No es gratuito que tres municipios de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec: Santo Domingo Zanatepec, San Miguel Chimalapa y San Francisco Ixhuatán se declaren contra el proyecto minero de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, pues la ocupación de 7 mil 310 hectáreas para extraer oro, cobre y plata afectará a 2 mil productores de mango, a la selva de Los Chimalapas y a la ganadería.

Oaxaca está dividida en 14 regiones mineras, las cuales se han agrupado de acuerdo al tipo de metal que se extrae. En la región del Istmo existen tres: Lachuiguiri, en la zona montañosa de la sierra mixe-zapoteca; La Ventosa, que corresponde a la zona centro, y Tapanatepec, en la zona oriente. Es en esta última donde están los tres municipios que se declaran libres de minería, pues en su territorio están dos concesiones aglomeradas en el proyecto Santa Martha de la empresa Minaurum Gold Inc, ubicadas en la comunidad La Cristalina, en los límites con Chiapas y San Miguel Chimalapa, y entre éste y Zanatepec, las dos en zona de conflicto agrario.

El 28 de julio del 2018, el ayuntamiento de San Miguel Chimalapa se pronunció, por primera vez de manera formal, contra la concesión de 5 mil 610 hectáreas en la zona conocida como La Cristalina, que el gobierno federal le otorgó a la minera canadiense. El cabildo argumentó que causaría gran impacto al medio ambiente: contaminaría ríos y lagunas de nueve municipios de la región. En febrero de 2019, el ayuntamiento de Zanatepec, hizo lo mismo, y el 29 de julio pasado, a estas prohibiciones se sumó la de San Francisco Ixhuatán, comunidad que al igual que Chahuites, Zanatepec y Tapanatepec vive de la producción de mango.

Leer la nota completa de Roselia Chaca: Tres municipios del Istmo decidieron poner freno a la minería. Leer también: “Continúa la imposición a los pueblos indígenas”. Contexto: Ixhuatán se declara territorio prohibido para la minería.

Fuente:https://www.educaoaxaca.org/la-libre-determinacion-arma-contra-la-mineria-en-la-zona-oriente-del-istmo/?fbclid=IwAR0NJU2q4vNUAaNMC9GsvMy6gJGfjiv-9nypzRgpBiwbZI4hF2MreEKiorc

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), representantes del pueblo wixarika, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A. C. (UWCC), emitieron una respuesta a la convocatoria  procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, como se llaman a sí mismos, intentan presentar el conflicto al que mire de lejos como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarikas.

No son chichimecas, ni representan a las comunidades. Se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

La Unión de Ejidos A. C. se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero -sobre todo- representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la Unión de Ejidos A. C. no tenga poder de representación de las comunidades del desierto ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika a través del CRW (organismo oficial de los wixaritari conformados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario y la UWCC A.C.) en respuesta emitieron un comunicado público donde constataban la posición de total oposición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras a los tres niveles de gobierno mexicano y a la sociedad civil, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible aquí).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos. Más bien queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A. C. saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido sin ningún pudor como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agricultores y ganaderos, y una visión profunda del desierto de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol y donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y la vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Por otro lado, la introducción del modelo extractivo de matriz capitalista no necesita a las comunidades, como argumenta el investigador Claudio Garibay, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, porque reproduce el modelo de campamentos mineros separados de las comunidades, extraen los recursos que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano norte-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado -como afirma la socióloga Maristella Svampa- en una memoria corta como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari basado en una memoria larga como territorio originario y, por otro, las empresas mineras introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Finalmente los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz de vida que activa Wirikuta y, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Desde esta perspectiva, Wirikuta aparece como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido el final de Wirikuta, puesto en peligro por las tecnologías y la envergadura de los megaproyectos mineros, pone en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio. ¿Quién se va a hacer responsable?

*David Avilés es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (España), en el área de Antropología de orientación pública.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-o-etnocidio/

La Asamblea de Organizaciones Ciudadanas y Colectivos por la Defensa del Medio Ambiente y el Agua exigen el retiro inmediato de la concesión a Grupo México y la renacionalización de la empresa minera de Cananea, un alto a la impunidad y a la injusticia a 5 años del derrame de tóxicos y la resolución a favor de reabrir el Fideicomiso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En rueda de prensa acompañados de la señora Francisca García, afectada de Aconchi y Oscar Encinas Gámez, ejidatario y representante legal del amparo al Fideicomiso, los colectivos Pan y Rosas, De la Calle, Lo que Viene del Sol y la Red de Apoyo al Congreso Nacional Indígena remarcaron que el ecocidio “ha contado con la complicidad de autoridades, ya que a la fecha no se ha resuelto ninguno de los daños ocasionados, imperando la impunidad y la injusticia”, según se lee en el comunicado emitido.

En el documento demandan además una revisión ambiental seria y exhaustiva de toda la industria extractiva, y que toda la minería de tajo abierto sea prohibida en el país, por atentar contra los seres humanos. “No más despojo de los recursos naturales hacia los pobladores originarios, con el único fin de acrecentar las fortunas de empresarios rapaces”.

Francisa García platicó la relación que llevaban con el río antes del derrame. “Yo aprendí de mi mami la flora y la fauna del río. A reconocer cada planta, cuales se cultivan en verano, otoño e invierno, cuales se pueden comer y cuales no. Las que comíamos por tradición en cuaresma, por ejemplo. Cuando vino el derrame, cambia totalmente la forma de relacionarnos con el medio ambiente, la forma de comer, de cultivar, porque dejamos de sembrar muchos productos; cambió la recreación que teníamos con el río, de ir a la milpa al darnos un chapuzón, de ir los fines de semana sobre todo en verano. Todo eso se ha ido perdiendo. Las plantas están contaminados, no los comemos, nos están enfermando, aunque hay gente que sí lo come.”

“Todo esto nos quita la posibilidad de enseñarle a mis hijos ya las futuras generaciones lo que yo aprendí de mi madre, la forma de cultivar ya no es la misma, se dejó de sembrar la calabaza, el chile verde, el pepino, la cebolla, la papa, el camote, las habas, los chícharos. Antes si alguien sembraba elotes río arriba y yo chile verde, pues nos intercambiábamos, pero eso ya se acabó también. La remediación no debe quedar en manos privadas, ni tampoco nuestra salud. Exigimos que se declare autoridad responsable que Grupo México responda ante la contaminación, que haga la remediación y no repetición. El Río Sonora merece justicia.” remata Francisca.

Por su parte, Óscar Encinas declara a boca jarro: “Estamos en un proceso de destrucción y de muerte desde el derrame en Buenavista del Cobre de Germán Larrea. Ayer pasamos a la Suprema Corte de Justicia, nos atendieron dos ministros. Mañana se va a revisar el amparo que interpusimos para que se reabra el fideicomiso. Les pedimos con mucha fe, esperanza y con mucho amor que fallen a favor de las comunidades del Río Sonora y Bacanuchi.“

“Pedimos que se tome en cuenta a la gente. No estamos pidiendo dinero, queremos la remediación, que se atienda la salud y la calidad del agua, le pedimos al Gobierno que manden gente especializada a hacer los estudios, que se apoye al sector agrícola, que se remedie en todos los niveles, ahorita seguimos desamparados, yo estoy en un 70% abajo de lo que producía.” declaró el también el integrante de los Comités de Cuenca.

“Yo soy ejidatario del Sauz de Ures. Esperamos un fallo histórico a favor de las comunidades, pues ha decrecido la economía, hay descontento y desánimo, ya no se produce lo de antes. Nos somos animales, pero aún los animales sufren las consecuencias del derrame. Germán Larrea saca trocadas de dinero y todavía se burla de nosotros, jamás ha dado la cara. Queremos que se abra el fideicomiso pero que sea público, no privado. Nosotros nunca hemos sido convocados ni requeridos”.

“Queremos un resarcimiento total, si son 2 mil millones, 3 mil o cuatro mil, o que sea, que la empresa cumpla con su responsabilidad, que cumpla con las 36 potabilizadores, con la construcción de la clínica epidemiológica que está en el abandono, peor ahorita con la noticia de que la cierran y que ya ni siquiera serán atendidos los 300 afectados en su salud y que han sido reconocidos”, declara Encinas.

Estuvieron también presentes Totó Respeto, del colectivo Pan y Rosas, Katur Bejarano del colectivo De la Calle, Diana Renee Gerardo de Lo que Viene del Sol, Claudia Partida, de la Red de apoyo al Congreso Nacional Indígena, y Javier Valenzuela.

Las asociaciones invitan a la marcha en conmemoración del quinto aniversario la tarde del 6 de Agosto, a las 5.30 pm, partiendo del Mercado Municipal de Hermosillo hacia el Palacio de Gobierno.

Fuente:http://www.liberaradio.com/estamos-bien-contaminados-german-larrea-quiere-que-desaparezcamos/?fbclid=IwAR0JrDGote9y396ljxPFRDMixfqcv-lDE7oozYI1j7E16wytbGgEqhJiPG8

En la zona, los pobladores cuentan que cambió su forma de beber, de comer, y de ganar dinero. También se alteraron sus tradiciones, su salud y el entorno.

En las comunidades ubicadas a la orilla de los ríos Bacanuchi y Sonora se acostumbraba beber agua directo del grifo. “Yo llegaba a la casa y me pegaba a la llave, era agua potable, de los pozos, sabía buena, fresca. Acá ni conocíamos los garrafones”, dice Óscar Encinas, habitante del municipio de Ures.

Ahora los conocen. Cada familia debe comprar unos 10 por semana. Un garrafón cuesta entre 12 y 20 pesos, dependiendo del área donde se adquiera. “Nos gastamos unos 960 pesos a la quincena, mínimo. Pero es que no solo usamos esa agua para tomar, también para cocinar. Mi esposa ya no cuece ni los frijoles con la de la llave, nos da desconfianza”.

Los pobladores de la zona han hecho ese gasto en garrafones desde hace cinco años. Desde el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron, de una pileta donde la mina Buenavista del Cobre de Grupo México almacenaba desechos tóxicos, 40 millones de litros de ácido sulfúrico al Río Bacanuchi, que desemboca en el Sonora.

Ese volumen de tóxicos equivale al de 12 albercas olímpicas llenas. El derrame se catalogó como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México.

Los afectados directos, reconocidos tanto por Grupo México como por el gobierno, fueron más de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Pero podrían ser más, hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.

Después del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable. “Se suponía que como parte de la remediación de los daños, Grupo México iba a poner 36 plantas potabilizadoras de agua, una en cada pueblo afectado. Pusieron unas cuantas y no funcionan”, dice Elba Nidia Hurtado, habitante del Sauz, también en Ures, Sonora.

Ella confirma la incertidumbre que viven en la región por el agua. “No da confianza usarla ni para bañarse. Hay familias que compran garrafones para asear a los niños chiquitos. Yo no puedo estar comprándola para mi aseo personal. Solo los compro para beber y cocinar. Pero ya tiene como un año que siento comezón en la piel. Me pongo crema o alcohol si es muy fuerte. Se me pasa por unos días y después regresa”.

Elba cuenta que ha ido al médico, pero le dicen que sólo es una alergia. “También se suponía que Grupo México iba a montar un hospital para atendernos, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en la población de Ures, pero no lo acabaron, se quedó en obra negra, solo hay un pequeño módulo de atención”.

Así que Elba ha ido al ISSSTE, del que es derechohabiente, pero le dicen que necesita un examen especial para ver si tiene metales pesados en la sangre, “y el hospital ese donde según los iban a hacer no funciona”.

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización de la sociedad civil que le da acompañamiento legal a afectados por el derrame de Grupo México, afirma que a los pobladores no se les han hecho estudios para ver si hay tóxicos en su sangre.

“Por lo que hemos estado documentado y por lo que hemos visto durante el acompañamiento a las comunidades, sabemos que hay más casos de cáncer en la zona y también hay incidencia de padecimientos en los riñones, pero no se puede confirmar o descartar que sea por el derrame porque justo no se han hecho los estudios necesarios a la población”, denuncia Hopenhaym.

Los pobladores dicen que sí han visto un mayor número de padecimientos graves entre sus vecinos. “No sabría decir cuántos casos, pero ha habido varios de cáncer de colon, por ejemplo. Y se los acaba rápido, después del diagnóstico duran unos 15 o 20 días y se van”, dice Óscar.

No existen datos fidedignos –afirma Hopenhaym– sobre el número real de personas afectadas en su salud y el tipo de afectaciones. No se han llevado a cabo estudios completos y tampoco se han dado a conocer los resultados de los estudios toxicológicos parciales realizados por laboratorios pagados por la empresa

El tercer nivel de afectación, además del derecho humano al agua y la salud, ha sido a la gastronomía, las tradiciones y la economía de la región.

Ya nada es lo mismo 

La mamá de Francisca García Enríquez hacía quesos. Su papá sembraba maíz, quelite, pepinos, chile verde. Tenía un poco de ganado y vendían becerros, una vez al año. Era la entrada extra que esperaban para darse unos lujos: arregla la casa, comprarse ropa.

Después del derrame de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, la mamá ya no hizo quesos. El número del ganado de la familia mermó. Era difícil venderlo. No tenía caso invertir en tener los becerros, que antes se vendían por kilo a 120 y después a la mitad, apenas a 60 pesos.

“Había un señor que nos los compraba para exportar, pero a él ya no se los querían comprar si sabían que venían de esta zona. Tener ganado ya no fue negocio acá”, dice Francisca, Panchita, como le dicen, habitante del municipio de Aconchi.

Con la agricultura es igual. Los pobladores dicen que la tierra ya no produce lo mismo. Los rendimientos de las cosechas han bajado 50 o 60%. Muchos cultivos ya no se dan. El año del derrame, en 2014, el papá de Panchita perdió toda su cosecha de maíz. Al año siguiente también. Volvió a sembrar maíz hasta el año pasado, tampoco se dio. “Ahora lo intentó de nuevo. Veremos, en octubre o noviembre si sale. Parece necedad, pero es que cómo no va a sembrar, si esa era su vida”.

Panchita dice que su familia ha perdido hasta el 60% de sus ingresos a causa del derrame. Hay otras cosas ligadas a la economía que también se perdieron. “Nos quitaron nuestra soberanía alimentaria porque de lo que sembrábamos aquí en Aconchi de ahí comíamos, consumíamos mucho quelite, verdolagas. Además teníamos nuestra forma de comercio, intercambiamos lo que se sembrábamos con los de Arizpe o con los de Ures”.

Wenceslao Miramón Rivera, habitante de Bacanuchi, dice que parece que quedaron en un territorio maldito. Después del derrame, la gente no quiere ganado de la región, ni alimentos. “Antes vendíamos elotes o duraznos en las tiendas de Cananea. Ahora si decimos que los productos vienen del Río Sonora, no compran”.

El miedo por la contaminación es tal, que no solo hay problema para vender el ganado y los productos del campo. Los foráneos no quieren llegar a la zona tampoco. Ni siquiera los médicos. “El centro de salud de Bacanuchi está vacío. Hace tres años que no tenemos doctor. Antes venían pasantes de medicina ahora ya no quieren estar aquí”, dice Wenceslao.

Nada han remediado 

De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, PODER verificó que Buenavista del Cobre, la mina de Grupo México dueña de la pileta que causó el desastre, no contaba con las autorizaciones de Semarnat para el manejo de residuos peligrosos al momento del derrame.

Pese a eso, Semarnat sólo obligó a Buenavista del Cobre a remediar el sitio correspondiente a la zona 1 (los primeros 30 km desde el lugar donde se produjo el derrame) y en las cuatro restantes resolvió que se hicieran únicamente tareas de “monitoreo y control”.

Para canalizar los recursos necesarios con el fin de resarcir los daños, la empresa y el Gobierno crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo voluntario y privado. Grupo México comprometió 2 mil millones de pesos para la remediación.

“Pero solo puso poco más de 1,200 millones de pesos”, dice Hopenhaym. El Fideicomiso, de acuerdo a lo documentado por PODER, solo gastó 61% de los recursos prometidos y no realizó un proceso efectivo de remediación.

Al inicio, Grupo México dijo que pondría 36 plantas potabilizadoras; pero la cantidad se redujo a 28 en 2016. En 2017 anunció que se construirían nueve de ellas. A cinco años del derrame, las únicas que funcionan son la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y eso de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures).

“En ninguno de los casos se les ha dado garantías a los habitantes sobre la separación de metales en el agua, por lo que se puede afirmar que no existe seguridad hídrica en la región”, asegura Hopenhaym.

Lo que sí instaló el fideicomiso fueron 10,188 tinacos en los municipios afectados, pero están vacíos. Se supone que almacenarían el  agua limpia que llegaría de las plantas potabilizadoras prometidas. “Están ahí sin uso, como testigos de la impunidad en el río Sonora”, dice Óscar Encinas, el habitante de Ures.

Tampoco se terminó de construir el Hospital de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que la empresa comprometió en el fideicomiso. “Solo funciona un módulo de la clínica, que pusieron en una casa rentada, para dar atención a más de 300 afectados de primer orden, pero ni para ellos ha sido buena la atención y ahora ya lo van a cerrar”, afirma Elba Nidia Hurtado, de Ures.

“La Semarnat cerró el fideicomiso–dice Hopenhaym– de forma unilateral, sin que los pobladores tuvieran opinión, en marzo de 2017, supuestamente porque ya había cumplido su función. Nunca se supo ni siquiera qué pasó con él dinero. Al ser un fideicomiso privado no ha tenido escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública”.

Es por eso que los pobladores, con el acompañamiento de PODER, han interpuesto cinco amparos, tres de ellos referentes al fideicomiso y su funcionamiento. Sobre uno de ellos deberá pronunciarse la Corte este miércoles 7 de agosto. 

Este lunes 5 de agosto, a cinco años del derrame, pobladores de la orilla del río Sonora hicieron una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la demanda de que se revisen esos amparos.

“La petición es que se revise el fideicomiso, su funcionamiento y en qué se gastó el dinero. Queremos que la empresa cumpla, porque a cinco años no ha habido remediación ni justicia para nosotros”, dice Wenceslao.

Animal Político solicitó la postura tanto de Grupo México, como de Semarnat, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Lo que los pobladores esperan, ahora que hay nuevas autoridades en la dependencia y en el gobierno federal, es que se revise el caso y se obligue a Grupo México a resarcir los daños. “Aunque hay muchos que no pueden ya repararse. ¿Con qué se remedia todo el daño que hemos tenido? Con nada. Pero al menos deberían intentarlo”, dice Panchita.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2019/08/comunidades-derrame-toxico-grupo-mexico/?fbclid=IwAR1JqzpEM9gk4_65CSnB2erK5RVpzcfM8_axJw0yD-Su1hkEZOGH7oNmcwA

Extraerán en 16 años: 30,00 ton de cobre, 800 ton de cobalto metálico y 1,187 de sulfato de zinc monohidratado.

La Minera y Metalúrgica El Boleo presentó un proyecto ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar a 446  hectáreas la explotación de minerales en Santa Rosalía mediante minado superficial en las 7 mil hectáreas pertenecientes a compañía.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) indica que la concesión minera de El Boleo continuará por16 años. Sin embargo, en el método de explotación la empresa sólo habla de minado superficial; según el Servicio Geológico Mexicano (SGM) existe tres tipos: minado de placeres (Bateas y canalones; minado hidráulico; dragado), minado a cielo abierto (Banco individual, bancos múltiples, descapote de mantos, explotación de canteras) y glory hole.

La MIA aclara que sólo serán 16 y no 25 años el tiempo útil de la empresa, pero aclara si usarán explosivos para para extraer minerales metálicos. Minera y Metalurgia del Boleo S.A. de C.V. planea realizar actividades de miando superficial en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno.

Teniendo actividad desde 1860, El Boleo pretende continuar y expandir la extracción de cobre, cobalto, zinc y manganeso. Contempla una producción anual de 30,000 toneladas de  cobre fino, 800 toneladas de cobalto metálico y 1,187 toneladas de sulfato de zinc monohidratado.

Requerirán  6,100 millones de pesos para utilizar un superficie minada de 446.19 hectáreas. Afectarán áreas con un 38.6% de vegetación matorral sarcocaule y vegetación secundaria de matorral.

Pese a que el proyecto se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, la minería es considerada una actividad permitida por el Programa de Manejo. 

Fuente:http://elorganismo.com/el-boleo-usara-minado-superficial-en-446-ha-de-la-reserva-de-la-biosfera-el-vizcaino/?fbclid=IwAR1dtxs75MgcG1QMuwrV33DUeVEtGjWgOmIAL79JlnKrkOhuMI4Kidrfm74

Los familiares de Mariano Abarca y varias organizaciones señalan que la embajada canadiense en México apoyó a una minera y desatendió las amenazas contra el líder comunitario.

Fuente:https://elpais.com/sociedad/2019/08/01/actualidad/1564610422_605396.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR0o1YhAdh2bd–wGmQk8oE0pRAUHgtmsz9I28k40SB7YvBr2-P_-Cbo2Hk

Fuente:https://desinformemonos.org/memorias-para-la-defensa-del-territorio/?fbclid=IwAR3LlqdWcwg43SfyzQtuMjShAlh6nusvav_-Lwa3W38uTasNscnV3lUTyDk

La introducción del modelo extractivo, de matriz capitalista, no necesita a las comunidades, como argumenta Claudio Garibay, reproduce el modelo de campamentos mineros.

Desde el año 2010, el Altiplano norte-Wirikuta en el estado de SLP (México), está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues Wirikuta es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos del desierto. Tras un periodo de intensas resistencias, el pueblo wixarika (huichol) consiguió en el año 2012 un amparo judicial que supone la cancelación cautelar de cualquier actividad minera que está próximo a concluir.

El pasado 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC) emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una Asociación Civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de negociar el amparo judicial.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman a sí mismos, en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico, que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir las comunidades, como nos muestran las formas de actuar de estas transnacionales en más de 130 casos similares documentados en México por OCMAL.

La Unión de Ejidos AC, se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la este grupo. no tenga poder de representación de las comunidades ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

El pueblo wixarika, a través del CRW, organismo oficial de los wixaritari, conformado por autoridades que representantan al pueblo wixarika y la UWCC, en respuesta, emitieron un comunicado público, donde comunican la total oposición del pueblo wixarika, a las concesiones mineras, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades del Altiplano contra de las actividades mineras.

(El comunicado del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775).

Nuestro objetivo aquí no es presentar el contenido del comunicado wixarika, que habla claramente por sí solo, sino, más bien, señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos, saca a la luz, la intensificación de las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque, que puede ser definido, sin pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados, reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agroganaderos y la visión profunda de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol, donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

La introducción del modelo extractivo, de matriz capitalista, no necesita a las comunidades, como argumenta Claudio Garibay, reproduce el modelo de campamentos mineros, separados de las comunidades, de donde extraen los recursos, que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin a penas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado en como afirma Maristella Svampa en una memoria corta, como un territorio heredado, por las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga, como territorio originario, y por otro, las empresas mineras, introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable, que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Para terminar, Los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz territorial que activa Wirikuta y al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Wirikuta aparece así, como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido los megaproyectos mineros, como en tantos otros lugares del mundo donde actúa este modelo de extracción de recursos, representan, en este caso particular, el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

Fuente:https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/08/03/extractivismo-minero-etnocidio/1042534.html?fbclid=IwAR3oOkcqr9k935rMf2xdz7pD-yEgSi1BoAShJwX6tnMz8m9lB2iPi6oDqJY