Tras once meses de esperar una respuesta a una queja entregada en Ottawa, la FIDH, su liga ecuatoriana, CEDHU y MiningWatch Canadá, en representación de un grupo de pobladores campesinos e indígenas afectados por el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador, urgen a la oficina canadiense proseguir con el caso. Denuncian la gran demora del Punto de Contacto Nacional canadiense, responsable de administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) mientras sucede una reunion mundial de la OCDE, el Global Forum on Responsible Business Conduct, en Paris.
El 25 de julio de 2013, la FIDH, la CEDHU y MiningWatch presentaron una queja ante el Punto de Contacto Nacional canadiense (PCN), responsable para administrar las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, denunciando los impactos sobre los derechos humanos y la naturaleza que la empresa Corriente Resources y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A. (ECSA) está generando en la Amazonía ecuatoriana.
La mañana del 14 de junio de 2014, la plaza de Cotacachi fue el punto de reunión de varias decenas de personas que tenían la intención de llegar a Junín, una de las comunidades del territorio conocido como Íntag, epicentro de un grave conflicto socioambiental que sacude a Ecuador.
Al momento de utilizar un discurso de convencimiento a la sociedad respecto a temas sensibles, en este caso la muy cuestionada megaminería, impulsada como nunca antes por el actual gobierno del Ecuador, éste ha acudido a varios conceptos que por repetición se intenta lograr que sean aceptados por el ciudadano común.
El día de hoy, 11 de Junio, numero 61 de la injusta e ilegal detención y encarcelacion de Javier Ramírez, decenas de inteñas e inteñas juntamente con simpatizantes de Cotacachi, Ibarra y Otavalo, se congregaron en las afueras de la Fiscalía de Cotacachi para respaldar a la familia Ramírez, y esperar la decision de la la jueza Nubia Cerón, quien increíblemente dictaminó que Javier Ramirez no podría ser liberado para cumplir el resto de los 30 días que le restan de la prisión preventiva en su hogar con su familia, rechazando el pedido de la familia de medidas sustitutivas a la prisión. Recordemos que la Constitución exige que la prisión solo se utilice en casos de excepción. 
Hoy 10 de junio del 2014 se cumple un año del anuncio de Kinross de no desarrollar el proyecto minero Fruta del Norte (FDN), pero la empresa canadiense aún continúa en Ecuador.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, defendió hoy la necesidad de impulsar la actividad minera en el país, al señalar la importancia de esos recursos para acabar con la pobreza. Argumentó que existe a nivel mundial una alta demanda de los recursos mineros, mientras para las próximas décadas se prevé un alza en países como China, donde necesitarán el producto para potenciar su desarrollo e industrialización.
Desde que EcuaCorriente (de origen canadiense y hoy de consorcio chino), ingresara -alrededor del año 2001-, a realizar actividades de exploración en las inmediaciones de la cordillera del Cóndor, en la zona del proyecto Mirador, en la parroquia Tundayme de la provincia de Zamora Chinchipe, esta empresa habría ensayado una serie de mecanismos para ocupar la zona y consiguientemente desplazar a la población ahí asentada.
Comisión de organizaciones defensoras de derechos humanos y la naturaleza, para el monitoreo de la situación de la población de la zona de Intag, provincia de Imbabura, Ecuador
Con más de dos mil personas, el día jueves 22 de mayo, las distintas organizaciones sociales del cantón Santa Isabel y de la zona del austro del país marcharon desde la “Y de la Unión” hasta el centro de Santa Isabel para expresar su estado de alerta y movilización permanente ante el avance de la pequeña minería y minería a gran escala en el cantón, ratificando la defensa de las fuentes de agua que hoy están siendo contaminadas por los pequeños mineros y por el proyecto megaminero Shryri-Vetas Grandes y denunciando los graves conflictos sociales que están ocurriendo en el cantón que se han expresado en actos violentos por parte de los mineros pequeños y medianos a la población en resistencia.
La comunidad de Junín y otras de la zona de Intag, desde hace 17 años han defendido su tierra y su forma de vida libre de contaminación y desplazamientos. En consecuencia, se han proclamado en resistencia frente a distintos proyectos mineros que han pretendido imponerse en sus tierras, como sucede actualmente con la Empresa Nacional Minera (ENAMI). La Comisión de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos y la Naturaleza urge al Ministro del Interiorque revoque el Operativo Nacional Intag y el estado de excepción de facto de la comunidad de Junín y otras comunidades de la zona de Intag, por la falta de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y razonabilidad del mismo.