La labor de incidencia de Base en Centroamérica generalmente no es un trabajo que produzca muchas historias asombrosas de éxito. A menudo, más bien se compara tristemente con el esfuerzo desesperado de un debilucho de noveno grado de unos 5 pies 2 pulgadas y 100 libras que incesantemente practica su tiro en suspensión en un día de invierno, mientras sueña con jugar algún día en la NBA y que con tristeza se da cuenta de que su sueño probablemente nunca se volverá realidad. Esa metáfora podría o no ser auto-biográfica.
En Guatemala, acompañar a la población indígena maya en su lucha persistente para mantener el control sobre sus territorios ancestrales, los recursos y las formas tradicionales de vida es frustrante, cuando menos. A pesar de la jurisprudencia anclada en la legislación nacional e internacional que supuestamente reconoce, respeta y defiende los derechos de la mayoría de la población maya, el gobierno de Guatemala, la oligarquía a la que sirve, y los intereses de las empresas transnacionales constantemente triunfan sobre los derechos y el bienestar del pueblo maya. Cuando las comunidades mayas se atreven a defender con determinación sus derechos y territorios, el derramamiento de sangre patrocinado por el gobierno usualmente es más común que la negociación o el diálogo.
De acuerdo con los corredores, el propósito de su travesía es hacer conciencia en las autoridades de Gobierno que autorizan proyectos de exploración y explotación minera a empresas extranjeras.
INTRODUCCIÓN
El jefe de seguridad de la empresa Minera San Rafael Alberto Rotondo enfrentará una audiencia en donde se decidirá si va a juicio. Esto está ocurriendo este día 17 de diciembre en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Cuilapa, Santa Rosa.
El secretario general de AI en Canadá, Alex Neve, quien en septiembre viajó a Guatemala para reunirse con organizaciones de derechos humanos, empresarios y representantes del Gobierno de Guatemala y tratar la problemática minera del país, dijo que Canadá tiene gran parte de responsabilidad.
Esta historia se ubica en La Puya, Guatemala, una zona de conflicto en la que el agua es defendida por la población de sus comunidades, arriesgando incluso sus vidas con tal de mantener su preciado oro azul,. Nos la contó Álvaro Sandoval, miembro de la Comunidad en Resistencia Pacífica La Puya, en su visita por Madrid. Y como su visita ha pasado un poco desapercibida en España, creemos que es bueno difundirla. Porque es posible que su historia se repita, y pronto, en España.
La licencia para la explotación de la mina de oro Marlin I fue concedida por el Gobierno a una filial de Goldcorp Inc. La mina se implantó en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, municipios donde residen unas 52.000 personas. En su mayoría indígenas mayas que viven de la agricultura de subsistencia y que nunca fueron consultadas sobre el proyecto minero.
La población de Santa María Chiquimula, Totonicapán, se pronunció en contra de la práctica minera este domingo, durante una jornada en la que participaron los 18 cantones del área urbana de ese municipio.