Así lo determinó el Tribunal Administrativo del Huila al fallar en segunda instancia una Acción de Tutela que el alcalde Pablo John Trujillo Motta había instaurado contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Luego de haberse destrabado la posibilidad de realizar en Oporapa una Consulta Popular en la que sus habitantes decidirían si se permitía o no la implementación de represas hidroeléctricas o proyectos de extracción minera, tras superar una serie de obstáculos de tipo legal, y tras la presentación de una Acción de Tutela en la que el alcalde de ese municipio solicitaba la financiación de ese ejercicio democrático por parte del gobierno nacional, el Tribunal Administrativo del Huila negó la pretensión y dejo sin la posibilidad de costear la elección con recursos oficiales.

Así se conoció en las últimas horas al ser notificado el alcalde oporapense a quien se le ratifica en la decisión que no es obligación del Estado costear por completo el despliegue logístico de ese mecanismo de participación ciudadana dado que la Ley 1757 de 20165 no impone esa obligatoriedad a las instituciones oficiales del nivel central.

La Acción de Tutela fue presentada por el alcalde Pablo John Trujillo Motta como apelación a la primera instancia fallada en contra de su pretensión por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, decisión que fue ratificada en el nuevo fallo.

Pese a que en diciembre pasado y tras superar varias dificultades para lograr la aprobación de la Consulta Popular en donde se había definido como fecha para el llamado a las urnas en Oporapa para el 25 de febrero de 2018, la Consulta Popular no se pudo realizar por falta de recursos económicos.

Ahora les corresponderá a los líderes y habitantes de ese municipio conseguir la financiación de la Consulta Popular si quieren que esta se realice pese a que, en otros municipios del país, se dio vía libre institucional a similares convocatorias ciudadanas, el mandato implica que sea el mismo ente territorial quien cubra ese emolumento.

En Oporapa la Multinacional Emgesa, tenía proyectado instalar una represa con capacidad de 280 megavatios, la cual impactaría comunidades como Alto San Francisco, Paraguay, San Ciro y La Maica sin embargo el gerente general de esa multinacional, anuncio que la solicitud de licencia ambiental presentada ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, fue retirada.

Los habitantes de Oporapa, temen también por la autorización a explotaciones mineras como se comprobó al existir en trámite solicitudes para la explotación de oro, materiales de construcción y agregados pétreos, así como el trámite del proyecto de perforación exploratoria San Gabriel.

Fuente:http://lavozdelaregion.co/consulta-popular-contra-represas-y-mega-mineria-en-oporapa-no-sera-financiada-por-el-estado/

Una Consulta Popular inconclusa por decisión del Ministerio de Hacienda, un acuerdo municipal que prohíbe actividades extractivas, movilizaciones dentro y fuera del municipio y una Consulta Pedagógica con menores de edad; son las acciones de El Peñón (Santander), una comunidad en pie de lucha por su territorio.

El municipio El Peñón es un lugar con gran riqueza hídrica, paisajística y con vocación agropecuaria. Sin embargo, se ha visto amenazado por intenciones de la empresa Geo-Cooper de hacer exploración y explotación de minería de cobre y otros minerales; sin tener en cuenta que la comunidad rechaza todo tipo de actividad extractiva y ha manifestado en múltiples ocasiones que no permitirán que terceros lleguen a destruir su patrimonio ecológico.

Este es uno de los muchos municipios que se quedó sin poder realizar la Consulta Popular ante la posición del Ministerio de Hacienda de no desembolsar los recursos para este mecanismo de participación, argumentando la falta de dinero.

Tal decisión ha llevado a que se generen múltiples acciones para hacerse escuchar del Gobierno Nacional respecto a su desinterés de convertirse en un municipio minero. Las y los habitantes de ese territorio se sienten orgullos de ser campesinos y campesinas.

El Peñón

“Soy un campesino del municipio de El Peñón en donde dependemos de los cultivos de mora, plátano, cacao. Y la verdad es que nosotros decimos no a la minería porque nuestra mayor riqueza son las fuentes hídricas y no queremos que se vean afectadas”, cuenta Danilo Mojica Vargas, habitante de la Vereda Robles.

En dicha vereda se encuentran las más de 1.000 hectáreas en las que se tiene previsto realizar la explotación de cobre.

Hace unas semanas la Administración municipal fue notificada por María Eugenia Coronado, titular minera y responsable del contrato de concesión No HGR-14171, sobre el próximo inicio de la exploración en las veredas de la parte alta del municipio (Robles, Tendidos y Hondura). Esta información causó gran indignación en la comunidad, que continúa esperando el momento de votar en la Consulta Popular.

Asimismo, el Alcalde de El Peñón, Francisco Cruz Güiza, emitió un comunicado en el que le explicaba la situación y resaltaba que rechazaban la intención de Geo-Cooper de entrar al municipio desconociendo “que las y los peñoneros históricamente se han dedicado en su mayoría a la agricultura y actividades agropecuarias. Estas tierras tienen un potencial ecoturístico de talla mundial. Puede ofrecer actividades de espeleología por la gran cantidad de cuevas y cavernas con la que contamos, ya que El Peñón está conformado ecológicamente por ecosistemas cársicos que son únicos en el mundo y permite la existencia de especies endémicas”.

Nadie quiere que se realicen allí actividades extractivas pues conocen sus “efectos devastadores sobre el territorio”, afirma el Alcalde.

Es así como a inicios de abril se llevó a cabo una gran movilización convocada por el Comité Ambiental de El Peñón, en la que más de 1.000 habitantes de entre todas las edades se movilizaron por todo el municipio con el fin de mandarle un mensaje al Gobierno Nacional sobre el inconformismo que existe en la población por este tipo de actividades extractivistas.

Las y los campesinos denunciaron que el Gobierno, en vez de apoyar las tareas del campo, promueve su destrucción. Las actividades agrícolas son las que desde hace 25 años (momento en que se conforma este municipio) han existido. Allá se siembra mora, cacao, lulo y tomate, entre otros productos.

El Peñón se convirtió en la primera entidad territorial de Santander que prohibió, mediante Acuerdo Municipal 004 del 2018, “el desarrollo de: actividades mineras de metálicos y la gran y mediana minería de los demás minerales, actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y las actividades relacionadas con la ejecución de proyectos de producción energética tales como centrales hidroeléctricas”. Quiso así garantizar la protección del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

Dicho acuerdo fue radicado por el Alcalde Francisco Cruz Güiza y aprobado por unanimidad por los nueve Concejales del municipio. Este territorio se unió a los más de 20 municipios que a nivel nacional (en los departamentos Tolima, Meta, Antioquia y Huila) que han protegido su riqueza ecológica y cultural mediante este mecanismo legal. Ya fue sancionado y está a la espera de ser revisado por la Gobernación de Santander.

Por esto, durante la movilización en El Peñón, la comunidad socializó, festejó y legitimó el Acuerdo ya que está pensado para la defensa de su vocación agrícola y busca salvaguardar también la riqueza paisajística que está haciendo del municipio un importante lugar turístico.

Las y los peñoneros consideran que su territorio tiene potencial para ser de “talla mundial” en cuanto a la actividad turística por la variedad en sus pisos térmicos, fuentes hídricas, cavernas y los recientes hallazgos arqueológicos en torno a ellas.

Asimismo, una comitiva del municipio estuvo participando del plantón que se realizó el pasado 12 de abril. En ese plantón, organizaciones ambientales de todo el país exigieron al Gobierno Nacional que se respete la decisión de las comunidades expresada a través de las Consultas Populares.

Consulta Pedagógica

Niños, niñas y adolescentes -de primero de primaria a once de bachillerato- votaron si desean o no que se realice exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Esta es una actividad llamada Consulta Pedagógica que permitió conocer la posición de los menores de edad, quienes en muchas ocasiones no son tenidos en cuenta, y a su vez seguir trabajando en la concienciación del cuidado del agua y el territorio.

En total votaron 775 estudiantes, con un total de 764 votos que dejaron claro que NO quieren que se realicen actividades extractivas en su municipio; hubo 8 sufragios por el sí y 3 nulos. La actividad fue apoyada por miembros de la comunidad, Registraduría Nacional y Policía Nacional. Estuvo presidida por el Alcalde, funcionarios, rectores, docentes, concejales y Presidentes de Junta.

La actividad adelantada por la Administración municipal junto con el Comité Ambiental, se desarrolló en todos los 33 centros educativos del municipio. Estuvieron acompañando la actividad organizaciones departamentales como Ríos Vivos Santander y Vélez 500 Años, para evidenciar que el proceso se adelantara sin ningún inconveniente.

A través de un decreto, la Alcaldía de ese municipio fijó la fecha en el que se llevará a cabo la votación. Será el 15 de julio de 2018, el mismo día en el que se jugará la final del mundial de fútbol.

Salento, ese municipio del Quindío famoso por sus calles y por estar a pocos minutos del famoso Valle del Cocora, hará su consulta popular sobre minería el mismo día en el que se jugará la final del mundial de fútbol: 15 de julio.

La fecha la decidió la alcaldesa encargada, Amanda Tangarife Correa, a través de un decreto. Con fecha del 19 de abril, en el documento deja claro que a partir de ese día y hasta el 14 de julio, cualquier ciudadano podrá hacer campaña a favor o en contra de la iniciativa.

El proyecto había sido avalado a principios de abril por el Tribunal Administrativo de Quindío que aprobó la pregunta propuesta por los ciudadanos: “¿Está usted de acuerdo si o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?”.

Tal y como se lee en el decreto, actualmente hay en el municipio ocho títulos mineros vigentes para extraer oro y otros metales que “comprometen el 17,5% del área total”. De igual forma, hay once más en trámite para explotar metales y piedras preciosas.

Eso significa, como apunta la alcaldesa, que “entre títulos vigentes y solicitudes, el municipio de Salento debe disponer de hasta un 28,4% de todo el territorio municipal para la explotación minera, escenario que podría afectar zonas de importancia ambiental como páramos”.

Aunque la fecha de la votación ya está fijada, queda una duda en el aire: ¿Financiará el Ministerio de Hacienda esta iniciativa? La pregunta también se plantea en el decreto, pues como ha sucedido en oportunidades anteriores, es posible que no haya recursos para esta consulta popular. Detrás de esas negativas, como lo ha reiterado este diario en múltiples ocasiones, hay un dilema mayor: ¿Quién debe decidir sobre el subsuelo de los municipios? El interrogante aún no se ha resuelto.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/salento-quindio-ya-tiene-fecha-para-hacer-la-consulta-popular-sobre-mineria-articulo-752458