El dirigente de Junín, opositor al sistema económico extractivista y padre de cuatro hijos, Javier Ramírez, recuperó la libertad ayer, tras cinco horas de emitida la sentencia por parte del Tribunal de Garantías Penales de Imbabura.
Los magistrados llegaron a la conclusión unánime, conforme al artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, que dice: quien hiere, golpeare o maltratare de obra a alguno de los funcionarios, cuando éstos se hallen en actos ejercicio de sus funciones, serán reprimidos con uno a tres años de prisión.
También comprobaron, según los jueces, que Ramírez no utilizó ningún tipo de armas, que no se trata de un persona peligrosa y que la conducta en el la cárcel donde permaneció detenido 10 meses, según la Directora (e) ha sido excelente, por lo que modificaron la pena mínima, que dispone la Ley: 10 meses y en vista de que ya cumplió, dispusieron la inmediata libertad.
Con abrazos y aplausos fue recibido hoy, 10 de febrero del 2015, Javier Ramírez, campesino del valle de Intag, situado al occidente de la provincia de Imbabura , en el norte de Ecuador, luego de que abandonó el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Ahí permaneció privado de su libertad desde el 9 de abril del 2014, acusado del delito de rebelión.
Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.
El Gobierno quiere que la minería a gran escala termine de arrancar en el país y tomó tres decisiones a finales del año pasado para destrabar los proyectos estratégicos que están en carpeta desde el 2010 y que aún no han comenzado a producir. En esta lista están Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Loma Larga (Quimsacocha) y Panantza-San Carlos, que han tenido avances limitados según reconocen las mismas autoridades del sector.