La justicia sanjuanina se apresta a archivar las causas penales por los últimos dos derrames en la mina Veladero, ocurridos en septiembre de 2016 y en marzo de este año. En el primer caso, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, y solicitó el cierre del caso ante la falta de delito. En el segundo, el juez Oritja aseguró que

“aunque faltan algunas medidas solicitadas, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”. El abogado de los asambleístas jachalenses, Marcelo Arancibia, dijo a este diario que “de la justicia de San Juan no se puede esperar nada. Después del primer derrame de 2015 donde se avanzó sobre los perejiles y no sobre los funcionarios que tenían que controlar ni sobre los empresarios, ha quedado en evidencia que la justicia de la provincia es funcional al gobierno y la empresa que no quieren que se determine el daño ambiental”, y aclaró que “por eso nos focalizamos en la causa que lleva el juez (Sebastián) Casanello por la violación a la Ley de Glaciares”.

El juez de Jáchal con jurisdicción sobre el departamento Iglesia, donde se localiza la mina que explotan la canadiense Barrick y la china Shandong, sostuvo que en el segundo derrame –que se produjo durante la madrugada del 8 de septiembre– “no se comprobó que los líquidos derramados en el valle de lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”, por lo que “no está demostrada la contaminación”. Además, explicó que en la causa penal que investiga si hubo transgresiones a ley de manejo de residuos peligrosos y la contaminación del agua, “no tiene imputados”.

En cuanto a la investigación por el tercer derrame (el 28 de marzo) cuando se desconectó un caño con “material rico, que no contendría agua con sustancia cianurada sino una mezcla de oro y plata”, según aseguró el gobierno, Oritja dejó entrever que tendría el mismo destino, el archivo, ya que “aunque faltan algunas medidas de prueba que se han solicitado, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/78910-causas-veladas-en-veladero

La minera canadiense Dajin Resource anunció  la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de minería de nación (Daniel Meilán) y de jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.

En Jujuy   comenzó el relanzamiento de la megaminería   en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean hacen una mina.

Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos ellos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.
Al otorgarles las 90.000 hectáreas tampoco contemplaron los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunciaron la violación de sus derechos territoriales.

Los comunidades se han movilizado frente al poder político y afirmaron que no quieren minería en su territorio. La causa judicial se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto. Sin embargo, pactaron con la minera canadiense.

Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2017/11/jujuy-entrego-tierras-de-pueblos.html