Era jueves 11 de octubre de 2018, comunidades afectadas por proyectos mineros llegaron desde diversas regiones de Oaxaca para denunciar los conflictos y afectaciones que las minas han causado por todo el estado. De los Valles Centrales, de la Sierra Sur y la Sierra Norte, del Istmo, de la Cañada y de la Mixteca llegaron al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras.
Olor a copal en el aire, yerba buena, albahaca y el sonido de la caracola del llamado, inundaron la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y los corazones de las personas asistentes. Corrían las 10:10 am, autoridades y representantes de cada pueblo se agruparon en círculo, rodeando su ofrenda a la madre tierra y con la mano en el corazón agradecieron el encuentro y desearon el éxito del Juicio.
El jurado se conformó con especialistas y personas defensoras de México y otros países. Acudió Blanca Chancosa de Ecuador, dirigente indígena Ecuatoriana de nacionalidad Kichwa-Otovalo, una de las fundadoras de la CONAIE, Jakeline Romero de Colombia, de Fuerza de Mujeres Wayuu, ganadora del Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos; el Brasileño Daniel Cerqueira, especialista en Derechos Humanos e Industria Extractiva e integrante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) así como Ignacio Henriquez del Salvador, maestro en administración pública con experiencia en cooperación internacional.
De México estuvieron Miguel Álvarez, presidente de SERAPAZ; Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Beatriz Gutiérrez, defensora comunitaria del Pueblo Ikoots; Carmen Herrera de Abogados y Abogadas por la Justicia de los Derechos Humanos A.C; y Francisco López Bárcenas, abogado Mixteco, experto en derechos indígenas.
Con gran experiencia en las afectaciones de los proyectos mineros, analizaron cómo las minas se instalan en las comunidades dejando una estela de afectaciones a su paso, para así emitir un dictamen y hacer visible a nivel nacional e internacional, la violación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas que sucede en Oaxaca por la ejecución de estos proyectos.
“Ni oro ni plata, la minería mata”, “no queremos anillo de oro ver, queremos tlayuda para comer” sonaron las consignas en el recinto para dar paso a la presentación de los casos.
Algunos tan emblemáticos como el de Magdalena Teitipac, lugar donde la minera Plata Real fue expulsada y, como respuesta, fabricó delitos para que los líderes del movimiento en defensa del territorio fueran arrestados. “Se nos acusó de tentativa de homicidio y el juez nos pidió pruebas para comprobar nuestra inocencia; las presentamos y al final se supo que todo era falso” relató una de las autoridades de esa comunidad.
El caso de San José del Progreso también hizo eco, su lucha, sus muertes y su resistencia fueron recordadas y reconocidas. Rosalinda Dionicio, quien sobrevivió a un atentado con arma de fuego en 2012, comentó: “Nos han encarcelado y han asesinado a nuestros compañeros Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez. Exigimos la cancelación de la mina Cuzcatlán y castigo a los culpables de los asesinatos”.
Autoridades agrarias de Magdalena Ocotlán llegaron con una botella de plástico llena de agua blancuzca y denunciaron el reciente derrame de sustancias tóxicas en el río El Coyote, como resultado del desbordamiento de la presa de jales del proyecto “San José”, propiedad de la minera Cuzcatlán.
“El domingo en la noche llovió mucho en Magdalena y ahorita la gente está alarmada porque el río El Coyote se pintó de blanco. Del río, a escasos 10 o 20 metros está el pozo de agua que abastece a mi pueblo, a mi gente; y la autoridad municipal ya avisó a la gente que no consuma el agua del pozo, ¡pero dicen los mineros que no contaminan!”, reclamó uno de los representantes de esa comunidad.
Caso tras caso, fueron denunciadas presiones, corrupción, amenazas y desapariciones de personas defensoras, pero también se hizo presente la resistencia y organización comunitaria que ha logrado proteger los territorios para evitar que las mineras se apropien de ellos.
Autoridades de San Martín de los Cansecos y Monte del Toro refrendaron que sus declaratorias de “territorio prohibido para la minería” se mantendrán vigentes y exigieron que se cancelen las concesiones que ya han sido otorgadas.
Las cuerdas de guitarra del compositor Juan García de la comunidad de Guelavía, relajaron el ambiente. “Despierten ya mis paisanos, jamás nos han ganado, España quinientos años, los gringos no son extraños, a caso quieren mil años nomás para ser esclavos” sonó la letra del cantante.
Veintidós denuncias en total, 455 personas asistentes al Juicio. Una pequeña muestra de las consecuencias que han provocado las 322 concesiones mineras que se han otorgado para explotar el territorio Oaxaqueño, sin antes consultar a las comunidades y pueblos indígenas que lo habitan.
El segundo día del juicio inició con el ritual de levantamiento de ofrendas, el reloj marcaba las 7:35 am; el ciclo necesitaba cerrarse para dar paso a lo público, es decir, dar a conocer ante los medios de comunicación y la sociedad el pre dictamen de los casos presentados.
Posterior al levantamiento de ofrendas, se volvió a abrir el espacio para la presentación de denuncias, aunque no estuviesen relacionadas con minería. Los abusos y violaciones a derechos estuvieron presentes en todos los casos. Una empresa llega con engaños y se apropia de un cerro para extraer materia prima para la elaboración de cemento. Un pueblo arrebata cuantiosas cantidades de tierra al pueblo vecino iniciando así una lucha de años, fracturas del tejido comunitario y muertes.
Los casos se presentaron, las consignas sonaron y no quedó de lado la música, pero ahora a ritmo de rap a cargo de Gusi R.
“No te daré mis tierras pá tener un poco de eso,
si quieres casa blanca págala sin mis impuestos,
bandido cuello blanco que has vivido de mi sangre
y de la ignorancia del Mexicano cobarde”.
Refiriéndose sin duda al escándalo de la casa blanca, así como a los constantes aumentos a los combustibles y productos de la canasta básica, problema que se ha acentuado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Comunidades, jurado y organizaciones marcharon con pancartas y lonas con dirección al Zócalo de Oaxaca en la “Caminata por la Vida”. El sol era abrasador no fue obstáculo para hacer sonar la voz de las comunidades denunciantes, ni siquiera la presencia de la policía, que estaba ahí quizás para proteger la integridad de los manifestantes, quizás para reprimir si el gobernador lo considerase pertinente.
“Queremos levantar las banderas del Oaxaca profundo, hoy los pueblos están aquí vivos y combativos para defender el territorio como siempre lo han hecho” sonó en los altavoces cuando el Juicio estuvo instalado en el Zócalo.
Empresas canadienses, norteamericanas y mexicanas fueron enjuiciadas por las comunidades, ante la incapacidad del Estado de garantizar derechos y hacer justicia. Poco podría ocultarse el hecho pues los principales medios de comunicación de Oaxaca cubrieron el evento.
“Tenemos que exigirle al nuevo gobierno que si quiere la Cuarta Transformación tendrá que ser desde la mirada y sacralidad de los pueblos indígenas, nunca más un México sin estos pueblos”.
Juan Carlos Galindo le consultó al alto tribunal qué se debe hacer con las consultas ya iniciadas que tendrán lugar en los próximos días. San Bernardo y Fusagasugá son los dos municipios que tienen elecciones ya convocadas.
La decisión de la Corte Constitucional el pasado jueves de declarar que las consultas populares no podrán tener efectos vinculantes sobre las actividades extractivas (mineras y petroleras), ha generado una agria polémica entre ambientalistas, ciudadanos de los pueblos que han realizado las votaciones, juristas y empresarios.
El pasado viernes 12 de octubre, la campaña #ConsúltameDeVerdad realizó una entrega de cartas dirigida al Ministerio de Cultura y Ministerio de Energía y Minas para exigir cambios en la Consulta Previa. La carta dirigida a la Ministra Patricia Balbuena (Mincul) y al ministro Francisco Ismodes (Mem) plantea sugerencias para una mejor implementación de dicho derecho.
Hace unos días el Pleno del Congreso discutió el proyecto de Ley que propone declarar de Interés Nacional la identificación, y remediación de pasivos ambientales mineras en la cuenca del río Rímac. A pesar de que la mayoría de congresistas reconoció la urgencia de políticas en pasivos ambientales, la propuesta fue regresada a comisión. Mayoría fujimorista se impuso en contra.
Autoridades nacionales recalcaron la semana pasada a voceros indígenas que el Gobierno Bolivariano, asumió la responsabilidad de controlar la actividad minera al sur del Orinoco, y con un despliegue cívico militar frenar y erradicar operaciones de minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1994.
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta aprobó el cierre definitivo de Pascua Lama, tras la solicitud realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), debido a varias faltas en las que incurrió la empresa, cuyas faenas se ubican en Alto del Carmen y que habrían afectado la condición de los glaciares de la zona, provocando un daño irreparable para el lugar.
El pasado 7 de octubre, nuevamente ocurrió un derrame minero, esta vez de la presa de jales del proyecto minero “San José”, perteneciente a la empresa minera Cuzcatlán S.A. de C.V, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Este derrame contamina el río del Coyote, principal fuente de recarga del pozo, en el cual se abastece de agua la población del municipio de San José del Progreso, que colinda con el territorio de Magdalena Ocotlán, estado de Oaxaca, además de poner en riesgo a otras 5 comunidades usuarias del mismo río.