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Embajada canadiense demandada por asesinato de activista chiapaneco

  • En un hecho insólito, pasarán unos meses para determinar si procederá la denuncia en contra de la Embajada Canadiense y determinar si vinculación por acción y omisión del asesinato del activista.

La familia Abarca Montejo acompañado de Otros Mundos A.C, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas y Mining Watch Canadá, acudió a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia por Mariano Abarca, asesinado en el 2009 por denunciar los impactos negativos de la explotación de barita de la empresa Blackfire Exploration en Chicomuselo.

El pasado 5 de febrero, Jose Luis Abarca, hijo de Mariano, solicitó al Comisionado de la Integridad el Sector Público de Canadá abriera una investigación a la Embajada de Canadá en México, porque sus actos y omisiones contribuyeron a crear un ambiente de peligro para la vida del activista chiapaneco y por no haber actuado acorde a las políticas de respeto y protección de derechos de las personas en otros países.

Dicha solicitud presentada, demostró con documentos y el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales que el apoyo que la embajada dio a la empresa, aún conociendo la amenaza que representaba para Mariano y su familia. Ya que todos los hallazgos presentados fueron fundamentados a través de la ley de transparencia.

“Se revela que el papel esencial que la embajada canadiense jugó para facilitar las operaciones de la empresa Blackfire, dese su inicio hasta su suspensión por violaciones ambientales” agregó.

Sin embargo, la familia Abarca Roblero recibió la negativa por parte del Comisionado para abrir una investigación, por tanto, solicitaron un recurso de apelación ante la Corte Federal este 25 de marzo. Además, desde el país canadiense se realizar diversas actividades para visibilzar el caso.

Por tanto, Jose Luis Abarca informó que en la querella, el abogado Patrick Bendin, del Consejo Legal del Departamento de Justicia defendió la decisión del Comisionado de no abrir una investigación, argumentado principalmente que las políticas citadas en las páginas del gobierno y referenciadas en testimonios de funcionarios públicos en el parlamento canadiense sobre la responsabilidad social empresarial y su papel en el contexto de conflictos socio-ambientales en torno a la minería no son ‘oficiales’ y por tal razón los funcionarios públicos no las pudieron haber violado.

Además, calificó las políticas presentadas como recomendaciones a seguir de manera voluntaria. También, reafirmó que el Comisionado no tiene el deber de abrir una investigación y que es discrecional ese derecho.

“Fue muy lamentable escuchar una representación del gobierno de Canadá, sin haber demostrado rigor en la revisión de los documentos presentados, calificar nuestra denuncia que demuestra la actuación de la embajada como “especulaciones””, comentó Abarca.

Es así que la familia Abarca y las organizaciones que hacemos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minaría (REMA) esperan la decisión del juez de la Corte Federal de Canadá en un par de meses, pero indicaron que lo más importante es que el Estado Canadiense acepte que la minería de Canadá ha puesto en peligro la vida e integridad física y psicológica del activista ambiental Mariano Abarca.

 

Fuente:https://www.somoselmedio.com/2019/03/29/embajada-canadiense-demandada-por-asesinato-de-activista-chiapaneco/#

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Diplomáticos canadienses serían investigados por proteger a la minera Blackfire, implicada en crimen de activista

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Corte Federal canadiense anunció que analizará la viabilidad de investigar a la diplomacia de ese país en México que protegió a la minera Blackfire, implicada en el asesinato del líder del movimiento anti minero de Sierra Madre de Chiapas, Mariano Abarca Roblero, perpetrado en noviembre de 2009.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) dio a conocer que el juez Keith M. Boswell escuchó los argumentos de los representantes legales de la familia Abarca, presente en la audiencia, en el sentido de que la embajada de Canadá en México debe ser investigada por haber creado “un peligro sustancial y específico para la vida, la salud y la seguridad” del activista y otros residentes del ejido Chicomuselo, Chiapas, afectados por la mina de Blackfire.

A más de un año de la petición elaborada por la esposa e hijos de Mariano Abarca Roblero, quienes solicitaron la revisión judicial –junto con la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, la REMA y MiningWatch Canada–, la Corte Federal de Canadá aceptó por fin valorar el asunto.

El 5 de febrero de 2018, José Luis Abarca Montejo, hijo del líder comunitario Mariano Abarca (también asesinado) y sus colaboradores, presentaron un escrito ante al Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC), solicitando que se abriera una investigación a la Embajada de Canadá en México sobre su apoyo a las operaciones de la compañía minera canadiense Blackfire Exploration en Chiapas.

El escrito sostiene que los actos y omisiones de la sede diplomática pueden haber contribuido a poner en peligro la vida de Mariano Abarca. Asimismo, la Embajada podría no haber seguido las directrices establecidas respecto de las denuncias por corrupción.

Hasta donde se sabe, se trata de la primera vez en que se presenta una queja ante el Comisionado por el hecho de no seguir las directrices establecidas en esta materia por parte de la Embajada.

El 17 de abril de 2018, los reclamantes recibieron el anuncio de que el Comisionado se negaba a investigar la queja. Como respuesta, presentaron un recurso ante el Tribunal Federal de Canadá con fecha 16 de mayo de 2018.

Argumentaron que la decisión del Comisionado se basa en una interpretación restrictiva de su mandato, en la que se establece la conclusión errónea y mal argumentada de que no existían directrices a seguir por la Embajada, más allá de hacer lobby a favor de Blackfire.

Asimismo, subrayaron, debería haberse tenido en consideración si las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá ponían en peligro la vida de Abarca.

En su Memorándum de Hecho, la oficina del fiscal general reiteró en diciembre la afirmación del Comisionado de que los documentos del gobierno y las declaraciones públicas no constituían una “política oficial” y, por lo tanto, los funcionarios no estaban obligados a seguirlos.

Tampoco explicó porqué el Comisionado no consideró el interés público de investigar este caso, a pesar de la desconfianza que genera en el papel de los diplomáticos canadienses y los comisionados de comercio cuando existen conflictos con las empresas mineras de ese país.

Tras la audiencia pública en el Tribunal Federal de Canadá, los reclamantes denunciaron hoy que la Embajada canadiense defendió los intereses de las compañías mineras sin importar las repercusiones sobre las personas en México y en otras partes del mundo.

Tras la audiencia, lograron que la Corte ordenara al PSIC que investigue los actos y omisiones de la sede diplomática en México, al considerar que contribuyeron a incrementar el peligro sobre Mariano Abarca antes de su asesinato.

Mariano Abarca era un miembro muy respetado de la comunidad que denunció y lideró las protestas contra los impactos sociales y ambientales de la mina de barita explotada por Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. Los empleados de la mina lo golpearon, lo detuvieron a petición de la compañía, lo amenazaron y finalmente lo asesinaron el 27 de noviembre de 2009.

Tres personas relacionadas con Blackfire fueron detenidas y acusadas inmediatamente después del crimen del activista, quedando todas ellas absueltas y puestas en libertad. La investigación sigue abierta.

Hasta que se disolvió, en agosto de 2017, Blackfire Exploration era una empresa privada con sede en Calgary que operaba la mina de barita Payback en Chicomuselo, Chiapas. Su actividad se desarrolló desde fines de 2007 hasta poco después del asesinato de Mariano Abarca, cuando la autoridad ambiental de Chiapas cerró la mina.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/576959/diplomaticos-canadienses-serian-investigados-por-proteger-a-la-minera-blackfire-implicada-en-crimen-de-activista
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Corte de Canadá analiza asesinato de Abarca, opositor a la minería en Chiapas

La Corte Federal de Canadá atendió este 25 de marzo el caso de Mariano Abarca, activista contra la minería, quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chiapas.

Antes del crimen, el activista denunció golpes, acoso y amenazas supuestamente por parte de la empresa canadiense Blackfire Exploration.

“La embajada sabía del peligro que vivía Mariano y pudo evitar apoyar a la empresa y por lo tanto el asesinato”, comenta a Contralínea Libertad Díaz, quien como parte de Otros Mundos acompaña el caso en Otawa, Canadá.

Los abogados de la familia, las asociaciones Otros Mundos y Red Mexicana de Afectados por la Minería pidieron que se investigue la actuación de la embajada de Canadá en México por “omisión y acción en el conflicto”.

“Nosotros llegamos a la Corte Federal porque el comisionado de la Integridad del Sector Público de Canadá se niega a hacer una investigación sobre la actuación de la embajada”, explica Libertad Díaz.

Agrega que uno de los objetivos es que el Estado canadiense se responsabilice en la vigilancia de los derechos de los afectados por la minería, ya que “sus cuerpos diplomáticos que son los que promueven los intereses económicos de las empresas en otros países”.

Ningún caso similar había llegado a esta instancia, aunque no es la primera vez que esta embajada “actúa a favor de empresas canadienses, aun cuando la vida de las personas defensoras de la tierra y el territorio corren peligro”, señala Otros Mundos en un comunicado.

Libertad Díaz destaca que “hoy ya se han presentado los argumentos y estamos a la espera que el juez pueda dar una sentencia pronto”.

 

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/03/25/corte-de-canada-analiza-asesinato-de-abarca-opositor-a-la-mineria-en-chiapas/

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Pasta de Conchos: Un símbolo en la lucha de los derechos laborales

Siempre que se acerca un memorial de Pasta de Conchos, me buscan para hablar conmigo y les vuelva a contar por qué recojo basura… Ni que fuera por diversión. Mi hijo vivía conmigo y era él quien me sostenía […] Por culpa de las disque autoridades, trabajo en el basurero desde que murió mi hijo. Salgo a las seis de la mañana después de tomar un café con galletas. Me llevo una lata de atún, tortillas o lo que pueda para comer en el basurero […] Regreso a media tarde […] meriendo otro café con galletas y me duermo. Así todos los días, no tengo día de descanso porque si descanso, no como”.

– Testimonio de una madre que perdió a su hijo en el Pozo La Espuelita.

En el mes de febrero la organización Familia Pasta de Conchos llevará a cabo el XIII Aniversario de la tragedia de la explosión de la mina Pasta de Conchos en donde murieron 65 mineros. Para las familias, este episodio supuso una ruptura en sus dinámicas familiares y comunitarias, así como un vacío irremplazable a día de hoy.

En honor a la memoria de quienes murieron, el próximo 19 de febrero las familias y la organización Familia Pasta de Conchos se trasladarán a la Ciudad de México para asistir a una misa de recuerdo enfrente del anti-monumento Pasta de Conchos.

Después de 13 años de lucha y esperanza, y tras el esfuerzo de las personas defensoras de derechos humanos, el caso consiguió ser admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado mes de marzo del 2018, siendo unos de los únicos casos minerosadmitidos ante la CIDH. Mediante este informe de admisión, se reconoce la responsabilidad del Estado Mexicano en el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de estos 65 mineros, como el derecho a la vida; dado que no obligó a la empresa extractiva Grupo México a respetar las normas de seguridad, lo que resultó en un evento mortal para estos trabajadores y en un punto de no retorno para sus familias.

A la particularidad de este caso, se le añade el hecho de que opone a este grupo de familiares contra una de las mayores empresas extractivas del país, llegando a ser un caso de gran magnitud, respaldado por más de 1.000 peticionarios y con seguimiento internacional.

Convertido en un símbolo, este caso muestra el camino para futuros casos relacionados con la temática de las condiciones de trabajo, porque documenta cómo los derechos laborales forman parte indisociable de los derechos humanos, asunto que apenas es reportado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paradójicamente, el caso Pasta de Conchos no ha sido liderado por ningún sindicato sino que ha llegado ante la CIDH únicamente por el desempeño de las personas defensoras y las familias, tocando intereses estratégicos de grandes actores económicos y políticos.

Como consecuencia de ello, Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos y acompañada de PBI, ha sido víctima de múltiples amenazas y constantes difamaciones en prensa por su trabajo de defensa. Desde PBI llamamos a las instancias del nuevo Gobierno Mexicano a que responda favorablemente a las peticiones de la organización Pasta de Conchos y sus familias, y recordar que las recomendaciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento. El no cumplimiento de las recomendaciones en el plazo recomendado podría resultar en que el caso fuese redirigido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es su responsabilidad también reparar el daño a las familias a través del rescate de los cuerpos atrapados y su posterior entrega para que vuelvan a casa, así como a través del apoyo económico que evite que muchas familias, tras haber perdido a su principal sustentador, vivan en situación de pobreza. Trece años después, los familiares siguen esperando que se restablezca su dignidad y que al fin se haga justicia.

Por último, recordamos el deber de proteger que tiene el Estado Mexicano para que defensoras como Cristina Auerbach y otras a lo largo de todo el país, puedan ejercer su trabajo en un espacio libre de violencia y miedo.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/03/pasta-de-conchos-un-simbolo-en-la-lucha-de-los-derechos-laborales/

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AMLO y sus contradicciones: anuncia que no habrá más concesiones mineras, pero libera 127 mil hectáreas para nuevas minas

Otra vez el doble discurso y la inexactitud se ponen de manifiesto en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer anunció que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, pero eso no es del todo cierto, pues desde el 19 de febrero pasado el gobierno federal, a través de la Dirección General de Minas de la Secretaría Economía, puso en oferta, al mejor postor, 95 títulos de explotación minera.

El anuncio hecho por el Presidente de la República se contradice con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de febrero, en donde la Dirección General de Minas anunció la “declaratoria de libertad de terreno que tiene por objeto dar a conocer al público en general la superficie disponible conforme a la cual se podrá solicitar la expedición de un título de concesión minera”.

En la declaratoria de Libertad de Terreno número 01/2019, firmada por la Directora General de Minas, Laura Cristina Díaz Nieves, que evidencia la inexactitud del discurso del presidente López Obrador, se ofertan más de 127 mil 132 hectáreas de suelo de los estados de Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Las más de 127 mil 132 hectáreas de suelo para nuevas concesiones mineras que ofrece la Declaratoria de Libertad de Terreno quedarán disponibles al mejor postor a partir de mañana 21 de marzo, según se establece en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, fecha a partir de la cual se podrán solicitar y otorgar las nuevas concesiones mineras para quienes se interesen en ellas.

En la conferencia de prensa del día de ayer, el presidente López Obrador recriminó el hecho de que las dos anteriores administraciones federales, las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entregaron más de 50 millones de hectáreas de suelo en usufructo a mineras internacionales, con las que dijo se enajeno casi una tercera parte del territorio nacional, lo que consideró es la razón para no otorgar nuevas concesiones.

Pero con la puesta en oferta de las primeras 95 concesiones mineras que la administración de la Cuarta Transformación está haciendo, se habrá de entregar a las mineras interesadas en esas nuevas minas, una superficie territorial de más Mil 271 kilómetros cuadrados, que es casi la mis proporción de la superficie ocupa la Ciudad de México.

De esa forma, los municipios en donde se asientan los terrenos declarados en libertad para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras perderán entre el 2 y hasta el 20 por ciento de la superficie que actualmente ocupan, al existir concesiones de hasta casi 6 mil hectáreas de suelo, como es el caso del predio ofertado en el municipio de Francisco R. Murguía en el estado de Zacatecas.

Los municipios que perderán parte de su territorio, tras la decisión del otorgamiento de nuevas concesiones mineras dentro de sus demarcaciones, son Poanas, Rodeo, Panuco de Coronado, Tepehuanes, San Luis del Cordero, Santiaho Papasquiaro Nuevo Ideal, San Pedro del Gallo, San Bernardo y Ocampo, en Durango; Xichú, León y Atarjea, en Guanajuato; Iguala y Eduardo Neri, en Guerrero; Hostotipaquillo, Tecalitlán y Encarnación de Díaz, en Jalisco, Santa Ana Maya, en Michoacán.

Parte de las nuevas concesiones mineras a otorgar por esta administración también se ubican en las localidades de Tecuala, Ixtlán del Río y Huajicori, en Nayarit; Galeana y Mina, en Nuevo León; Tecomatlán, Jolalpan y Chietla, en Puebla; Guadalcazar y Charcas, en San Luis Potosí; San Ignacio, Concordia, Badiraguato y Rosario, en Sinaloa; Saric, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Quiriego, Rosario, Soyapa, Onavas, Yecora, Villa Pesqueira, Suaqui Grande, Rayón, Sahuaripa, en Sonora, y Melchor Ocampo, General Pánfilo Nateras y General Francisco R. Murguía, en Zacatecas.

Las Mineras Canadienses Llevan Mano

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que evidencia la entrega de nuevas concesiones mineras en este gobierno, pese a la postura oficial que lo niega, los terrenos declarado en libertad para iniciar trabajos de exploración y explotación de minerales, ya habían sido otorgado a favor diversas empresas mineras trasnacionales, pero dichos títulos fueron cancelados en la pasada administración, por razones que fueron desde violación a la ley minera hasta desinterés de los propios posesionarios.

Pero eso no obsta para que los propios concesionarios originales, a los que se les canceló el título de propiedad de esos predios, puedan reclamar de nueva cuenta la concesión bajo la misma o distinta razón social, lo que hace que hoy sean esas mismas mineras las que están formadas en primer lugar para mantener la posesión de la minas que no estaban explorando o explotando, principalmente de oro, plata, cobre, hierro, uranio, plomo y zinc.

Entre las mineras que partir de mañana podrían reclamar una nueva concesión minera al gobierno federal, luego de haber tenido la propiedad de los predios en oferta, se encuentran Blackcomb Minerals Inc., de Canadá, que busca la recuperación de los predios ricos en oro y plata Jesusita Dos, La Blanca 4, La Blanca, Nuevo Fluorita Dos, La Blanca 3 y la Banca 5, en el estado de Durango.

Golden Minerals Company, de Estados Unidos, va por la recuperación de la concesión minera que le fue retirada del predio Ampliación Sabinas, en el municipio de Rodeo, Durango, el que contiene reservas de extracción por más de 40 años de oro, plata, cobre, zinc y plomo.

La minera canadiense Arcelia Gold, va por la recuperación del predio El Diablo, en el municipio de Panuco de Coronado, Durango, que contiene yacimientos importantes de oro y plata; la también canadiense Sierra Metals Inc., busca una nueva concesión en el predio que ya era de su propiedad denominados El Pino, ubicado en el municipio de Tepehuanes, Durango, con alto contenido de oro y plomo.

Por su parte la minera canadiense Prospero Silver Corp., se podría rehacer de los títulos cancelados de los predios Campana 3, Campana 3 Fracción A, Campana 4 y Campana 5, ubicados en el municipio de San Luis del Cordero, Durango, con reservas probadas de oro y plata hasta para 50 años de explotación constante.

Otra minera canadiense que se apunta como primera demandante de una concesión minera en los terrenos liberados, es la Aurion Resources Ltd., la que pretende la recuperación del predio Esmeralda 3, ubicado en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, en donde existe una mina de alto contenido de oro y plata; Nwt Uranium Corp., y Yamana Gold Inc., también mineras canadienses buscan también la recuperación de la concesión perdida sobre el predio Picacho Fracción 1, en Santiago Papasquiaro, Durango, donde hay una mina de plata, zinc, plomo y oro.

La minera canadiense Guerrero Exploration Inc., va por la mina de oro y plata ubicada en el predio Coatepec Fracción 2, dentro del municipio de Chilpancingo Guerrero, mientras que la también canadiense Terra Nova Gold Corp., busca rehacerse del predio San Diego Fracción 1, dentro del municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, uno de los yacimientos más importantes de cobre, oro y plata en esa entidad.

En el estado de Nayarit, la minera inglesa Rose Petroleum PLC busca al menos cuatro concesiones mineras en los predios Diablito Fracción III, Diablito Fracción II y Hueco Diablito, en el municipio de Tecuala, para iniciar la explotación de oro y plata, cancelada en la pasada administración por no cumplir con la ley minera, igual que también lo pretende la minera canadiense Marlin Gold Mining Ltd., que busca la recuperación del predio Tierra Negra Fracción I en el municipio de Huajicori, de este estado, donde existe un yacimiento importante de oro.

Otras mineras canadienses que a partir de mañana podrían tener las primeras concesiones de explotación del subsuelo mexicano que otorga la administración del presidente López Obrador, por haberlo manifestado ya a la Dirección General de Minas del gobierno federal, son Paget Minerals Corp, Millrock Resources Inc., Maya Gold & Silver Inc., First Mexican Gold Corp., Westminister Resources Ltd., Trimetals Mining Inc., First Quantum Minerals Ltd., Evrim Resources Corp., y Riverside Resources Inc., que buscan principalmente oro, plata, cobre y plomo.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/03/amlo-y-sus-contradicciones-anuncia-que-no-habra-mas-concesiones-mineras-pero-libera-127-mil-hectareas-para-nuevas-minas/

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Odyssey Marine demandará a México; acusa bloqueo a minería submarina

La estadounidense Odyssey Marine Exploration, que opera a través de su filial mexicana Exploraciones Oceánicas, notificó su intención de reclamar al gobierno mexicano una indemnización de tres mil 540 millones de dólares ante un panel binacional al amparo del capítulo XI del TLCAN.

De acuerdo con la notificación, que dio a conocer la Secretaría de Economía, la empresa reclama el supuesto bloqueo por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante la gestión de Rafael Pacchiano, al negar el permiso ambiental al proyecto Don Diego en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, uno de los depósitos de arena de fosfato más importantes del mundo.

El proyecto de minería submarina presentado en 2014 tenía como objetivo el dragado de un yacimiento ubicado a una distancia de entre 20 y 40 kilómetros de la línea de costa, a una profundidad de 70 a 90 metros.

Ante el «bloqueo» que acusa, la estadounidense se propone ahora llevar su caso a un panel al amparo de los recursos que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente para la solución de controversias Inversionista- Estado.

Esto, luego de que tras dos años de un litigio, en octubre pasado la Semarnat ratificó su decisión del l 7 de abril de 2016 de negar la autorización de impacto ambiental al proyecto.

La dependencia cumplió así la orden del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaró la nulidad del fallo de la Semarnat de 2016 y ordenó que emitiera una nueva, esto como parte del juicio promovido por Exploraciones Oceánicas.

En sus argumentos, la Semarnat expuso que el proyecto representaba riesgos para especies de la zona como ballenas, delfines, orcas, lobos marinos, aves y tortugas marinas.

Tras la decisión de la Semarnat, Odyssey notificó el 9 de enero pasado a la Secretaría de Economía su decisión de llevar el caso a un panel binacional. Según la compañía estadounidense que cotiza en el Nasdaq, se trata de uno de los depósitos de arena de fosfato más importantes del mundo y obtuvo los derechos de concesión para explotarlo durante 50 años.

El yacimiento «comprende un recurso comprobado de 588 millones de toneladas de mineral de fosforita, y un potencial de hasta mil millones de toneladas de mineral, lo que lo convierte en uno de los mayores en el mundo y el más grande de América (…). Las empresas bancarias valoraron de manera conservadora el depósito en tres mil 500 millones de dólares».

La empresa argumenta haber realizado expediciones de exploración que involucraron el trabajo de técnicos y equipos topográficos, oceanográficos y geológicos para evaluar la zona de su inversión.

El fosfato es un componente clave e insustituible de los fertilizantes, y la ubicación del depósito lo convierte en una fuente atractiva para la industria agrícola y de fertilizantes mexicana, señaló Odyssey Marine Exploration.

 

Fuente:https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/odyssey-marine-demandara-a-mexico-acusa-bloqueo-a-mineria-submarina-3229339.html

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Sedema pide declarar a Veracruz libre de minería tóxica

La secretaria de Medio Ambiente, María del Rocío Pérez Pérez, pidió a los diputados del Congreso local promover un decreto para declarar a Veracruz como estado libre de minería tóxica.

Dijo que la postura del Gobierno del estado es de no permitir las actividades mineras, pero que al ser un tema del orden federal el Congreso puede hacer un pronunciamiento al respecto.

“Ojalá que el Congreso pueda hacer su labor porque eso sería importantísimo para que se replique a nivel federal”.

Dijo que en la última sesión del Consejo Forestal sus integrantes aprobaron asumir la postura de no a la minería tóxica en el estado de Veracruz.

“Está en manos del Gobierno federal, lo que hemos estado asumieron como autoridad estatal es que no estamos de acuerdo con la minería tóxica en el estado de Veracruz”.

Dijo que ya han sostenido pláticas con la diputada presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Margarita Corro, a fin de trabajar en el tema de un programa de reordenamiento ecológico en el estado.

“Estaremos trabajando para que exista un verdadero plan de ordenamiento territorial y ecológico que permita que sigamos conservando nuestras áreas naturales y el medio ambiente no siga siendo dañado”.

 

Fuente:https://www.eldictamen.mx/2019/03/estatal/sedema-pide-declarar-a-veracruz-libre-de-mineria-toxica/

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En juicio de amparo contra minera canadiense piden revisión de Ley Minera

Sentencia será relevante para Tecoltemi, ejidos y pueblos originarios: FUNDAR

La comunidad nahua y Ejido de Tecoltemi, municipio de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla, celebró el 5 de marzo la audiencia final al juicio de amparo de la violación de sus derechos contra la minera canadiense Almaden Minerals.

En la demanda de amparo que se interpuso en abril de 2015 reclama al Estado Mexicano entregar dos concesiones, Cerro Grande y Cerro Grande 2, sobre su territorio sin consulta previa y sin su consentimiento, con violaciones al derecho de la tierra y al territorio.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla deberá estudiar a fondo el asunto y analizar las violaciones perpetradas por la Secretaría de Economía, pero también las cometidas por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República al emitir desde 1992 una Ley Minera contraria a derechos de los pueblos indígenas y de núcleos agrarios, mencionó el Consejo Tiayt Tlali y Fundar.

Tecoltemi pide la cancelación de los títulos de concesión, ya que la Ley Minera da preferencia a mineras extranjeras entregándoles a las empresas las tierras y territorios que pertenecen a pueblos indígenas, lo que viola derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.

La minera Almaden Minerals intentó durante 3 años que el juicio terminara sin sentencia y evitar una condena del Estado Mexicano y la revisión de la Ley Minera, pero no lo logró, según las organizaciones.

De acuerdo con Fundar, dictar sentencia y resolver el amparo “será relevante para Tecoltemi, para los pueblos originarios y los ejidos del país que están defendiendo la vida de las comunidades ante la imposición de megaproyectos que devastan el medio ambiente, el agua y la salud de las personas”.

Las organizaciones iniciaron una campaña de colecta de firmas en change.org con el objetivo de hacer una petición que atienda la demanda de justicia de Tecoltemi y cancelar las concesiones mineras en su territorio.

 

Fuente:https://lacoperacha.org.mx/juicio-amparo-contra-minera-piden-revision-ley-minera/?fbclid=IwAR3HePJ1-7J0yorauDMIAmv37Xu8OUHnRBNEBzEHsT7gwjiTN_R3qDM4iUQ

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No habrá más concesiones mineras en mi gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que no brindará más concesiones mineras durante su sexenio, al tiempo que indicó que tampoco revocará ninguna de las que están en uso.

Lo anterior, debido a que, desde su perspectiva, durante los últimos 36 años los gobiernos pasados entregaron entre 40 a 50 millones de hectáreas, cantidad que representa el 30% de los 200 millones de hectáreas con las que cuenta el país.

AMLO impone condiciones a las mineras

En este sentido, López Obrador reiteró que se respetarán las concesiones mineras otorgadas previamente; sin embargo, se solicitarán a las compañías, sobre todo a las de origen canadiense, ciertas condiciones.

“Los únicos requisitos son: que las empresas mineras, en particular las canadienses, lleven a cabo una explotación limpia, que se pague bien a los mineros, que se cubra la misma cantidad de impuestos que erogan allá en Canadá y, sobre todo, que no contaminen”, explicó el mandatario.

De acuerdo con AMLO, la administración del ex presidente Felipe Calderón fue una de las más significativas en este término, pues se entregaron 20 millones de hectáreas para la explotación minera a un puñado de empresas.

Hecho que contrasta con acciones de otros mandatarios, como Lázaro Cárdenas, quien entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas para conformar ejidos entre 1934 a 1940.

Asimismo, aprovechó la ocasión para hablar sobre la explotación del oro y la plata, concesiones que también serán respetadas en pro de la iniciativa privada y la inversión extranjera.

Exigen no más concesiones en Oaxaca

En el marco de este anuncio, comunidades y organizaciones zapotecas, agrupadas en el Frente No a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos, originarios de los Valles Centrales de Oaxaca se pronunciaron contra la minería.

El grupo civil exigió al presidente López Obrador que honre su palabra y dé atención especial a los pueblos indígenas de México. Para ello, pidieron la cancelación inmediata y definitiva de las concesiones mineras impuestas, aludiendo que 90 mil hectáreas de sus territorios fueron concesionadas a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.

“La minería representa opresión, pobreza y despojo de nuestros bienes comunes, ya que bajo ninguna circunstancia es una opción de desarrollo”, señalaron las comunidades zapotecas.

Asimismo, ente los puntos más importantes que pedirán al mandatario durante su visita a Oaxaca, el próximo 21 de marzo, destaca la cancelación del proyecto minero San José, ubicado en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán.

Esto debido a que presuntamente funcionarios del gobierno federal y estatal encubrieron la instalación de la empresa minera Cuzcatlán, la cual causó daños a la población y al medio ambiente.

Los afectados exigieron una investigación imparcial y exhaustiva de responsabilidad penal y administrativa a raíz de la contaminación del río El Coyote, provocada por la empresa minera Cuzcatlán, y la reparación integral del daño a los pobladores.

Vale destacar que el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos está integrado por 16 comunidades y organizaciones que se agruparon, bajo el lema: “sí a la vida, no a la minería ¡Oaxaca, territorio prohibido para la minería!”.

 

Fuente:https://breaking.com.mx/2019/03/no-habra-mas-concesiones-mineras-en-mi-gobierno-amlo/