Serie sobre la Encíclica papal (Entrega No.5)
El Laudato Si’ no es el primer pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre el agua. Por ejemplo, en mayo del 2007, la Conferencia de Aparecida (1) declaraba que:
“Las aguas están siendo tratadas como si fueran una mercancía negociable por las empresas, y un bien disputado por las grandes potencias, denunciando los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, produciendo la eliminación de bosques, la contaminación del agua y convierten las zonas explotadas en inmensos desierto”.
Esta vez, la Encíclica papal Laudato Si’, en varios párrafos pone énfasis también en la importancia de proteger el agua. Por ejemplo señala que “El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales….” (Párr. 28). Esto está acorde con la Constitución del Ecuador que en su artículo 12 reconoce el derecho humano al agua. A pesar de esto, la situación del agua en nuestro país es gravísima.
Lunes, 8 de junio, 2015
Alrededor de 30 habitantes de la parroquia de Tundayme de la provincia Zamora Chinchipe llegaron a Quito hoy, 8 de junio, para presentar las medidas cautelares, que eviten el desalojo de los habitantes de la zona por las servidumbres mineras y para solicitar la suspensión del proceso de ampliación del Proyecto minero Mirador.
Darwin Javier Ramírez Piedra, activista medioambiental y líder comunitario, sigue siendo blanco de acciones en su contra, en lo que parece ser un intento de silenciar su campaña contra el impacto de las actividades mineras sobre el derecho de la comunidad al agua. Esto tendrá un efecto disuasorio sobre otras personas que deseen ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación.
La Cordillera del Cóndor, escenario histórico en la guerra Perú-Ecuador, aún continúa siendo un territorio en disputa, pero esta vez de carácter interno en una trama de tensiones entre organizaciones indígenas, gobiernos nacional y regional, y las empresas mineras.
Los resultados de la ‘Consulta de buena fe’ que se realizó el domingo pasado en Pacto, parroquia ubicada al noroccidente de Quito, fueron adversos para los planes del Gobierno de extraer recursos minerales de ese sitio.
El pasado martes 17 de marzo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 154 período de sesiones, recibió a una delegación ecuatoriana conformada por integrantes de la nacionalidad shuar, de la Asamblea de los Pueblos del Sur y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU. Esta delegación expuso la situación de dirigentes indígenas que denuncian la violación de derechos colectivos del pueblo shuar en el contexto de desarrollo de la minería a gran escala en su territorio.
Primeros impactos ambientales por presencia de empresas mineras en bosques comunitario
La sentencia a 10 meses de prisión del dirigente antiminero de Íntag Javier Ramírez sentó un precedente.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y la Asamblea de los Pueblos del Sur, con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)se dirigieron a la Relatoría para la Ejecuciones Extrajudiciales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (HCHR), para exponer la situación de conflictividad social que vive el pueblo shuar, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.