El documento emitido por el Ejecutivo de García-Page afirma que esta polémica explotación supone una “grave amenaza para la biodiversidad”. Entre las especies protegidas que se verían perjudicadas por el proyecto se encuentran el lince ibérico y el águila imperial.
El informe medio ambiental elaborado por el Gobierno de Emiliano García-Page sobre el polémico proyecto de minería de tierras raras que la empresa Quantum pretende impulsar en la provincia de Ciudad Real concluye que dicha práctica es inviable.
En el documento, desvelado en exclusiva por periodicoclm.es, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha afirma que esta explotación supone una «grave amenaza para la conservación de la biodiversidad» y que solamente se podría justificar, según dice la ley, “por razones imperiosas de interés público de primer orden».
Dicho texto, que hoy mismo ha sido remitido a Quantum, explica que el proyecto minero afectaría el hábitat de especies en peligro de extinción.



El Gobierno de Namibia suspendió la reunión extraordinaria convocada por el presidente de la República, Hage Geingob, en la que iba a abordar si se vetaba la minería de arena fosfática en el mar o se preservaba el derecho a autorizarla. Al final no hizo una cosa ni otra. El Ejecutivo aseguró a la prensa local que la revocación de la licencia ambiental a Namibia Marine Phosphate (NMP) era razón suficiente para anular el encuentro, con lo que no hubo ningún pronunciamiento oficial sobre qué pasará en el futuro con esta actividad, que ha dividido al partido Swapo y al país.
Recogen más de 90.000 firmas para parar el proyecto. Una mina de feldespato, mineral dedicado a la producción de vidrio y cerámica, amenaza la supervivencia de más de 20 municipios abulenses, con muy poca densidad de población, y cuyos habitantes pelean por mantener un modo de vida que depende totalmente del medio natural.
Con la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de aprobar este martes un informe que en la práctica impida abrir ninguna mina de tierras raras o monacita en la región, tanto la Diputación de Ciudad Real como la propia Junta dan por cerrados los proyectos de explotación de este tipo de minería, el más avanzado el de Quantum en el Campo de Montiel.
El pasado 19 de octubre se cumplió un año desde el triunfo de los liberales de Justin Trudeau en las elecciones generales en Canadá, y la salida de un gobierno conservador encabezado por Stephen Harper que, contra viento y marea, se mantuvo en el poder por casi diez años.
Vecinos de los pueblos de influencia de la mina acudieron a la concentración organizada por la Plataforma Stop Uranio. Cientos de vecinos protestan frente a las instalaciones de Berkeley, empresa australiana que pretende abrir una mina de uranio en Retortillo, Salamanca, España.
«El presidente ha dado la instrucción de que aquí a 15 días podamos tener una posición definitiva en Castilla-La Mancha sobre esta cuestión, que se apoyará en el informe que en estos momentos se está elaborando en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural», ha manifestado el consejero.
A finales de septiembre se realizó una audiencia a puerta cerrada en el Centro Internacional del Banco Mundial para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en referencia a la demanda de arbitraje internacional interpuesta en 2015 por la minera Gabriel Resources contra el Gobierno de Rumanía por las trabas impuestas al proyecto minero Rosia Montana. El pasado mes de julio, Alburnus Maior solicitó al tribunal personarse en el proceso en calidad de Amicus Curiae («Amigo de la Corte»), solicitando el acceso a la documentación así como la opción a intervenir en el mismo. Sin embargo, hasta la fecha su solicitud ha sido ignorada, mientras el Gobierno ha decidido llevar todo el procedimiento a puerta cerrada y al margen de la opinión pública cuando se están tratando temas que afectan al dinero de los contribuyentes del país transalpino, como la decisión de abandonar la liquidación del IVA en favor de RMGC.
Las artimañas de vieja política y ausencia de democracia y libertad de expresión son palpables en el Ayuntamiento de Retortillo al declarar personas non-gratas a dos activistas y vecinos de la Plataforma Stop Uranio y a la Plataforma entera.