Takeshi Chacon 03/06/2022
La Secretaría de Medio Ambiente -Semarnat- resaltó su posición de bloquear las solicitudes de minas a cielo abierto en todo el país.

La medida que, según señaló, demuestra la determinación de la administración del partido izquierdista Morena de proteger a las comunidades y los ecosistemas del daño ambiental.

“El Gobierno de México mantiene su compromiso de no otorgar nuevas autorizaciones para explotación minera a cielo abierto”, comentó.

Añadió que esto es como respuesta ante la alta cantidad de permisos de explotación otorgados en el periodo neoliberal.
Oposición empresarial

La medida se produce en medio de un entorno político ya desafiante para las mineras, con el presidente Andrés Manuel López Obrador imponiendo un congelamiento de nuevas concesiones.

Además de expresar un enfoque más estricto para permitir y nacionalizar la naciente industria del litio del país.

Frente a esta iniciativa, los empresarios resaltaron que una prohibición de facto para nuevas minas a cielo abierto en México amenaza con socavar la inversión y expulsar a las empresas emergentes.

“La prohibición de nuevas minas a cielo abierto es innecesaria y provocará un daño significativo a la industria”, advirtió a BNamericas Ralph Shearing, presidente ejecutivo de Altaley Mining.

“Prohibir nuevas minas a cielo abierto es algo ridículo. Hay tanto valor en una buena mina a cielo abierto”, sostuvo.

Si bien Shearing aceptó que hay una cierta cantidad de daño ambiental en un área pequeña con cualquier tajo abierto, esto no es algo que amenace a las comunidades si se hace de manera responsable.

“Todas las mineras tienen que explotar de manera responsable en estos días, por lo que la cantidad de beneficio económico que proviene de cualquier mina es muy buena para las comunidades y las áreas locales”, explicó.

“Simplemente, no tiene ningún sentido decir que nunca vamos a permitir más minas a cielo abierto. Es un aspecto ambiental que se volvió loco”, manifestó.

Proyectos mineros clave

Si bien México tiene muchas minas subterráneas, muchos de sus mayores activos son principalmente a cielo abierto.

En ese grupo están incluidos los principales productores de oro como Peñasquito, de Newmont; Herradura, de Fresnillo.

Así como también El Limón-Guajes, de Torex Gold; y la mina Pinos Altos, de Agnico Eagle Mines.

Asimismo, muchos de los proyectos más grandes en la cartera mexicana (de US$ 9.000 millones) también son a cielo abierto.

Incluido el proyecto de cobre y zinc de US$ 842 millones San Nicolás de Teck Resources; el proyecto de oro de US$ 359 millones Metates de Chesapeake Gold.

Y el proyecto de cobre y oro de US$ 2.900 millones El Arco de Southern Copper, el mayor de la cartera, y para el que aún no se han obtenido los permisos de la Semarnat.

“La empresa ya inició el estudio de referencia y está revisando el análisis de ingeniería básica para solicitar el permiso medioambiental”, anunció la empresa estadounidense Southern Copper en su informe del 1T.

Las juniors con grandes proyectos a cielo abierto podrían ser “asesinadas” por la prohibición, según Shearing, ya que no podrían avanzar con sus activos.

Por otro lado, para los empresarios “no está claro si la Semarnat cumplirá con la prohibición total de nuevas minas a cielo abierto”.

La secretaria de Medio Ambiente, María Albores, dijo el año pasado que los proyectos de minería a cielo abierto se habían detenido en el país.

Ello porque la cartera no había otorgado un solo permiso para minas a cielo abierto desde que AMLO asumió el poder en diciembre de 2018.

Pero, aunque la Semarnat ha bloqueado al menos cuatro proyectos a cielo abierto desde entonces.

Así, la secretaría aprobó un permiso para el proyecto Camino Rojo, de Orla Mining, en 2020, mientras que Southern Copper confirmó la recepción de los permisos ambientales para su proyecto de US$159 millones Pilares, en su informe financiero del 2T19.
Caso Esperanza de Zacatecas Silver

El anuncio de la Semarnat fue en respuesta a la oposición expresada por algunos habitantes locales al proyecto aurífero Esperanza, de Zacatecas Silver, en el estado de Morelos, aunque otros apoyan el proyecto.

Y el presidente ejecutivo de Zacatecas, Bryan Slusarchuk, manifestó a BNamericas esta semana que planea seguir adelante con los permisos ambientales en Esperanza a pesar del comunicado de la Semarnat.

“En última instancia, el impacto ambiental del proyecto se determinará a través del procedimiento del EIA establecido por la ley minera mexicana”, declaró.

Pero aunque la Semarnat no pueda frenar todos los proyectos a cielo abierto, su comunicado amenaza con socavar la inversión.

“Ahora solo se habla de prohibir la minería a cielo abierto, pero esa charla, esa retórica, es dañina, porque asustará a la gente”, lamentó Shearing.
https://www.rumbominero.com/mexico/mexico-no-otorgara-mas-permisos-para-mineria-a-cielo-abierto/

Comunicado «Informe REMA: La Lucha por lo Esencial sobre cómo la minería se benefició de las restricciones sociales durante la contingencia de Covid-19 y la necesidad de fortalecer la defensa territorial»
24/05/2022
Sobre cómo la minería se benefició de las restricciones sociales durante la contingencia de Covid-19 y la necesidad de fortalecer la defensa territorial
El día de hoy, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería presentamos el informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, en el que reflexionamos sobre las vivencias de las comunidades en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza en los territorios. En este informe visibilizamos la asimetría que durante esta pandemia se profundizó entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste. A dos años de la pandemia, los territorios en resistencia a la minería se recuperan y es importante volver plantear lo que consideramos realmente como esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.

¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia? Documentamos la forma en que la minería en México logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”, echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, las ventanillas institucionales les fueron abiertas nuevamente.

A pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, en los trámites para permisos ambientales para la exploración y explotación minera, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020. Así, desde junio 2020 a diciembre 2021, la SEMARNAT ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 entidades de la República.

Además, la incertidumbre y el cierre económico que se generó por la pandemia, favoreció el aumento de los precios de metales como el oro y plata en el mercado internacional. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Este crecimiento acelerado de precios permitió que -pese a la crisis- el sector minero se recompusiera rápidamente, hasta obtener ganancias históricas en varios casos.

Asimismo, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas y lograron, al mismo tiempo, obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aún más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando. Especialmente, durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.

Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca, recopiladas para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.

Por otra parte, en muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades.

Es así que después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía, no hubo tregua. No se cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se movió un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado tantos daños al agua, a la tierra, a la salud y a la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos.

El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, lo cual lanza hoy su informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera. Éste informe abarca 16 casos de estudios de 9 países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.

A pesar de estas condiciones adversas, en México como en toda América Latina, las organizaciones y las comunidades siguieron y siguen luchando, buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio.

Desde la REMA, tenemos más claro que nunca la importancia de prevenir el acceso de las empresas mineras a los territorios, de informar a las comunidades, de dialogar, de documentar los daños y desmitificar las mentiras del modelo minero. Para la construcción de un futuro digno es indispensable prevenir y evitar los daños que generan los proyectos extractivos, al mismo tiempo que se promueven alternativas de vida al sistema capitalista -desde la agroecología hasta los sistemas de energía comunitarios-. Las acciones para el ejercicio de los derechos colectivos y la defensa de la salud comunitaria, del medio ambiente, del agua y de la soberanía alimentaria, entre otras, son imprescindibles en los territorios. Esto es lo verdaderamente esencial.

La minería no es una salida a la crisis, es su profundización

¡Territorios libres de minería!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

https://bit.ly/3PC3gzF para acceder al informe:

“La Lucha por Lo Esencial:

La Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19”

https://bit.ly/3sTQGSx

20/05/2022
El día de ayer, miembros del Ejido El Bajío junto con organizaciones aliadas de Londres,
presentaron una carta ante la Embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco
Ortiz-Mena . 1 En ella, El Bajío exige la ejecución de las 67 sentencias agrarias a favor del ejido, en
su lucha contra la mina de oro Soledad-Dipolos propiedad de la empresa minera PENMONT que
operó en su territorio de forma ilegal por más de diez años. Como Red Mexicana de Afectadas/os
por la Minería (REMA), nos sumamos a las exigencias del ejido El Bajío para que se cumpla el
estado de derecho y se llegue a la justicia y rendición de cuentas ante una de las empresas mineras
más poderosas de México.
La empresa PENMONT pertenece al conglomerado de empresas de Fresnillo PLC, la cual, es
propiedad en un 75% de Industrias Peñoles cuyo dueño es la familia Baillères. Fresnillo PLC
celebró este 17 de mayo su reunión anual de accionistas en Londres, lugar en donde cotiza dentro
de la bolsa de valores desde el 2008. Una delegación de ejidatarios del ejido El Bajío, logró entrar
a dicha reunión y presentar una serie de demandas y exigencias, que en ningún momento la
empresa ha admitido frente a sus accionistas, tal como se evidencia en sus propios informes.
Las demandas y exigencias del ejido se centraron en recalcar la secrecía de la empresa ante sus
accionistas sobre las 67 demandas interpuestas por el ejido en el 2013 y las cuales cuentan con
sentencias firmes desde el 2014 emitidas por el Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo,
Sonora. En las sentencias se ordena a la empresa a: abandonar la mina Soledad-Dipolos ubicada
dentro del territorio del cual es propietario el ejido El Bajío; devolver al ejido todo el oro extraído
durante la ocupación ilegal de las tierras; pagar las rentas a los ejidatarios por la ocupación ilícita
de sus tierras; restituir las tierras a su estado natural y remediar el daño al medioambiente
descontaminando las tierras afectadas. Asimismo, hay una nueva sentencia dictada en enero de
2022, por el mismo tribunal que declara nulo un título de propiedad otorgado a la Minera
PENMONT por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), condenando
“a la parte demandada al respeto irrestricto de la propiedad social del ejido El Bajío y se le solicita,
que en un futuro se abstenga de realizar actos que perturben la posesión jurídica y material que el
ejido mantiene dentro del territorio”, tal como el ejido le relata en su carta a la embajadora de
México entregada el día 19 de mayo. 2
Desde la emisión de las sentencias del 2014, el ejido ha sufrido hostigamiento, amenazas,
criminalización y violencia permanente por su resistencia a las operaciones de PENMONT. El
punto máximo de la violencia ha sido el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz (y la desaparición de
su cuerpo), la desaparición de Noemí López Gutiérrez en el 2018, y el asesinato de José de Jesús
Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en abril de 2021, quienes además de ser asesinados
fueron usados como amenazas, al dejar un cartel con el nombre de trece ejidatarios sobre sus
cuerpos.
1En su carta a la embajadora, el ejido solicita que “usted, como nuestra representante y defensora
del medio ambiente, cuente con esta información y pueda generar acciones que conlleven al
cumplimiento de la justicia, a la conservación de nuestro medio ambiente y a la defensa de la vida
de todas y todos los mexicanos en nuestro país.” Sin embargo, una relación familiar de la
diplomática con un alto ejecutivo de la empresa Fresnillo PLC pone en duda la posibilidad de una
respuesta consecuente.
Influencia minera en la embajada de México en el Reino Unido
La Mtra. Josefa González-Blanco Ortiz-Mena fue nombrada como Embajadora de México en el
Reino Unido el 23 de abril de 2021, es hija del ahora fallecido, Patrocinio González Garrido, ex
gobernador de Chiapas y ex secretario de Gobernación bajo el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari. Inexplicablemente, ocupó de forma efímera el cargo de la Secretaría de Medio Ambiente
durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de diciembre del 2018 a
mayo del 2019 . 3
Consideramos que este cargo fue ocupado de forma inexplicable, ya que la ahora embajadora,
tiene relaciones familiares en los sectores energéticos, turísticos y mineros del país, mostrando
un claro conflicto de intereses, tal como tenía en torno a decisiones importantes con respecto al
Tren Maya, cuando fue cuestionada por su relación familiar con David Ortiz, presidente de la
Asociación de Hoteles de Tulum. 4 En el sector minero, destaca que uno de los primos hermanos
de la embajadora, es Carlos Ortiz Mena, abogado de Fresnillo PLC desde 2001 y quien logró la
incorporación de la empresa en la bolsa de valores de Londres, en 2008; año desde el que dirige
la sección jurídica de toda la misma. Es decir, Carlos Ortiz Mena es quien dirige a su equipo
frente las sentencias que ha logrado el ejido El Bajío y, en consecuencia, quien decide lo
que se informa a sus accionistas al respecto.
Ante la evidente relación y conflicto de interés existente entre la Embajadora y su primo el Lic.
Carlos Ortiz Mena, REMA exige a la embajadora que responda como le corresponde, defender los
intereses de las y los mexicanos y no de su primo hermano. Específicamente, exigimos que atienda
las demandas y exigencias del ejido El Bajío ayudando a visibilizar la grave situación de violencia
que esta empresa ejerce contra la población del ejido, misma que actúa en total impunidad con el
gobierno mexicano.
Otros diplomáticos mexicanos con fuerte influencia minera
Para concluir, queremos decir que la 4T, realmente se ha esmerado en colocar en cargos
diplomáticos a verdaderos creyentes y promoventes mineros mexicanos en el extranjero, ya que
la ex Secretaria de Medio Ambiente no es el único caso en esta administración.
Está también el reciente nombramiento de la ex Gobernadora de Sonora, la Lic. Claudia Pavlovich
Arellano como Cónsul de México en Barcelona, cuyo tío, Rafael Pavlovich Durazo, fue uno de los
principales operadores de la misma operación minera dentro del ejido El Bajío desde el 2015 al
2018. Pavlovich Durazo es causante del inicio de las primeras manifestaciones de criminalización
y violencia en contra del ejido. Vale mencionar que el mismo día de ayer una representante de
las más de 120 familias de las niñas y niños de la guardería ABC de Hermosillo estuvo en
España para exigir la destitución de la ex gobernadora Claudia Pavlovich como Cónsul
mediante una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ayuntamiento de Barcelona, por
haber encubierto a los responsables del incendio en el que murieron 49 niños y muchos más
sufrieron daños irreversibles . 5
2De la misma manera la 4T premió al ex Subsecretario de Minas Francisco Quiroga nombrándolo
como Embajador de México en Alemania. Antes de llegar a la política con la inauguración de la
administración de López Obrador, el Sr. Quiroga fue empresario en la industria del acero y
trabajaba con varias empresas, entre ellas el Grupo Villacero y ArcelorMittal. 6 Ahora, llama la
atención que representa los intereses de México en uno de los países más dominantes en el sector
automotriz y una de las principales potencias en la industria del acero.
En REMA tenemos una larga historia de aprendizajes que nos hacen cuestionar la objetividad del
cuerpo diplomático, no sólo de México, sino de varias naciones. En el caso de la embajada
canadiense, por ejemplo, a quien hemos denunciado durante años por su constante apoyo a las
empresas mineras canadienses en México, frente el caso del asesinato de Mariano Abarca, uno de
los fundadores de REMA, por lo cual exigimos una investigación en Canadá . 7 Esta embajada hizo
trabajo diplomático e injerencista al servicio de los intereses de la empresa Blackfire en
Chicomuselo, Chiapas, aun conociendo los riesgos que corría la vida de Mariano durante las
semanas y meses antes de su asesinato ocurrido en noviembre del 2009. Por esto, y por los obvios
problemas de conflicto de interés, cuestionamos la abierta participación de empresarios y
personas vinculadas a empresarios en puestos diplomáticos.
La representación de nuestro país en manos de estas/os dudosas/os personajes, lo único que
logra es la reproducción del modelo extractivo minero que estamos padeciendo las comunidades,
mismo que ha generado tanta destrucción y pérdida de vidas en las comunidades y los territorios,
tal como ahora lo demuestra con tanta claridad la situación en que se encuentra el ejido El Bajío,
en Sonora.
¡Basta de la diplomacia minera mexicana!
¡Justicia y rendición de cuentas para el ejido El Bajío!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
1 https://twitter.com/Ejido_ElBajio/status/1527389635193843712
2 https://ejidoelbajio.mx/2022/05/20/carta-a-la-embajada-de-los-estados-unidos-mexicanos-en-el-reino-unido/
3 https://www.forbes.com.mx/josefa-gonzalez-blanco-ortiz-mena-renuncia-como-titular-de-la-semarnat/
4 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/titular-de-la-semarnat-reconoce-tres-posibles-conflicto-de-interes/
https://www.educaoaxaca.org/familias-de-la-guarderia-abc-y-sociedad-civil-de-barcelona-exigen-destituir-a-
claudia-pavlovich-como-consul/
6 https://www.clusterminerosonora.com.mx/verminnovacion2020onliveponentes.php?artid=3527
7 https://miningwatch.ca/es/news/2022/4/19/familia-del-asesinado-defensor-ambiental-mexicano-mariano-
abarca-solicita-permiso

21/05/2022
La dependencia indicó que concesiones mineras de Esperanza Silver de México, subsidiaria de la canadiense Alamos Gold Inc., ponen en riesgo la salud humana y ambiental de al menos 200 mil personas.

Al reiterar la importancia de velar por la protección y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, en colaboración con las comunidades, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respaldó los pronunciamientos de las y los habitantes ante las iniciativas de proyectos mineros en sus territorios, como es el caso de Temixco, en Morelos, donde se han identificado movimientos de protesta para exigir su derecho a un medio ambiente sano.

La dependencia indicó que en esa entidad, las concesiones mineras “Esperanza I” y “Esperanza II”, de la empresa Esperanza Silver de México, subsidiaria de la canadiense Alamos Gold Inc., abarca superficies de los municipios de Temixco, Xochitepec, Miacatlán, Emiliano Zapata y Coatetelco, donde sus actividades ponen en riesgo la salud humana y ambiental para al menos unas 200 mil personas.

La Semarnat resaltó que los impactos ambientales por la extracción y aprovechamiento minero se traducen en la imposibilidad de desarrollar actividades económicas sustentables debido a la contaminación de la tierra y del agua superficial y subterránea.

Además, al ser una actividad de alta demanda de agua, representa un potencial riesgo de escasez de este recurso en la región.

Ante esta situación, dijo que el Gobierno de México mantiene su compromiso de no otorgar nuevas autorizaciones para explotación minera a cielo abierto ante la alta cantidad de permisos de explotación otorgados en el periodo neoliberal.

“Con ello se ratifica el compromiso con la vida, la salud y ecología, en beneficio de nuestros pueblos y la salud de nuestros ecosistemas”.
https://aristeguinoticias.com/2105/mexico/semarnat-respalda-a-colectivos-de-morelos-que-se-oponen-a-proyectos-mineros/