000 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024 para las empresas mineras. El incremento desmesurado de precios es también un incentivo para la expansión de la actividad informal.

Minería informal redefine conflictos sociales en Perú

El auge de la minería informal e ilegal, según el informe presentado en un contexto de protestas de los mineros artesanales e informales en diversas regiones, se refleja en la dispersión de la producción minera, especialmente de oro. La transformación del patrón de producción de este mineral es notoria: si antes predominaban grandes empresas como Yanacocha, hoy la producción se dispersa entre pequeños, medianos y mineros artesanales, así como actores ilegales.

El OCM identifica un cambio histórico: de conflictos sindicales en los 70 y 80, a disputas entre empresas y comunidades en los 90 y 2000, hasta el actual protagonismo de la minería informal, que disputa territorio con empresas y comunidades.

Este fenómeno también es resultado del fracaso del modelo de minería impulsado durante los últimos 30 años, con comunidades que no han percibido los beneficios de manera directa y que, en muchos casos, optan por realizar ellos mismos la actividad minera para controlar las ganancias producto de la extracción de los recursos de su propio territorio.

Sin embargo, pese a que predomina una narrativa donde las empresas formales y los actores informales se presentan como antagónicos, estos sectores tienen suelen tener vínculos incluso comerciales, pues el oro ilegal sale “blanqueado” por los puertos del país. Además, ambos sectores, gran minería y empresarios de la MAPE, comparten una agenda común orientada a ampliar lo más posible la frontera de la extracción minera y al mismo tiempo reducir lo más posible las responsabilidades y procedimientos referidos a los aspectos sociales y ambientales. Así lo señaló Paul E. Maquet, vocero de CooperAcción, durante la presentación del reporte.

Por su parte, Mirtha Vásquez, abogada de Grufides, denunció que el régimen de concesiones fomenta el desorden: “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”. Vásquez comparó el modelo peruano con la normativa que se está discutiendo en Colombia, donde se plantea primero delimitar zonas a proteger. En Perú, en cambio, se entregan áreas estratégicas para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

La expansión de la minería informal e ilegal afecta también regiones de norte del país como Amazonas, La Libertad y Cajamarca, donde las rondas campesinas enfrentan amenazas y criminalización por denunciar contaminación y violencia. En Cajamarca, la inversión minera formal cayó cerca de 50% respecto a años anteriores, pero la región sigue como la tercera productora de oro, con nuevos proyectos que generan conflictos al superponerse a territorios indígenas. “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”, denunció.

Daniel Hernando, investigador en minería ilegal, advirtió que la minería informal redefine las trayectorias de vida juvenil, desplazando alternativas como la agricultura o la educación técnica. “Muchos jóvenes terminan insertados como trabajadores”, señala, lo que genera deserción escolar, consumo temprano de alcohol y violencia. El Estado, según Hernando, debe acompañar la formalización y no limitarse a la fiscalización, ya que la variedad de actores y posturas genera conflictos inter e intra comunales, con episodios de coacción y atentados. En regiones como Loreto, la minería ilegal convive con otras actividades ilícitas, agravando la complejidad del problema. “Esta actividad plantea unos ingresos que difícilmente se pueden igualar en el territorio con otras actividades”, concluye Hernando.

Ante este panorama, el Estado debe escuchar las voces de todos los actores en la discusión sobre la nueva Ley MAPE, y no solo a los sectores empresariales ya sean estos de la gran minería o de la pequeña, artesanal o informal. Organizaciones de pueblos indígenas, gobiernos territoriales y asociaciones de personas afectadas por la contaminación también deben ser convocadas a las instancias de diálogo para que su perspectiva también sea incluida, señaló Maquet en referencia a la discusión sobre el Reinfo.

Resistencia y criminalización

En el norte, la resistencia a proyectos como Río Blanco persiste. En enero, miles marcharon desde Tambogrande a Piura, sumándose a dos décadas de oposición local. El 97 % de la población de Ayabaca y Huancabamba rechazó la minería en consultas vecinales hace casi veinte años, optando por agricultura y turismo ecológico. Pese a ello, la empresa Río Blanco, de capitales chinos, avanza con respaldo legal inédito. Autoridades locales y regionales han reiterado su rechazo, alertando sobre el riesgo para la producción agrícola y la paz social. Situación similar se vive en el valle de Tambo, en Arequipa, ante la insistencia por imponer el proyecto Tía María.

David Velazco, director de Fedepaz, sostuvo que la conflictividad persiste en un momento “muy duro y muy ácido”, y criticó el discurso oficial que asocia minería y desarrollo, ignorando las demandas sociales. Además, destacó que la criminalización de defensores ambientales y líderes sociales se ha intensificado, y denunció que los ciudadanos de Islay vienen siendo denunciados por haber acatado un paro durante los últimos meses.

Puedes descargar el 36 reporte semestral del Observatorio de Conflictos Mineros en este enlace: https://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2025/07/36-OCM-primer-semestre-2025-1.pdf

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La Razón 16/07/2025
Dos policías resultaron heridos, mientras que dos civiles fueron alcanzados por perdigones durante enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional, registrados a poco de la llegada de la presidenta Dina Boluarte a la ciudad de Iquitos.

Ayer martes, la jefa de Estado arribó a Iquitos para participar en la clausura del VIII Consejo de Estado Regional en la región Loreto, actividad en donde también están presentes 13 gobernadores regionales y ministros de Estado.

Conocida su llegada, cerca de mil personas, integrantes de gremios pertenecientes a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se concentraron a las afueras de la Villa FAP, en la Av. Mariscal Cáceres.

Las demandas de este grupo van desde el incremento de sueldos, hasta abarcar temas relacionados con la seguridad, minería ilegal y demás necesidades de la población.

Una vez se acercaron hasta este punto, habrían sido repelidos por las fuerzas del orden, lanzado piedras a los efectivos en respuesta, tras lo cual los agentes buscaron repeler esta protesta utilizando gases lacrimógenos.

Según RPP además de los dos heridos, algunos menores presentes en el lugar también se vieron afectados por el efecto de estos gases. En total, se registraron otros 13 afectados.

El defensor del Pueblo en Iquitos, Abel Chiroque, dijo que tras un acuerdo con los dirigentes, lograron levantar la medida de lucha. Asimismo, se instaló una mesa de diálogo para atender a sus reclamos.

«Se levanta la protesta. Eso es lo que ya se ha logrado. Queremos tranquilidad, queremos evitar que haya afectaciones a la vida, a la integridad de las personas. Porque los policías nos han reportado dos personas heridas», indicó.

Los agentes y los heridos por perdigones fueron llevados de emergencia al Hospital de Iquitos. Por el momento se ha restablecido el orden.

Los protestantes lanzaron piedras cuando se encontraron en la puerta de la instalación militar, lo que generó que sean repelidos por la PNP mediante perdigones y bombas lacrimógenas.

Los manifestantes no solo realizaron exigencias como el incremento de salarios, sino que también tocaron temas de seguridad, minería ilegal, entre otros. Además, varios propalaron insultos contra la mandataria.

«Dina asesina, Loreto te repudia», fue una de las arengas hechas por manifestantes.

Horas más tarde, la presidenta de la República, Dina Boluarte, dejó en claro que no atenderán una “agenda política donde utilizan a nuestras hermanas y hermanos para bloquear carreteras o poder incendiar la pradera con sus voces en las calles”.

“No se dejen utilizar, hermanas y hermanos. La agenda social, bienvenida, la conversamos y la solucionamos”, agregó.

Protestas violentas en Iquitos dejan dos policías heridos

El pasado 11 de julio otras protestas de mineros artesanales fueron reprimidas y dejaron un fallecido, y varios heridos de gravedad.
Medios locales reportan hasta el momento 15 personas heridas. Foto: @Epicentro_TV
15/07/2025
La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), junto a otros gremios y ciudadanos, fueron reprimidos por las fuerzas policiales en Iquitos cuando protestaban contra la llegada de la presidenta, Dina Boluarte.

Al protestar cuando se movilizaban hacia la Villa Área donde la mandataria estará participando en el VIII Consejo de Estado Regional, los manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos.

Medios locales reportan hasta el momento 15 personas heridas. En este sentido, exigen los servicios de agua potable, internet y la detención de la minería ilegal en el país.

Asimismo denuncian que niñeces se vieron afectados en sus viviendas por las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía.

El pasado 11 de julio otra protesta de mineros artesanales fue reprimida y dejó un fallecido, y varios heridos de gravedad.

Otros reclamos de la CGTP
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) expresa su rotundo rechazo a la extinción de catorce programas estatales de infraestructura y el traspaso de sus funciones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad cuestionada por su deficiente desempeño en la ejecución del programa Reconstrucción con Cambios.

“Esta decisión, anunciada el 6 de mayo por el entonces ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, en presencia de la presidenta de la República, amenaza con el despido masivo de aproximadamente 5.000 trabajadores y promueve una excesiva burocratización que afectará la ejecución y el mantenimiento de obras fundamentales en educación, salud, transporte, saneamiento urbano y rural, telecomunicaciones, vivienda y desarrollo agrario”, puntualizó el gremio.

De igual manera, señalan en paralelo que el Gobierno incrementa escandalosamente el sueldo presidencial, junto a un vale de 5.000 soles, mientras que el país se encuentra desprotegido frente a la delincuencia, el sicariato y la corrupción institucionalizada.
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