Internacional

Indígenas tahltan rechazan exploración minera en zona culturalmente sensible

Por Rufo Valencia |
amlat@rcinet.ca
19/04/2021
Una empresa minera con permisos provinciales para llevar a cabo exploraciones en territorio del pueblo indígena Tahltan, en el noroeste de Columbia Británica, está pisando terrenos sagrados, dijo un líder electo de esa Primera Nación.

La minera Doubleview Gold Corp., con sede en Vancouver, está desarrollando reclamos en el área de Sheslay, al norte de Telegraph Creek, que ocupa un lugar importante en las historias orales de los indígenas tahltanes, dijo Chad Norman Day, presidente del Gobierno Central de Tahltan.

Es imposible que los tahltan apoyen la explotación minera en esa área, dijo.

«La zona de Sheslay era un poblado importante en la época anterior al contacto y aún hoy tenemos muchos ancianos que nacieron en la zona de Sheslay. Muchos de nuestros antepasados están enterrados allí», dijo Day en una entrevista.

«Columbia Británica, Doubleview, todos deberíamos ahorrarnos mucho tiempo, energía y conflictos sacando a la minera Doubleview de allí», dijo.

Doubleview tiene 10 propiedades mineras que cubren unos 63 kilómetros cuadrados en los que «se está planificando un agresivo programa de exploración para 2021», dijo la empresa en su sitio en internet en febrero.

La empresa dijo que esperaba brindar a sus accionistas una evaluación más completa del valor de los depósitos mineros después de verificar los resultados del análisis de muestras metalúrgicas.

La minera obtuvo sus permisos en 2012

El Gobierno Central de Tahltan acusó a la minera Doubleview de no haber actuado de forma coherente con los protocolos de Tahltan para el sector minero y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los tahltan hicieron «muchos intentos razonables de trabajar con Doubleview de forma respetuosa», dijo el gobierno central de los indígenas en un comunicado en marzo.

Sin embargo, la empresa tiene un «historial de falta de respeto… que incluye el haber emprendido, sin éxito, acciones legales contra los líderes y ancianos tahltan en 2015», dijo.

Telegraph Creek, pueblo indígena en Columbia Británica, en 2018. Solo hay una carretera para acceder a la remota comunidad del norte. La Nación Tahltan emitió un aviso pidiendo a la gente que evitara los viajes innecesarios a la zona. (Foto: CBC / Centro de Operaciones de Emergencia de Tahltan)

Por su lado, la empresa Doubleview «lamenta la mala relación que hemos establecido» con los tahltan, dijo su director Andrew Rees en un correo electrónico cuando se le preguntó sobre el conflicto. La minera presentó una carta de disculpa después de la declaración pública hecha por los indígenas afectados por las acciones de la empresa.

«Doubleview quiere ser un administrador responsable de las áreas en las que vivimos y operamos, y continúa buscando una relación positiva, colaborativa, productiva y mutuamente beneficiosa con el Gobierno Central Tahltan», dijo la compañía.

El Ministerio de Minas de la provincia de Columbia Británica dijo que a Doubleview se le concedió por primera vez un permiso plurianual en 2012 en un proceso que incluía la consulta con la Nación Tahltan.

Chad Norman Day, presidente del Gobierno Central de Tahltan, respondió señalando que las leyes y los precedentes legales relativos a los derechos y títulos indígenas han cambiado desde entonces.

Columbia Británica en proceso de adecuación de la declaración de la ONU sobre los derechos indígenas

El gobierno de la provincia de Columbia Británica se encuentra en las primeras fases de adaptación de su legislación a la declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, después de haberla adoptado por vía legislativa.

Esa Declaración fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007. Ese documento exige a los gobiernos que obtengan el consentimiento libre, previo e informado antes de tomar medidas que afecten a los pueblos indígenas y sus territorios, lo que incluye decisiones sobre propuestas mineras y los permisos de exploración y explotación de recursos naturales.

La adopción legal de la declaración de la ONU significa que la industria y el gobierno de Columbia Británica deben empezar a crear «procesos que busquen un auténtico consentimiento de los gobiernos, las comunidades y los pueblos indígenas», dijo Day.

«Hay una gran diferencia entre mantener una conversación y llamarla ‘consulta’ en lugar de tener un verdadero proceso de consulta que tenga como objetivo obtener el consentimiento de los pueblos indígenas».

Chad Norman Day, presidente del Gobierno Central de Tahltan.

La Nación Tahltan mantiene «excelentes relaciones» con la mayoría de las empresas mineras y de exploración de minerales que operan en su territorio, señaló Day.

Hay tres minas activas en tierras tahltan: Red Chris, Silvertip y Brucejack, y la nación tiene acuerdos de beneficios e impactos con cada una de las empresas.

«Cuando se tienen títulos y derechos tahltan sobre el 11% del territorio de la provincia y se tiene jurisdicción sobre una zona del tamaño de Portugal, no es necesario apoyar proyectos que afecten zonas realmente sensibles desde el punto de vista cultural», dijo Day.

La Primera Nación Tahltan tiene acuerdos de comunicación con más de dos docenas de empresas mineras y de exploración de minerales que le permite verificar su trabajo cuando los indígenas lo consideran necesario, dijo Day, añadiendo que Doubleview se había negado a firmar un acuerdo de ese tipo.

La minera en cuestión dijo que envió una respuesta por escrito sobre un acuerdo de comunicación y compromiso y que está a la espera de la respuesta de la organización indígena.

«Reconocemos que nos ha llevado mucho más tiempo de lo que hubiéramos querido y atribuimos el retraso a la falta de comunicación interna y a la falta de recursos de expertos», decía el comunicado de Doubleview.

«Nuestra máxima prioridad en este momento es volver a la mesa… y hacerlo de una manera respetuosa y colaborativa para que podamos seguir entendiendo las preocupaciones actuales de la Nación Tahltan, lo que nos permitirá desarrollar en colaboración las medidas de mitigación adecuadas».

Sin embargo, para la Primera Nación Tahltan, la empresa minera ha «elegido un camino de conflicto», por lo que se opondrán a cualquier otro permiso.
Fuente: CBC / RCI / Adaptación RV
https://www.rcinet.ca/es/2021/04/19/indigenas-tahltan-rechazan-exploracion-minera-en-zona-culturalmente-sensible/

Litio, Mexico

La fiebre del litio en México: Morena mira a Bolivia en su propuesta para nacionalizar el recurso natural

La iniciativa privada sigue de cerca el proyecto en el Senado y confía en que el Gobierno de López Obrador respete las concesiones otorgadas para explotar los yacimientos
El salar de Uyuni, en Bolivia, es uno de los mayores yacimientos de litio en el planeta.picture alliance / picture alliance via Getty
Almudena Barragán
18/04/2021
Hace menos de tres años México recibía una noticia insólita: en medio de la Sierra Madre Occidental, en Sonora, casi en la frontera con Estados Unidos, una empresa encontraba el yacimiento de litio más grande del mundo. Este metal con el que se fabrican baterías para la mayoría de equipos electrónicos, desde un auto hasta un celular, también se utiliza para producir cerámica, medicamentos antidepresivos y es un insumo básico de la industria nuclear. La concesión minera en el pueblo de Bacadéhuachi (979 habitantes), en manos de la empresa inglesa Bacanora Lithium y la china Gangfeng, despertó el interés de los inversores y las promesas de futuro de los políticos. Mientras el litio se encumbra como “el nuevo petróleo”, las partes buscan sacar beneficio de un potencial negocio de miles de millones de dólares. El yacimiento de Sonora tiene reservas probables de 243 millones de toneladas de minerales, según la empresa. Todavía la distancia entre la realidad y las ambiciones es amplia.

En medio de la fiebre del litio, Morena, el partido en el poder, ha presentado una iniciativa en el Senado inspirada en el modelo boliviano de nacionalización para que los beneficios se queden en México. El senador Alejandro Armenta, impulsor del proyecto de ley, considera que la explotación podría ser muy ventajosa para el país ahora que los precios se han recuperado 88% en lo que va de año y rozan los 12.000 dólares la tonelada. “Lo que hoy vale el litio en México es 4,5 veces el valor de la deuda externa soberana, que asciende a 11 billones de pesos. Ahí está una respuesta para darle solución al desastre económico que tenemos en nuestro país”, dijo en declaraciones a la agencia EFE.

Aunque todavía no hay muchos detalles, la propuesta va en línea con el discurso de soberanía energética y nacionalismo que defiende el Gobierno del presidente López Obrador, reacio a la participación de empresas privadas y extranjeras en el sector. Los funcionarios del partido en el Gobierno a favor de la nacionalización del litio planean seguir los pasos de Bolivia en 2008, dos años después de la llegada de Evo Morales al poder. Armenta entregó al presidente boliviano Luis Arce una copia de la iniciativa sobre el litio, durante una visita del mandatario al Senado. También ha anunciado la creación de una Cámara Mexicana del Litio para el segundo semestre de 2021.

El país andino creó una empresa paraestatal (Yacimientos de Litio Bolivianos, YLB) que pese a los esfuerzos y los avances técnicos no ha conseguido producir a escala industrial litio de calidad para exportar al nivel que sus vecinos Argentina y Chile. “El método desarrollado en Bolivia no es lo suficientemente bueno para lograr una calidad aceptable en el mercado y han tenido que buscar socios extranjeros para la producción de hidróxido de litio, cosa que no estaba contemplada al inicio de la nacionalización”, explica Martín Obaya, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín. A este problema se suma el agujero que ha dejado el financiamiento del proyecto. La empresa del Estado debe al Banco Central de Bolivia más de 5.000 millones de pesos bolivianos (unos 700 millones de dólares).

La firma Bacanora Lithium, en declaraciones a este periódico, afirma que sigue de cerca la iniciativa en el Senado y confía en que López Obrador respete la concesión otorgada, en este caso durante 50 años. “Este es un proyecto ambicioso que ha requerido de 800 millones de pesos (40 millones de dólares) de inversión en los últimos tres años y posiblemente de 2.000 millones más en los próximos 10 años”, señala un vocero de la compañía.

Sierra Madre Occidental, Sonora. Agosto de 2019Teresa de Miguel

La concesión a Bacanora y Gangfeng tiene el tamaño de unos 100.000 campos de fútbol y la empresa planea quedarse en México los próximos tres siglos: “Sonora es un proyecto que durará 300 años, con costos operativos bajos, en el que produciremos litio de alta calidad para la industria de las baterías para vehículos eléctricos”, explicaba a EL PAÍS Peter Secker, CEO de Bacanora Lithium. La idea de nacionalizar el litio en México revive la historia de la expropiación petrolera que realizó el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, un hito que cada año se celebra como una fiesta nacional. Armenta declaró que no se busca expropiar a las compañías sino más bien, “regular, adaptar y actualizar” los contratos que existen. Los especialistas consultados concuerdan en que México no cuenta ni con la tecnología ni el conocimiento suficientes para hacerse cargo de una industria propia. Las alianzas público-privadas o los impuestos sobre la producción podrían ser una opción de modelo mixto.

La Secretaría de Economía señala que todavía no existe producción de litio en México y que por el momento su principal función en este tema es la de “facilitar la gestión y acompañar a los proyectos mineros para que puedan aprovechar con oportunidad las inversiones”. La industria del litio aún es incipiente y se basa en tecnologías muy especializadas que solo dominan un reducido grupo de empresas. Bacanora en la extracción y Gangfeng en la elaboración de carbonato de litio estiman que arrancarán sus operaciones en 2023. La compañía calcula para el primer año una producción estimada de 17.500 toneladas que ya está comprometida con la empresa japonesa Hanwa.

México un país rico en recursos naturales ha visto cómo las empresas privadas y extranjeras se benefician del extractivismo con una Ley Minera muy ventajosa para sus intereses. A pesar de la escasa incidencia de la minería en las arcas del Estado –menos del 1% del PIB– es un sector concentrado en pocas manos y con una influencia política considerable. Gangfeng planea crear una planta de reciclaje de baterías en suelo mexicano que suministre minerales a Tesla Motors, dueña de la fábrica de autos eléctricos más grande del mundo, en Nevada, a 1.400 kilómetros de Sonora. “Debemos de tener toda la cadena productiva en nuestro país, que nos lleve del mineral de litio a las pilas de cadmio-litio o alguna otra que use el ion de litio como base para producir electricidad”, ha señalado la Secretaría de Economía.

Los legisladores inmersos en un exceso de optimismo por la nacionalización tendrán que valorar todas las alternativas más allá del discurso político para que la fiebre del litio en México no se convierta en un negocio lleno de problemas.
https://elpais.com/mexico/2021-04-18/la-fiebre-del-litio-en-mexico-morena-mira-a-bolivia-en-su-propuesta-para-nacionalizar-el-recurso-natural.html

Argentina

GOBIERNO PROVINCIAL DE CATAMARCA Y MINERA YAMANA GOLD

DECLARAN LA GUERRA AL PUEBLO ANDALGALÁ EN ARGENTINA
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos totalmente con
el pueblo Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina, quienes están librando una dura
lucha por la defensa del agua, a causa de la instalación del ilegal proyecto minero “Agua
Rica Alumbrera” en la zona del Nevado de Aconquija. El pueblo Andalgalá ha realizado
diversas manifestaciones pacíficas, mientras el gobierno provincial de Catamarca, en
contubernio con las mineras Yamana Gold, Glencore Xstrata y Newmont; ha desplegado
todo su aparato represor policial y militar sitiando a la población.

Estas empresas mineras que pretenden extraer cobre, oro, plata y molibdeno, han violado
la Ley de Protección de los Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ordenanza Municipal
29/16, que prohíbe toda actividad minera metálica a cielo abierto; no ha respetado la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el derecho de todas y todos los
habitantes de la región a vivir en un ambiente sano y equilibrado.

La Asamblea el Algarrobo y la Asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y
Autodeterminación), entre muchas otras organizaciones, todas integradas por vecinas/os
de Andalgalá denunciaron públicamente el brutal despliegue policial y del ejército por parte
del gobierno de Catamarca que han allanado casas, perseguido, hostigado y amenazado a
las y los defensores del territorio. En estas redadas 11 defensoras/es fueron detenidos.

Con estas acciones el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Catamarca, criminalizan y
judicializan las legítimas protestas, poniéndose al servicio de los corporativos, que con
sangre se van imponiendo en los territorios que despojan; violando los derechos de las
comunidades que libremente han decidido rechazar los megaproyectos mineros.

Como REMA condenamos la brutal violencia contra el pueblo Andalgalá, exigimos al
gobernador Raúl Jalil la inmediata liberación, sin cargos, de las y los detenidos, así como la
desmilitarización del pueblo Andalgalá. Finalmente exigimos total respeto a la libre
determinación del pueblo Andalgalá que ya dijo NO A LA MINERÍA en su territorio.

¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS DE MUERTE!
¡ANDALGALÁ LIBRE DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFE

Perú

LOS RESULTADOS ELECTORALES EN LAS REGIONES CON PRESENCIA MINERA

19/04/2021
Imagen: Pulso regional
Las elecciones presidenciales y congresales del pasado 11 de abril, han terminado de configurar un nuevo mapa político a nivel nacional que muestra algunos rasgos particulares y a la vez algunas constantes en las diferentes regiones del país. Tomando en cuenta la importancia de la actividad minera en el Perú, siempre es importante revisar los resultados que se han dado en las diferentes zonas con marcada presencia minera.

Por supuesto, un primer tema que hay que precisar es cómo se define una región como un territorio de influencia minera: un criterio utilizado hace referencia al peso o al aporte de la minería a la economía de la región. Así, es más o menos común denominar una región como “minera”, cuando esta actividad representa el 6% o más de la actividad económica de la región. Si aplicamos este criterio,las siguientes regiones pueden ser consideradas como como territorios con una clara influencia minera: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.Demás está decir que en la mayoría de estas regiones se ubican los principales proyectos mineros (gran minería o minería a gran escala), tanto en etapa de producción como en proceso de construcción. En regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad, está implantada la denominada minería informal o abiertamente ilegal.

Viendo el mapa de resultados electorales en las denominadas regiones con presencia minera relevante, la primera conclusión es que en trece de ellas[1] ha ganado la organización política Perú Libre. Las únicas regiones en las que no gana la organización de Pedro Castillo es en La Libertad (gana Alianza para el Progreso) e Ica (Fuerza Popular).

A nivel de provincias donde se ubican las principales operaciones mineras o los proyectos que actualmente se encuentran en fase de construcción (como Minas Justa y Quellaveco), tenemos que casi en la totalidad ganó Perú Libre, salvo el caso de Nasca (Ica), provincia en la que ganó Fuerza Popular y en donde aparte de Minas Justa se encuentra la operación de Shougangen el distrito de Marcona.

Si queremos seguir ahondando en el análisis y nos fijamos en los resultados electorales en las provincias en las que se ubican proyectos que han sido fuertemente cuestionados y en donde se han desarrollado fuertes conflictos de rechazo a la minería, se sigue el mismo patrón: en la provincia de Islay (Arequipa) donde se ubica el proyecto Tía María, ganó de lejos Perú Libre; en la provincia de Chucuito (Puno), donde se ubica el proyecto Santa Ana (epicentro del denominado conflicto del Aymarazo), también ganó Perú Libre. Lo mismo ocurrió en Ayabaca y Huancabamba (Piura), donde se ubica el controvertido proyecto Río Blanco y en la provincia de Cajamarca y Celendín (Cajamarca), donde se ubica el proyecto Conga, también gana Perú Libre. La única excepción es la provincia de Piura y el distrito de Tambogrande, donde gana Fuerza Popular.

Estos resultados no son ninguna novedad. Los hechos demuestran que este tipo de votación que cuestiona la manera como se implanta la minería y las reglas de juego vigentes, ha sido una constante en los últimos procesos electorales: ocurrió en el 2006 y 2011 y también en el 2016, pese a que las dos candidaturas (Kuczynski y Fujimori),que pasaron a la segunda vuelta, expresaban la continuidad del modelo.

¿Qué lecciones podemos sacar de este nuevo dato de la realidad que el país envía? Que nos quedan varias tareas pendientes: el reto sigue siendo cómo construir gobernabilidad democrática; cómo se construyen los necesarios equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales que están haciendo falta desde hace bastante tiempo y cómo se logra finalmente que los grandes poderes económicos no rebasen la capacidad que debe tener una sociedad de controlar y regular, por ejemplo esas inversiones, en función del bien común. Las regiones con presencia minera nos envían nuevamente un mensaje que apunta a la necesidad de implementar cambios sustantivos.

Reconocer nuestras diversas racionalidades y realidades forma parte esencial del ejercicio democrático. El resultado electoral en las zonas con presencia minera debería servir para avanzar, no para estancarnos y menos aún para correr el riesgo de retroceder. Habrá que ver cómo se desarrolla el debate en torno a la minería en la segunda vuelta.

[1] Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua, Tacna.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Guatemala

Proyecto minero Escobal: Guatemala aplaza inicio de etapa de preconsulta


Conflicto Relacionado: Escobal

20/04/2021
Ministro Alberto Pimentel Mata/ Cortesía del MEM.

El inicio de la etapa de preconsulta con el pueblo indígena Xinka, en Guatemala, sobre el proyecto minero Escobal se reprogramó para el 21 de mayo próximo, anunció el Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata.

Luego de una serie de reuniones de acercamiento entre el Parlamento del Pueblo Xinka y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se había acordado que dicha reunión se realizaría el 20 de abril de este año. Sin embargo, debido a las disposiciones del Gobierno para contener la pandemia de Covid-19 – aprobadas el pasado viernes- la reunión se suspendió.

“El MEM respetuoso de esas disposiciones y tomando en cuenta que la salud de los guatemaltecos es el bien más importante que compete cuidar, tuvo la necesidad de suspender temporalmente la primera reunión del proceso de pre consulta que estaba programada para el 20 de abril y que se iba a realizar en la sede del Parlamento Xinka de Guatemala”, afirmó el ministro.

Explicó que esta consulta deviene de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en la cual se ordena al MEM realizar el proceso de consulta con el pueblo indígena Xinka, con miras a poder reactivar el derecho minero Escobal en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

El ministro recalcó que pese a la situación que obligó a suspender la reunión ya se fijó una fecha nueva fecha y se espera que esta se lleve a cabo el próximo 21 de mayo.
Proceso de consulta

La reunión en mención es el inicio de un proceso de consulta que fuera ordenado en cumplimiento de las obligaciones del Estado de Guatemala dentro de la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según el MEM, el proceso de pre consulta tomará de dos a tres meses, mientras que el proceso de consulta, junto a la fase de entrega de información y diálogo intercultural pueda realizarse en un plazo de cuatro a seis meses.
El Dato

La mina de plata Escobal es operada por Minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe Resources hasta enero de 2019. Pasando a manos de Pan American Silver.
Debido a la resistencia y la violación de derechos indígenas, la mina ha sido suspendido desde junio de 2017.
https://www.mineria-pa.com/noticias/proyecto-minero-escobal-guatemala-aplaza-inicio-de-etapa-de-preconsulta/

Argentina, Criminalización de la protesta

APOYO DE LAS COMUNIDADES DIAGUITA AL PUEBLO DE ANDALGALÁ

19/04/2021
Apoyo de las Comunidades Diaguita al pueblo de Andalgalá
Compartimos el apoyo de los Caciques en representación de sus comunidades diaguita y en apoyo al pueblo de Andalgalá.

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Belén-Catamarca.

“Exigimos, pues, la liberación inmediata de los hermanos que fueron detenidos por defender la vida y el medio ambiente, nuestra Pachamama”.

Apoyo de las Comunidades Diaguita al pueblo de Andalgalá

 

 

Argentina, Internacional, Litio

Orocobre y Galaxy Resources se fusionan para crear un gigante del litio en una operación de US$ 3 mil millones

De acuerdo con los términos de la fusión, los accionistas de Galaxy recibirán 0,569 acciones de Orocobre por cada uno de los títulos en su poder.
20/04/2021
MINERÍA CHILENA
(La Tercera) Las compañías mineras australianas Orocobre y Galaxy Resources han acordado una fusión entre iguales, en una operación valorada en 4.000 millones de dólares australianos (cerca de US$ 3.100 millones), con el objetivo de crear un nuevo gigante global en el segmento de la producción de litio, según han anunciado este lunes en un comunicado conjunto.

SEA publica nuevas guías para la evaluación de proyectos
Al cierre de la operación, los actuales accionistas de Orocobre ostentarán el 54,25 del capital social de la empresa conjunta, mientras que los accionistas de Galaxy serán dueños del 45,8% restante.

La fusión entre iguales ha sido recomendada de forma unánime por ambos consejos de administración. Ambas compañías han asegurado que la empresa conjunta tendrá una capitalización bursátil de cerca de US$ 3.100, lo que situará a la empresa en el ‘top 5’ de compañías productoras de litio por valoración en Bolsa.

Tras la operación, el presidente no ejecutivo de Galaxy Resources ocupará ese mismo cargo en la empresa conjunta, mientras que el presidente de Orocobre, Robert Hubbard, pasará a ser vicepresidente.

El director gerente y consejero delegado de Orocobre, Martín Pérez de Solay, ocupará ese mismo cargo en el nuevo grupo. Por otro lado, las oficinas principales de la firma estarán en Buenos Aires, Argentina, mientras que la sede corporativa estará en la Costa Este de Australia y contará con otra oficina en la ciudad australiana de Perth.
https://www.mch.cl/2021/04/20/orocobre-y-galaxy-resources-se-fusionan-para-crear-un-gigante-del-litio-en-una-operacion-de-us-3-mil-millones/

Argentina

Recrudecen los conflictos por la megaminería en el país y desafían los planes del Gobierno

Después del revés en Chubut, en Andalgalá se desencadenaron hechos de violencia que finalizaron con activistas detenidos por movilizarse contra el proyecto de Agua Rica
Juan Piscetta
18/04/2021
jpiscetta@infobae.com

Marcha minera en Andalgalá, Catamarca, contra el proyecto Agua Rica

En Andalgalá, provincia de Catamarca, la encrucijada sobre avanzar o no en un modelo minero se sella con violencia. Doce personas permanecían detenidas este domingo, acusadas de haber participado del incendio y los destrozos de las oficinas de la minera Agua Rica. El incidente, ocurrido el sábado 10 de abril, se produjo cuando un grupo de manifestantes que logran irrumpir en los ingresos de la compañía en un clima de caos y movilización. Explotaron, además, cinco vehículos y destrozos en la sede del PJ de Andalgalá. La semana continuó con una dura respuesta policial y judicial, que avanzó con allanamientos hacia los domicilios de los sospechosos que, por su crudeza, ameritó una visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

El incidente en el pueblo norteño es el tercer eslabón de una cadena de protestas que desafía el plan de inversiones mineras de la gestión de Alberto Fernández. Entre los empresarios del sector y las autoridades de las provincias mineras preocupa cuando la tensión escala a ese punto.

Antes había sido Mendoza, a comienzos de 2020, donde una multitudinaria movilización volteó una reforma para habilitar la minería metalífera con el uso de cianuro y ácido sulfúrico. Solo habían pasado dos meses de la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador, que tuvo que dar marcha atrás. En el verano de 2021 le tocó a Chubut: el gobernador Mariano Arcioni no pudo imponerse al rechazo social de su proyecto de rezonificación minera que habilitaba la explotación química, de plata cobre y plomo en departamentos como los Telsen y Gastre.

Andalgalá es una zona de alta conflictividad con la minería. La localidad, conocida como “La Perla del Oeste”, está ubicada a 40 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. La ira se disparó mientras transcurría la marcha número 584 contra el proyecto de Agua Rica, una iniciativa de explotación de oro, cobre, plata y molibdeno.

Los activistas ambientalistas y sociales en contra del desarrollo minero aseguran que el emprendimiento de Agua Rica infringe la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, dos medidas cautelares y la ordenanza municipal 029/16, que prohibió la minería a cielo abierto en la comuna.

“Estamos en un punto de quiebre. Después de 11 años de lucha y caminatas, tenemos como única respuesta la violencia”, aseguró a Infobae Ana Chayle, miembro de la Asamblea El Algarrobo, una de las organizaciones impulsoras de la protesta. “El hartazgo y cansancio social hizo que tengamos una caminata histórica el 10 de abril. Nosotros denunciamos la presencia de infiltrados y operadores políticos por los incidentes, pero nadie puede desconocer que Andalgalá está despierta y enojada por la violación de las garantías y derechos”.


La paz social no está garantizada en Andalgalá y la desconfianza está instalada entre los protagonistas. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, rechazó los hechos de violencia “contra la propiedad privada” y ratificó la política minera por los ingresos que implica en materia regalías, retenciones y su “efecto multiplicador”.

Además, aclaró que no hay otras alternativas donde “el 80% del suelo provincial es de montaña”. “El proyecto de Agua Rica está siguiendo todos los pasos, estamos siendo estrictos”, indicó en radio Con Vos. “No se puede incendiar una empresa internacional, hemos mandado al secretario de Derechos Humanos para que vea la situación de los presos”, agregó.

Todo el sector privado minero y público cerraron filas y expresaron su repudio a lo ocurrido. “Vemos como preocupante el uso de la violencia para reemplazar a los argumentos, así como la negativa a participar en los espacios de debate. Creemos que siempre se deben buscar opciones superadoras”, sostuvo a Infobae el presidente la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia. “Argentina cuenta con recursos y puede ponerlos a producir, para mejorar la calidad de vida de su población. Tal vez la discusión debería centrarse en “cómo” debe ser la minería argentina, en términos de sustentabilidad, control y calidad”, añadió.

Detrás de la ebullición local hay una larga historia que data al menos desde hace 24 años. El 31 de octubre de 1997, el presidente Carlos Menem inauguró el modelo minero de Bajo la Alumbrera, ubicada en el departamento de Belén. Se prometieron 6000 puestos de trabajo, un barrio para 5000 personas y un hospital de alta complejidad. Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold son las firmas que ponen en funcionamiento el yacimiento de cobre, oro y molibdeno. Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional, que confluye en una unión transitoria de empresas (UTE) con Minera Alumbrera.

El proyecto de Agua Rica, que está en etapa de exploración, es auspiciado como tres veces más grande que Alumbrera. El yacimiento tiene reservas minerales probadas y probables de 11,8 mil millones de libras de cobre; y 7,4 millones de onzas de oro contenidas en 1,1 mil millones de toneladas de mineral.

“Después de 20 años de explotación de Bajo la Alumbrera, Andagalá sigue siendo un pueblo pobre, con calles destruidas y sin servicios básicos, y Catamarca es la provincia que más IFE necesitó en el inicio de la pandemia. Se construyó un hospital con fondos de regalías mineras que es pura fachada, sin agua caliente y nos faltan especialistas. No queremos que nos vendan espejitos de colores y promesas que ni siquiera pueden cumplir. La megaminería es una gran farsa, una economía de enclave para luego extraer las riquezas y levantar las valijas, dejando a nuestros pueblos más divididos”, sostuvo la asambleísta Ana Chayle.

El presidente Alberto Fernandez junto al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en una reunión sobre el proyecto de rezonificación minera de Chubut

El desafío minero

Para el Gobierno, la minería es considerada como uno de los polos para el crecimiento económico y el desarrollo productivo del país. El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, quiere revisar la carga tributaria que pesa sobre los proyectos mineros, con el objetivo de facilitar las inversiones millonarias que se pueden recibir en el sector. El presidente Alberto Fernández apoya el enfoque.

“La industria minera puede ser un pilar útil en el proceso de recuperación del país. Pensemos que a hoy en día genera más de 82.000 puestos de trabajo y es el sexto complejo exportador generando durante el 2020 alrededor de U$D 2.600 millones en exportaciones e –incluso en contexto de COVID-19 aportó al sector público más de $61.000 millones de pesos”, señaló Alberto Carlocchia, titular de la CAEM.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tiene puesta la mirada en la producción de una materia prima crítica para las industrias tecnológicas. A comienzos de abril, constituyó la Mesa Nacional del Litio junto a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. El funcionario considera el recurso como esencial para la transición energética y la denominada “revolución verde” en la que avanza el mundo. El “oro blanco” se utiliza en muchas de las innovaciones técnicas de las últimas décadas: celulares, tablets, notebooks, cámaras digitales y autos eléctricos. Argentina podría satisfacer el 17% de la demanda global del mineral.

Sin embargo, este tipo de proyectos mineros requieren, igual que otros, de la licencia social. En Jujuy, en la zona de Salinas Grandes -el tercer salar más grande de Latinoamérica- y de la Laguna de Guayatayoc, la explotación del litio en la Puna es resistida hace años por las comunidades indígenas, con un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En otras latitudes, como en Santa Cruz, existe un mayor apoyo de la población.

Algunos proyectos no logran obtener la licencia social y son rechazados

“La industria minera argentina es plenamente consciente de las expectativas que tienen las comunidades con relación a cómo se manejan las cuestiones de sustentabilidad, tanto ambiental como social”, sostuvo Carlocchia a este medio. “Por eso, cuando de diseña en un proyecto minero, además de las cuestiones puramente operativas, las empresas trabajan en paralelo desde el día cero los temas de sustentabilidad y de desarrollo de la comunidad”, agregó.

No es el caso de Andalgalá. La minería, en la etapa de exploración de Agua Rica, por el momento promete unos 150 empleos, algo insuficiente para los activistas y pobladores. El diálogo está quebrado. En las detenciones y allanamientos ordenados por la fiscal Soledad Rodríguez y el juez Rodolfo Cecenarro se imputaron a las 12 personas acusadas por los delitos de violación de domicilio, daños, hurto calificado e incendio doloso. Cuatro de ellos están en prisión domiciliaria, y dos son personas mayores de edad, jubiladas.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo- repudiaron el accionar judicial y pidieron el freno a Agua Rica. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció también la “criminalización de la protesta”.

“Muchas de las personas que están detenidas son conocidos por levantar las banderas en contra de la megaminería, otros que son vecinos con una clara identificación partidaria y tres son comunicadores de prensa de El Algarrobo. Quieren atemorizarnos para que nos dejemos de manifestarnos, hay una clara persecución política”, apuntó Ana Chayle de la Asamblea El Algarrobo.
https://www.infobae.com/politica/2021/04/18/recrudecen-los-conflictos-por-la-megamineria-en-el-pais-y-desafian-los-planes-del-gobierno/

Chile, Internacional, Litio

SQM suministrará hidróxido de litio a la británica Johnson Matthey

19/04/2021
Cortesía de SQM.
La chilena SQM, una de las mayores productoras de litio del mundo, anunció la firma de un contrato a largo plazo para el suministro de hidróxido de litio a Johnson Matthey para que fabrique en torno a 500.000 baterías de vehículos eléctricos en los próximos siete años.

Gracias al contrato, que rige desde 2021 hasta al menos 2028, la compañía suministrará el material para la elaboración de baterías eléctricas a las plantas de Polonia y Finlandia de Johnson Matthey.

El consejero delegado de SQM, Ricardo Ramos, ha enmarcado este proyecto en el esfuerzo de la compañía para incrementar la producción de litio de forma sostenible, con el objetivo de ser neutra en la producción de carbono en 2030.

Lee también: Fondo brasileño IG4 Capital ofrece USD 916 millones por participación en SQM

Asimismo, Ramos ha señalado que la compañía está trabajando en un importante plan de expansión para producir 180.000 y 30.000 toneladas métricas de carbonato de litio e hidróxido de litio, respectivamente, una expansión que se realizará “simultáneamente con nuestros esfuerzos para reducir nuestra huella ambiental al reducir nuestra extracción de salmuera y el consumo de agua a la mitad en 2030”.

Por su parte, el responsable de materiales de batería de Johnson Matthey, Christian Günther, ha afirmado que el acuerdo firmado refuerza la relación entre sendas firmas, garantizando seguridad en la cadena de suministro y la trazabilidad en un material “clave” para los clientes.

Las empresas han afirmado que continuarán reforzando su relación en el futuro y explorarán posibles sinergias y objetivos conjuntos entre las dos compañías.

SQM suministrará hidróxido de litio a la británica Johnson Matthey

19/04/2021
Cortesía de SQM.
La chilena SQM, una de las mayores productoras de litio del mundo, anunció la firma de un contrato a largo plazo para el suministro de hidróxido de litio a Johnson Matthey para que fabrique en torno a 500.000 baterías de vehículos eléctricos en los próximos siete años.

Gracias al contrato, que rige desde 2021 hasta al menos 2028, la compañía suministrará el material para la elaboración de baterías eléctricas a las plantas de Polonia y Finlandia de Johnson Matthey.

El consejero delegado de SQM, Ricardo Ramos, ha enmarcado este proyecto en el esfuerzo de la compañía para incrementar la producción de litio de forma sostenible, con el objetivo de ser neutra en la producción de carbono en 2030.

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Asimismo, Ramos ha señalado que la compañía está trabajando en un importante plan de expansión para producir 180.000 y 30.000 toneladas métricas de carbonato de litio e hidróxido de litio, respectivamente, una expansión que se realizará “simultáneamente con nuestros esfuerzos para reducir nuestra huella ambiental al reducir nuestra extracción de salmuera y el consumo de agua a la mitad en 2030”.

Por su parte, el responsable de materiales de batería de Johnson Matthey, Christian Günther, ha afirmado que el acuerdo firmado refuerza la relación entre sendas firmas, garantizando seguridad en la cadena de suministro y la trazabilidad en un material “clave” para los clientes.

Las empresas han afirmado que continuarán reforzando su relación en el futuro y explorarán posibles sinergias y objetivos conjuntos entre las dos compañías.

SQM suministrará hidróxido de litio a la británica Johnson Matthey

Perú

Candidato peruano busca mayor recorte de minería, no control estatal

16/04/2021
Crédito: TVPeru Noticias
El ganador de la primera ronda de las elecciones presidenciales de Perú quiere renegociar los contratos con las empresas mineras en lugar de incautar activos, dijo un funcionario del partido.

Si bien, en la plataforma del partido Perú Libre se menciona tomar el control de los recursos naturales, su candidato Pedro Castillo no busca nacionalizar la industria minera y da la bienvenida a la inversión privada, dijo por teléfono Ana María Córdova, representante legal del partido.

Castillo, quien anunciará algunos “ajustes” a su plan, quiere una mayor participación en las ganancias de la empresa para beneficiar a los peruanos, dijo Córdova. Sin duda, Castillo, un maestro de escuela rural poco conocido antes de las elecciones, quiere garantizar que ciertos recursos sirvan mejor a la población local, dijo, citando algunos de los precios de gas más altos en América del Sur a pesar de que Perú es un productor importante.

“No para expropiarlos, no para nacionalizar ni nada, sino para que las condiciones de alguna manera también favorezcan a las poblaciones donde están involucradas estas industrias u operaciones mineras”, dijo. “Es simplemente renegociar las condiciones para que de alguna manera mejoren a favor de la población”.

Castillo se enfrentará a la candidata de derecha Keiko Fujimori en una segunda vuelta el 6 de junio. Fujimori, del partido Fuerza Popular, advirtió que los planes de su rival de reescribir la constitución y hacerse cargo de empresas estratégicas lo convierten en un peligro para la democracia en el segundo país productor de cobre.

Cualquiera de los dos resultados aumentará la prima de riesgo para invertir en Perú, lo que resultará en una menor inversión y una menor oferta de cobre con el tiempo, lo que ayudará al precio del metal, según el analista de Jefferies, Christopher LaFemina. Perú representa el 11% del suministro mundial de minas de cobre y también es un importante productor de zinc, plata y oro.

Córdova dijo que el capital privado “no será tocado”, y que el gobierno simplemente busca una mayor participación en las ganancias.

“El plan de gobierno sigue siendo el mismo, lo que se hará son aclaraciones detalladas y, obviamente, con base en las conversaciones con las otras organizaciones políticas, puede haber cierta flexibilidad”, dijo.

“En el corto plazo, todavía vemos mucha resistencia en el sector y un entorno macroeconómico positivo”, dijo Héctor Collantes, director asociado de Fitch Ratings, quien cubre metales y minería. “Hay mucha cautela en el mediano plazo para decidir sobre proyectos de crecimiento que podrían afectar el largo plazo”.

El vicepresidente ejecutivo de Gold Fields Ltd. para las Américas, Luis Rivera, dijo el miércoles que la constitución de Perú había demostrado ser resistente en el pasado. “No es como si esto fuera a ser un apocalipsis”, dijo en un seminario de la industria.
Fuente: Bloomberg

Candidato peruano busca mayor recorte de minería, no control estatal