En América del Sur está en marcha un lento aunque persistente avance de una militarización de la gestión ambiental enfocada en los extractivismos mineros. Aunque en Perú son bien conocidos los sucesivos despliegues de policías y militares en la Amazonia del sur del país para enfrentar la minería ilegal de oro, siempre es relevante observar lo que ocurre en las naciones vecinas. Atendiendo ese propósito aquí se comparten algunas observaciones sobre las tendencias más recientes en América del Sur.
Colombia: el ambiente como cuestión de seguridad nacional
En estos días, Colombia ofrece el ejemplo más relevante. Allí, el actual presidente, Iván Duque presentó el Plan Nacional de Desarrollo que guiará su gestión, con la novedad de incluir la gestión ambiental dentro de las políticas de seguridad y defensa nacional (1). Temas como biodiversidad y agua aparecen ahora junto a objetivos como defender las fronteras y la soberanía territorial.
Como consecuencia se militariza la gestión ambiental. Para ese fin se crea una fuerza de “Protección Integral Ambiental” conformada por militares y policías, que podrá coordinar con fiscales y autoridades ambientales. El Ministerio del Ambiente se suma al Consejo de Seguridad Nacional, las cuestiones ambientales deberán ser incorporadas en la Estrategia de Seguridad Nacional y posiblemente en la Estrategia Nacional de Inteligencia.
Desde esta mirada basada en la “seguridad”, la Naturaleza es presentada como un “activo”. Este no es un concepto neutro, ya que proviene del ámbito empresarial y fortalece una fragmentación de la Naturaleza que prioriza el valor económico de los recursos. Se proponen instrumentos de ordenamiento territorial a gran escala, las llamadas “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”, con objetivos tanto en la seguridad como en el ambiente, de mediana duración (5 años), y que servirían para transitar hacia las explotaciones “legales” de los recursos naturales.
El gobierno colombiano no oculta que toma estas medidas para controlar la explotación ilegal de recursos naturales, tales como maderas y minerales, y en especial el oro. Admite una situación que no deja de impresionar: en ese país el 86% del oro extraído proviene de prácticas ilegales. Además, el 44% de los municipios del país hacen alguna minería ilegal sea en oro como en carbón u otros productos. Esta deriva debe alertar a los gobiernos de Perú, Ecuador y Bolivia, donde también se padece el avance de la minería ilegal de oro. Colombia muestra un futuro posible, donde la minería ilegal se volvió tan generalizada que dejó en la marginalidad a las prácticas formales legales. Es una evolución donde seacentúan impactos como la deforestación o la contaminación de mercurio.
De todos modos, el plan de desarrollo colombiano no busca detener ese tipo de minería, sino que desea controlarlo y transformarlo en emprendimientos formales. Su objetivo es que el Estado determine cuáles empresas y bajo cuáles condiciones explotarán, por ejemplo, el oro, y en poder obtener una parte de los excedentes económicos que eso produce.
Militarización de la gestión ambiental en América del Sur
Debe advertirse que movimientos análogos hacia la militarización de la gestión ambiental también ocurran bajo los gobiernos progresistas. En efecto, en Venezuela, Nicolás Maduro se volcó a liberalizar la explotación minera en el llamado Arco Minero del Orinoco como uno más de sus intentos desesperados por superar la crisis del país (2). Allí creó una “Zona Económica Militar”, donde las fuerzas armadas están encargadas de controlar y encaminar la explotación minera. En los hechos en la región se vive una disputa por el oro, con distintas denuncias sobre la participación de los militares tanto en las empresas formales como en las redes ilegales, inmersa en la destrucción ambiental y la violencia. La retórica oficial alude al socialismo del siglo XXI y al enfrentamiento al imperialismo, pero como en Colombia, no se busca tanto detener la minería de oro sino controlar los excedentes económicos que genera.
En Brasil, el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro también está retomando una mayor presencia militar en el control de recursos naturales y territorios, especialmente en la Amazonia. Se mezclan muy distintos componentes con ciertas dosis de fantasías reaccionarias. Bolsonaro promueve la liberalización en el porte de armas y considerar como “terrorismo” las ocupaciones de tierras rurales, hay días que reclama que los indígenas deben ser “soldados” pero en otros días postula convertirlos en “empresarios” en el uso de sus territorios, y más frecuentemente los margina como obstáculos al progreso.
Mezcla eso con denuncias de complots internacionales para apropiarse de la Amazonia. En especial cuestionó la iniciativa del “corredor AAA” (o triple A), que agrupa áreas protegidas y territorios indígenas que se extienden de un lado a otro del continente, desde Perú (en el norte amazónico) y Ecuador, a lo largo de la zona norte de Brasil y regiones adyacentes de Colombia, Venezuela y las Guayanas (3). Bolsonaro también critica al corredor por considerar que esto opera en forma análoga a la autodeterminación de los pueblos indígenas. En todo esto no está solo ya que hay mandos militares le apoyan (4).
Es posible que esto explique las intenciones del gobierno Bolsonaro de resucitar el viejo programa militar de la “Caja Norte” del Amazonas, que incluye todos los territorios brasileños al norte del río Amazonas a lo largo de aproximadamente 6 500 km de fronteras con Perú, Colombia, Venezuela, Suriname, Guyana y la Guayana Francesa. Esa iniciativa fue lanzada en 1985, con el propósito de asegurar la defensa nacional de lo que identificaban como reservas naturales estratégicas, y estaba en manos del Ministerio de Defensa.
A su vez, también se ubica en esa perspectiva la decisión del Ministro de Minas y Energía, el almirante Bento Albuquerque de abrir las tierras indígenas a la explotación minera. No es menor que esto fuese revelado en los días de Carnaval, para disipar las seguras reacciones negativas dentro de Brasil, ni que fuese dicho en el congreso de los Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá, en Toronto. El militar advirtió que los indígenas serán consultados pero no podrán vetar la implantación minera (5). El discurso gubernamental repite conceptos muy conocidos en los países andinos, tales como la necesidad de la minería para asegurar el progreso, evitar la conflictividad, desplazar a emprendimientos ilegales, usar tierras ociosas, “flexibilizar” las “trabas” de controles ambientales, etc.
Tendencias emergentes
Es posible adelantar algunas conclusiones sobre esta derivada militar y policial sobre los extractivismos. La primera es no olvidar que la militarización de la gestión ambiental no es nueva, y por ejemplo en Brasil se arrastra desde los gobiernos militares desde mediados del siglo XX. Pero en la actualidad se está acentuando y es más evidente en varios países.
La presencia policía o militar en el control de recursos naturales y territorios ocurre en Argentina (especialmente alrededor del fracking), Bolivia (protegiendo a empresas petroleras dentro de territorios indígenas, por ejemplo), Chile (incluyendo acciones policiales en tierras mapuches o represión a los que resisten el “robo” del agua), Ecuador (protección policial y militar a la expansión minera), Perú (con la sucesión de estados de emergencia, intervenciones policías y militares, e incluso por los acuerdos con la policía nacional para proteger a mineras y petroleras), y los casos ya analizados de Colombia y Venezuela.
El segundo aspecto es que esto discurre tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas. No deja de ser impactante las similitudes entre, por un lado, Colombia, y por otro lado, Venezuela. Esto deja en evidencia la superficialidad de una buena parte de los debates dentro de cada país. Por ejemplo, mientras en Perú están aquellos que denuncian como radicales de la izquierda política a quienes alertan sobre los impactos de la minería, ese mismo tipo de dichos son señalados como radicalismos conservadores en Venezuela. En realidad estamos ante una problemática más profunda que involucra las raíces en las concepciones contemporáneas del desarrollo y de la Naturaleza.
Un tercer asunto es que la disputa no está realmente centrada en cómo proteger la Naturaleza, sino en cómo regular la minería para controlarla y obtener parte de sus excedentes económicos. Por ejemplo, es claro que en Colombia el Estado busca desplazar y reemplazar a los grupos ilegales como árbitros y organizadores de la minería de oro. De este modo se refuerza una mercantilizan del ambiente. La contracara es invisibilizar o excluir otros entendimientos de la Naturaleza como pueden ser aquellos basados en sus valores ecológicos, estéticos, religiosos, históricos.
En cuarto lugar, se legitima a militares y policías como actores en la gestión ambiental. Este es un cambio sustantivo en los fines que se esperan de ellos, y casos como el de Colombia pueden desembocar en ver a generales hablando sobre el manejo de áreas protegidas y territorios indígenas. La comunidad de ecólogos, biólogos y otros científicos queda una vez más relegada.
Un quinto aspecto es reconocer y comprender que esta militarización puede tener muchos apoyos locales, especialmente allí donde hay una alta incidencia de violencia criminal. Aunque bienvenidos, el paso del tiempo muestra que la presencia militar en muchas ocasiones terminar alimentando más violencia, como ocurre en Colombia. Las comunidades locales, especialmente campesinos e indígenas, quedan atrapadas entre los militares y policías por un lado, y los grupos ilegales y criminales por el otro.
Como sexto punto, la diseminación de esta lógica de la seguridad obliga a considerar posibles tensiones entre países. Es posible que esto esté comenzando a ocurrir en las regiones Amazónicas del norte. En efecto, allí la propuesta de corredor biológico AAA, afecta al Arco Minero del Orinoco dentro de Venezuela y además se superpone al plan militar Caja Norte de la frontera brasileña.
Finalmente, es evidente que este tipo de estrategias no podrá detener los impactos sociales y ambientales de buena parte de los extractivismos. Los generales no controlan ni el precio de mercado ni la demanda externa, y se vuelve imposible colocar a un soldado o un policía en cada río amazónico o en cada cerro. Entretanto se gastan enormes recursos financieros que podrían ser aprovechados en sostener reconversiones productivas en las zonas que más lo necesitan.
Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que hoy se observa en Colombia y otros países vecinos, parece apuntar a que la tozudez una vez más prevalecerá, para insistir en medidas ambientales y territoriales que ya sabemos que son inefectivas.
7 de marzo de 2019
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/militarizar-los-extractivismos-mineros-sudamericanos/
Encumbrarse en Cerro Mono, corregimiento Palmarito (Cúcuta), hasta los límites con la vereda El Empalme (Tibú) solía ser tarea compleja en un monte que solo los campesinos conocen.
El proyecto minero Los Cardones no será sometido a consulta púbica confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien este domingo arribó a tierras sudcalifornianas para el arranque, en Los Cabos, del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) “Mi México Late” de la SEDATU.
Cansados de no ser escuchados por los líderes políticos de la región, cientos de habitantes del área rural de Cúcuta marcharon hasta las instalaciones de la alcaldía y protestaron por los proyectos mineros que se mantienen en esta región.
En su tercera reunión, el Consejo Zacatecano de Protección al Ambiente determinó que el mes de marzo se lleve a cabo la investigación sobre los daños que la minera está causando en el municipio de Vetagrande, ya que la población ha informado que las detonaciones en la mina han dañado sus viviendas.
Una protesta de las comunidades de los corregimientos Palmarito y Banco de Arena dejó en evidencia el grave problema que afrontan los habitantes por el impacto de la minería legal e ilegal, en esas localidades de la zona rural de Cúcuta.
Después de revisar un centenar de resoluciones del tribunal fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, Convoca.pe detectó operaciones financieras de compañías mineras para pagar menos impuestos a través de servicios y venta de minerales entre empresas del mismo grupo empresarial, de acuerdo con las observaciones de la entidad tributaria Sunat.
IXTACAMAXTITLAN, Mexico (Fundación Thomson Reuters) – Después de casi 20 años de disputas, un grupo de aldeanos nahuas podría hacer historia este mes en México cuando un tribunal falle en una disputa por tierras en la que está involucrada una minera canadiense.
El viernes 1 de marzo en una sección del consejo de la alcaldía de Ixtapalapa en la Ciudad de México se aprobó un Punto de Acuerdo en el que solicita al Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Seduvi, la suspensión total de la actividad minera que realiza la extracción de materiales pétreos en la alcaldía.