¿Proyecto minero está paralizado y ha cumplido sus compromisos?
Tres momentos que quedaron en el archivo pero que nos pueden dar luces para entender el estado actual del conflicto, y quizá su futuro: el informe “perdido” del ex ministro del Ambiente, Giesecke; las recomendaciones de los peritos extranjeros sobre la parte hidrológica del proyecto minero Conga, y las exigencias de Humala.
Empresas privadas de Brasil, de sectores estratégicos como la minería o la infraestructura, espían e infiltran a los movimientos sociales y sus actividades, determinó una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que concluyó este viernes 14.
Hace casi un año, el 24 de febrero de 2013, durante una reunión de planificación de los líderes del Movimiento Xingú Vivo para Siempre en Altamira, una localidad del norteño estado de Pará, se sospechó que una persona estaba registrando las conversaciones y decisiones del encuentro.
La industria minera de Perú, el tercer mayor productor de cobre y zinc del mundo, necesita 4.000MW adicionales en energía para abastecer a nuevas minas y expansiones durante la próxima década, señaló Rómulo Mucho, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y ex viceministro de Minas. Perú requiere US$33.000mn en inversiones en energía, lo que forma parte de una escasez de infraestructura en el país que se calcula en US$88.000mn, indicó Mucho.
Pobladores de la comunidad de Naopa, municipio de Molango de Escamilla, estado de Hidalgo, desde hace una semana protagonizan una serie de protestas para detener las operaciones de la Minera Autlán, a la que acusan de producir daños en la salud, el reblandecimiento de un cerro y amenaza con posibles brotes de violencia, denunciaron.
A casi ocho años de la tragedia, las familias de los trabajadores claman porque se realice el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que aún continúan bajo la mina. El accidente ocurrió aproximadamente a las 02:30 horas del 19 de febrero de 2006, cuando laboraba el turno de las 22:00 a las 06:00 horas.
El derrumbe de la mina de carbón ocho en Pasta de Conchos llega este miércoles a ocho años, con el recuerdo latente de 63 cuerpos que siguen enterrados, de un total de 65 mineros que murieron tras una explosión.
Integrantes del grupo ambientalista Bios Iguana que participan en el movimiento de resistencia contra la explotación de una mina de oro, en el pueblo indígena de Zacualpan, se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos del estado por amenazas de muerte, agresiones y hostigamientos en su contra, supuestamente con el propósito de hacerlos desistir de su oposición al proyecto.
A su vez, Jonathan Ochoa Hernández, abogado de la agrupación, presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Carlos Soule, empleado de la Procuraduría Agraria (PA), por agresiones físicas y amenazas de muerte.
Carlos Guzmán Teodoro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, fue destituido de su cargo esta tarde en asamblea comunal.
Con el aval de los 96 comuneros asistentes a la segunda convocatoria, los asambleístas también aprobaron la destitución del secretario y tesorero de la dirigencia, además de la renovación del comité de vigilancia.
Asimismo, respaldaron la declaratoria de Zacualpan, libre de minería para rechazar cualquier intento de exploración o explotación de los recursos minerales de esta zona.
Comuneros de este pueblo indígena acordaron hoy no permitir la explotación de una mina de oro en su territorio, con el argumento de que dañaría su entorno natural y contaminaría un gran manantial, del que se abastece de agua potable a más de 70% de los habitantes de la capital del estado.
Asimismo, destituyeron de sus puestos a los integrantes de la mesa directiva de Bienes Comunales, que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro a quien acusaron de estar coludido con el empresario promotor del proyecto minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez y nombraron en su lugar a J. Guadalupe Rincón Carpio como presidente, a Epitacia Zamora Teodoro como secretaria y a Olivia Teodoro Aranda como tesorera.
Desde 2008 hasta la fecha se han invertido 19 mil millones de dólares en exploración y valoración mineras de acuerdo con la página del gobierno canadiense correspondiente a Recursos Naturales.
Un libro publicado en 2010 titulado Imperial Canadá Inc: refugio legal para la industria minera del mundo, lanza la teoría de que Canadá tiene un “legado imperial” desde su fundación en 1867.
“Apoya la especulación, habilita flujos de capital para financiar proyectos cuestionables en el extranjero, usa una diplomacia proactiva para promover la minería, usa paraísos fiscales en el Caribe, da subsidios gubernamentales, da un amparo legal para protegerse de litigios hechos por comunidades afectadas por la minería”, dice el libro.
Las bandas de delincuentes de La Gran Cruz, con un ex árbitro FIFA incluido y la de la Sagrada Familia, se han instalado en Piura y en Tambogrande. La culpa es de los antimineros.
La sequía golpea el norte del país, los reservorios están en mínimos históricos y la campaña agrícola está en peligro: el Ministerio de Agricultura estima que se perdió entre 30% y 40% de los cultivos en Piura. La culpa es de los antimineros.
La minería informal e ilegal, se ha expandido en todo el país y en varios distritos de Piura. La culpa es de los antimineros.