Argentina

Digamos basta a las empresas mineras multinacionales. Chubut ya dijo «No» a la minería

Las organizaciones abajo firmantes estamos profundamente preocupadas por informes recientes que llegan de Chubut, Argentina, una bella provincia de la Patagonia, referidos a la presencia del lobby minero en la legislatura provincial y las presiones a los legisladores para modificar la Ley Ambiental XVII-Nº 68 (antes Ley 5001), que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro.

Chubut es la primera provincia argentina en aprobar este tipo de estándar medioambiental en 2003. La ley cuenta con el apoyo de 17 años de amplia movilización por parte de las comunidades de la provincia, que eligen formas ecológicas de desarrollo que no incluyen la minería a gran escala.

Las empresas mineras canadienses Pan American Silver (proyecto Navidad) y Yamana Gold (proyecto Suyai) son titulares de concesiones en la provincia. Las comunidades indígenas, organizaciones locales e incluso legisladores provinciales han condenado a dichas empresas por insistir con la modificación de la Ley XVII-Nº 68.

Después de las últimas elecciones, nuevos representantes legislativos asumirán sus cargos próximamente y circulan fuertes rumores de posibles modificaciones de último momento, antes de que los legisladores electos asumen sus bancas, para establecer una “zona minera” en la meseta (que representa el 70% del territorio) sin consulta previa. Quedan solo dos jornadas de sesiones legislativas y las asambleas de Chubut se declararon en alerta y observan de cerca las sesiones para asegurar que no se modifique la ley. Dicho esto, hay una real preocupación porque a pesar del consenso popular en defensa de medioambiente, estos cambios legislativos podrían autorizar el avance de la minería.

Dicho esto:

Repudiamos cualquier presión ejercida por empresas mineras multinacionales para influenciar a los legisladores. Las leyes deben respetarse, les guste o no.

Nos hacemos eco de nuestras compañeras y compañeros en Argentina y decimos firmemente a las empresas multinacionales que se beneficiarían del cambio legislativo, LOS ESTAMOS OBSERVANDO (#LosEstamosObservando). La población de Chubut – clara y repetidamente – dijo “NO” a la minería a gran escala en la provincia.

Manifestamos nuestra solidaridad con las asambleas ambientales, comunidades indígenas y organizaciones sociales que resisten pacíficamente la imposición de la minería en su territorio por más de 17 años.

Nos Solidarizamos con los detenidos durante la sesión del 5 de diciembre y exigimos su inmediata liberación

Firma,  

  • AID/WATCH (Australia)
  • Area Estado Ciudadania y Justicia Ambiental, IIFAP-FCS-Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
  • Asamblea de vecinos Gaiman en defensa del Medioambiente  (Argentina)
  • Asamblea Socio Ambiental de Cipolletti, Río Negro (Argentina)
  • Canada-Philippines Solidarity for Human Rights
  • CATAPA (Belgium)
  • Care for Colombian Leaders
  • Centre de recherche sur l’environnement, la Démocratie et les Droits de L’homme [CREDDHO] (DRC)
  • Centro Legal de la Raza (US)
  • Coal Action Network (UK)
  • Comité pour les droits humains en Amérique latine [CDHAL] (Canada)
  • Common Frontiers (Canada)
  • CooperAccion (Peru)
  • Defensa y Conservación Ecológica de Intag [DECOIN] (Ecuador)
  • Denver Justice and Peace Committee (US)
  • Earthworks (US)
  • Environmental Law Group (University of British Columbia, Canada)
  • Estonian Forest Aid (Estonia)
  • Fundación Ambiente y Recursos Naturales [FARN] (Argentina)
  • Friends of the Earth Canada
  • The Gaia Foundation
  • GeoComunes (México)
  • Igapo Project
  • Institute for Policy Studies – Global Economy Program (US)
  • London Mining Network (UK)
  • Manushya Foundation (Thailand)
  • Maritimes ‘Guatemala Breaking the Silence Network [BTS] (Canada)
  • MiningWatch Canada
  • Mining Injustice Solidarity Network [MISN] (Canada)
  • Mining Justice Alliance (Canada)
  • Mining Justice Action Committee – Victoria (Canada)
  • Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero [M4]
  • Network in Solidarity with the People of Guatemala [NISGUA] (US)
  • National Union of Public and General Employees [NUPGE] (Canada)
  • Otros Mundos AC (Chiapas, México)
  • Patagonia Area Resource Alliance (US)
  • Rainforest Action Group (Australia)
  • Snowchange Cooperative (Finland)
  • Students for Mining Justice (Canada)
  • TradeJustice PEI (Canada)
  • WoMin African Alliance

Fuente:https://movimientom4.org/2019/12/digamos-basta-a-las-empresas-mineras-multinacionales-chubut-ya-dijo-no-a-la-mineria/

Chile

Cierre adelantado de cuatro centrales energéticas a carbón: ambientalistas valoran , pero califican de insuficiente, el anuncio del Gobierno

Chile perdió la sede de la cita climática de la COP25 pero no así su presidencia, y aprovechó la cumbre de Madrid para anunciar el cierre anticipado de 4 centrales eléctricas a base de carbón. Desde el mundo ambientalista, las reacciones fueron disímiles. Fundación Terram interpretó el anuncio como una señal para que Chile muestre liderazgo, pero también advirtió que «faltan otras buenas noticias», como la firma del Acuerdo de Escazú.

 

Uno de los anuncios estrella que preparaba Sebastián Piñera de cara a la realización de la COP25 en Chile era su programa para ser un país libre de centrales energéticas en base a carbón. Sin embargo, el estallido social, sin embargo, desbarató los planes y finalmente Chile perdió la sede de la cumbre, la que se trasladó a Madrid, España. Y con eso, el plan de descarbonizar al país quedó en el segundo plano.

Pero, a pesar de perder la sede, Chile mantuvo la presidencia de la COP25, y durante su participación en la cita, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunció que se adelantará el inicio del cierre de las centrales, las que se enmarcarán dentro de la fase uno del plan.

En concreto, Jobet anunció el cierre anticipado de las centrales ubicadas en Mejillones (CTM1 y CTM2 de Engie), con una capacidad total de 334 megawatts, ambas con cierre programado para el 2040. El caso de Engie es paradójico, dado que en mayo pasado esta misma empresa puso en funcionamiento una nueva generadora, en base a carbón, la termoeléctrica “Infraestructura Energética Mejillones” (EIM), con 370 MW de potencia instalada, lo que despertó duras críticas de ambientalistas.

A ellas se sumarán Ventanas 1 y 2 de AES Gener, con una capacidad de 340 megawatts, con las que el Gobierno llegó a acuerdo para terminar antes su funcionamiento, pero condicionadas a cambios regulatorios e inversiones en transmisión para viabilizar dichos cierres. Ventanas 1 tenía un cierre programado para noviembre de 2022 y Ventanas 2 para mayo de 2024 y ahora bajarán la cortina antes del fin de 2020 y antes del fin de 2022, respectivamente.

«Una gran noticia para los chilenos»

Con todo, el secretario de Estado indicó que «esta es una gran noticia para los chilenos. Son casi 700 megawatts de centrales a carbón que se cerrarán anticipadamente y que serán reemplazados por energías renovables, las cuales permiten tener electricidad más barata y limpia».

«Desde hace un tiempo venimos conversando con las empresas generadoras para ver la posibilidad de adelantar el cierre de las centrales a carbón. Hoy estamos anunciando que se adelantará la salida de cuatro centrales. Todas ellas están ubicadas en zonas de alta concentración industrial. Su cierre contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas localidades», dijo Jobet.

«De hecho, como país hemos cumplido seis años antes la meta de 20% que nos habíamos autoimpuesto para 2025. Nuestras proyecciones son que se puede incrementar mucho la participación de energías renovables, muy abundantes en Chile, pero para ello es importante que juntos abordemos el desafío de construir las líneas de transmisión que permitan llevar esa energía barata y limpia a los centros de consumo, y hacer los ajustes regulatorios necesarios», sentenció.

Faltan «otras buenas noticias»

Tras el anuncio de Jobet, diversas organizaciones que están presentes en la COP25 reaccionaron y todas con el mismo mensaje: valoran lo dicho por el secretario de Estado, pero insisten en que «no es suficiente».

En conversación con El Mostrador, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, dijo que «anticipar el cierre es súper bienvenido. Sin embargo hay que mirar toda la problemática asociada».

Al respecto, aseguró que «Chile tiene la presidencia de la COP y eso no es menor en el rol. Es alguien que tiene todo el apoyo de Naciones Unidas, el país que tiene la presidencia tiene que dar el ejemplo. Dado lo desprestigiado que está Chile en materia de Derechos Humanos producto del estallido social, necesita levantar liderazgos en otras materias, como las climáticas».

Por eso, la «buena noticia» del cierre anticipado «tiene que ir acompañada de otras buenas noticias, como la suscripción del Acuerdo de Escazú y un plan contundente para terminar con las zonas de sacrificio», indicó.

«En La Moneda siguen dormidos»

Un poco más crítica fue Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Chile, quien dijo a El Mostrador que «nos impresiona el anuncio y el tono con el que se hace. Creemos que la cara de alegría y optimismo que tenía el ministro no se condice con lo que es realmente el anuncio».

«En palabras sencillas, les dice a las personas que están en la zona de sacrificio que tienen que estar 20 años más condenadas al carbón. Si bien se adelanta el cierre de centrales, son centrales que tienen más de 20 años y que pudieron cerrarse durante este año», agrega.

Según González, pudieron incluso «prometer una descarbonización al 2030, que está mucho más en línea con el mensaje de ambición climática que un país que está presidiendo la COP debe tener».

«Creemos que no se ha escuchado durante este tiempo las demandas de las persona. En un momento donde el mensaje es ‘Chile despertó’, aparentemente en La Moneda siguen dormidos», dijo.

Con respecto al cierre, González dijo que «no es muy nuevo. No es un compromiso del Gobierno sino de las propias empresas y que tiene que ver mucho más con elementos financieros que con una ambición climática o un compromiso real de la gente».

Como punto intermedio «es positivo»

En Chile, Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, conversó con El Mostrador y valoró no sólo el cierre adelantado sino que se sumaran dos nuevas centrales que no estaban en el anuncio original que hizo Sebastián Piñera en junio de este año.

«En este momento, tendríamos fecha de cierre de 10 centrales y no de las 8 que había en junio», dijo, haciendo referencia a las ubicadas en Mejillones.

Sobre las otras dos, Larraín dijo que «no es lo que nosotros esperábamos. Pero creemos que como un punto intermedio es positivo en el sentido de que adelanta en tres años el cierre de Ventanas 1 y 2 en Puchuncaví, lo que es un tremendo beneficio para la salud de las comunidades locales».

«Eliminaríamos 2 de las 5 fuentes más contaminantes de carbón», presentes en Chile, por lo que es «una buena noticia».

Chile

Amenazas en la Patagonia: Tribunal de los Derechos de la Naturaleza analiza extractivismo en Chile

En la actividad realizada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se revisaron tres casos chilenos: la minería de litio en el desierto de Atacama, la privatización del agua en Chile y las amenazas a la Patagonia, lugar de reserva de agua y vida. En la actividad realizada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se revisaron tres casos chilenos: la minería de litio en el desierto de Atacama, la privatización del agua en Chile y las amenazas a la Patagonia, lugar de reserva de agua y vida.

El pasado 5 de diciembre se realizó en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile la quinta sesión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, iniciativa establecida por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en enero de 2014.

El objetivo de la iniciativa es crear un foro para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la naturaleza y evidencien la destrucción de la tierra, reconociendo que los ecosistemas tienen derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales con legitimación legal en los tribunales.

En la instancia se revisaron tres casos chilenos: la minería de litio en el desierto de Atacama, la privatización del agua en Chile y las amenazas a la Patagonia, lugar de reserva de agua y vida, los que fueron analizados por jueces.

En esta ocasión los cargos estuvieron representados por el líder indígena ecuatoriano Yaku Pérez; la abogada de la Universidad de Chile Nancy Yáñez; el economista y político ecuatoriano Alberto Acosta; el investigador de Chile Sustentable Antonio Elizalde; la socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa; y el analista internacional Raúl Sohr, mientras que el abogado ambientalista argentino Enrique Viale ofició como fiscal.

Diario y Radio Universidad de Chile conversó respecto del caso de la Patagonia con Peter Hartmann, miembro de la organización Aisén Reserva de Vida, quien participó como presentador de este tema en el Tribunal de Derechos de la Naturaleza.

En concreto, en la exposición se abordó la destrucción, ecocidio e intervención de los ciclos de agua en la Patagonia. Las mineras, la salmonicultura, el turismo y el calentamiento global son parte de las amenazas al territorio y sus habitantes, parte de ellos, pueblos indígenas como los kawésqar o los yagán.

Peter Hartmann explicó que el problema no son solo las industrias que han tenido que enfrentar, sino las que aún podrían querer instalarse en la Patagonia: “Mostramos cosas que están pasando en las cuales se afecta el agua y la vida. Nos hemos pasado décadas luchando contra mega proyectos hidroeléctricos, boom pesquero y los incendios. Ahora las amenazas son más bien de la minería, de las salmoneras y que nos vengan a salir otra vez con algún otro mega proyecto. Es posible, pero hoy está principalmente centrado en salmoneras y mineras el tema”, dijo.

Respecto de estas amenazas, no solo se abordó el daño ambiental que provocan las mineras y las salmoneras contaminando el mar, dejando residuos o arrasando con sectores naturales. También se hizo mención a la postura que el Estado ha tomado frente a este tipo de proyectos en áreas como la Patagonia.

Peter Hartmann dijo que “el Estado siempre está del lado de los malos, cosa que no debiera ser. Está muy ausente cuando le toca fiscalizar, hacer cumplir leyes, cumplir hasta su propia Constitución. Ni siquiera eso se cumple y tenemos que ser nosotros, las instituciones ciudadanas, los Pepitos Grillos y estar constantemente revolviendo el gallinero y mostrando los problemas que hay”.

“Nosotros haciéndoles la pega, es una cuestión increíble, versus los mayores mega proyectos que han habido en la historia de Chile. No la pasamos muy bien, más encima nos acusan de ecoterroristas y cuanta cosa más”, comentó.

En esa línea, Hartmann se refirió a lo importante de realizar actividades como este tribunal ante la situación que enfrenta nuestro país: “Viene muy bien en estos momentos en Chile, en que estamos por hacer una nueva Constitución y en la cual evidentemente será muy importante que aparezcan estos derechos, porque los humanos nos vamos a defender, pero a la naturaleza, ¿quién la defiende? Y estamos en una civilización, una sociedad chilena, que francamente es ecocida, porque estamos masacrando todo para producir crecimiento económico, sin dar mayores beneficios a nadie”.

En lo que refiere a los perjuicios sufridos por los pueblos indígenas de la Patagonia, Leticia Caro, representante del pueblo kawésqar, fue la encargada de reflexionar al respecto: “El problema de los territorios es que la lucha no termina, para nosotros hoy es lo mismo que fue la ganadería antaño. La ganadería terminó con el pueblo selk’nam y tehuelche porque fueron desplazados de su territorio. A nosotros nos pasa lo mismo con la instalación de la salmonicultura, no podemos acercarnos a los espacios que están concesionados, la salmonicultura se toma los cursos de los ríos, donde sacamos agua, contamina de forma desmedida los fondos marinos”, explicó.

En lo que refiere al veredicto, que aunque no es vinculante sirve como antecedente sobre la visión de expertos en este problema, el juez Antonio Elizalde informó que el caso fue acogido y exhortó al Estado a cambiar su actitud cómplice con el extractivismo y a respetar los lugares de conservación. A la vez, se sugirió tomar acciones si es que se concreta una nueva Constitución, dejando establecido en ella los derechos de la naturaleza.

 

Fuente:https://radio.uchile.cl/2019/12/07/amenazas-en-la-patagonia-tribunal-de-los-derechos-de-la-naturaleza-analiza-extractivismo-en-chile/

Argentina

En Chubut, ya hay mil pedimentos mineros vigentes

No es una mina ni son dos, son cientos de proyectos de minería metálica y uranífera los que podrían destruir a corto y mediano plazo las fuentes de agua de nuestra provincia.

De estos proyectos, 237 están vinculados a minerales nucleares y se encuentran situados, principalmente, a lo largo de toda la cuenca del río Chubut.

 

 

Innumerables empresas transnacionales al acecho

Numerosas empresas, la mayoría transnacionales, han presentado cientos de solicitudes para que le autoricen trabajar en las etapas previas a la explotación (absurdamente permitidas).

Es así que la Dirección de Minas y Geología de la Provincia del Chubut, respondiendo a un pedido de informes nuestro, ha expresado que hay aproximadamente 1000 solicitudes, catalogadas como “vigentes”, para efectuar distintas etapas previas a la explotación de minerales metalíferos y radiactivos,

En ese contexto hay actualmente registradas 386 manifestaciones de descubrimiento, 431 cateos y 187 minas declaradas.

Como dato aún más preocupante se debe señalar que 237 expedientes están vinculados exclusivamente a minerales nucleares, 385 tramitan minerales nucleares y polimetálicos, el resto solo minerales polimetálicos.

Asimismo se pudo conocer que Minera Argenta (o Pan American Silver Group) tiene 32 manifestaciones de descubrimiento, en el departamento Gastre y Paso de Indio, o sea que tienen intenciones de comenzar con la etapa de exploración de la misma forma que lo hicieron con el Proyecto Navidad, para lo cual ya han realizado más de 1000 perforaciones de 200 metros de profundidad aproximada cada una.

También hemos podido recabar un dato por demás llamativo ya que hay 296 expedientes que figuran también como “vigentes” para explotación minera en territorio actualmente vedado hasta inclusive a la exploración, por leyes que protegen las nacientes de los cursos de agua, ellos son: Cushamen 72, Futaleufu 56, Languineo 34, Tehuelches 78, y Río Senguer 56.

Muchos de estos pedimentos ya autorizados, están siendo llevados a cabo por poderosas empresas multinacionales que no acostumbran a poner en riesgo sus capitales, por ello antes de decidir sobre las mencionadas acciones desarrolladas, lo más probable es que hayan realizado sondeos previos con funcionarios con capacidad de decisión quienes se habrían comprometido a derogar la Ley 5001.

Actualmente nos encontramos con un panorama difícil (pero no imposible de vencer) ya que por un lado están las empresas mineras poderosas, que no tienen escrúpulos a la hora de influir para defender sus intereses económicos e influir sobre funcionarios y pagar grandes sumas de dinero a los medios de comunicación mercenarios para que difundan propagandas falaces dictadas por ellos mismos, pero del otro lado estamos los chubutenses conscientes de que no debemos permitir esta entrega de nuestros recursos y que vamos a resistir de la misma forma lo hicieran nuestros comprovincianos de la cordillera en el año 2003.

Dr. Fernando Urbano. Médico Sanitarista. Presidente de la Fundación FUSSO.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/43290-en-chubut-ya-hay-mil-pedimentos-mineros-vigentes
Perú

Lima y Callao en riesgo de quedarse sin agua potable por proyecto minero, advierte informe

El proyecto minero Ariana depositaría sus desechos mineros cerca del túnel trasandino, lo que pone en peligro a los 10 millones de habitantes de Lima y Callao que podrían quedarse sin agua potable, sostiene el informe del 25° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).

En su reporte, el OCM hace hincapié en los avances de la ejecución del proyecto Ariana de la minera canadiense Southern Peaks Minnig, que sigue trabajando pese a los cuestionamientos de las empresas Sedapal y Enel. Estas instituciones afirman que la ubicación de la poza de relaves de la mina, encima del túnel trasandino Cuevas Milloc, pone en riesgo el abastecimiento de agua potable a los habitantes de Lima y Callao.

Actualmente, está en curso una demanda de amparo contra este proyecto minero. En este sentido, el OCM se pregunta: ¿cómo un proyecto que involucra la principal fuente de agua de la ciudad más grande del país, logró pasar todos los procesos de aprobación de un proyecto minero?

Otro tema del informe que será, que será presentado este miércoles 11 de diciembre, es la nueva Ley General de Minería. El OCM llama la atención de que la actual normatividad minera tiene más de 30 años, por lo que es necesario actualizar la legislación.

Además, el proyecto minero Tía María de Southern Copper en Arequipa es otro tema pendiente del 2019.

El reporte del segundo semestre 2019 del OCM busca visibilizar la situación de la conflictividad social y que sirva de alerta a las autoridades para que atiendan esta de una manera integral.

 

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/12/09/lima-y-callao-en-riesgo-de-quedarse-sin-agua-potable-por-proyecto-minero-advierte-informe/redaccionmulera/?fbclid=IwAR377gv6J9FhEicoL48kDzhA0t6wioi7Gr3YqY0DyfladVBP4Tn-Q_sEh8Q

Perú

Cusco: Juzgado sentencia a entidades del Estado por no atender la contaminación en Espinar

El cinco de diciembre se hizo pública la sentencia sobre contaminación por metales pesados en la provincia de Espinar, Cusco. El fallo del 1° Juzgado Mixto de Espinar da la razón a la demanda de las Comunidades Campesinas de esta provincia, que desde hace más de cinco años reclaman por el reconocimiento de la contaminación existente en sus territorios.

La sentencia configura graves incumplimientos por parte del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, OEFA, DIGESA, DGE, CENSOPAS, SENASA, ANA y el Gobierno Regional de Cusco, que por ley debieron intervenir ante la alerta de contaminación. Las instituciones del Estado no declararon en emergencia a Espinar, pese a la existencia de estudios que evidenciaron presencia de al menos 6 metales pesados por encima de los límites biológicos permisibles en la población y el suelo locales.

En detalle, quedaron en evidencia negligencias al no adoptar medidas de prevención y atención frente a riesgos a la salud y ambientales, y por exposición a metales pesados que generan amenazas ciertas e inminentes a la vida. Del mismo modo, se evidencia que se incurrió en una práctica sistemática de ocultamiento de  los resultados de contaminación a los afectados y a la opinión pública.

Por ello el fallo ordena al Ministerio de Salud la implementación de una Estrategia de Salud Pública de Emergencia sanitaria y un Plan de Acción para la población de Espinar, a fin de identificar la contaminación por metales pesados en humanos y brindarles la atención médica correspondiente. Asimismo la medida requiere a la Municipalidad de Espinar y el Gobierno Regional de Cusco la protección de la salud en Espinar y las Comunidades Campesinas implicadas y se exhorta a que provean de agua potable a las y los afectados con la mayor inmediatez posible.

Se recuerda que en esta localidad la actividad minera ha generado impactos por 30 años. Siendo la zona de influencia de tres proyectos mineros, que han generado vulneraciones por los aún se aguarda que llegue justicia.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cusco-juzgado-sentencia-a-entidades-del-estado-por-no-atender-la-contaminacion-en-espinar/?fbclid=IwAR1qICqzYTP4KAyDvmfs8vAGm5eTovLmB50Ra908iTx3tlk6IcG9iOP8vyI

Mexico

Manifiesta Frente Unido su rechazo a planta Chemours

Integrantes del Frente Unido de los Pueblos de La Laguna manifestaron su rechazo a la planta de cianuro de sodio Chemours, mediante una protesta en la explanada de la presidencia municipal de Gómez Palacio.

Cerca de 50 personas con mantas y cartulinas con mensajes en contra de la operación de la planta expresaron que sigue trabajando en el interior de sus instalaciones, a pesar de que se había emitido una orden de un juez federal en cuanto a que debía suspender.

Aseguraron que se mantienen los procesos penales contra 10 habitantes de la comunidad de El Siete que fueron detenidos luego del enfrentamiento ocurrido hace unos meses, tras un bloqueo en contra de la industria, recursos que fueron promovidos por el gobierno municipal anterior.

«A veces sentimos el ardor en los ojos por el amoniaco que suelta la empresa, que además está conectada a la noria que abastece de agua a 22 comunidades, nos deja sin agua», expuso uno de los inconformes.

La protesta fue atendida por el síndico municipal, Omar Castañeda, quien aseguró que la actual administración respaldará a la ciudadanía y que se retirarán los recursos legales que se haya interpuesto en el pasado, además de que no se otorgará ningún permiso para la operación de la empresa.

«Va a ser todo el respaldo para los ciudadanos, se terminó la época de represión, la época de separar el gobierno de la ciudadanía, la presidenta, Marina Vitela, es una mujer que viene también de las colonias populares, conoce de las necesidades y va a respaldar siempre a los ciudadanos», comentó.

El edil dijo que, por encima de los intereses privados, estará el interés general y de la salud, así como la integridad de los menores, postura que aseguró se mantendrá firme.

«Lo primero que se acordó fue revisar cualquier acción legal que el gobierno anterior haya emprendido y desistirse de cualquier acción legal que pudiera tener en la Fiscalía o en cualquier otro organismo, no va a haber ninguna represalia por parte del gobierno municipal hacia con los pobladores», expuso.

«No se va a otorgar ningún permiso por parte de la actual administración», dijo el síndico. Indicó que una comisión de regidores acudió a Dinamita para visitar las comunidades y manifestar el respaldo del Municipio.

ANTECEDENTEComo se informó oportunamente en El Siglo de Torreón, el Ayuntamiento de Gómez Palacio no renovará la licencia de funcionamiento ni el permiso de medio ambiente a la empresa Chemours, al considerar que hay algunas anomalías en el tema.

El regidor de Morena, Maximiliano Olvera, explicó que esta semana un enviado de la Subsecretaría de Derechos Humanos a nivel nacional visitó las instalaciones de la planta de cianuro de sodio en Gómez Palacio, por lo que le acompañaron en la inspección que realizó en las comunidades de El Siete y El Volado. Dijo que la anterior administración municipal entregó todos los permisos a la planta, sin embargo, indicó que en el gobierno actual no se renovarán y, los mismos, ya están vencidos.

 

Fuente:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1648753.manifiesta-frente-unido-su-rechazo-a-planta-chemours.html?fbclid=IwAR2RPfXh_mUCHqys-c81X94hkdxwD1qjkYAUr3LLBQKf3sklXnpq8U1OPYs

Mexico

Activistas reprochan a López Obrador incumplimiento en cancelación de megaproyectos depredadores

– A un año de su arribo al poder, pueblos y comunidades indígenas de al menos 11 estados reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador incumplir su palabra de cancelar megaproyectos depredadores, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), y denunciaron que la 4T pretende arrasar con la biodiversidad en sus regiones para seguir imponiendo “proyectos de muerte”.

“Queremos denunciar que la vida de nuestras comunidades está en riesgo, no aceptamos este tipo de proyectos que despojan a nuestras comunidades de sus modos y costumbres de vida. No aceptamos este tipo de progreso y desarrollo en nuestros territorios”, afirmó Lourdes Flores, integrante del Movimiento morelense en contra de las concesiones mineras por metales.

En conferencia de prensa, los defensores de la tierra revelaron que de los 560 conflictos socioambientales que reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 15 afectan directamente a sus comunidades, entre ellos, el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, y el PIM.

En el caso del aeropuerto de Santa Lucia, los activistas criticaron la falta de un informe sobre el impacto ambiental de la obra, pues para su construcción se requerirían seis millones de litros de agua al día que serían extraídos de la Cuenca del Valle de México, y representarían afectaciones graves para los capitalinos, por lo que hicieron un llamado al mandatario para que recapacite.

Mario Quintero, defensor del Istmo de Tehuantepec, señaló el peligro que representa el Corredor Interoceánico o Tren Transístmico, unos de los más ambiciosos proyectos de la actual administración, cuyos recursos fueron incrementados 808% en el presupuesto para 2020, en comparación al del tren maya, que, dijo, registró una reducción de 20% y al de la refinería Dos Bocas a la que se le retiró la mitad del monto asignado.

Con este proyecto, precisó, se pretende convertir a la región oaxaqueña en un corredor industrial y energético que, a su paso, dejará desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias.

Por su parte, Miryam Vargas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua-Morelos, Puebla, Tlaxcala, denunció que en los últimos días sus integrantes han recibido amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, por oponerse al PIM y su abogado Juan Carlos Flores Solís sido intimidado por llevar su defensa; además, recordó que en vísperas de cumplirse un año del crimen de Samir Flores no hay detenidos.

Asimismo, señaló que el PIM implica la construcción de un acueducto que despojaría a los morelenses del acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto, mismo que pasaría por 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl, lo que tendría resultados desastrosos para la población en caso de alguna erupción.

Los activistas también se quejaron de las afectaciones que han padecido a causa de la minera canadiense Álamos Gold que pretende extraer oro, plata y otros minerales en Morelos, la Sierra Norte de Puebla, con los proyectos Esperanza e Ixtaca, a pesar de que la manifestación de impacto ambiental le fue negada por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y afectar la zona arqueológica de Xochicalco.

Los habitantes de aquellas regiones alertaron el impacto que tiene la minería a cielo abierto sobre la salud de las comunidades, su patrimonio y el medio ambiente, pues tan sólo en Puebla se necesitarían 5.5 millones de litros de agua al día, lo que desabastecería a 29 municipios de la cuenca del Río Apulco.

Asimismo, los pobladores de la zona del golfo de México en Veracruz manifestaron que las empresas Azucar Minerals y Candelaria Mining, quieren explotar con sus proyectos “El Cobre” y “Caballo Blanco” en las proximidades de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana.

Mientras que en Chihuahua, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas a tres a particulares y a la minera Evrim sin garantizar el derecho de la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, a sus tierras ancestrales y a una consulta previa, libre e informada.

Además, señalaron que en la región impera un clima de violencia extrema que cobró la vida de su compañero Julián Carrillo, de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, el pasado 24 de octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones.

A los intereses de las mineras, indicaron, se suman los de las empresas cerveceras y refresqueras, como la Constellation Brands en Mexicali, Baja California, y Coca Cola en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la primera extraer 20 mil millones de litros de agua potable por año y construye una nueva planta de 400 hectáreas en la zona, mientras que la segunda extrae más de 1 millón 300 mil litros diarios y busca abrir un tercer pozo.

“La lucha por el agua nos une a todos los guardianes y guardianas de la vida en México”, expresaron pues al frente de batalla están también los pequeños productores de Michoacán que la protegen ante al avance del crimen organizado que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria.

Por todo lo anterior, los defensores del territorio En particular exigieron justicia para sus compañeros Samir Flores en Morelos y Julián Carrillo en Chihuahua, así como para todos los defensores de la vida y los territorios asesinados y criminalizados en México; respetar su derecho a la libre autodeterminación.

Además, demandaron cancelar el Corredor Interoceánico, así como los proyectos eólicos, mineros, presas y todo megaproyecto de muerte en el Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos; las concesiones mineras metálicas en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua y declararlos libres de minería; así como cancelar las concesiones de agua a la cervecera Constellations Brands y a la empresa Coca-Cola.

Y expresaron su rechazo a las consultas, que consideraron simuladas y manipuladas, para construir megaproyectos e hicieron un llamado a la sociedad civil para defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosques y montañas.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/609809/activistas-reprochan-a-lopez-obrador-incumplimiento-en-cancelacion-de-megaproyectos-depredadores?fbclid=IwAR1CkpGtwZGltoVZq8ZuztF9R0wSu65v2yLP7UvkoIrS6rH_Jc6ClFpm-JQ

Mexico

“No a la Mina”, pintan mural en Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Gto. El Colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia en unión con otros jóvenes y ciudadanos realizaron un mural que será el primero de varios que se pretenden pintar en la ciudad, como una manera de concientizar a la ciudadanía sobre el daño que implicaría la instalación de la Mina en el Municipio.

Esta forma de difusión que han venido haciendo una serie de organizaciones civiles y comunales ya desde hace más de seis meses con la finalidad de que la población tome conciencia y se sume a decir un `No a la mina´.

Marchas, foros, conversatorios, y paneles de discusión son las diferentes actividades que se han venido promoviendo, desde que se conoció la pretensión de la minera canadiense Argonaut Gold de explotar una mina a cielo abierto en el Cerro del Gallo ubicado en San Antón de la Minas de este Municipio.

El mural se realizó en las calles Guanajuato esquina con la calle Quintana Roo, y pretende ser el primero de varios más, donde la ciudadanía cede un espacio del frente de su casa para realizarlos.

 

Fuente:https://zonafranca.mx/politica-sociedad/no-a-la-mina-pintan-mural-en-dolores-hidalgo/?fbclid=IwAR2a_RVClZ9R_NdUectap88_oQVp_YcscunNOne30mbqkphjs8Zrh1eIrno

Argentina

Traición, saqueo y contaminación

En pleno siglo XXI, existe en nuestro país un plan sistemático que apunta a la neocolonización; fundamentalmente, a través de la expropiación de nuestros recursos naturales. Una estafa organizada por los sucesivos gobiernos nacionales, en connivencia con las multinacionales.

No son barcos los que vienen trayendo espejos de colores, ahora lo realizan con absoluta impunidad, con mentiras de ocasión amparados en una ley que intenta habilitar la minería, nos cuentan por TV los beneficios económicos de la «expropiación», paradoja para críos si las hay…

Esta ley pergeñada en la época de Menem, abusiva y complaciente con el «robo para la Corona» no fue modificada por ninguno de los gobiernos nacionales hasta la fecha. Demostrando así, la complicidad de los poderes legislativos y ejecutivos, con los intereses de las multinacionales que pretenden quedarse con lo que es nuestro.

En una provincia en la existe la Ley XVI Nro 68 (ex-5001) que prohíbe la minería a cielo abierto, la habilitación a la megaminería siempre trató de entrar por la ventana en el ámbito de la Legislatura Provincial. En el año 2014, por primera vez en la Argentina, se presentaba un Proyecto de Ley por Iniciativa Popular acompañada por las firmas de 13.007 chubutenses correspondiente a más del 3% del padrón electoral, que prohibía en todas sus etapas la actividad minera metalífera a gran escala que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa. En la sesión legislativa del 25 de noviembre del 2014, último día para ser tratada, los legisladores bastardearon el proyecto convirtiéndolo en una ley que permitía la actividad y no sólo eso, sino que el fraude fue visualizado a través de una foto del celular del Diputado Muñiz recibiendo instrucciones de un gerente minero sobre detalles que debía contener la norma. Esta prueba irrefutable del «lobby minero» dentro de la legislatura, a pesar de la denuncia de las asambleas para anular la sesión, nunca fue investigada. Finalmente, por escandalosa, la Ley no se aplicó y fue derogada por el Poder Ejecutivo del período posterior.

Dentro de las mentiras de nuestros gobernantes, hoy en Chubut no podemos dejar de mencionar la » brutal falacia» con la que intentan engañar a parte del pueblo. El titular de un diario provincial sostenía que a través de la explotación minera, el gobierno podría solucionar el problema » financiero» de Chubut, está de mas señalar que no fuimos los ciudadanos de esta provincia los que lo ocasionamos. Los únicos responsables de la crisis económica y financiera, son los sucesivos gobiernos que llevaron a cabo una profunda y descarada política de corrupción.

En éste período legislativo (2015-2019), el nuevo embate minero llega de la mano del ministro Aranguren a fines del 2017, con un proyecto de zonificación para habilitar la megaminería fundamentada según ellos, en el Art. 2 de la Ley ex-5001 cuyo plazo venció en junio del 2003. El primer objetivo era la explotación del Proyecto Navidad, una mina de plata, cobre y plomo, en la Meseta chubutense. El proceso comenzó seduciendo a 7 jefes comunales de la Meseta, prometiendo trabajo y desarrollo, de una zona abandonada y postergada por los sucesivos gobiernos provinciales. Ellos son quienes en los primeros meses del 2018, luego de lo que se llamó la «cumbre minera» en Telsen, presentan el proyecto en la Legislatura y el mismo es tomado por los diputados Di Filippo y Brúscoli llevándolo a estado parlamentario.

En el tiempo transcurrido desde el año 2018, fueron 4 los proyectos que involucraban a la megaminería: la zonificación, un plebiscito, prohibir la actividad pero derogando la Ley ex-5001 y el texto original del proyecto de la Iniciativa Popular. Sin embargo, ninguno de ellos fue tratado. El «lobby minero» recorrió la Legislatura en forma ininterrumpida desde la llegada del sindicato de jerárquicos mineros (ASIJEMIN), la cámara de proveedores mineros (Caprem) y particularmente, la empresa Pan American Silver propietaria del Proyecto Navidad.

Desde el mes de octubre, las asambleas supimos que en las últimas sesiones, de forma solapada se iba intentar aprobar un nuevo proyecto del que todos dicen desconocer el contenido, para voltear toda norma que impida el desarrollo del Proyecto Navidad. El martes 3 de diciembre era el día elegido, durante la sesión se pensaba presentar el «misterioso» proyecto de 70 artículos para ser tratado sobre tablas, en lo que no dieron las cuentas es en alcanzar los 2/3 necesarios para su aprobación. El trascendido llegó a las asambleas en horas del mediodía y la reacción de rechazo se hizo sentir en muchas localidades. Más allá de los aprietes, llamados telefónicos y discusiones, la torpeza política de tratar de ese modo un tema tan sensible para los chubutenses no tuvo el acompañamiento esperado y el oculto proyecto quedó en el bolsillo de algún legislador. Al día siguiente, 4 de diciembre, las asambleas de toda la provincia hicieron acciones multitudinarias contra la megaminería.

No obstante, el Poder Ejecutivo tenía otra carta en la manga, la presentación de una Ley de Ministerios, que incluía dos trampas: el elevar a rango ministerial a la minería y el aumento vergonzoso de los sueldos del Poder Ejecutivo. Y fue en este último punto donde la oposición se detuvo y se enfrentaron llegando casi a la violencia física, enmascarando el punto más crítico de esta Ley, un Ministerio con amplios poderes para la exploración, explotación, comercialización e industrialización de minerales, incluidos los minerales nucleares. Se analizaron los sueldos, pero no se estudió la letra chica del proyecto, aduciendo que era igual que la Ley de Hidrocarburos actual sin ver las implicancias sobre la actividad minera. Modificar el tema de los sueldos llevo negociaciones hasta las 21:00 hs. que se dio inicio a la sesión.

Los vecinos, que desde la mañana se convocaron en Rawson para la «vigilia legislativa», conocían del peligro de otro fraude, todos sabíamos que ese Ministerio de Minería e Hidrocarburos es el terreno fértil para la megaminería y el marco regulatorio para su desarrollo. Y como ejemplo de legislar de espaldas al pueblo, no permitieron la entrada a las gradas de los presentes, solo unos pocos tuvieron acceso a la sala se sesiones (la casa del pueblo de un gobierno democrático). Desde un lugar de indignación e impotencia, los vecinos se manifestaban con cánticos de protesta esperando el punto 19 de la orden del día, que cuando se «debatió» uno de los legisladores pidió sacar el nombre de «Minería» en el nombre del Ministerio, dejando sin tocar el articulado. En medio del cuarto intermedio, los vecinos acceden a las gradas intentando evitar con cánticos que se apruebe pero no lo logran, por mayoría rápidamente es aprobado y los legisladores se retiran. Así, tristemente,culminaron su período 27 legisladores que han legislado tan poco a favor del pueblo. Y se vivió otro fraude o como le gusta decir el diputado Jerómino García, un «gatopardismo», del cual también fue parte.

El broche de oro fue la represión, detención y torturas de 6 integrantes de las asambleas de comunidades chubutenses en las afueras de la Legislaturas por parte de la Policía de la Provincia, con el argumento de acusarlos de daños, atentados y resistencia a la autoridad; y liberados al día siguiente. Las personas afectadas realizaron una contradenuncia por abuso a la autoridad y fueron examinados por el Cuerpo Médico Forense que elaborará un informe sobre las lesiones que sufrieron los asambleístas.

Las múltiples caras del gobernador Mariano Arcioni lo llevó, a hacer en la campaña electoral videos manifestándose en contra de la megaminería y participar de la Cumbre Ambiental en mayo del 2017 para oponerse a dicha actividad y la instalación de una central nuclear; y en la actualidad, a afirmar que es importante la creación de una Cámara de Proveedores Mineros en Esquel y que debemos llevar a debate el tema minero. Arcioni se muestra alineado con el próximo gobierno nacional, que desea convertir a las provincias en «otros San Juan», debido seguramente a compromisos acordados en el momento de ser rescatado de una inminente renuncia y juicio político. El gobierno de Arcioni promueve indirectamente la implementación del Proyecto Navidad por unas escasas regalías.

Cabe preguntarse, ¿qué obtendríamos a cambio de esas migajas? Y como respuesta surge: un territorio devastado, carente de nuestros bienes comunes, sin nuestro patrimonio irrepetible. A cambio también, los gobernantes nos suman más corrupción, dominación y desolación; ellos han sido nuestros mejores maestros , corruptos maestros, que nos han enseñado a descreer de los representantes elegidos por el voto, porque la democracia no es nada sino es para el pueblo y en defensa del territorio. No más estafa , no más saqueo, no más contaminación. Estamos de pie y seguiremos luchando por lo que en el universo real y simbólico, significa libertad y autonomía de los pueblos. Sus «naturalizadas corrupciones » han sido desnaturalizada por nosotros, lo que para ustedes es obvio para nosotros es un cómo diría Bertold Bretch es un «obvio cuestionado». Tengan por seguro: No pasarán.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/43268-traicion-saqueo-y-contaminacion