El conversatorio tenía la finalidad de exponer la real preocupación de los pobladores ante la falta de compromiso de autoridades del país y empresas mineras con el cumplimiento de ofrecimientos, y sobre todo con el daño ambiental que, según manifestaron, está evidenciándose en los recursos naturales de la zona.
Jomar Cevallos, alcalde del cantón, inició el conversatorio. En su intervención manifestó las acciones que han ejecutado como Municipio para apoyar la lucha de las comunidades y aportar a la conservación natural.
Indicó que una de esas acciones es la creación de la Empresa Pública de Turismo y Energía Renovable, para generar políticas que permitan el desarrollo en esas áreas. Asimismo para este 2017 explicó que se ha creado la Dirección de Ambiente, la cual no existía en el cantón y a través de la cual se podrá ejercer mayor incidencia en la lucha anti minera.
En Íntag Por otro lado informó que el 80% de la zona de Íntag está en proceso de ser concesionada, es decir unas 8.536 hectáreas en proceso, tomando en cuenta que son 10.700 hectáreas ya concesionadas. De igual forma calificó la situación como “sumamente preocupante”, porque son más comunidades las que se ven inmersas en las concesiones.
Los representantes que participaron del conversatorio acordaron un rechazo debido a la falta de consulta previa y su preocupación ante la intervención del territorio sin ser tomados en cuenta.
Nelson Betancur, presidente del Gobierno Parroquial de Apuela, habló sobre la realidad de esa parroquia, indicando que se encuentran en concesión 7.000 hectáreas, las que también contemplan ocho fuentes hídricas de captación. «No hemos sido consultados”, expresó, y sostuvo que es lo que más molesta a los pobladores, ya que dijo que con ello existe vulneración de derechos.
Por otro lado Betancur anunció que como parroquia tienen propuestas alternativas referentes a la conservación ambiental, generación de un sistema de energía renovable, actividades para impulsar la productividad y otros.
Añadió que la minería solo genera daños: “afecta a nivel de todo el cantón, no solo a las seis parroquias de Íntag. Se ha hecho un pronunciamiento en agosto y el 14 de este mes se planifica otro, ratificando que tenemos el derecho a la consulta previa en cuanto a las actividades de minería en la parroquia”.
También intervino José Garzón, presidente de la Junta Parroquial de Cuellaje, quien manifestó que están trabajando en la concientización a la gente en cuanto a la reforestación, mantenimiento de fuentes de agua y protegiendo las partes altas a fin de fortalecer la conservación ambiental.
“Cuellaje no pensaría en hacer minería porque la agricultura da suficiente para abastecer las familias y mercados”, añadió al explicar que, al igual que otras comunidades, se tienen alternativas de desarrollo y subsistencia, ajenas y en contra a la minería.
Polibio Pérez, vocal del Gobierno Parroquial de García Moreno, hizo énfasis en cuanto al derecho a tener títulos de lo que pasa en la zona: “se ofrecieron regalías pero hasta el momento no han desembolsado un dólar. La empresa minera lo único que ha ido es a destruir.»
Acciones Por su lado Javier Ramírez, coordinador de la veeduría comunitaria de Junín, hizo referencia a los hallazgos dentro de este proceso, explicando que a pesar de las denuncias no se han visto acciones de parte de autoridades.
Sostuvo que recursos como el agua ya se ven afectados con la contaminación, ya que se ha presentado cambio en su PH, conductividad y otros indicadores. Indicó que en febrero tendrán una tabla de resultados sobre los serios impactos en el agua y otros recursos que afectan al ambiente y calidad de vida de pobladores.
Además de asambleas y reuniones con los comuneros para fortalecer el apoyo y lucha, Cevallos sostuvo que se pretende cristalizar acciones referentes a sanciones y análisis de la intervención de las empresas Codelco y Enami en la zona, en específico sobre el incumplimiento de licencia ambiental, estudios e impactos y otros tras su intervención.
Añadió que con la creación de la Dirección de Ambiente del Municipio se podrá fortalecer los procesos en cuanto a conservación ambiental e impulso de actividades en beneficio de esos sectores afectados. (CFDA)
Los acontecimientos suscitados en Nankints, ubicado en la provincia de Morona Santiago, al sur del país, develan la actitud prepotente del gobierno ecuatoriano que ha buscado imponer su política extractivista haciendo caso omiso a los derechos de las comunidades afectadas, los cuales no pueden ser sometidos a intereses económicos; más aún cuando los cálculos económicos no se compadecen con los volátiles precios que tienen en el mercado los minerales a explotarse, los que están cayendo sistemáticamente, ni toman en cuenta el inmenso pasivo ambiental y social que este proyecto dejará a su paso.
La tensión se mantiene. La policía retomó ayer el control de las instalaciones del proyecto minero Panantza-San Carlos, en el cantón San Juan Bosco, parroquia Panantza, en Morona Santiago. Los indígenas, sin embargo, insisten en que es territorio ancestral y anuncian que darán pelea.
La militarización del territorio shuar provoca mayor violencia y violaciones de Derechos Humanos. CONAIE exige cese al terror impuesto por las operaciones de las FFAA en #Nankints
Siete policías resultaron heridos por perdigones, en un enfrentamiento con un grupo de indígenas de la nacionalidad shuar que se tomó ayer las instalaciones de la empresa minera Exsa (filial de Ecuacorriente), concesionaria del proyecto minero Sanpan, ubicadas en Panantza, cantón San Juan Bosco, en Morona Santiago.
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