Alrededor de 30 habitantes de la parroquia de Tundayme de la provincia Zamora Chinchipe llegaron a Quito hoy, 8 de junio, para presentar las medidas cautelares, que eviten el desalojo de los habitantes de la zona por las servidumbres mineras y para solicitar la suspensión del proceso de ampliación del Proyecto minero Mirador.
El documento de siete hojas fue ingresado hoy en la Sala de Sorteos y recayó en el despacho de la juez Margarita Judith Ortega Galarza, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia.
Para Luis Sánchez, habitante de la zona y presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social «Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), las medidas cautelares pretenden que el juez competente de Pichincha cese temporalmente la ampliación del proyecto de cobre y oro de la empresa Ecuacorriente y el desalojo de los habitantes por las servidumbres mineras.
Darwin Javier Ramírez Piedra, activista medioambiental y líder comunitario, sigue siendo blanco de acciones en su contra, en lo que parece ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras sobre el derecho de la comunidad al agua. Esto tendrá un efecto disuasorio sobre otras personas que deseen ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación.
La Cordillera del Cóndor, escenario histórico en la guerra Perú-Ecuador, aún continúa siendo un territorio en disputa, pero esta vez de carácter interno en una trama de tensiones entre organizaciones indígenas, gobiernos nacional y regional, y las empresas mineras.
Los resultados de la ‘Consulta de buena fe’ que se realizó el domingo pasado en Pacto, parroquia ubicada al noroccidente de Quito, fueron adversos para los planes del Gobierno de extraer recursos minerales de ese sitio.
El pasado martes 17 de marzo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 154 período de sesiones, recibió a una delegación ecuatoriana conformada por integrantes de la nacionalidad shuar, de la Asamblea de los Pueblos del Sur y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU. Esta delegación expuso la situación de dirigentes indígenas que denuncian la violación de derechos colectivos del pueblo shuar en el contexto de desarrollo de la minería a gran escala en su territorio.
Primeros impactos ambientales por presencia de empresas mineras en bosques comunitario
La sentencia a 10 meses de prisión del dirigente antiminero de Íntag Javier Ramírez sentó un precedente.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y la Asamblea de los Pueblos del Sur, con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)se dirigieron a la Relatoría para la Ejecuciones Extrajudiciales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (HCHR), para exponer la situación de conflictividad social que vive el pueblo shuar, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.
Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social «Cordillera del Cóndor Mirador», CASCOMI fue entrevistado este 19 de febrero de 2015, en el noticiero Notihoy, de Radio Centro en la ciudad de Quito.
No es un hombre de muchas palabras, pero sí de palabras fuertes. Javier Ramírez lleva pocos días de libertad, luego de haber pasado 10 meses en prisión bajo el cargo de rebelión contra el Estado.