Mexico

Memorias para la Defensa del Territorio

El extractivismo se ha profundizado en Oaxaca, decenas de proyectos hidroeléctricos, mineros, supercarreteras, líneas de transmisión de energía, zonas francas, entre otros arman el rompecabezas del despojo.

EDUCA comparte el siguiente material generado en el proceso de formación del Seminario “Movimiento Social y Estrategias para Evitar el Despojo del Modelo Extractivista”, así como en seminarios con el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas, realizados entre 2016 y 2018.

El primer número titulado “ZEE: ¿Zonas Económicas Especiales o Zonas Económicas de Extracción?” retoma reflexiones sobre zonas francas en México y Panamá. El segundo se enfoca en los estudios de impacto ambiental y social, ante el nuevo contexto energético en México, con un enfoque en las presas. Y el tercer folleto refleja experiencias de defensa del territorio y las implicaciones de las Manifestaciones de Impacto Ambiental y de los Estudios de Impacto Social, retomando ejemplos de defensa del movimiento social en Oaxaca, Nayarit y Jalisco.

Descargar Memorias para la Defensa del Territorio

Número 1: ZEE: ¿Zonas Económicas Especiales o Zonas Económicas de Extracción? Memorias para la defensa del territorio (pdf, 38 pág.).

Número 2: Los estudios de impacto ambiental y social, ante el nuevo contexto energético en México (pdf, 70 pág.).

Número 3: Experiencias de Defensa del Territorio y las Implicaciones de las Manifestaciones de Impacto Ambiental y de los Estudios de Impacto Social (pdf, 34 pág.)

Este material se comparte con autorización de La Minuta

Fuente:https://desinformemonos.org/memorias-para-la-defensa-del-territorio/?fbclid=IwAR3LlqdWcwg43SfyzQtuMjShAlh6nusvav_-Lwa3W38uTasNscnV3lUTyDk

Mexico

Amenaza ambiental, 39 minas a cielo abierto en Morelos

La contaminación que genera la explotación mineral es un gran riesgo para más de 15 mil hectáreas

Las minas a tajo abierto ocasionan una gran contaminación ambiental que acaba con todas las especies de flora y fauna en México, además provocan afectaciones graves en la salud, no sólo de los mineros sino también de los habitantes aledaños a éstas.

Se llaman minas a cielo abierto, minas a tajo, o rajo, abierto, a las explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de las subterráneas que se desarrollan bajo ella. Para la explotación de una mina a cielo abierto, a veces es necesario excavar con medios mecánicos o con explosivos los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forma el yacimiento. Estos materiales se denominan, genéricamente, estéril mientras que a la formación a explotar se le llama mineral.

En el Registro Público de Minería existen 25 mil 221 concesiones mineras vigentes que amparan 20 millones 970 mil hectáreas. De acuerdo con el libro Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un Reto Múltiple, de Paul Hersch Martínez, Lilián González Chévez, Mariana Solorio Damian y Catalina Sedano Díaz, y actores sociales de la Flora Medicinal en México, bajo el auspicio del Instituto de Nacional de Antropología e Historia (INAH), muchas de las concesiones vigentes se superponen con zonas arqueológicas registradas y es seguro que otras coincidan con zonas aún no conocidas ni exploradas.

México es uno de los países en el mundo que cobra menos derechos por concesiones del subsuelo y menos impuestos por los productos que extraen las empresas mineras nacionales y extranjeras. Cobra por extensión de tierra concesionada y no por volumen de metal extraído, en los primeros años de concesión cobran 5.90 pesos por hectárea cada semestre.

En Morelos se cuentan con 39 concesiones, entre ellas las ubicadas en los municipios de Temixco, Miacatlán, Xochitepec y Cuernavaca, sumando 15 mil 25 hectáreas en un estado cuya superficie forestal ha sido desmontada en un 70 por ciento.

La minera pretende establecer su explotación a 12 kilómetros de la capital del estado, en una zona que involucra a numerosos asentamientos humanos, entre ellos Acatlipa; Temiaxco; Xochitepec; la Unidad Morelos; Alpuyeca; Tetlama; Cuentepec; Xochicalco; Palpan; Tlajotla; Coatetelco, y Miacatlán.

Dicha concesión fue entregada a la empresa canadiense Esperanza Silver, de Vancouver, por la Secretaría de Economía y vence hasta el 14 de mayo de 2059, en la cual está incluido el subsuelo de la zona arqueológica de Xochicalco, declarada patrimonio cultural de la humanidad en 1994.

En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en Morelos por 45 millones de dólares a otra empresa canadiense Alamos Gold; sin embargo, en 2014 ante la presión de comunidades afectables, ambientalistas y académicos, así como la participación del Gobierno estatal resultó en el rechazo de la manifestación de impacto ambiental presentada para iniciar la explotación en enero de ese año, aunque las concesiones no se cancelaron al durar 50 años y ser prorrogables otro medio siglo más.

MEGAMINERÍA EN MORELOS HOY

La empresa canadiense Alamos Gold podría pretender reactivar el proyecto de explotación en el cerro del Jumil, informó la alcaldesa de Temixco, Jazmín Solano López, quien advirtió que desde hace un mes la empresa la ha buscado, teniendo al mismo tiempo reuniones con las comunidades cercanas a la mina de Huautla.

No obstante, aseguró que dependerá de la misma población si el proyecto se reactiva, aunque personalmente sólo le han entregado ciertos estudios, “dejan la información de que cambian de empresa, me han dejado carpetas y vienen algunos estudios, pero deben medir el tema social y político”.

Por su lado, la arqueóloga e investigadora del INAH en Morelos, Silvia Garza Tarazona, recordó que desde hace cinco años se encuentra en constante lucha para que la minería termine en el país, teniendo como ejemplo en Morelos, un proyecto que afectaría en gran medida la zona arqueológica de Xochicalco al ubicarse en los límites de la concesión minera y cuando decidan a utilizar explosivos se podrían generar daños graves en la región.

Comentó que todas las excavaciones de ese tipo deben ser consideradas ecocidios e inclusive genocidios, pues, la forma en que efectúan los trabajos ya no es en túnel, como antiguamente se sabía, sino que ahora realizan una perforación con la que arrasan con todo, además de que la tierra que utilizan y llenan con ácidos, para obtener los minerales deseados, la vuelven a esparcir, ya contaminada, en la mina.

Refirió que a corto plazo, el polvo tóxico de las minas a tajo abierto integrado por metales pesados se impregna en las mucosas y la piel, lo que provoca: irritación en los ojos; conjuntivitis; comezón inusual, y enfermedades graves en la piel. A largo plazo afecta los riñones, hígado y pulmones, aumenta los abortos, tumores y malformaciones congénitas.

Los tóxicos pueden también incapacitar para siempre o incluso llegar a matar, mientras que los trabajadores mineros están expuestos a mayores riesgos por su cercanía a los tóxicos, el polvo y el ruido; igualmente representa una sobrexplotación a los recursos naturales en México, así como a los derechos de los campesinos, quienes no son bien recompensados por sus tierras.

Garza Tarazona confirmó que si las labores de minería continúan, entonces, el área arqueológica desaparecerá y, además, podría dejar a Cuernavaca sin agua potable.

Según el citado libro Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un Reto Múltiple, una mina pequeña de tajo abierto, se detalla en el libro, consume unos 250 mil litros de agua cada hora, 250 tinacos de mil litros, lo que representa lo que una familia campesina usa en 20 años.

Para el gasto excesivo de agua en su beneficio, las mineras la sacan de pozos que pueden ser muy profundos y de ríos cuyo cauce desvían. Posteriormente, la vierten, ya con residuos tóxicos, en corrientes naturales y, entonces, llega al subsuelo; por el momento, el control y el monitoreo de esos procesos contaminantes resulta insuficiente y hasta nulo.

Entonces, el que disminuya la cantidad de agua no es el único problema, sino que está la contaminación que se genera, pues con ese efecto disminuye la disponibilidad de agua para consumo humano y agrícola.

En 2012, debido al Proyecto Jumil, de Alamos Gold, se suscitaron agresiones a opositores, división social y afectaciones previsibles en Temixco, Miactalán y Xochitepec. La megaminería se aprovecha de estos conflictos sociales para comprar voluntades; además, utiliza la desinformación y hostiliza a los opositores para sacar provecho a favor de su proyecto, dejando de lado las problemáticas que podría ocasionar en las comunidades y no le da el peso necesario a las necesidades de sus mismos pobladores.

Ante ello, el texto puntualiza que las instituciones públicas requieren una política integral e intersectorial de protección, lo cual evitaría que mientras unas dependencias promueven proyectos sin considerar sus riesgos, otras se vean afectadas por las consecuencias de ellos en su responsabilidad pública.

Por todo ello, es necesario un sistema permanente de monitoreo e información a nivel municipal, estatal y federal, para ser aplicado desde antes del otorgamiento de concesiones con la participación decisoria de los pueblos afectables.

 

Fuente:https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/especial-amenaza-ambiental-39-minas-a-cielo-abierto-en-morelos-3984802.html?fbclid=IwAR0kLVlKirE9ev4TTvxaUwgNOofWv4yEFtMoCKuqID6pBD7tai5UNYBuR5E

Mexico

Extractivismo minero y etnocidio

La introducción del modelo extractivo, de matriz capitalista, no necesita a las comunidades, como argumenta Claudio Garibay, reproduce el modelo de campamentos mineros.

Desde el año 2010, el Altiplano norte-Wirikuta en el estado de SLP (México), está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues Wirikuta es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos del desierto. Tras un periodo de intensas resistencias, el pueblo wixarika (huichol) consiguió en el año 2012 un amparo judicial que supone la cancelación cautelar de cualquier actividad minera que está próximo a concluir.

El pasado 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC) emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una Asociación Civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de negociar el amparo judicial.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman a sí mismos, en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico, que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir las comunidades, como nos muestran las formas de actuar de estas transnacionales en más de 130 casos similares documentados en México por OCMAL.

La Unión de Ejidos AC, se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la este grupo. no tenga poder de representación de las comunidades ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

El pueblo wixarika, a través del CRW, organismo oficial de los wixaritari, conformado por autoridades que representantan al pueblo wixarika y la UWCC, en respuesta, emitieron un comunicado público, donde comunican la total oposición del pueblo wixarika, a las concesiones mineras, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades del Altiplano contra de las actividades mineras.

(El comunicado del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775).

Nuestro objetivo aquí no es presentar el contenido del comunicado wixarika, que habla claramente por sí solo, sino, más bien, señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos, saca a la luz, la intensificación de las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque, que puede ser definido, sin pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados, reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agroganaderos y la visión profunda de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol, donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

La introducción del modelo extractivo, de matriz capitalista, no necesita a las comunidades, como argumenta Claudio Garibay, reproduce el modelo de campamentos mineros, separados de las comunidades, de donde extraen los recursos, que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin a penas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado en como afirma Maristella Svampa en una memoria corta, como un territorio heredado, por las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga, como territorio originario, y por otro, las empresas mineras, introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable, que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Para terminar, Los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz territorial que activa Wirikuta y al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Wirikuta aparece así, como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido los megaproyectos mineros, como en tantos otros lugares del mundo donde actúa este modelo de extracción de recursos, representan, en este caso particular, el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

 

Fuente:https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/08/03/extractivismo-minero-etnocidio/1042534.html?fbclid=IwAR3oOkcqr9k935rMf2xdz7pD-yEgSi1BoAShJwX6tnMz8m9lB2iPi6oDqJY

Mexico

Megaproyectos mineros en Wirikuta, ¿desarrollo o etnocidio?

Un grupo de gentes captadas y engañadas por la First Majestic han intensificado la estrategia de la transnacional minera para dividir a las comunidades ante la proximidad del fin del amparo judicial que desde 2011 suspendió cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) y de la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), representantes del pueblo wixarika, emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 ante la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, como se llaman a sí mismos, intentan presentar el conflicto al que mire de lejos como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarikas.

No son chichimecas, ni representan a las comunidades. Se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

La Unión de Ejidos A. C. se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero -sobre todo- representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la Unión de Ejidos A. C. no tenga poder de representación de las comunidades del desierto ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través la UWCC y del CRW, organismos oficiales de los wixaritari conformados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, en respuesta emitieron un comunicado público donde constataban la posición de total oposición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras a los tres niveles de gobierno mexicano y a la sociedad civil, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible aquí).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos. Más bien queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A. C. saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido sin ningún pudor como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agricultores y ganaderos, y una visión profunda del desierto de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol y donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y la vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Por otro lado, la introducción del modelo extractivo de matriz capitalista no necesita a las comunidades, como argumenta el investigador Claudio Garibay, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, porque reproduce el modelo de campamentos mineros separados de las comunidades, extraen los recursos que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano norte-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado -como afirma la socióloga Maristella Svampa- en una memoria corta como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari basado en una memoria larga como territorio originario y, por otro, las empresas mineras introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Finalmente los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz de vida que activa Wirikuta y, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Desde esta perspectiva, Wirikuta aparece como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido el final de Wirikuta, puesto en peligro por las tecnologías y la envergadura de los megaproyectos mineros, pone en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio. ¿Quién se va a hacer responsable?

* David Avilés es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (España), en el área de Antropología de orientación pública.

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Fuente:https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-o-etnocidio/?fbclid=IwAR3Le_9Lm55w_UEpx5u38_qv1JkjMOygk6FXzLJ-92m31-FH0dp04mLIw5E
Mexico

México. Al menos 14 defensores ambientales fueron asesinados en México en 2018: Global Witness

Al menos 14 defensores del medio ambiente fueron asesinados el año pasado en México “por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas”, señaló un informe de la organización internacional Global Witness.

“Muchos más fueron silenciados a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”, agregó el documento, en el que la organización indicó que en 2018 fueron asesinados 164 ambientalistas en todo el mundo, de los cuales la mitad de las muertes sucedieron en América Latina.

De acuerdo con el informe, la impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores, pero la organización “pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos; actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 casos”. “Los gobiernos y las empresas no logran abordar la causa estructural de los ataques que, en su gran mayoría, es la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado”, agrega el documento.

Global Witness destacó que la mayoría de los defensores asesinados se oponían a la minería, con 43 víctimas, mientras que 21 ambientalistas murieron por luchar contra los proyectos de la agroindustria y 13 contra la explotación forestal. Por otra parte, 17 defensores del agua fueron asesinados en 2018, lo que representa un aumento significativo respecto a los cuatro registrados en 2017, señala el informe.

La organización incluyó en su reporte el uso y abuso de las leyes y políticas para criminalizar e intimidar a los activistas, sus familias y las comunidades que representan, a través de acciones como “mancillar su reputación, interrumpir el financiamiento y acorralarlos en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo”.

“Además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras los activistas son calificados como criminales”, apuntó Global Witness.

De acuerdo con el informe, los países más peligrosos para los ambientalistas en 2018 fueron Filipinas, con 30 casos, Colombia, con 24, Indía, con 23, Brasil, con 20, Guatemala, con 16, y México, con 14. Por otro lado, el único país europeo donde se registraron asesinatos de defensores ambientales fue Ucrania, con tres casos, mientras que en todo África se registraron 14.

 

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=15169&fbclid=IwAR0-9Rxrypi8K8QABXnZiY5VCQovWaudkGs6TEJKheYPLEZI6rjI-2FSkJU

Mexico

No se retirará amparo contra minera: huicholes

Las comunidades wixárikas de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, en voz de sus autoridades comunales, en un pronunciamiento conjunto informaron que no retirarán el amparo con número de expediente 819/2011-VI, que les concede la suspensión temporal de todo trabajo de exploración y explotación minera de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp, mientras se resuelve la sentencia definitiva del juicio.

La postura de los wixárika fue emitida tras conocer que el sábado anterior, en el municipio de Catorce, San Luis Potosí, se reunió la asociación civil Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte AC, la cual es apoyada por grupos que promueven la apertura a las actividades extractivas en territorio wirikuta, esto es, en la ruta sagrada del peyote, que va de Nayarit, atraviesa Zacatecas y llega a San Luis Potosí.

Aunque legalmente nada impide trabajar a las mineras, sólo el amparo interpuesto por las autoridades wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, y si este recurso se cae, First Majestic Silver Corp y las demás empresas empezarán a trabajar mañana mismo en Wirikuta, señalaron los afectados.

El pasado 24 de julio, autoridades tradicionales, civiles y agrarias del pueblo wixárika de Jalisco, Durango y Nayarit, junto con representantes del Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta, y de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales se reunieron en Tepic, para emitir una postura única.

Tras lo anterior, todos los pueblos wixáricas representados determinaron no desistir de este amparo, ya que es nuestro bastión jurídico para proteger el legado que debemos cuidar para nuestro pueblo, y nuestros derechos a seguir existiendo como pueblo originario y a practicar nuestra espiritualidad ancestral.

Desconocerán acuerdos de mestizos

Sobre la reunión convocada por asociaciones civiles de mestizos, realizada el sábado anterior en San Luis Potosí, advirtieron que no acudirían, y si se diera el caso de que asistan algunos integrantes de nuestro pueblo, se tomará en cuenta esto como una plática no formal, y se desconocerá cualquier acuerdo o convenio que se celebre en dicha reunión a nombre del pueblo huichol.

El pronunciamiento wixárica está dirigido a los habitantes del altiplano potosino, a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí; así como a los alcaldes de Catorce, Charcas, Matehua-la, Villas de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos. Además a legisladores federales potosinos y dependencias como las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo rural, y de Economía, así como a las Procuradurías de Protección al Ambiente y Agraria, entre otras.

Saludamos a todos, compartimos nuestra palabra como pueblo unido por la defensa de la madre tierra Tatei Yurienaka, que nos da vida y sustento a todos los seres que habitamos este planeta, nuestra casa común, refiere el comunicado.

Su tarea, dijeron, es seguir trabajando por el presente y futuro de nuestro territorio sagrado Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí, donde habitan nuestros ancestros y donde realizamos nuestras prácticas espirituales, que son amenazadas por la industria minera y la industria agrotóxica, entre otras.

En julio de 2011, la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, a través de sus autoridades tradicionales, inició el juicio de amparo 819/2011-VI, ante la omisión del Estado mexicano de garantizar nuestros derechos humanos y con el objetivo de la protección integral del territorio sagrado de Wirikuta, ante las amenazas mineras.

En 2013 se realizó una ampliación a dicho amparo para proteger el derecho de los habitantes del Altiplano a vivir en un medio ambiente sano, no tóxico y a tener acceso al agua limpia, sin que esta sea envenenada o agotada por megaproyectos industriales.

En septiembre de ese año un juez federal de distrito decretó la suspensión provisional de todas las concesiones a las mineras que pretenden explotar ese territorio sagrado. Aunque todavía no hay sentencia definitiva.

 

Fuente:https://jornada.com.mx/2019/07/29/estados/027n1est

Mexico

Empresa no tiene permisos para explotar minas en Dolores Hidalgo Comunidad

La empresa de capital canadiense Argonaut Gold y propietaria del terreno en donde se pretende construir una mina a cielo abierto no cuenta con los permisos municipales ni federales para realizar tales acciones, informó el abogado y ambientalista miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Gustavo Lozano.
En el marco del Día contra la Minería a Cielo Abierto, el legista explicó que en administraciones federales pasadas, la Secretaría de Economía entregó en concesión, el subsuelo de 25 mil hectáreas cercanas al proyecto Cerro del Gallo, territorio mayor al de la zona urbana de Dolores Hidalgo.
“Las concesiones que entregó la Secretaría de Economía autorizan a la empresa minera a beneficiar los minerales que hay en el subsuelo, a extraerlos y beneficiarlos, la bronca es que la única técnica que conocemos para poder acceder a esos minerales es rompiendo el suelo y el suelo es propiedad de las comunidades”, detalló.
Como en la zona no hay rocas de minerales, sino polvo mineral, la empresa ya mencionada propone que se realice la técnica de minería a cielo abierto, que de acuerdo con el especialista, es “extraordinariamente depredadora”.
Para ello, se buscará extraer todo el mineral que necesitan por siete años y luego retirarse; para lograrlo debe contar con el estudio de impacto ambiental que emite la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, el cual Argonaut Gold intentó conseguir en el 2017, y le fue negado por no cumplir con los requisitos.
“En mayo de este año (Argonaut Gold) presentó una nueva solicitud para obtener el permiso de autorización de impacto ambiental junto a una solicitud de cambio de uso de suelo porque tal y como está el uso de suelo en la región donde se quiere extraer los minerales es imposible que puedan tener las autorizaciones”, explicó el abogado.
Actualmente esta solicitud se encuentra suspendida, dijo Gustavo Lozano, porque la empresa no ha acercado toda la información que necesita a la Semarnat para que evalúe si el proyecto es viable o no.
“Si la empresa se acerca a las comunidades diciendo que tiene los permisos, la empresa está mintiendo, la empresa debe obtener permisos del presidente municipal de Dolores Hidalgo; si el gobierno municipal anterior entregó permisos, este gobierno nuevo tiene la facultad de poder retirarlos.
“Si la empresa logra tener los permisos de la federación, del municipio, pero no obtiene el permiso de las comunidades no puede operar, el mango del sartén lo tienen las comunidades”, aseguró el activista.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/empresa-permisos-explotar-minas-dolores-hidalgo?fbclid=IwAR3G6nUDBZWkLnqg_ANzP7CfJb5ivVEAEkACRtJ5V-W12NHbEOc77hQc0eI
Mexico

Declaran a San Francisco Ixhuatán como territorio libre de minería

En sesión  publica de cabildo convocada por la autoridad municipal que encabeza Florencio de la Cruz Valdivieso y ante la presencia de ciudadanos mujeres y hombres, campesinos,  pescadores y productores de mango y  también defensores de la tierra y el territorio, se declaró al municipio de San Francisco Ixhuatán como “territorio libre de la minería”.

En la plazuela principal de la comunidad de origen zapoteca ubicada en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, el alcalde emanado de la alianza PRD y PAN acompañado de los integrantes del cabildo se pronunciaron ante la negativa de qué cualquier empresa pudiera asentarse y realizar exploraciones para la minería en su territorio porque aseguraron atentan contra la vida y el territorio comunitario.

En esta localidad las personas se dedican a la agricultura, a la siembra y exportación de mango además de la pesca, por lo que desde hace varios años viven en resistencia contra la minería, eólicas y altas tarifas junto otros pueblos aledaños como Reforma de Pineda, Chahuites, Zanatepec, Tapanatepec, sin embargo es la primera vez que la autoridad municipal de Ixhuatán  realiza esta declaratoria pública.

Según datos obtenidos en el portal de la Secretaria de Economía, el 19 de diciembre de 2017 la secretaria de minería otorgó la concesión para exploración minera a RECUPERADORA AG, S.A. DE C.V. con el título: 246002 Nombre del Lote: AMPLIACION CERRO GRANDE II F1. Con una vigencia de 50 años y se asentará en una superficie de  29.5431 hectáreas de tierras, que abarca desde  la zona poniente del municipio de  Chahuites,  otra parte de la localidad de  Tapanatepec casi hasta llegar a Rincón Juárez, parte de Yerba Santa, Coyotera Carlos Ramos, todo Reforma de pineda, Parte de los terrenos de Zopilote y la parte norte de San Francisco  Ixhuatán.

El alcalde recalcó que el territorio se defenderá y mientras dure su administración municipal no permitirán la llegada de ninguna empresa minera y tampoco de otro tipo de megaproyectos como la energía eólica y precisó que en su localidad también existen afluentes naturales como “El Río Ostuta”  uno de los más grandes e importantes de la región oaxaqueña que vive amenazada bajo la llegada de la actividad minera.

“Con esa sesión publica reafirmamos nuestro compromiso con la naturaleza y la vida, aquí somos gente trabajadora y de campo, amamos la siembra y los recursos naturales, no vamos a permitir que lleguen empresas mineras y acaben con nuestro territorio, estamos para defenderlo, por eso estamos declarando este día, lunes 29 de julio siendo a las 10:24 de la mañana, al municipio de San Francisco Ixhuatán como libre de minería”, recalcó.

Por su parte, el activista Manuel Antonio Ruiz precisó que desde el 2012 supieron de la llegada de empresas mineras a la zona, pero fue en 2014 conjuntamente con estudiantes de la preparatoria comunitaria “José Martí” que llevaron acabo una campaña de concientización a través del teatro donde recorrieron varios kilómetros y poblaciones con la puesta en escena.

“La experiencia compartida por la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec por la Defensa del Territorio y por Procesos Integrales para la Autogestión de os Pueblos (PIAP A. C.) nos alientan a continuar con la lucha por la difusión de la información para la unión de pueblos y comunidades. Estas organizaciones nos orientan a que los ejidos y bienes comunales platiquen este tema y, de acuerdo a los protocolos establecidos, integren en sus actas constitutivas la cláusula de negación a toda actividad minera”, concluyó.

Además de esta comunidad, existen otros diez 10 títulos de concesiones en la zona Oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca cuya principal búsqueda es oro, plata y cobre están asentadas sobre el río Ostuta, río Zanatepec y río Novillero que alimentan la Laguna Superior, la Laguna Inferior y el Mar Muerto.

 

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/declaran-a-san-francisco-ixhuatan-como-territorio-libre-de-mineria/?fbclid=IwAR0QPT8BKSz0bjcZti9D6gKBTLwmbVQvQ1iuK1cLIGo4WEEqXFq0X4H7GCo

Mexico

Contaminación minera está matando al río Moche

Alarma. Punto más crítico se ubica a la altura del sector Casmiche (Otuzco). Agricultores protestan, pero autoridades no hacen nada.

El río Moche continúa enfermo y camina a morir, a vista y paciencia de las autoridades regionales y nacionales. Sus aguas siguen siendo contaminadas por los relaves mineros provenientes de empresas asentadas en la sierra de La Libertad.

Una serie de fotografías difundidas por la periodista Karin Zelada en su Facebook demuestran el alto grado de contaminación de esa cuenca a la altura del sector conocido como Casmiche, en la provincia andina de Otuzco.

Los hombres de campo de la zona advierten que iniciarán una serie de reclamos para que el Gobierno Regional de La Libertad tome cartas en el asunto, ya que sus aguas están contaminadas y no sirven para regar sus sembríos. Asimismo, hicieron un llamado al Ministerio del Ambiente para frenar esta caótica situación.

El biólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Carlos Bocanegra, recordó que el río Moche lleva 40 años enfermo y precisó que hace poco se dio un decreto de emergencia para mitigar los daños que podría provocar el desembalse de relaves abandonadas por la empresa Pan American Silver, en Quiruvilca.

“Antes en el río se pescaba, se sacaba camarones; pero prácticamente es un río muerto. De Simbal para arriba ya se puede notar la contaminación por los metales pesados y altamente tóxicos (cobre, fierro). Lo grave es que con esas aguas se riegan los productos que consumimos y terminan en el mar”, advirtió.

Bocanegra denunció que no existe ni un solo proyecto para frenar la contaminación y alertó que Panamerican Silver dejó los relaves a la intemperie al no haber tenido un plan de cierre de su mina. “No han instalado una geomembrana. Las lluvias llevan los relaves al río”, se quejó.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/contaminacion-minera-esta-matando-al-rio-moche/

Mexico

Juez de Corte Federal de Canadá acepta la posibilidad que Mariano Abarca no habría sido asesinado, si la Embajada canadiense en México hubiese actuado de otra manera; No obstante, niega ordenar una investigación.

(Chiapas, México City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. Mariano Abarca, líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, e integrante de REMA, fue asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.

Lo anterior, fue señalado en la primera instancia en un proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca.  La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para acallar las protestas en la comunidad, aún cuando supieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida, que finalmente concluyo al ser asesinado. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta.

Como familia -respondió José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año-, “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta. El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que, las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos identificados por los querellantes, no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria y profunda a pesar de que la ley le exige usar como criterio de revisión el interés público, para garantizar una fiscalización pública adecuada sobre las acciones de los funcionarios públicos de Canadá relacionadas con los conflictos mineros ocasionados alrededor del mundo.

Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá, tal como recurrentemente sucede en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se les percibe cada vez con mayor desconfianza”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Además, según los querellantes, la decisión de la corte carece de una examinación seria de por qué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá, y sobre las cuales, los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano.

Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá propaga y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó él abogado Yavar Hameed, quien representa la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal.

Para Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano quien también estuvo presente en la audiencia en la Corte federal, la noticia del fallo no le sorprendió. “Como familia, sabíamos de la dificultad para que una corte en Canadá aceptará admitir una investigación por la actuación de funcionarios de la embajada canadiense. No investigar a la embajada de Canadá es tener miedo a conocer la verdad sobre la forma en que operan las empresas mineras en Latinoamérica y sobre todo en México y Chiapas donde funcionarios canadienses ayudan a facilitar las operaciones de empresas mineras canadienses que han causado severos daños ecológicos y atropellos a los derechos humanos. A pesar del fallo, no nos rendiremos y vamos a continuar en esta lucha por la justicia”.

Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, también litigante en el caso, considera que la decisión es emblemática de una problemática generalizada de impunidad para el sector minero canadiense. “El gobierno de Canadá beneficia de las actividades mineras en el exterior, y más allá de que haya razón o no en nuestra acusación, el no querer revisar el caso, ni ordenar una investigación habla de forma muy clara: no quieren que se investigue a su propio gobierno.”

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá, presentamos una queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018. Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciamos nuestra intención de llevar la denuncia a la corte federal en mayo de 2018. No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendamos nuestro compromiso para lograr se efectúe la rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, estamos preparándonos para ejercer nuestro derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.

Para mas información:

  • Yavar Hameed, Hameed Law,  [email protected], (613) 627-2974
  • Charis Kamphius, Justice and Corporate Accountability Project, [email protected], 250-572-2625
  • Kirsten Francescone (para información o para organizar entrevistas con la familia o las organizaciones mexicanas), [email protected]

Antecedentes

Información que se obtuvo mediante solicitudes al acceso a la información demuestra que la embajada intervino con oficiales del gobierno mexicano para apoyar a la empresa cuando ya se sabía que era sobre el conflicto que ellos tenían con respecto a su proyecto de Blackfire en Chiapas, México, incluyendo a los riesgos que enfrentaba Mariano. Mariano alertó a la embajada sobre las preocupaciones que tenían las comunidades con respecto a los impactos de la mina y amenazas relacionadas. Poco después, Mariano fue detenido sin acusaciones en base a una denuncia que presentó la empresa en su contra. Además, solamente semanas antes que lo asesinaran, la embajada consultó a las autoridades mexicanas que acallen a las protestas en contra las operaciones de Blackfire.

Alrededor del mismo tiempo, oficiales federales se pronunciaron frente al Comité Permanente del Parlamento sobre las Relaciones Exteriores constatando que el rol de las embajadas canadienses es “trabajar muy de cerca con empresas, las comunidades afectadas, gobiernos, pueblos Indígenas y la sociedad civil para facilitar un diálogo informado y abierto entre todas las partes”. Sin embargo, la Embajada canadiense en México negó reunirse con la familia y organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan en la comunidad hasta que pasaron meses después del asesinato de Mariano, a pesar de que ellos seguían otorgando apoyo a la empresa.

Documentos:

Decisión de Judge Boswell (inglés) disponible acá.

Resumen de la Queja presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá disponible acá.

Solicitud para la Revisión de la decisión del Comisionado por la Corte Federal de Canadá disponible acá.

BAJAR COMUNICADO EN PDF

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/juez-de-corte-federal-de-canada-acepta-la-posibilidad-que-mariano-abarca-no-habria-sido-asesinado-si-la-embajada-canadiense-en-mexico-hubiese-actuado-de-otra-manera-no-obstante-niega-ordenar-una-in/