Ejidatarios de Tenochtitlán, municipio de Ocampo, en el desierto de Coahuila, denunciaron un nuevo derrame de cianuro en las presas de la región, proveniente de la mina de plata que pertenece a la empresa canadiense First Majestic, que podría ser clausurada en caso de que se compruebe la acusación, según informó Raúl González, el delegado de la Profepa en el estado.
Ejidatarios del municipio de Ocampo, en Coahuila, denunciaron que la mina de plata “La Encantada”, operada por la empresa canadiense First Majestic, registró una fuga de cianuro que contaminó una presa donde los animales beben agua. Es la segunda fuga en menos de dos meses.
De comprobarse este derrame, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que existe la posibilidad de clausurar la mina.
Presidente municipal y regidores de Acacoyagua se comprometen a no otorgar licencias municipales a minería y consideran que los proyectos no representan una fuente económica ni beneficio social.
Sin una consulta previa, libre e informada con los dueños ancestrales de las tierras y sin importar que afectará a la gran biodiversidad que caracteriza a Oaxaca, la Secretaría de Economía (SE) entregó 389 títulos de concesión minera entre enero de 2002 a junio de 2011, principalmente a compañías canadienses y estadunidenses, para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, en una superficie de 742 mil 791.02 hectáreas, que equivale al 7.78 por ciento del territorio estatal.
El sistema de despojo y extractivismo es inminente, tiene varios nombres: hidroeléctrica, minera, carretera, monocultivo, extracción petrolera, arenera, pero tiene el mismo apellido despojo para los pueblos.
Los enfermos por el derrame en la mina Buenavista del Cobre se quedaron sin atención médica desde el pasado 30 de junio, debido a que Grupo México incumplió con los pagos a la empresa que les brindaba el servicio en una vivienda de interés social, además de que hay temor de que se vuelva a detener la construcción de una clínica en Ures. hay 360 casos reconocidos de personas afectadas en su salud por el derrame tóxico minero. 
De la reunión se obtiene un panorama desolador del país. Se trata de un mapa del despojo, en el que las comunidades indígenas y campesinas tienen que luchar contra grandes empresas y contra las propias autoridades: los funcionarios de los tres niveles de gobierno y la ley están de parte de los grandes capitalistas, quienes –además– con su dinero compran voluntades de quienes deberían defender la integridad y el bienestar de los pueblos de México.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) felicita a la Comunidad Indígena de Zacualpan por la resolución recientemente emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No. 38 en relación con la legalidad de la Asamblea General de Comuneros del día 11 de Octubre de 2015.
Pepe Rechy vive en un municipio del estado mexicano de Puebla llamado Libres, rico en agua subterránea y con enormes montañas donde comienza la Sierra Norte. Se dedica a la elaboración de productos lácteos y a la siembra, aunque también está interesado en temas sociales. Hace dos años se enteró de que su casa estaba dentro de una de las cinco enormes concesiones de exploración minera en Libres, las cuales están a cargo de filiales de la corporación canadiense Almaden Minerals.
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) exhortó a las autoridades agrarias y al Gobierno del estado de Zacatecas a apoyar a los habitantes de la comunidad de Salaverna en Mazapil y no a la empresa minera Frisco-Tayahua, que desarrolla actividades en el lugar.
Los afectados de siete municipios de la cuenca del Río Sonora denunciaron que no están operando las plantas potabilizadoras comprometidas, ni la clínica especializada en atención a la comunidad, por lo que denunciarán al grupo minero. A unos días de que se cumplan dos años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora por parte de la mina Buenavista del Cobre a cargo de Grupo México, habitantes de esa región exigen que se cumpla con los compromisos asumidos por la empresa y las autoridades federales.