La industria extractiva en México carece de tanta transparencia que hasta los muertos son propietarios de concesiones mineras, se reveló en el foro internacional “Hidrocarburos y Minería”, realizado ayer en esta ciudad.
“Hemos llegado a lugares, y cuando preguntamos quién es el concesionario de la mina, resulta que es alguien ya fallecido. Y como este hemos encontrado varios casos”, dijo el investigador Francisco Cravioto, de Fundar.
Dijo que este caso ocurrió en el municipio de Comala, comunidad de Zacualpan, Colima, y que es sólo un ejemplo de muchos, y otras irregularidades.
“Hay un marco regulatario sumamente problemático en el país (México), que es absolutamente laxo. La regulación del estado se minimiza”, expresó durante su participación en el foro en el que se discutió la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva.
Con pronunciamientos en contra de la reforma energética “que continúa favoreciendo al sector privado en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas” y la propuesta de “decretar en todo el país territorios libres de minería y proyectos de muerte; a construir espacios comunes de resistencia y buscar estrategias que representen alternativas dignas de vida” construidas desde la vida comunitaria, concluyó hoy aquí el Encuentro de Pueblos en Resistencia ante el modelo extractivo minero que durante tres días convocó a más de 600 personas, indígenas, campesinos, mestizos/as de ocho estados del país, así como de Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala e Italia.
Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que el megaproyecto minero de oro Los Cardones será analizado desde el punto de vista técnico, y que de no cumplir aspectos ambientales, no se permitirá su instalación.
Pobladores de al menos siete estados del país que resisten a la imposición de proyectos mineros y enfrentan la violación de sus derechos por parte de empresas nacionales y extranjeras de este sector, se reunirán el próximo fin de semana en Zautla para fortalecer sus luchas a través del intercambio y el hermanamiento de experiencias.
Veinte organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, presentaron el día de ayer en la Ciudad de México, el informe “Justicia para San José del Progreso”, donde se documentan violaciones a más de una decena de derechos humanos (DH) en la comunidad, por parte de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, así como de los gobiernos oaxaqueño y federal, luego de la imposición de un proyecto minero.
Un video elaborado por investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM aborda los impactos ambientales, económicos y sociales de esta modalidad extractiva en México.
Dentro de la lucha por impedir que se instale una mina de oro en la comunidad indígena de Zacualpan, este martes la nueva mesa directiva acudirá al Registro Agrario Nacional (RAN) para conocer si dicha dependencia registró la última acta de la asamblea.
“Los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado, se utilizan también varias toneladas de agua y grandes cantidades de energía, y los que unos consumen a otros se les quita”, mencionó Horacio Machado Aráoz, investigador del CEIICH de la UNAM.