Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social «Cordillera del Cóndor Mirador», CASCOMI fue entrevistado este 19 de febrero de 2015, en el noticiero Notihoy, de Radio Centro en la ciudad de Quito.

Durante la entrevista se relató las acciones que viene tomando la empresa EcuaCorriente, ECSA para desplazar a las personas que viven en territorios ancestrales de la Cordillera del Cóndor, para desarrollar la minería a gran escala.

Según manifiesta Sánchez, la empresa empezó adquirir tierras de forma ilegítima, a través de terceras personas y/o haciendo firmar acuerdos a sus habitantes en los que conste que se le había pagado por el terreno y que debían salir, también afirma:

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No es un hombre de muchas palabras, pero sí de palabras fuertes. Javier Ramírez lleva pocos días de libertad, luego de haber pasado 10 meses en prisión bajo el cargo de rebelión contra el Estado.

La sentencia se impuso el martes pasado y determinó que debía estar en la cárcel los mismos 10 meses, por lo que quedó libre. Ahora camina por las calles pese al dictamen de la Corte de Justicia de Imbabura, sigue diciendo que es inocente.

El día empieza en la comunidad de Junín, en Íntag. El sol ya alumbra el colorido y pequeño pueblito, que se ha caracterizado por oponerse a la actividad minera por cerca de dos décadas. Ramírez, con sus botas de jornalero, un pantalón azul, camiseta blanca y machete en mano, cruza la cancha de ecuavoley que se ubica casi en el medio del poblado. Lo acompañan tres turistas.

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El dirigente de Junín, opositor al sistema económico extractivista y padre de cuatro hijos, Javier Ramírez, recuperó la libertad ayer, tras cinco horas de emitida la sentencia por parte del Tribunal de Garantías Penales de Imbabura.

Los magistrados llegaron a la conclusión unánime, conforme al artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, que dice: quien hiere, golpeare o maltratare de obra a alguno de los funcionarios, cuando éstos se hallen en actos ejercicio de sus funciones, serán reprimidos con uno a tres años de prisión.

También comprobaron, según los jueces, que Ramírez no utilizó ningún tipo de armas, que no se trata de un persona peligrosa y que la conducta en el la cárcel donde permaneció detenido 10 meses, según la Directora (e) ha sido excelente, por lo que modificaron la pena mínima, que dispone la Ley: 10 meses y en vista de que ya cumplió, dispusieron la inmediata libertad.

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Con abrazos y aplausos fue recibido hoy, 10 de febrero del 2015, Javier Ramírez, campesino del valle de Intag, situado al occidente de la provincia de Imbabura , en el norte de Ecuador, luego de que abandonó el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Ahí permaneció privado de su libertad desde el 9 de abril del 2014, acusado del delito de rebelión.

Cientos de personas, entre familiares, amigos y simpatizantes, se concentraron desde las 08:30 a las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura en donde se esperaba la sentencia . Decenas de policías custodiaban el recinto.

Media hora después se conoció el veredicto : el Tribunal Primero de Garantían Penales de Ibarra le condenó a 10 meses de privación de la libertad, por supuestamente haber agredido a funcionarios y una camioneta de la Empresa Nacional Minera (Enami). El hecho habría sucedido el 6 de abril del 2014, mientras los técnicos de esa institución recorrían esta jurisdicción.

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Javier Ramírez Piedra es el presidente de la comunidad de Junín, una pequeña comunidad situada en los Andes ecuatorianos, en el Valle de Intag. Es agricultor y padre de familia, y se opone junto a otras familias de su comunidad al proyecto minero Llurimagua, impulsado por el estado ecuatoriano.

Está acusado de rebelión, sabotaje y terrorismo por parte de las mineras ENAMI-CODELCO y la fiscalía. Tales acusaciones son falsas pues no ha cometido ningún delito más que defender la vida y la naturaleza, si es que eso puede ser considerado un delito.

Sin embargo, está en prisión preventiva desde hace 10 meses. El juicio se celebra esta semana, y la semana próxima se dictará sentencia. Nos solidarizamos con Javier Ramírez y pedimos su libertad inmediata y sin cargos, pues conocemos a Javier y tenemos la total certeza de su inocencia. Desde la distancia, hemos observado un proceso plagado de anomalías e irregularidades desde la misma detención.

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Javier Ramírez Piedra es el presidente de la comunidad de Junín, una pequeña comunidad situada en los Andes ecuatorianos, en el Valle de Intag. Es agricultor y padre de familia, y se opone junto a otras familias de su comunidad al proyecto minero Llurimagua, impulsado por el estado ecuatoriano.

Está acusado de rebelión, sabotaje y terrorismo por parte de las mineras ENAMI-CODELCO y la fiscalía. Tales acusaciones son falsas pues no ha cometido ningún delito más que defender la vida y la naturaleza, si es que eso puede ser considerado un delito.

Sin embargo, está en prisión preventiva desde hace 10 meses. El juicio se celebra esta semana, y la semana próxima se dictará sentencia. Nos solidarizamos con Javier Ramírez y pedimos su libertad inmediata y sin cargos, pues conocemos a Javier y tenemos la total certeza de su inocencia. Desde la distancia, hemos observado un proceso plagado de anomalías e irregularidades desde la misma detención.

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Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.

El colectivo de comuneros que impulsa este proceso dejó listo el viernes anterior un cronograma que les permitiría cumplir los 180 días que les dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de rúbricas. El plazo corre desde el jueves pasado.

Ese día, el CNE entregó a la dirigencia de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, filial de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay y de la Ecuarunari, los formularios.

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Un grupo de entre 30 y 50 indígenas arrancará desde esta semana la recolección de las aproximadamente 1.493 firmas que se requieren para convocar a una consulta popular que revoque las licencias otorgadas para la explotación minera en el sector de Quimsacocha, provincia del Azuay.

El colectivo de comuneros que impulsa este proceso dejó listo el viernes anterior un cronograma que les permitiría cumplir los 180 días que les dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de rúbricas. El plazo corre desde el jueves pasado.

Ese día, el CNE entregó a la dirigencia de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, filial de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay y de la Ecuarunari, los formularios.

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Los hermanos Víctor Hugo y Darwin Javier Ramírez Piedra, líderes comunitarios y activistas medioambientales han sido acusados de rebelión pese a la falta de pruebas en su contra. Darwin Javier está detenido en espera de juicio desde abril de 2014 y Víctor Hugo se encuentra en libertad.  La organización considera que «los procedimientos penales contra ellos parecen ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras en el derecho al agua de la comunidad a la que pertenecen». 

Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la región de Intag, al norte de Ecuador, fue detenido el 10 de abril de 2014. Inicialmente se le llamó como testigo de un presunto ataque contra una delegación de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI) que tuvo lugar el 6 de abril de 2014, pero, pero posteriormente se le acusó de estar implicado en el mismo. Los miembros de la delegación de la ENAMI afirmaron que se encontraban viajando por la región de Intag para promover el proyecto minero de Lurimagua cuando siete personas bloquearon el paso de su vehículo, golpearon con los puños al conductor y arrojaron una piedra contra el parabrisas.

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Los hermanos Víctor Hugo y Darwin Javier Ramírez Piedra, líderes comunitarios y activistas medioambientales han sido acusados de rebelión pese a la falta de pruebas en su contra. Darwin Javier está detenido en espera de juicio desde abril de 2014 y Víctor Hugo se encuentra en libertad.  La organización considera que «los procedimientos penales contra ellos parecen ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras en el derecho al agua de la comunidad a la que pertenecen». 

Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la región de Intag, al norte de Ecuador, fue detenido el 10 de abril de 2014. Inicialmente se le llamó como testigo de un presunto ataque contra una delegación de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI) que tuvo lugar el 6 de abril de 2014, pero, pero posteriormente se le acusó de estar implicado en el mismo. Los miembros de la delegación de la ENAMI afirmaron que se encontraban viajando por la región de Intag para promover el proyecto minero de Lurimagua cuando siete personas bloquearon el paso de su vehículo, golpearon con los puños al conductor y arrojaron una piedra contra el parabrisas.

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