La empresa minera de Pinzán Morado entregó a la Secretaría de Protección Civil de Guerrero y al Ayuntamiento de Coyuca de Catalán los planos de los túneles que excavaron, en los que se confirma que uno de ellos atraviesa una zona habitada donde hay al menos 10 viviendas y una telesecundaria en riesgo.
En una reunión del personal jurídico de la empresa minera y el Ayuntamiento se mostraron los planos en los que se confirmó que hay unos cinco túneles en diferentes rutas, pero uno de ellos atraviesa una zona donde ya se han visto afectado los cimientos de una vivienda debido a recientes derrumbes.
En el encuentro estuvieron además de los abogados de la empresa minera, representantes de Protección Civil regional, así como el delegado de gobierno René Rabiela Tapia y el Alcalde electo Eusebio Echeverría Tavárez, del PRD, quien además es vecino de la comunidad afectada.
El Alcalde electo encabezó las acciones para solicitar a la minera que libere dinero y apoye la compra de un terreno para reubicar a los afectados, pero también para construir nuevas viviendas y pagar estudios de suelo que requiere el Gobierno del estado para autorizar nuevas construcciones. Tal estudio sería hecho por alguna universidad nacional y podría costar unos 800 mil pesos, comentaron.
Sin embargo, no hubo ningún acuerdo, solamente el diálogo sobre diversas posibilidades para solucionar el problema.
Ayer jueves, trabajadores del Ayuntamiento comenzarían a tocar puertas en la Secretaría de Economía y otras oficinas federales para solicitar el presupuesto para construir nuevas viviendas en un nuevo terreno.
En los mapas de los túneles se confirmó que no hay riesgo en el resto de la población del Municipio, aún cuando algún túnel se acerca a otra zona habitada, a unos 100 metros de una casa. El resto de los túneles están lejos del poblado.
La semana pasada, el Ayuntamiento de Coyuca de Catalán presentó una denuncia de hechos en la agencia del Ministerio Público contra la empresa que explota la mina de Pinzán Morado, ante los daños causados por el socavón que se abrió en el centro del pueblo, donde y comienzan a derrumbarse patios completos de algunas casas, y donde 11 viviendas y una escuela están en riesgo.
Uno de los tres túneles, perforado a unos 300 metros de la superficie debajo del pueblo, está provocando el desplome del suelo donde se abrió el socavón el pasado 2 de julio.
Ante la falta de un acuerdo, el alcalde, Juvenal Pineda anunció que permitirán que continúe la denuncia contra La Compañía Minera La Calentana, propiedad de la señora Elia Sánchez Cerda, que explota la mina de oro y plata en esa localidad, ubicada a una hora de la cabecera de Coyuca de Catalán, hacia Zihuatanejo.
LA DENUNCIA
El Ayuntamiento de Coyuca de Catalán presentó una denuncia de hechos la semana pasada ante el Ministerio Público contra la empresa que explota la mina de Pinzán Morado, por los daños causados por el socavón que se abrió en el centro del pueblo, donde y comienzan a derrumbarse patios completos de algunas casas y 11 viviendas y una escuela están en riesgo.
El socavón se abrió luego de un colapso en uno de los túneles de la mina que opera desde hace más de 50 años de manera más intensa en el pueblo, pero algunos vecinos aseguran que la extracción de mineral data de unos 100 años.
Uno de los tres túneles, perforado a unos 300 metros de la superficie, y debajo del pueblo, está provocando el desplome del suelo donde se abrió el socavón el 2 de julio.
El espacio se cercó y se determinó que son 11 casas en riesgo de caerse, así como un jardín de niños.
Un informe del Portal de investigación Ojo Público reveló que ambas empresas dejaron de pagar hasta un millón de soles en solo un año
El reportaje difundido esta mañana por el portal de investigación y se demuestra que un grupo de compañías mineras posee acceso privilegiado al agua. Se señala que “Toda el agua dulce del Perú está en manos de empresas, asociaciones y personas que obtuvieron licencias para extraer este recurso de ríos, quebradas y pozos. Por cada mil litros de agua se paga como máximo de 0,08 dólares”. Alrededor de 5.460 licencias pertenecen a 43 empresas privadas de los sectores agrario, minero e industrial. Todo esto ocurre en zonas donde el recurso hídrico es escaso y la mayoría de personas no tienen acceso a agua potable y desagüe. ¿Por qué tanto privilegio y desigualdad?
El 2015, la compañía minera Las Bambas, que opera en Apurimac y Cusco, debió pagar S/ 1’070.000, y según los registros analizados para esta investigación solo transfirió S/ 904 mil. Ojo Público también afirma que “En el caso de Minera Volcan, con operaciones en la sierra central del Perú y que tiene como accionista mayoritario a la multinacional Glencore, la mayor compañía comercializadora de productos primarios del mundo, debió pagar S/ 1’600 mil y pagó solo S/ 796 mil”. En ambos casos, Ojo-Publico.com determinó que los pagos efectuados durante todo el 2015 no correspondían al total de agua que declararon utilizar.
De acuerdo al análisis, Las Bambas y Volcan pagaron alrededor de S/ 93 por cada mil metros cúbicos de agua subterránea destinada al uso minero, cuando el costo establecido en el decreto supremo fue de S/ 185,30.
En el segundo reportaje se demuestra cómo las empresas mineras son las que más se benefician de los permisos de acceso al agua. “Son 20 las compañías que poseen derechos sobre 980 puntos de captación de agua para el procesamiento de sus minerales, suprimir el polvo en los caminos y cubrir las necesidades de sus campamentos”, se explica. Se estos, se entregaron hasta 141 derechos para extraer el recurso directamente de los acuíferos y fueron entregados a las mineras Las Bambas, Yanacocha, Southern Perú, Barrick y Antapaccay en Cajamarca, Cusco, Áncash y Moquegua, respectivamente. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), estas regiones se encuentran en permanente riesgo de sequía.
En Cajamarca, la empresa más beneficiada fue Yanacocha. “De los 195 derechos que se entregaron en este departamento, 142 son de Yanacocha, y 73 incluyen agua subterránea”
Los periodistas se comunicaron con Julio Jesús Salazar, ingeniero agrícola y antes funcionario de la ANA durante 10 años, quien aseveró que el procedimiento de entrega de licencias de agua es administrativo, y no contempla una distribución equitativa entre todos los usuarios.
“La Ley de Recursos Hídricos debe ser modificada para mejorar la distribución del agua. Me atrevo a decir que el sistema actual está generando serios conflictos porque concentra las fuentes de agua en los grupos de poder económico. El procedimiento es netamente administrativo, no técnico. Los estudios que se tienen sobre oferta y demanda de agua no son reales, se basan en cálculos estadísticos”, afirmó.
Este es el corto documental que recoge los testimonios de familias en Las Bambas que ven limitado su acceso al agua por causa del Proyecto minero Las Bambas.
Tal como reportamos la semana pasada, comuneros y comuneras de Fuerabamba vienen realizando un paro y bloqueo de carretera a la altura del ex fundo Yavi Yavi. Su principal demanda tiene que ver con que los terrenos sobre los cuales se ha construido la carretera utilizada por la empresa minera MMG Las Bambas es de su propiedad, por lo cual han cavado zanjas y han tomado posesión del mismo.
“Desde el miércoles 22 de agosto, unas 100 personas de la comunidad de Fuerabamba han bloqueado la carretera nacional cerca de la zona Yavi Yavi, ubicada en el distrito de Colquemarca, en la región de Cusco”, confirmó el portavoz de la compañía en Australia, Ted Woodruff, en declaraciones a la agencia Reuters. “En esta etapa, no hay un impacto inmediato en las operaciones, pero se ha suspendido toda la logística de concentrados”.
Se supo que el día de ayer, lunes 27 de agosto, se hizo presente la Policía con un número aproximado de 200 efectivos, pero hasta el momento no se habría producido ningún desalojo ni enfrentamiento. Fuentes locales informaron a este Observatorio que aún no circulan los camiones mineros por la carretera.
Esta podría no ser la única protesta en el corredor minero en estos días. La comunidad de Pisacasa había acordado en asamblea del 21 de este mes realizar un paro hoy mismo si sus reclamos no eran escuchados por el Gobierno. En estos momentos -hoy martes 30 de agosto- en dicha localidad se encuentran reunidos representantes de la comunidad con varios ministerios, entre ellos Agricultura, Transporte, Vivienda, Interior, así como la Municipalidad Provincial. La población se encuentra expectante ante la posible llegada de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros para iniciar un diálogo.
Por su parte, el distrito de Velille, ubicado en la región Cusco y que también es atravesado por el corredor vial utilizado para el transporte de concentrados mineros, acordó en una asamblea popular realizada hace unos días acatar un paro indefinido a partir del próximo 30 de agosto. Su demanda principal tiene que ver con la solicitud de modificar el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa a fin de ser incorporados como área de influencia, al sufrir los impactos ambientales de la carretera, tales como vibraciones y ruido, y polvareda constante que genera contaminación del aire por material particulado.
Por último, la comunidad de Antuyo también ha expresado su voluntad de realizar un paro con demandas sobre saneamiento de la propiedad de las tierras afectadas por la carretera. Hasta el momento no se han cumplido los acuerdos alcanzados el año pasado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Antuyo y otras tres comunidades respecto al saneamiento legal de las tierras y la compensación económica por su utilización para la vía del transporte minero.
Las protestas pacíficas que viene realizando y organizando la población local tienen que ver con la falta de estudios adecuados y oportunos sobre los impactos ambientales y sociales que iba a producir la carretera en la zona. Como ha mostrado un reciente informe, el cambio en la modalidad de transporte minero del mineroducto previsto inicialmente a la carretera que se utiliza ahora, se realizó sin contar con estudios adecuados acerca de los impactos y excluyendo a diversas comunidades consideradas inicialmente como áreas de influencia. Por otro lado, en muchos de estos casos tanto el Gobierno como la empresa utilizaron terrenos de propiedad de las comunidades, pasando por encima de su legítima propiedad y originando conflictos.
Desde el OCM invocamos tanto al Gobierno como a la ciudadanía a encontrar soluciones pacíficas a estos conflictos, en el marco del diálogo y el respeto a los derechos humanos.
El tema de la minería tóxica vuelve a tomar fuerza en el lado sur de la Península de Baja California Sur; asociaciones, grupos sociales, civiles y artistas han tomado el tema como suyo, para concientizar sobre lo que advierten “un crimen ecológico y daño irreversible”, si se aprueba el cambio de uso de suelo a favor de una empresa minera.
Mediante redes sociales, y wattsapp, circula un breve escrito que dice “Unámonos este miércoles 29 de agosto en la explanada del palacio de gobierno de BCS, a partir de las 10:00 am, para recordarle al gobernador Carlos Mendoza Davis que nos dio su palabra de no permitir los mega proyectos mineros que pudieran contaminar nuestra agua, suelo, flora, fauna, y afectar la salud de la población”.
Por la tarde, la Asociación Civil Sociedad Organizada Sudcaliforniana (SOS), encabezada por Armando Sánchez convoca en el municipio de Los Cabos a una concentración en la glorieta de FONATUR en punto de las 18:00 horas para continuar con los actos de manifestación pacífica en contra de la minería que se planea, entre en operación en la Sierra de la Laguna.
A nivel nacional, en redes sociales artistas mexicanos también se unieron al llamado a no permitir ningún tipo de minería tóxica que atente contra la fauna y flora en tierras sudcalifornianas. Héctor Bonilla, Africa Zavala, Sergio Mayer, Moisés Arizmendi, Ximena Ayala, Alberto Agnesi, Humberto Busto, Emilio Echeverría, Alberto Estrella, Sofia Espinoza, entre otros, se pronunciaron a una sola voz en un video que dura poco más de 2 minutos en que destacan “Somos Todos Santos, somos Los Cabos, somos Baja California Sur, somos el mundo”.
La Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, en el ejercicio de sus responsabilidades y facultades, coadyuven en la aparición con vida del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de las comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Sergio Rivera Hernández desapareció la tarde del 23 de agosto cuando iba de regreso a su comunidad Coyolapa, Municipio de San Pedro Zoquitlán en una moto, la cual fue arrollada por una camioneta sin dejar rastros de él.
Tememos por su integridad física y emocional, pues no es la primera vez que sufre amenazas, acoso y atentados contra su persona y demás compañerxs defensorxs de su tierra. De la misma forma que lxs compañerxs del MAIZ, responsabilizamos de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, a la Minera Autlán que tiene fuertes intereses en la Sierra Negra de Puebla y que está detrás del proyecto hídrico, que en contubernio con los munícipes de Tlacotepec de Díaz y de San Pedro Zoquitlán pretenden hacerse de los recursos naturales de las comunidades campesinas e indígenas de la región, y que incluso se han prestado como gestores a favor de los proyectos de muerte, en concreto a favor de Minera Autlán.
Como antecedente y aunado a ello, señalamos también que la Secretaría de Energía (SENER) del gobierno federal apoya y encubre a la minera y no es de extrañar que haya fuertes intereses políticos y económicos detrás del citado proyecto, además del minero.
Como REMA estamos convencidxs que ésta como otras desapariciones, es una estrategia terrorista más de empresas en contubernio con gobiernos para seguir despojando a las comunidades de sus bienes naturales y sus territorios.
Exigimos al gobierno federal, al gobierno del Estado de Puebla y a los gobiernos municipales involucrados un alto al clima de hostigamiento, criminalización y agresión permanente contra todxs lxs defensorxs de la vida. Basta de proteger a las empresas que actúan a lo largo de todo el país con total impunidad. Exigimos la presentación inmediata con vida del compañero Sergio Rivera Hernández, rechazando así, la posibilidad de que su desaparición se convierta en una más de la elevada cifra que hoy nos invade. Este caso, como tantos otros, dan cuenta de la violencia que siempre acompaña a los megaproyectos de muerte y que a menudo recae en los grupos de población más vulnerables.
¡Alto a la desaparición de defensorxs del territorio!
¡No a los megaproyectos de muerte y a la complicidad gubernamental en ellos!
Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo y repudiamos el feminicidio del que fue víctima la compañera Fabiola Fajardo Ayala, lideresa social y comunal de la vereda La Colorada, e integrante del Movimiento Resistencia a la minería en el Carmen del Chucurí municipio del Carmen de Chucurí, Santander. Ella fue una luchadora incansable en la defensa del territorio frente a la amenaza minera y el fracking en la región; además nos solidarizamos con los familiares y amigos.
Los hechos:
El día 20 de agosto Fabiola desapareció en extrañas circunstancias y fue encontrada sin vida en acontecimientos confusos el 21 de agosto. Ante la situación, rechazamos este crimen que expresa la situación vulnerable de las mujeres frente a una violencia estructural que sufren, y en particular alertamos la condición en que se encuentran muchas de las mujeres que han emprendido acciones de defensa territorial frente a las amenazas a la vida digna.
Contexto:
Fabiola era una mujer entregada a su familia, a la defensa territorial y a la comunidad. Su vida fue un ejemplo de generosidad y amor por el territorio, puesto que era una persona muy dedicada al trabajo comunitario, a la vida familiar, a sus hijos y a su finca, donde cultivaba y cuidaba sus animales junto a su esposo. Así mismo sus acciones como tesorera de la Junta de Acción Comunal se enfocaron en promover hechos concretos para mejorar la vida de las comunidades, con el impulso de infraestructura vial y puentes en las veredas, de igual manera ayudando a enfermos y a sus vecinos y amistades con dedicación.
Así que, frente a esta situación exigimos:
Al gobierno nacional:
Se investiguen los hechos sucedidos y se capture, juzgue y condene a los responsables por el feminicidio.
Se tomen las medidas de protección y prevención adecuadas por parte de las entidades correspondientes para garantizar la vida, libertad e integridad de las mujeres que defienden los territorios, el ambiente y la vida digna.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la situación de las mujeres defensoras de los territorios y el ambiente, se divulgue lo sucedido y se repudie y rechace este tipo de actos.
Nos solidarizamos con su familia, sus amigos y amigas, y les acompañamos en el difícil momento que atraviesan.
Esta denuncia pública va con copia a los organismos de investigación, derechos humanos y seguridad, con el fin de evitar más crímenes y feminicidios.
FIRMAN
Censat Agua Viva – Amigos de La Tierra Colombia
Movimiento Social por la defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí
Mujeres del común
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales
La minería en los fondos marinos provocaría un daño irreversible en los ecosistemas del mar profundo, señala un nuevo estudio sobre las propuestas de explotación minera del fondo marino en todo el mundo.
El mar profundo cubre casi la mitad de la superficie de la Tierra y alberga un enorme rango de especies. los investigadores de la Universidad de Exeter y Greenpeace dicen que la minería podría tener “consecuencias duraderas e inesperadas”, y no solo en los lugares de extracción sino también en áreas mucho mayores.
El estudio es el primero que ofrece una perspectiva global de todos los proyectos actuales de minería del suelo marino, tanto en aguas nacionales como internacionales y examina las consecuencias potenciales, incluida la destrucción física de los hábitats del suelo marino, la creación de enormes columnas submarinas de sedimentos y los efectos de la contaminación química, acústica y lumínica resultantes de estas operaciones.
Además, el coordinador de relaciones internacionales del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Carlos García Soto, durante la Asamblea General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) de la ONU en una reunión de Kingston, Jamaica, la semana pasada, afirmó que “la explotación minera submarina puede implicar la desaparición de ecosistemas marinos antes de que los cataloguemos”.
Esta organización busca un equilibrio internacional entre la “inminente” explotación minera generalizada por parte de diversas empresas y la protección medioambiental de los fondos marinos profundos.
Los costes medioambientales de esta actividad serían “importantes” puesto que el fondo marino es el hábitat más desconocido del planeta y las especies que viven a esas profundidades son altamente sensibles, con una tasa de recuperación muy lenta y a veces de imposible recuperación.
La creciente demanda de minerales y metales en todo el mundo, incluido en el uso de nuevas tecnologías, ha provocado un interés en la explotación del suelo marino.
Sin embargo, ambientalistas aseguran que estas operaciones arrasarían con especies desconocidas por el hombre. (I)
1% De luz llega al fondo marino
A más de 700 metros de profundidad el océano es como una especie de agujero negro en el que la presión es extraordinariamente alta
Hoy martes, 28 de agosto, se lleva a cabo la presentación del libro: “CONSÚLTAME DE VERDAD, aproximación a una balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores minero e hidrocarburífero“, de la directora de CooperAcción, Ana Leyva, en el Centro Cultural PUCP.
El ingreso al evento es libre, previa inscripción aquí. Deben confirmar su asistencia, colocando “asistiré” al evento de Facebook y escribiendo su nombre y apellido en el muro del mismo. Se hará entrega del libro a todos los asistentes.
Un grupo de 200 personas, entre mujeres, hombres, niños y ancianos, se encuentra desde este martes acampando sobre la vía utilizada para el transporte de concentrados mineros de MMG Las Bambas. Las personas pertenecen a la comunidad de Fuerabamba, y están sembrando sus cultivos y construyendo en faena comunal sobre la misma carretera, reclamando que se trata de su propiedad. Los hechos vienen ocurriendo a la altura del Fundo Yaviyavi (distrito de Velille, Cusco).
Los comuneros y comuneras han cavado zanjas y colocado piedras en varias partes del camino, y los camiones que transportan el concentrado de minerales de la empresa Las Bambas no pueden circular. Sin embargo, la población sí está permitiendo el pase de otros vehículos particulares.
Los manifestantes señalan que los terrenos sobre los cuáles se construyó la vía son de propiedad privada de la comunidad, pues la mina compró dichos terrenos y se los dio en compensación.
Por el momento no se reporta presencia policial en la zona, pero sí una gran situación de tensión.
La carretera es uno de los componentes del megaproyecto minero Las Bambas que viene causando mayor conflictividad en la zona, tanto por sus impactos ambientales (vibración, ruido y polvareda constante) como por disputas con las comunidades acerca de la propiedad de los terrenos sobre los cuáles se construyó la vía.
Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, han ganado dos amparos; sin embargo la amenaza minera sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones mineras se realizaron recientemente. Estas concesiones solicitadas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.
Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.
Herlinda Solano Santiaguez ha vivido por 79 años en San Miguel del Progreso –Júba Wajiín, en lengua me’ phaa–, una comunidad que se ha destacado por la férrea defensa de sus territorios, su resistencia y la lucha para evitar el ingreso de la extracción minera a cielo abierto.
Situado en el Municipio de Malinaltepec, Guerrero, San Miguel del Progreso tiene una extensión de 4 mil 449 hectáreas. Es una de las comunidades de la región de La Montaña, habitada por al menos 3 mil 500 personas pertenecientes a la etnia tlapaneca Me’ phaa.
Ahí nació y creció Doña Herlinda. Toda su vida ha trabajado la tierra. Así le enseñó su padre desde pequeña. La siembra de café, plátano y otras plantas frutales son su sustento. “He trabajado desde chiquita. Eso es lo que he sembrado”, dice.
Doña Herlinda, como el resto de los habitantes de la comunidad San Miguel del Progreso y de la región de La Montaña en Guerrero, tiene una clara convicción: somos hijos de la “madre tierra”, y hay que cuidarla y respetarla.
Para Herlinda, el recurso natural tiene más valor que el oro.
Para la población Júba Wajiín no hay mayor razón de defender la tierra que ser parte de ella. No hay otro interés más que el de preservarse a sí mismo y su pueblo. Sin la naturaleza no dan cabida a su existencia: “Al momento de que se acaba la naturaleza nos morimos nosotros también”, repiten. Así de fuerte es su conexión con el territorio. Así es su cosmovisión.
“La tierra da de comer todos los días. Uno debe de cuidar mucho la tierra porque ahí sale lo que uno come. Si no trabajas la tierra no hay vida. Eso es lo más importante. Luego, el agua: si no hay agua no va a vivir uno. El agua y la tierra es lo que nos da la vida. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra, me enseñó a tomar el agua. El agua es mi vida, mi sangre. Todo. Por eso la defiendo, si me quitan el agua, me quitan la tierra, me muero. Me quitan la vida”, repite Herlinda.
San Miguel el Progreso ha peleado legalmente por más de ocho años contra el ingreso de las mineras transnacionales, pues sus pobladores saben que permitir las actividades extractivas significaría la destrucción de sus montañas y sus cerros sagrados, la contaminación de sus ríos, plantas y el aire; el despojo de las tierras, el desplazamiento forzado, la fragmentación y, por ende, su propia desaparición como pueblo originario.
Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan han ganado dos amparos para evitar que el territorio sea concesionado a la minera Hochschild Minig, de origen chileno que opera con capital inglés. Sin embargo, la amenaza para estos pueblos originarios sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones se realizaron recientemente. Éstas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.
El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild, fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia, donde Mauricio Hochschild fue considerado uno de los “Barones del Estaño”. El Grupo Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a estas operaciones. Actualmente es esa subsidiaria peruana la que amenaza a los pobladores de Guerrero, y tiene como principal accionista al empresario peruano Eduardo Hochschild Beeck.
LA MONTAÑA EJIDAL Y COMUNAL
La Montaña, al noreste de Guerrero, abarca casi 700 mil hectáreas en 19 municipios entre ellos Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Iliatenco. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, esta región tiene al menos 361 mil 617 habitantes, la mayoría indígenas pertenecientes a las etnias Naua, Me’phaa, o Na Xavi”. Ahí la posesión de la tierra es ejidal y comunal.
La ciudad de Tlapa de Comonfort es la entrada a los ejidos de la Montaña. A partir de ahí, sube y se ramifica una serie de senderos de terracería, escarpados y angostos que se entretejen por extensas áreas llenas pinos, encinos, asi como huertas de café, plátano, mango, y diversos arboles frutales. Ahí la flora es muy diversa.
En sus bosques habitan animales como el venado, el pájaro bandera, armadillo, el puma de montaña, tejón, jabalí, el tucán de montaña, e incluso, los pobladores aseguran que aún hay presencia de jaguares.
A lo alto, en medio de las comunidades San Miguel del Progreso, Paraje Montero, Ilieateco y Guadalupe, se ubica el cerro más elevado de la región: El Telpizahuatl.
No es un cerro cualquiera: para los pobladores es un lugar sagrado donde vive San Marcos [Ajkhunn, en lengua madre], la deidad que representa el rayo; es el que los protege, al que adoran y al que los sabios y sabias comunitarias llamados los “principales” [Xiñaa, en lengua materna] le rezan para pedir que lleguen las lluvias y las buenas cosechas.
En la Montaña la economía se basa en la agricultura de autoconsumo, principalmente la derivada de la siembra de maíz, café, y árboles frutales. Las comunidades se rigen por sus propios usos y costumbres que conservan desde tiempos inmemoriales, explica Ángel Contreras Solano, uno de los pobladores de San Miguel del Progreso y autoridad en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de Territorio (CRAADT).
En 2010, los habitantes de San Miguel el Progreso empezaron a ver que aeronaves sobrevolaban sus terrenos en busca de minerales, cuenta Miguel Santiago Lorenzo, presidente del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT).
“Los aviones y los helicópteros traían aparatos colgados con los que estaban detectando minerales en nuestra región”, recuerda.
Los pobladores dedujeron que realizaban labores de exploración cuando funcionarios, principalmente de la Procuraduría Agraria, empezaron a promover a las empresas mineras en la región, detalla Ángel Contreras Solano, secretario del CRAADT.
Los funcionarios federales trataban de animar a los comuneros para “rentar” sus tierras a la minería con la promesa de “beneficios” y progreso. Pero pronto se darían cuenta que –como los españoles con los aztecas– el supuesto desarrollo era sólo “espejitos”.
“No fue la empresa la que venía a vernos sino el Gobierno federal por medio de la Procuraduría Agraria los que venían. Ellos ofrecían servicios o animaban a las autoridades agrarias [las comunales] para que entraran a los proyectos [mineros], pero eran proyectos con otras finalidades,” narra Contreras Solano.
En ese tiempo, Anastasio Basurto Contreras presidía el Comisariado de Bienes Comunales [del periodo de 2010 a 2013] de San Miguel del Progreso, la máxima autoridad en la comunidad.
Anastasio reitera que personal de la Procuraduría Agraria se contactó con él para informarle que en esas tierras podría haber minerales valiosos, como oro y plata, y que los comuneros podrían venderlos.
“Ellos [los de la Procuraduría Agraria] decían que iban a ser los intermediarios para que nuestras piedras las vendiéramos a mejor precio. Y hasta me dijeron: ‘mira ahí esta el comisariado de allá [otra comunidad] que ya va a firmar el convenio’”, relata el poblador.
Anastasio platica que funcionarios federales le pidieron que llevara unas piedras para analizarlas. Él llevo algunas muestras a las oficinas de la Procuraduría Agraria en Tlapa. Ahí le solicitaron 800 pesos para pagar los análisis y determinar que minerales tenían, pero él se negó a pagar.
–No tenemos dinero –, le dijo a un funcionario, se retiró del lugar y dejó ahí las piedras, recuerda el comunero.
El sacerdote Melitón Santillán fue el primero que advirtió a los comuneros que la minería provocaba daños irreversibles.
Don Anastasio convocó a una reunión de asamblea en la comunidad, pues ahí todas las decisiones se toman de manera colectiva. Frente a la asamblea, integrada por los pobladores, los ex comisionados, concejales y los principales, planteó la propuesta y la advertencia.
Los pobladores de San Miguel del Progreso cuentan que los “Principales” decidieron subir al Telpizahuatl para rezar y pedir consejo a San Marcos. Fue entonces que optaron por buscar apoyo e información y pidieron ayuda a sacerdotes, y activistas, tanto de Tlachinollan como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
“Nosotros, aquí en la comunidad pensábamos –al inicio– que nada más iban hacer unos agujeros y sacar el mineral; pero ya viendo las diapositivas que nos enseñaron los de Tlachinollan nos dimos cuenta que era mucho el daño. Que destruyen montañas, ríos y todo eso”, agrega Anastasio Basurto.
El entonces Comisariado regresó a las oficinas gubernamentales convencido de rechazar la exploración minera. Allí, recuerda Basurto, uno de los funcionarios le dijo –mientras señalaba las muestras de cada una de las comunidades de La Montaña– que la piedras tenían oro, plata, níquel y fierro.
Anastasio rememora que lo enfrentó.
–Sí pero, ¿sabe qué?, el pueblo ya no quiere vender sus piedras –le dijo.
Luego tomó las rocas y se retiró.
La comunidad realizó solicitudes de información a la Secretaría de Economía con apoyo de abogados y activistas de Tlachinollan. Era 2011. Ahí fue cuando confirmaron que su territorio fue concesionado a Hochschild Mining, la minera que opera con capital inglés.
“Ya habían concesionado todo este territorio desde el Gobierno de Felipe Calderón”, agrega Anastasio Basurto.
La Secretaría de Economía (SE) había otorgado, sin la autorización ni consulta de las comunidades indígenas, dos concesiones para exploración y explotación: una bajo el título 232560 con el nombre Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas bajo el título 236861.
Corazón de Tinieblas era la más grande, con una extensión de 43 mil 759 hectáreas y afectaría a más de 12 núcleos agrarios, entre ellos el de San Miguel del Progreso.
La comunidad buscó asesoría de los activistas para enfrentar la amenaza minera.
“Ellos mismos, los de Tlachinollan, nos dijeron que podíamos levantar una acta en la Asamblea contra la minería”, comentó Anastasio Basurto.
El 17 de abril de 2011, realizaron una Asamblea General de Comuneros que cumplió todos los requisitos establecidos en la Ley Agraria vigente. En esa asamblea levantaron un acta de rechazo a la actividad minera en su comunidad. Después solicitaron la inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional (RAN), quien aceptó la inscripción en septiembre de 2012.
Además, se conformó el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) tras la apabullante amenaza de las transnacionales y nacionales, incluso de las farmacéuticas que están interesadas en crear medicinas usando plantas que tienen en su territorio, detalla Artemio Flores Solano, integrante del área de Fortalecimiento Territorial de San Miguel Progreso.
El CRAADT, hoy en día, está integrado por 25 núcleos agrarios, que aglomeran a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica.
“En total somos como 37 núcleos agrarios, pero los activos, los que están en todas la reuniones son 25. Contamos con más de 300 comunidades”, agrega Miguel Santiago Lorenzo, líder de CRAADT.
RECHAZO A LA MINERÍA
En Júba Wajiín tienen claro que si permiten los nuevos proyectos de extracción minera tendrán como consecuencia la devastación de su territorio y la contaminación, pero además traerán consigo el ingreso de la delincuencia en sus pueblos, división, enfrentamientos entre ellos y, finalmente, la desaparición de su comunidad.
La concesión Corazón de Tinieblas afectaba casi el 80 por ciento de la comunidad San Miguel del Progreso, explica Agapito Cantú Manuel, Comisariado de Bienes Comunales de 2012 al 2015. Fue en su periodo cuando se interpuso el primer amparo.
“Más de tres cuartas partes de nuestro territorio se iba a destruir, casi todo el pueblo”, asegura.
La devastación que ha dejado la explotación minera en El Carrizalillo, Guerrero, fue un claro ejemplo para los comuneros de San Miguel el Progreso.
Valerio Mauro Amado Solano, actual Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, relata que varios pobladores, con el acompañamiento de activistas, acudieron a las instalaciones de la mina El Carrizalillo para conocer su experiencia. Al ver los estragos, decidieron pelear y rechazar tajantemente la mina para evitar una depredación similar a la que padece el Ejido de Carrizalillo.
“La gente de ahí (El Carrizalillo) ya no vive tranquila. Todo eso nos sirvió para que nosotros nos negáramos a la mina”, detalla Valerio Mauro.
“Las mineras gastan mucha agua, contaminan con cianuro. Hemos ido a Carrizalillo para observar cómo lo explotan, cómo contaminan los grandes empresarios. El Comisariado de ahí nos informó que sí contaminan mucho el agua, el aire: que de cinco de la mañana a seis de la tarde explotan dinamita para quebrar las piedras y que hay muchos enfermos, que nacen niños prematuros. Toda esa información nos sirvió para informar a nuestra gente, para que se hiciera conciencia de que no se explotara nuestros recursos naturales”, agrega Agapito Cantú.
Artemio Flores reafirma convencido: “la forma cómo sacan [el oro] y cómo funciona la minería nos va afectar, donde hay minas hay cáncer… hay muchas enfermedades”.
En la región de la Montaña existen 44 concesiones mineras que fueron otorgadas por el Gobierno federal a diferentes empresas para actividades de exploración y explotación minera. Del total concesiones, 22 fueron canceladas y 22 están vigentes.
La empresa minera de Pinzán Morado entregó a la Secretaría de Protección Civil de Guerrero y al Ayuntamiento de Coyuca de Catalán los planos de los túneles que excavaron, en los que se confirma que uno de ellos atraviesa una zona habitada donde hay al menos 10 viviendas y una telesecundaria en riesgo.
Un informe del Portal de investigación Ojo Público reveló que ambas empresas dejaron de pagar hasta un millón de soles en solo un año
Tal como reportamos la semana pasada
El tema de la minería tóxica vuelve a tomar fuerza en el lado sur de la Península de Baja California Sur; asociaciones, grupos sociales, civiles y artistas han tomado el tema como suyo, para concientizar sobre lo que advierten “un crimen ecológico y daño irreversible”, si se aprueba el cambio de uso de suelo a favor de una empresa minera.
La Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, en el ejercicio de sus responsabilidades y facultades, coadyuven en la aparición con vida del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de las comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Sergio Rivera Hernández desapareció la tarde del 23 de agosto cuando iba de regreso a su comunidad Coyolapa, Municipio de San Pedro Zoquitlán en una moto, la cual fue arrollada por una camioneta sin dejar rastros de él.
Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo y repudiamos el feminicidio del que fue víctima la compañera Fabiola Fajardo Ayala, lideresa social y comunal de la vereda La Colorada, e integrante del Movimiento Resistencia a la minería en el Carmen del Chucurí municipio del Carmen de Chucurí, Santander. Ella fue una luchadora incansable en la defensa del territorio frente a la amenaza minera y el fracking en la región; además nos solidarizamos con los familiares y amigos.
La minería en los fondos marinos provocaría un daño irreversible en los ecosistemas del mar profundo, señala un nuevo estudio sobre las propuestas de explotación minera del fondo marino en todo el mundo.
Hoy martes, 28 de agosto, se lleva a cabo la presentación del libro: “CONSÚLTAME DE VERDAD, aproximación a una balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores minero e hidrocarburífero“, de la directora de CooperAcción, Ana Leyva, en el Centro Cultural PUCP.
Un grupo de 200 personas, entre mujeres, hombres, niños y ancianos, se encuentra desde este martes acampando sobre la vía utilizada para el transporte de concentrados mineros de MMG Las Bambas. Las personas pertenecen a la comunidad de Fuerabamba, y están sembrando sus cultivos y construyendo en faena comunal sobre la misma carretera, reclamando que se trata de su propiedad. Los hechos vienen ocurriendo a la altura del Fundo Yaviyavi (distrito de Velille, Cusco).
Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.