Latinoamerica

La minería de carbón sigue expandiendo su contaminación en América Latina

A pesar de la presión global para disminuir la minería del carbón y la quema del mineral para generar electricidad, varios países de América Latina y el Caribe mantienen en la actualidad proyectos para ampliar esa contaminante fuente energética.

Tales planes contradicen las metas climáticas adoptadas voluntariamente por las naciones de la región y el compromiso de incrementar las fuentes limpias y renovables, que forman parte del Acuerdo de París sobre el clima, aprobado en diciembre de 2015.

“América Latina no tiene un gran peso global en el sector, pero este sí tiene influencia regional. Además, Colombia exporta mucho carbón. El problema es que hay varios proyectos en planeación para explotar el mineral y eso amenaza con mantener esa dependencia por años”, dijo a IPS en esta ciudad alemana de Bonn, Heffa Schuecking, directora de la no gubernamental Urgewald.

La Lista Global para el Abandono del Carbón (GCEL, en inglés), elaborada por la organización alemana, exhibe la situación regional del mineral, en el marco del contexto global.

Urgewald presentó el reporte durante la 23 Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se desarrolla desde el 6 y hasta el 17 en Bonn, parte de la que fue la franja industrial alemana, movilizada precisamente por la piedra negra.

El listado abarca unas 770 corporaciones extractivas, comercializadoras, prestadoras de servicios y generadoras termoeléctricas dentro de la cadena de valor del sector y señala que en América Latina y el Caribe, la capacidad termoeléctrica instalada con fuente carbonifera asciende a 17.909 megavatios (MW), de los cuales la mayoría opera en México (5.351 MW), Chile, (5.101 MW) y Brasil (4.355 MW).

Empero, los proyectos en marcha que contemplan el uso de carbón suman 8.427 MW, de los cuales Chile aportaría 2.647, Brasil 1.540, República Dominicana 1.070, Venezuela 1.000, Jamaica 1.000, Colombia 850 y Panamá 320. Esos emprendimientos anclarían aún más el contaminante mineral en la región y dificultarían su retiro para combatir el cambio climático.

La GCEL identifica 14 empresas originarias de la región, de las cuales cinco son brasileñas, otras cinco colombianas y una por país de Chile, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Además, empresas transnacionales como las estadounidenses AES y Drummond; la italiana Enel, la francesa Engie, la anglosuiza Glencore, la angloaustraliana BHP Billiton y la británica Anglo American también que operan en el sector del carbón en la región.

En la COP 23, cuya electricidad proviene parcialmente de la mina de lignito de Hambach, en las cercanías de Bonn, el reclamo en contra del carbón ha resonado, debido a la responsabilidad del mineral en la generación de gases contaminantes que recalientan el planeta.

Colombia extrae el mayor volumen de carbón en la zona -90 millones de toneladas en 2016-, en un sector dominado por las empresas transnacionales Drummond, Glencore, BHP Billiton y Anglo American.

Desde 2013, la extracción carbonífera colombiana ha oscilado entre los 85 millones y los 90 millones de toneladas, obtenidas principalmente en excavaciones a cielos abierto y destinadas principalmente a la exportación.

Mientras, la generación termoeléctrica de carbón ascendió a 1.369,5 MW en 2016.
Brasil produce unos ocho millones de toneladas de carbón al año y opera 21 turbinas termoeléctricas con el mineral que generan 3,71 millones de kilovatios, equivalentes a 2,27 por ciento de la capacidad instalada nacional.

En 2015, México produjo unos 7,25 millones de toneladas anuales, el nivel más bajo de los últimos años debido a que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha contraído la compra del mineral.

En paralelo, la generación carboeléctrica totalizó 30.124 millones de MW/h en 2015, 34.208 millones en 2016 y 24.274 millones en 2017 proveniente de tres plantas de CFE.

Chile pertenece al lote de los mayores generadores termoeléctricos de la región, con un parque a carbón constituidopor 29 unidades eléctricas que aportan 14.291 MW, equivalentes a 61,5 por ciento de la capacidad instalada nacional.

Carlos Rittl, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de organizaciones ambientales brasileñas, criticó aquí que su país carezca de una política clara hacia el carbón.

“Hay metas de energía renovable para 2030, pero se sigue subastando capacidad eléctrica para combustibles fósiles y se construyen plantas termoeléctricas. No hay un vínculo entre la agenda energética” y las metas voluntarias de reducción de gases contaminantes de Brasil, subrayó Rittl.

El ecólogo brasileño es uno de los 20.000 asistentes, entre delegados gubernamentales, académicos, de la sociedad civil, organismos internacionales y empresarios, a la COP 23.

La GCEL incorpora 88 por ciento de la producción mundial de carbón y 86 por ciento de la capacidad termoeléctrica instalada con base en el mineral.

Además, la base de datos identifica 225 compañías que planean la expansión de la minería del carbón y 282 que proyectan más plantas eléctricas.

De las 328 empresas mineras enlistadas, 30 cargan con más de la mitad de la producción mundial de carbón y de las 324 operadoras termoeléctricas, las mayores 31 poseen más de la mitad de la capacidad instalada global.

La campaña busca que los inversionistas retiren los fondos del sector carbonífero, a modo de cancelar nuevos proyectos y clausurar progresivamente los vigentes.

Colombia posee reservas carboníferas por 16.540 millones de toneladas. Mariana Rojas, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente del país, reconoció ante IPS la dificultad de abandonar ese fósil.

“Se trabajan diferentes estrategias para los diferentes sectores. Queremos incentivar el incremento de las renovables en la matriz energética, ha habido más competitividad por los bajos precios de las renovables. Pero no podemos llegar y sacudir a todos los sectores”, declaró la funcionaria.

El carbón quedó fuera del impuesto al carbono creado por la reforma tributaria de diciembre de 2016, prueba del poder de esa industria.

El informe “El carbón de Colombia: ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Minería, comercio global y cambio climático”, elaborado en 2015 por el no gubernamental Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, ya alertaba de que en el país andino se proyecta mantener la explotación minera de carbón hasta al menos 2079.

Brasil ya autorizó al menos otra planta en construcción por 340 MW, pero hay avales para al menos seis instalaciones más para generar 804 MW.

México afronta una situación similar, pues los permisos mineros vigentes expirarían a 2062 sobre reservas que superan los 700 millones de toneladas.

La estatal CFE de ese país ha recurrido desde 2015 a subastas electrónicas de carbón, para controlar el abastecimiento de más de dos millones de toneladas anuales y regular la actividad.

Schuecking, de Urgewald, instó a cerrar el grifo financiero a esos proyectos. “Un alejamiento veloz de las inversiones para el carbón por el sector financiero no es solo una cuestión de evitar activos devaluados, sino también de mantener un mundo habitable”, pidió.

Alemania ya le puso fecha de caducidad a ese material -2018-, mientras Canadá ya anunció que en 2030 dejará de quemarlo e Italia se comprometió a hacerlo en 2025.

“El primer paso es eliminar los subsidios al carbón” y redirigirlos a energía solar y eólica, propuso Rittl.

Fuente:https://www.nodal.am/2017/11/la-mineria-carbon-sigue-expandiendo-contaminacion-america-latina/

Bolivia

Los residuos de la minería dejan comunidades contaminadas

La explotación ilegal de oro con componentes químicos es la principal causa de la contaminación de los ecosistemas en las comunidades del norte de La Paz.

Se realizará un censo a centros mineros para poder acabar con el tráfico de este metal, informó el director del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senerecom), Víctor Maldonado.

La representante de las comunidades afectadas por la minería Margarita Aquino anunció medidas de presión para reclamar al Gobierno por el daño ambiental que genera la minería y que éste frene su producción.

El ministro de Minería, César Navarro, indicó que con el dinero que otorga la minería se debe generar una respuesta ambiental para contrarrestar estos daños.

Fuente:http://www.atb.com.bo/seccion/econom%C3%ADa/los-residuos-de-la-miner%C3%ADa-dejan-comunidades-contaminadas

Mexico

Continúa inconformidad por instalación de fábrica de cianuro en Gómez Palacio

Continua la oposición por parte de habitantes de la comunidad del Siete y del ejido Dinamita municipio de Gómez Palacio y del Comité de Pueblos y Comunidades por la Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, por la instalación de la compañía dedicada a la fabricación de cianuro de socio «Chemours Company».

Genaro Sánchez, habitante del Siete detalló que ante la insistencia de la compañía por instalarse en la Comarca Lagunera y de la complacencia de las autoridades se han visto obligados protestar y manifestarse contra estas decisiones que ponen en riesgo la integridad física del pueblo.

Dijo que el pasado 28 de octubre se llevó a cabo el primer Encuentro Lagunero por la Vida y el Territorio donde se expusieron las consecuencias ambientales ya que el proyecto de Chemours Laguna contempla la producción de más de 60 toneladas de cianuro de sodio cada año.

Por otra parte aseguran que han sido amenazados por personal de esta empresa con ser despojados de sus viviendas y del territorio que ocupan más de mil personas en comunidades como el 7 y el Ejido Dinamita.

Expuso que hace seis meses La Red Mexicana de Afectados por la Minería, en el centro del país, informaron que el Proyecto San Luis que llevaría a cabo la empresa química The Chemours Company consistía en instalar en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, una planta para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, el cual luego de las manifestaciones de los pobladores fue cancelado de manera definitiva por lo que esperan esto pueda replicarse para la Comarca Lagunera.

Fuente:https://laguna.multimedios.com/laguna/continua-inconformidad-por-instalacion-de-fabrica-de-cianuro-en-gomez-palacio

Internacional

Desestimadas alegaciones de Berkeley sobre impacto ambiental de mina uranio

España.- La Audiencia Nacional ha desestimado las alegaciones previas presentadas por la empresa Berkeley al recurso de grupos ecologistas contra la declaración de impacto medioambiental de la mina de uranio, proyectada en la localidad salmantina de Retortillo.

El auto judicial al que ha tenido acceso Efe se ha notificado después de que la empresa australiana presentara el pasado 22 de septiembre alegaciones contra un recurso de abril de 2016 de Ecologistas en Acción y Equo, que consideran que la declaración de impacto medioambiental no incluye que el proyecto puede ser nocivo al dedicarse al procesamiento del uranio y a ser un almacén de residuos radiactivos.

En el documento de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, los magistrados consideran que las alegaciones planteadas por la empresa son «idénticas» y una «mera reiteración» de las presentadas -y también ya desestimadas- por la Abogacía del Estado y que iban en la misma línea: pedir a la Audiencia Nacional que no admitiera el recurso de los ecologistas.

Además, la Audiencia Nacional advierte de que «las costas del incidente se impondrán a la codemandada Berkeley» y de que no cabe recurso a esta decisión.

La empresa hacía hincapié, según han revelado a Efe fuentes jurídicas, en que la declaración de impacto medioambiental era firme y no podía ser recurrida ante los tribunales y, al mismo tiempo, negaba legitimidad a Equo para personarse en la causa.

Los grupos ecologistas han celebrado la decisión y han considerado que la Audiencia Nacional les ha dado «la razón», lo que en palabras del coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, supone «un paso más en el trabajo» para «demostrar todas las ilegalidades en las que incurre este proyecto».

En declaraciones a Efe, López de Uralde ha calificado esta mina como «la mayor agresión ambiental que está sucediendo ahora en España», y ha recordado que «el defensor del pueblo de Castilla y León ya emitió un informe en el que reconocía que el estudio de impacto medioambiental de esta mina no cumple las condiciones necesarias».

Por su parte, la empresa Berkeley se ha mostrado confiada en que la Audiencia Nacional aceptará la declaración de impacto medioambiental y rechazará los argumentos que Equo y Ecologistas en Acción incluyeron en sus recursos al proyecto.

A través de un comunicado, Berkeley ha considerado que este órgano judicial «aún no se ha pronunciado» y ni siquiera ha admitido a trámite el recurso de los ecologistas, sino que se limitó a pedir «alegaciones previas» que, según su criterio, es lo que ahora ha desestimado.

Por esta razón, la empresa cree que existen «fundamentos más que suficientes» para confiar en que la Audiencia Nacional desestimará la demanda realizada por Ecologistas en Acción y Equo contra el proyecto de la mina de uranio a cielo abierto en la localidad salmantina de Retortillo.

El presidente del PP de Castilla y León y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado al cumplimiento de la legalidad y los trámites preceptivos: «si se cumplen los trámites normales y de otro tipo dentro de la normativa europea, estatal y autonómica, no hay nada más que decir», ha resumido. EFE.

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20171122/433085590114/desestimadas-alegaciones-de-berkeley-sobre-impacto-ambiental-de-mina-uranio.html

Mexico

Campesinos de Chiapas se oponen a 21 proyectos mineros en la Sierra Madre (Animal Político)

Los campesinos del sur de Chiapas que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas  —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 mil  habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

Colombia

INVITACIÓN. Lanzamiento Libro y Conversatorio «Minería, Violencia y Criminalización en América Latina»

Estimadas y estimados amigos,

Les dejamos invitación a participar del Lanzamiento del Libro y Conversatorio «Minería, Violencia y Criminalización en América Latina», que se llevará a cabo el día 23 de noviembre a las 6 pm en Calle 37 Nº 15 – 40, Bogotá, Colombia.

Participaran como ponentes:

– Diana Murcia, de la Universidad del Bosque

– Milson Betancur, de la Universidad Nacional de Colombia y Censat Agua Viva

– Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca – Cosajuca

– Asocomún Fortaleza de la montaña

 

Dudas e información, escribir a minería@censat.org o a censatconflictosmineros@gmail.com

Colombia

Aumenta el tono de la discusión por Santurbán

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, intentó este miércoles bajarle el tono a la creciente indignación nacional sobre la posibilidad de que se desarrolle un proyecto minero en el páramo de Santurbán, entre Santander y N. de Santander.

“No hay ninguna actividad, ni proceso de licenciamiento de ningún proyecto en área de páramo” fue su declaración, a decir verdad, ciertas en el estricto sentido de la palabra.

El proyecto Minesa no se encuentra en área de páramo, sino en zona de bosque alto andino, sobre los 2.640 metros sobre el nivel del mar, y por fuera de la línea de protección trazada por el Gobierno en colaboración con el instituto Von Humboldt, que dice que inicia a los 3.100 metros.

 

Sin embargo, este factor no es el tema de fondo de la protesta que se viene elevando hace dos semanas en el país, cuando el ministro de Minas, Germán Arce, confirmó las intenciones de Minesa en la región, tras una visita a los jefes del fondo Mubadala, árabes dueños del proyecto minero.

“Es que una cosa es lo que ellos (Gobierno y Minesa) dicen que está por debajo de la línea de páramo, pero el agua hace parte de un sistema. Porque el páramo, como tal, no es nada sino que hace parte de un ecosistema”, aseguró a EL COLOMBIANO Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga que se ha convertido en la cabeza visible de la oposición a la minería en la zona de Santurbán.

El mandatario decidió arremeter contra el presidente, Juan Manuel Santos, a quién le envío cinco preguntas sobre el futuro de este proyecto.

“Debajo de la línea, si usted derrumba la composición del terreno, va a derrumbar toda el agua que llega. Entonces es como decir que en un cuerpo, la cabeza es páramo y de ahí para abajo no”, explicó Hernández.

 

Voces contrarias

Al tiempo que el Minambiente intentó echar agua al fuego de la indignación, aprovechó para criticar al alcalde. “Las afirmaciones del señor alcalde no tienen ningún asidero en la realidad. Realmente son afirmaciones irresponsables y desinformadas”, ya que el Gobierno “ha garantizado la protección del agua de los colombianos”, dijo.

Murillo echó mano de los 23 páramos que han sido delimitados en el Gobierno para resaltar que “el país puede tener la tranquilidad que no se va a hacer ni se está haciendo minería en páramos, porque está prohibida, porque tenemos un compromiso con la protección del agua”.

Sin embargo, no se refirió a la preocupación de fondo, que es la interconectividad del agua en todo este ecosistema.

“El páramo no puede reducirse a una simple cota en metros sobre el nivel del mar; es una unidad biogeográfica”, explicó Erwing Rodríguez-Salah, miembro del Comité Cívico del Páramo de Santurbán, que recalcó que “existe el superpáramo, el páramo, el subpáramo, el bosque alto andino, bosque bajo andino y las zonas de amortiguación, elementos que son interdependientes por lo cual no se puede pretender intervenir uno de ellos sin considerar la afectación de los demás”.

Entre las declaraciones cruzadas existe una realidad y es que en el momento, la delimitación de Santurban, que demoró años en hacerse y se conoció en 2014, no se encuentra vigente.

Un fallo de la Corte Constitucional, en respuesta a una tutela que argumenta que no se tomaron en cuenta a todas las voces involucradas en el momento de trazar la línea, exige que dentro de un año se surta nuevamente el proceso de concertación y se expida una nueva delimitación.

 

Lo que sigue

¿Qué va a pasar con el proceso de licencia ambiental que para Minesa no está aún muy claro? Los tiempos indican que en los primeros meses de 2018 la Anla debería tomar una decisión, aunque el Ministro dice que habrá primero acatar la revisión pedida por la Corte.

“Esta es una decisión eminentemente técnica. Sin embargo, no se tomará ninguna decisión de licenciamiento de este proyecto hasta tanto se surta el proceso de revisión del páramo de Santurbán-Berlín”, subrayó, y agregó que se contará con el acompañamiento de la Procuraduría para garantizar la transparencia y participación ciudadana.

Asimismo, aseveró que la Anla creará un Comité de Expertos nacionales e internacionales para realizar el acompañamiento y seguimiento al proceso licenciatorio.

No obstante, el fallo del alto tribunal podría virar la forma como se había estado tomando las decisiones en Santurbán, pues podría abarcar dentro de los involucrados a los habitantes de Bucaramanga, que se surten del agua que produce el páramo.

Así lo explicó Rodríguez-Salah, uno de los accionantes, al aclarar que la delimitación original vulneró los derechos de los bumangueses. Sobra decir que este argumento dictaría un precedente importante para las delimitaciones hechas, pues abriría el espectro para que otras comunidades distintas a las que viven en territorio de páramo tengan voz y voto en estos territorios.

Más aún porque el alcalde Hernández enfiló energías en busca de un asiento para su ciudad en la mesa de la Anla, que ya anunció que estudia la posibilidad.

De conseguirla, conseguiría cambiar el discurso de la política de páramos y de paso, podría un gran asterisco sobre los logros en la materia hasta la fecha.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/aumenta-el-tono-de-la-discusion-por-santurban-MC7747385

Perú

¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

Las defensoras de la tierra y el agua están siendo vulneradas, afirmó enfáticamente la investigadora Rocío Silva Santisteban, quien presentó su libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales, impactos, estrategias, resistencias” el día de ayer, 20 de noviembre, en el Centro Cultural de España.  Para iniciar este libro partí de una pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

El capitalismo por despojo que vivimos en la actualidad por el extractivismo, genera que las grandes empresas asuman el control de la vida, de animales, plantas, personas, y con ello, de territorios en su conjunto, propiciando los conflictos, por lo que la denominación socio ambiental que se utiliza no los refiere, hay que hablar hoy de conflictos “eco territoriales”.

El 73% del total de la tierra se encuentra en posesión de los hombres, por lo que ellos toman decisiones sobre la negociación de la misma, comentó Silva Santisteban. La Ley de Comunidades Campesinas, por su parte, solo considera al “jefe de familia” como comunero habilitado para tomar parte en las asambleas, lo que excluye a la mujer de los espacios de poder.  Cuando ocurren conflictos socio ambientales, son ellos, los que se sientan en las mesas de “diálogo”, agregó la investigadora.

El uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta afectan a las defensoras de derechos humanos. Ellas son perseguidas por el Estado, aseveró. Silva Santisteban dio una serie de recomendaciones que surgieron de la investigación, como impulsar la participación de mujeres en los procesos de Consulta previa, la promoción del liderazgo de la mujer en los movimientos sociales y la creación de Políticas Nacionales contra la violencia de género en conflictos sociales.

En la mesa de presentación del libro, estuvieron las lideresas Teresita Antazú del Pueblo Yanesha de la Selva Central, y Elsa Merma de Espinar, Cusco. Antazú contó cómo fue el proceso de empoderamiento de mujeres amazónicas en el que ella estuvo involucrada. “Yo me preguntaba por qué las mujeres no podían sentarse a la mesa junto a los hombres, por qué nos decían que traíamos mala suerte. Las cosas han empezado a cambiar poco a poco”, afirmó.  Ella participó en varias campañas por la titulación de tierras comunales y es una dirigenta reconocida.

“Nosotras no debemos callarnos, pensemos en las compañeras de nuestras comunidades, por ellas debemos resistir”, dijo Elsa Merma Ccahua, de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura del Pueblo Kana. Ella contó que la población y, sobre todo, las mujeres padecen con el extractivismo porque el costo de vida se eleva y se generan una serie de conflictos.

El Caso Máxima Acuña

La abogada Mirtha Vásquez, abogada de la luchadora social Máxima Acuña de Cajamarca, estuvo presente en el evento.  “Rocío Silva Santisteban nos está dando a conocer parte de una historia que nadie quiere contar, tenemos en nuestras manos un documento que sistematiza la experiencia de lucha que han tenido muchas mujeres por el territorio”, afirmó.

Vásquez contó que Máxima Acuña ya no soporta el acoso de parte de la empresa minera Yanacocha.  El caso se está llevando a cortes internacionales, señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y agregó que se tiene que dar todas las garantías para proteger a la defensora de las lagunas.  Ella comentó que las mismas regiones que fueron afectadas por el conflicto armado interno, tienen conflictos socio ambientales y las mujeres otra vez están siendo afectadas en las luchas por el territorio.

El libro estará disponible online desde el 15 de diciembre.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/655-mujeres-conflictos-territorio.

Colombia

El drama de la salud de las comunidades de La Guajira por la minería de El Cerrejón

A propósito del Día Universal de los Derechos de las niñas y los niños, este lunes en el Congreso de la República se desarrolló una audiencia pública sobre la situación de las y los menores de edad integrantes de las comunidades de La Guajira, afectados por la actividad minera de la empresa El Cerrejón.

Así lo denuncian las comunidades y la abogada Dora Lucy Arias, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien señala que esta audiencia se convoca para llamar la atención nuevamente «no a voces, sino a gritos sobre los impactos en la salud de la minería de carbón en las comunidades indígenas y afrodescendientes».

En ese sentido, han traído a la capital casos puntuales de niñas y niños gravemente afectados por la extracción de carbón a manos de El Cerrejón, como es el caso de Moisés Guette, niño indígena Wayuu de 2 años quien padece graves problemas respiratorios y de hemoglobina, por cuenta de las fuertes explosiones producidas para la extracción carbonífera, según denuncian.

Los niños están sufriendo mayores enfermedades pulmonares, de la piel y del estómago, y aunque usualmente la explicación que se da es la desnutrición, se trata de un problema cuyas raíces nacen en la actividad minera que acaba con la comida de las comunidades y con la calidad del aire, debido a la contaminación que del agua, la tierra, y el aire.

Las exigencias de las comunidades

Ante dicha situación y 35 años después de que iniciara la extracción de carbón, el Tribunal de La Guajira le dijo al gobierno que debe realizar los estudios pertinentes para determinar científicamente este impacto en la salud y en el ambiente. A su vez, las comunidades indígenas exigen que se aplique el principio de precaución y prevención, para que se impida que se mantenga esa contaminación hasta tanto, no se verifique que esa actividad es inocua.

No obstante, «ha habido una respuesta muy cosmética por parte de la empresa y el gobierno», señala la abogada, quien agrega que pareciera que se busca tapar esta situación para impedir que no se debata de manera seria para que el problema sea atendido de la manera adecuada.

Otras actividades de visibilización

Además de la audiencia, hay otra serie de actividades que se realizarán en Bogotá para que se conozca la realidad de este territorio. Una de ellas es una exposición fotográfica en la Plaza de Bolívar el lunes en la mañana, y en la tarde de 2 a 5 pm, se presentará en la Facultad de medicina en la Universidad Nacional.

El martes se realizará la II Conferencia Temática:  ​“Los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, uno de los Desafíos de la PAZ en Colombia”.  de 09:00 a 5:30 p.m. en las instalaciones del Centro Cultural Gabriel García Márquez, -Auditorio Rogelio Salmona.

Fuente:http://www.contagioradio.com/comunidades-de-la-guajira-exige-articulo-49283/

Chile

40 familias de estancia Tambillos serán afectadas por actividad minera

La Estancia Tambillos, está a 3 km del pueblo de Tambillos, frente al cruce Barrancas. El 4 de noviembre les anunciaron que los trabajos de la minera que se encuentra cerca a sus terrenos volvería a operar con un nuevo proyecto. Son 86 parcelas que colindan el terreno donde se instalarían relaves filtrados, afectando la calidad de vida de las 40 familias que residen en el sector. Ellos alegan que no fueron considerados en la declaración de impacto ambiental. Fuente: La Región de Coquimbo

«Depósito de Relaves Filtrados CM Florida» fue aprobado en octubre por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA). Es un nuevo depósito de relaves de siete terrazas con una altura estimada de siete metros cada una que almacenaría 3.540.293 m3 de relaves, equivalentes a 7.256.600 ton.
La inversión es de US$2.900.000 permitiendo que la vida útil de las operaciones mineras se incremente a siete años.

Además, para el nuevo depósito, el sistema requeriría un ducto de conducción de relaves, planta de filtrado, sistema de drenaje y recuperación de aguas, muro de pie de depósito, oficina sector planta de filtrado y una bodega de sustancias peligrosas.

Las 40 familias han tenido que convivir con tortas de relaves de 15 metros de altura las que, según el relato de los vecinos, no son mantenidas húmedas ni con mallas que las protejan de la polución.
«Nosotros no reclamamos a la minera por lo que hay, porque nosotros compramos sabiendo lo que había, estamos reclamando por lo que van a hacer. No nos preguntaron y podrían habernos preguntado» indicó Nena Zarricueta, integrante de la comunidad.

Uno de los vecinos más perjudicados es Jonathan Aguilera, quien hace tres años adquirió uno de los terrenos con su esposa con quien comenzaría a construir su vivienda, su sitio colinda con el cerco que separa la faena. Teme que el muro de contención de 2,5 metros de altura que construirá la empresa para contener las siete terrazas de depósito, a 20 metros de su sitio, pueda ceder producto de lluvias o sismos fuertes.

Como él son muchos los molestos con la situación, que reclaman que la empresa minera jamás se contactó con ellos para ver cómo podría afectarles el reemplazo de los relaves.

La declaración de impacto ambiental, publicada en el sitio de SEIA, no incluye participación ciudadana alguna y en su justificación de localización establece que «resulta importante destacar que aun cuando el proyecto se encuentra emplazado en un área con viviendas en sus inmediaciones y contiguo a la Ruta 43, los estudios que se acompañan en la presente declaración de impacto han permitido demostrar que no se afectará la calidad de vida de los habitantes ni tampoco el flujo vehicular asociada a la mencionada ruta».

Aguilera comentó que la empresa incluyó solo a las comunidades de Tambilloa y Barrancas y no a ellos, quienes son los más perjudicados por la situación, «los reales afectados en este caso somos nosotros que estamos al lado de la minera, somos vecinos, los cercos nuestros deslindan con la minera».

La presidenta del comité Estancia Tambillos, Elizabeth Opazo, acusa que la empresa Minera Florida nunca ha sido solidaria con el entorno ni con los vecinos, ya que nunca han dado solución a los problemas que provoca la presencia de los relaves en el sector y que durante este año la única acción en pro de la comunidad fue el emparejamiento de uno de los caminos.

Ahora bien, el problema que se les presenta a la comunidad Estancia Tambillos es que con este nuevo depósito y el incremento en la cantidad de relaves aumentará la polución con la que a diario conviven, el tránsito de camiones que no pasan encarpados y asimismo la probabilidad de volver a inundarse, tal como este invierno por las fuertes lluvias, ya que taparían el paso de una de las quebradas.

El proceso de evaluación ambiental establece que la comunidad puede solicitar un proceso de participación ciudadana dentro del plazo de 10 días, contados desde la publicación del proyecto en el Diario Oficial, plazo que vence hoy y en el que indican que vecinos de Tambillos y Barrancas no los incluyeron, por lo que debieron presentar sus peticiones de forma independiente.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/37955-40-familias-de-estancia-tambillos-seran-afectadas-por-actividad-minera