A más de diez meses de ocurrido el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio en perjuicio del defensor ambientalista Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C., aún el Ministerio Público no ha comunicado ninguna acusación contra la persona que le disparó a él.
Las investigaciones para esclarecer los hechos han dado como resultado la detención de siete personas, sin embargo, aún no se sabe si las indagatorias contribuirán a esclarecer la autoría intelectual de funcionarios públicos y miembros del Consejo de Administración de la Empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), ya que el expediente sigue bajo secretividad, dejando en la indefensión a los dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y a la familia de Berta Cáceres.
Los abogados de Gustavo Castro en México y Honduras, Miguel Ángel de los Santos y Edy Tábora, respectivamente, han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a los derechos humanos en contra de Gustavo Castro causadas por el Estado de Honduras durante su retención en ese país el pasado mes de marzo de 2016.
Según esta denuncia, tanto la Fiscalía del Ministerio Público como la Jueza Victorina Flores del Juzgado Primero de Letras de la Esperanza, Intibucá, Honduras, así como la Corte Suprema de Justicia, violentaron los derechos humanos de Gustavo Castro al retenerlo en el país inconstitucionalmente y al resolver de manera negativa el recurso de exhibición personal (Habeas Corpus) presentado por sus abogados y con más de once Amicus Curiae, el 16 de junio de 2016.
La denuncia ante la CIDH se presentó en diciembre del 2016 y en este mes de enero del 2017 se interpuso una denuncia penal contra la Jueza Victorina Flores, del Juzgado de Letras de la Esperanza Intibucá. Los abogados de Gustavo Castro, y él mismo, consideran un hecho sumamente grave que la jueza María Luisa Ramos, Magistrada de la Corte de Apelaciones, haya sacado de las oficinas de los tribunales el expediente del asesinato de la lideresa social Berta Cáceres, mismo que le fue robado a finales de septiembre pasado, y no descartan emprender acciones legales en su contra.
Finalmente, Gustavo Castro, ambientalista y defensor de derechos humanos, cuenta actualmente con el apoyo de organizaciones internacionales para velar por su protección y defensa de sus derechos humanos.
Fuente:http://movimientom4.org/2017/01/gustavo-castro-interpone-denuncias-contra-el-estado-hondureno/
Tegucigalpa: El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa entregó ayer carta de libertad definitiva a líderes ambientalistas del Valle de Siria, quienes habían sido acusados por el delito de obstaculización de un plan de manejo en perjuicio de Haydee Urrutia Mejía.
Comunicado de Prensa
De nueva cuenta, Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista Berta Isabel Cáceres Flores, asesinada en Honduras el 3 de marzo pasado, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cree una comisión internacional independiente para investigar el crimen de su madre.
El presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores, murió acribillado este martes 18 de octubre en la comunidad La Confianza, en Tocoa, Honduras. Su acompañante Silmer George también falleció a causa de los disparos.
Durante más de 30 años, la empresa ha destruido y contaminado los recursos naturales de varias comunidades en Honduras. Pero en su ambición por extraer más oro quieren excavar el camposanto donde descansan más de 800 difuntos, generando hasta manifestaciones violentas entre los pobladores que quieren impedir que remuevan las tumbas.
El 99.4% de San Francisco de Opalaca, dice no a los proyectos hidroeléctricos y mineros
“Han desaparecido tres comunidades y ahora amenazan con desaparecer hasta nuestros muertos al querer sacar oro del cementerio”. Genaro Rodríguez, ambientalista de La Unión, Copán, dijo esto en un Foro Popular en Radio Progreso el pasado 29 de julio. Genaro nació en la comunidad de Azacualpa y ha visto como poco a poco una empresa minera va dejando destrozos a lo largo de los años.
El 13 de agosto, en el municipio de Dulce nombre de Culmí, Olancho, se realizó una marcha contra la minería y en la defensa del río Wampú ratificando así, el cabildo abierto en donde se declaró a Culmí, territorio libre de minería.
Los pobladores del municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el nororiental departamento de Olancho, ratificaron con una caminata su férrea voluntad de decirle no a los proyectos de minería, informó el alcalde Emerson Josué Sánchez.