Un mensaje de diez líneas en facebook puede costarle a Agustín Wachapá una condena de hasta tres años de cárcel. A primera hora de este miércoles, este líder de la comunidad shuar de Ecuador comparecerá en un tribunal de la provincia de Morona Santiago por una acusación de incitar a la violencia contra la policía. En diciembre de 2016 la comunidad shuar se manifestaba contra la concesión de licencias mineras en su territorio amazónico por parte del gobierno del presidente Rafael Correa.

Wachapá escribió un mensaje para movilizar a los suyos, diciendo que nunca se rindieran y menos «entregar las minas» de su territorio. Wachapá fue encarcelado, pasó cuatro meses en prisión preventiva y sólo salió tras pagar 6.000 dólares de fianza, a la espera del juicio.

Pero la organización Human Rights Watch (HRW) denuncia que la persecución judicial no vino sola, sino que forma parte de una secuencia iniciada desde el poder ejecutivo. «Este caso provocó mucha preocupación en el movimiento indígena-explica a La SER Luciana Téllez, investigadora de HRW-, porque se dio en un clima de intimidación por parte de la administración de Correa«.

En un informe presentado esta misma semana, la organización acusa al expresidente de propiciar esas campañas de acoso, empezadas con «declaraciones muy hostiles por parte del presidente y vicepresidente en cadenas de televisión nacional», seguidas por las actuaciones del ministerio del Interior y de la fiscalía. «Los cargos penales que analizamos en nuestro informe son infundados, no vemos que haya evidencia para mantener acusaciones que en su mayoría son contra líderes indígenas que se opusieron a la minería y la explotación petrolera en la Amazonia.

No sólo se trataba de persecuciones individuales, sino de que el gobierno de Correa dictó un decreto que le permitió clausurar arbitrariamente organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Pachamama.

Human Rights Watch recoge un cambio de actitud por parte del nuevo gobierno de Lenín moreno, que se concreta en haber puesto fin al hostigamiento desde los medios. «No se han abierto nuevas causas contra líderes indígenas ni ambientalistas» aclara Téllez, pero critican que se sigan sin abordar los procesos judiciales de forma correcta y que la legislación utilizada contra las ongs no haya sido derogada por completo.

Por ejemplo otro líder comunitario shuar, Pepe Acacho, está pendiente de resolución de una condena por un delito menor de «impedir el libre tránsito de vehículos, personas y mercancías» durante otra protesta indígena contra una ley minera. El problema es que Acacho fue encontrado culpable de este delito sin haber siquiera ser acusado de él durante el juicio. Originariamente, en 2013, fue juzgado por terrorismo y condenado a 12 años de cárcel.

En enero de este año Acacho fue absuelto por ese delito en la Corte Nacional de Justicia, pero condenado por los otros delitos arriba mencionados. Como estos delitos no figuraban en la causa inicial, HRW explica que ni siquiera pudo defenderse de ellos porque simplemente no constaban.

Esta organización de derechos humanos alaba que el presidente Moreno se haya acercado a este movimiento y se haya reunido con sus líderes. Pero tiene que pasar la página del periodo ‘Correa’ poniendo fin al uso de los tribunales para amedrentar a los movimientos indígenas ambientalistas.

Fuente:http://cadenaser.com/ser/2018/03/28/internacional/1522227100_932267.html

El reclamo se hizo en los exteriores de la Presidencia. Dirigentes marcharon desde el noroccidente.

Una marcha llegó ayer a los exteriores del Palacio de Gobierno para mostrar su rechazo a la minería metálica en el país. Ecologistas, líderes campesinos e indígenas, junto a los habitantes de territorios como Tundayme y Kimsacocha, del noroccidente de Quito, y la Amazonía, estuvieron presentes.

Cientos de personas llegaron desde San Miguel de Los Bancos, Nanegalito, Gualea y Pacto, y se sumaron a la protesta de las mujeres amazónicas en la Plaza Grande.

Inti Arcos, vicepresidente de la junta parroquial de Nanegalito, mostró una lista de 44 concesiones mineras en el noroccidente de Quito, de las cuales, algunas se encuentran en revisión para ser anuladas. Sin embargo, el objetivo es eliminar todas, señaló.

“Tenemos una gran cantidad de concesiones que están pendientes, como la de Urcutambo, en la parroquia de Pacto; otras en Gualea, en Lloa y otras vigentes”, aseguró. Por eso, pidió la revisión de todas.

En medio de los tambores y cantos antiminería, Ángel Flores, habitante de Íntag, en Imbabura, también mostró su descontento por las actividades mineras en esa zona. “La biodiversidad en nuestro territorio está en riesgo por la minería”, dijo.

Versión oficial
Verónica Arias, secretaria de Ambiente de Quito, indicó a este Diario que desde el Municipio se insiste en la anulación de las concesiones mineras en la capital ante el Ministerio de Minería. Además, aseguró que existen concesiones en áreas protegidas como Pachijal, Maquipucuna y Yunguilla.

El pasado 16 de marzo, la Secretaría de Ambiente envió a la Cartera de Minería una solicitud para la extinción de concesiones mineras en el noroccidente de Quito. El pedido se extiende a las áreas de conservación privadas y de bosques protectores.

44
concesiones mineras hay en el noroccidente de Quito de acuerdo con quienes protestaron. La marcha realizada ayer propone que se emita una declaratoria de Reserva de Biósfera ante la Unesco, en favor del ecosistema del núcleo del Chocó Andino. Esta propuesta cuenta con el respaldo de los ministerios de Minería y de Ambiente, que emitieron un informe de la zona a inicios de este mes.

“A la fecha no existe ninguna concesión otorgada a través del proceso de subasta y remate en la zona núcleo mencionado”, cita un informe enviado por el Ministerio de Minería al presidente, Lenín Moreno, al que tuvo acceso este Diario.

El documento señala que ese Ministerio archivó ocho áreas que se encontraban graficadas, que no fueron incluidas en la planificación minera anual, y que se obtuvo la renuncia voluntaria por parte de la compañía Emsaec EC de dos concesiones que estaban debidamente inscritas en Calacalí y Nanegalito. (LGP) 

Fuente:https://lahora.com.ec/noticia/1102144316/carondelet-recibe-una-protesta-en-contra-de-la-mineria-metalica

Ecuatorianos marchan contra las concesiones mineras por Quito, el 22 de marzo de 2018.

El 15% del suelo ecuatoriano, unos dos millones de héctáreas, se encuentra concesionado a mineras.

Al grito de “no queremos minería”, ecuatorianos marcharon este jueves por el centro de Quito, la capital del país, para exigir la extinción de las concesiones mineras, que —según denuncian— ponen en riesgo el agua y la mega-biodiversidad en el país, además del hogar de miles de familias.

La marcha fue convocada por comunidades del noroeste de la provincia de Pichincha, a pocos kilómetros de Quito, pero a ella se unieron habitantes de otras regiones del país, como la Amazonía y el sur de la Sierra.

“Queremos que el Ecuador camine hacia un rumbo de sostenibilidad, un nuevo rumbo de vida”, declaró Inti Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino del Nanegalito, a 70 kilómetros al noroeste de Quito, que enumeró las tres demandas concretas que exigen al Gobierno del presidente Lenín Moreno: Fin a las concesiones mineras, que se declaren 100 años de moratoria minera [para revisar las concesiones, prohibir el uso de agentes tóxicos, derogar licencias que violen las leyes, etc.] y la desgraficación [eliminación de mapa minero] del territorio.

Ecuatorianos marchan contra las concesiones mineras, Quito, 22 de marzo de 2018. / Edgar Romero / RT

Un comunicado que difundió en la marcha la agrupación Caminantes, espacio de articulación nacional antiminera del Ecuador que participó de la movilización, señala que “2 millones de hectáreas, casi el 15 % del suelo ecuatoriano, todavía se encuentran concesionadas” a mineras, en su mayoría “empresas transnacionales”.

Según denuncian, Ecuador, uno de los países más biodiversos del planeta, tiene al menos cinco áreas importantes de especiación —Chocó, Tumbes, Andes, Amazonía y valles internos de las cordilleras— que están “amenazadas por concesiones mineras que atraviesan al país”.

Un documento del Ministerio de Minería señala al menos cinco proyectos estratégicos en la materia: San Carlos Panantza, Loma Larga, Río Blanco, Mirados y Fruta del Norte, donde se extrae cobre, oro, plata y molibdeno.

Desalojo y contaminación

A lo largo de la historia el modelo extractivo ha demostrado, señala el texto de Caminantes, “que profundiza la pobreza, desconoce los procesos comunitarios, sostiene una clase política dominante y promueve el enriquecimiento ilícito”.

Mercedes Taich, de la provincia de Morona Santiago, sureste de Ecuador, denuncia que en agosto de 2016 un grupo de militares ingresaron a una comunidad indígena Shuar por su resistencia al proyecto minero San Carlos Panantza. “Nosotros no queremos plata, sino territorio, donde siempre el pueblo Shuar vivió del trabajo del campo”, subraya.

Silvia Crumbango, de la parroquia de Peñaherrera, perteneciente al cantón de Cotacachi, ubicada en la zona de Intag, en la provincia norteña de Imbabura, asegura que las empresas mineras que operan en la zona se han apropiado de terrenos que eran de los pobladores y han acabado con el “turismo comunitario” que ofrecían, además de contaminar una de las dos cascadas a las que accedían.

Reserva de Biosfera

El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, asegura que en octubre del año pasado pidieron a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que fuera declarado como Reserva de Biosfera el Chocó Andino, en el noroeste de la provincia.

Asimismo, denuncia que un mes después formalizarse dicha petición se otorgó una última concesión minera a la firma australiano-canadiense Valle Rico Resources, en San Miguel de los Bancos, dentro del Chocó Andino.

 

Ecuatorianos marchan contra la minería, Quito, 22 de marzo de 2018.

/ Edgar Romero / RT

Alfonso Romero, de San Miguel de los Bancos, sostiene que en la zona hay concesionadas 3.200 hectáreas que ponen en peligro la labor de agricultores y ganaderos, que con sus productos abastecen a las ciudades de Ecuador, en especial a Quito.

“La minería pone químicos muy fuertes como cianuro, mercurio, lo que influye en los productos del campo que consumen todos los ecuatorianos”, denuncia, por su parte, Genaro Andino, de Palo Quemado, parroquia de la provincia de Cotopaxi, donde ya hubo una explotación minera, que —según dice— quieren reactivar.

En febrero se dijo ‘No’ a la minería

Los manifestantes recuerdan que el pasado mes de febrero los ecuatorianos votaron a favor de prohibir la minería metálica en el país, en una consulta popular en la que los ciudadanos contestaron a siete preguntas sobre diversos temas de interés general.

El 68,62% de los ciudadanos que votaron respondieron afirmativamente a la pregunta ‘¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?’.

Con ese resultado, se resolvió agregar un inciso al artículo 407 de la Constitución ecuatoriana que reza: “Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”. Esa modificación obligó también a reformar un articulado del Código Orgánico de Ambiente.

Joven prepara un cartel antes de comenzar la marcha contra la minería, Quito, 22 de marzo de 2018.

/ Edgar Romero / RT

Sin embargo, el colectivo Caminantes denuncia que la ministra de Minería, Rebeca Illescas, “promocionó la gran capacidad de explotación de minerales en Ecuador” en la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés) 2018.

En esa oportunidad, Illescas dijo que Ecuador “gestiona una minería social, ambiental y transparente entre el Estado, la comunidad y la empresa privada”. Sobre esta cuestión, los manifestantes creen que la funcionaria “mintió” sobre el éxito en la aplicación de la consulta previa que debe hacerse a las comunidades antes de realizar las actividades mineras.

Según un estudio del Banco Central del Ecuador, dado a conocer por el Ministerio de Minería, las actividades extractivas no petroleras aportarán más de 1.000 millones de dólares al país en 2018.

Edgar Romero.

Fuente:http://eju.tv/2018/03/no-queremos-mineria-marcha-en-ecuador-para-pedir-el-fin-de-las-concesiones/

Los sectores de Nono, Calacalí, Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto, ubicados al noroccidente de Quito, fueron declarados como áreas libres de minería en 2016 por ordenanza municipal.

Sin embargo, sus habitantes programaron una marcha hoy en  rechazo a esta actividad. La consigna es “permanecer movilizados hasta ser atendidos”, de acuerdo con un comunicado del Frente de Defensa por la Vida. Los moradores consideran que la minería imposibilita el desarrollo de otras actividades como el ecoturismo, la ganadería y agricultura.

La actividad minera se realizaba a través de túneles en Buenos Aires, La Victoria y Paraíso; y, a cielo abierto, en Santa Teresita y San Francisco de Pachijal, según la gobernación de Pacto.

Las minas fueron clausuradas en 2016. A pesar de ello, los voceros del Frente de Defensa por la Vida aseguran que existen compañías que insisten en reabrirlas.

Guillermo Laspina, del Frente, afirma que en noviembre del año pasado se otorgó una última concesión minera, en favor de la firma australiano-canadiense Valle Rico Resources, sobre un terreno de 13.924 hectáreas.

EL DATO
La marcha saldrá del colegio San Miguel de Los Bancos a las 05:30. Avanzará por Mindo, San Tadeo, la Armenia y San Antonio de Pichincha, hasta llegar a las 11:30 a los exteriores de la Prefectura de Pichincha y después a la Plaza Grande.Los trabajos de exploración se realizan, según indicó, en el bloque San Miguel 1, en San Miguel de los Bancos. Este terreno, de 4.230 hectáreas, sería el primero de cuatro bloques considerados dentro de la concesión.

“Esta es una zona de ganaderos. Un proyecto minero a gran escala afectaría a las fuentes de agua, la gran riqueza de flora y fauna. Las actividades turísticas, la agricultura y la ganadería se pueden afectar,” dijo.

El problema se agrava, agregó, porque algunos de los habitantes han puesto en venta sus fincas y la pierden cuando el comprador se entera de la concesión minera.

Los proyectos otorgados
En mayo de 2017, pocos días antes de la posesión del presidente, Lenín Moreno, el entonces ministro de Minería, Javier Córdoba, anunció la entrega de nuevas concesiones y la actualización del catastro minero.

Se trata de concesiones de hasta 5.000 hectáreas en diferentes áreas, como en Pichincha. Por ejemplo, la concesión en San Miguel de los Bancos, otorgada a la empresa Valle Rico que contemplaba 14.000 hectáreas y una inversión de 84,4 millones de dólares.

155
kilómetros recorrerá la marcha. Valle Rico Resources S.A. es la acreedora de este derecho minero que fue hecho el 16 de noviembre de 2017; pero, de acuerdo con información proporcionada por la jefatura Política de Los Bancos, la empresa habría ya renunciado a las concesiones políticas de la zona.

“Los ministerios de Minería y del Ambiente continúan con los trámites que ratifiquen la desgraficación del catastro minero de las áreas concesionadas”, cita un comunicado de la Jefatura. “No existe concesión de minería metálica en la zona del Chocó Andino”, agrega.

Este Diario tuvo acceso a documentos de los ministerios de Minería, de Ambiente y de la empresa Valle Rico Resources que ratifican esta información. (LGP)

Fuente:https://lahora.com.ec/noticia/1102144115/el-noroccidente-de-quito-protesta-contra-la-mineria

Desde las 06:00 de ayer, las autoridades y habitantes de la parroquia 6 de Julio Cuellaje en el cantón Cotacachi, protagonizaron una media de hecho para impedir que los representantes de la empresa minera presente en la zona, continúen realizando visitas puerta a puerta a los comuneros para hablarles sobre los beneficios de la minería. Piden que se realice una socialización ampliada con la participación de todos los habitantes de la localidad.
José Garzón, presidente del GAD Parroquial Rural de Cuellaje, expresó: “hemos tomado esta medida de hecho, suspendiendo las actividades internas de la parroquia, para impedir que salgan a realizar las actividades puerta a puerta, eso es lo que rechazamos nosotros”, indicó.

Medida de hecho

Los lugareños bloquearon con vehículos en los ingresos a las comunidades de San Joaquín, La Magdalena y Peñaherrera, además un aproximado de unos 150 moradores, se apostaron en las vías en rechazo al trabajo que cumplen los técnicos de la empresa minera Enami Cornestone.
Los comuneros aducen que en la socialización puerta a puerta no únicamente se está hablando de la extracción minera, sino más bien se está realizando ofrecimientos de trabajo y becas estudiantiles, por tal motivo resolvieron realizar una paralización de todas las actividades y cierre de vías.

Piden presencia de autoridades

Garzón manifestó que las autoridades del gobierno deberían estar desde hace mucho tiempo en este territorio para socializar con todas las comunidades el tema de la extracción minera, sin embargo no lo han hecho.  “A la gobernadora ni siquiera se le ha visto por este sector, en vista de que no ha habido acercamientos de socialización ni presencia de las autoridades del gobierno, el pueblo de Cuellaje se ha visto obligado a tomar otro tipo de medidas ante esta actividad minera, la cual rechazamos rotundamente”, indicó Garzón.
Recalcó que este jueves 22 de marzo tienen planificado participar de una marcha en Quito, en rechazo a los acuerdos entre el Gobierno de Ecuador y Chile, para intensificar la minería en la zona de Íntag con el proyecto Llurimagua.
Además Garzón cuestionó: “¿para qué se gastó tanto dinero en una consulta, si al mes y medio hacen burla al pueblo ecuatoriano?, eso nos enoja. Por lo menos los representantes de gobierno deberían conocer la zona de Íntag y más que pensar en el oro , la plata y el cobre que están bajo la tierra, se debería apoyar a la agricultura y al turismo”. (EOCF)

FRASE 

“Primero somos pisoteados y después quieren socializar puerta a puerta. Esto tienen que socializar de manera ampliada y pormenorizada”.

JOSE GARZÓN
PRESIDENTE CUELLAJE

Fuente:https://lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102144107/en-cuellaje-piden-una-socializacion-ampliada-del-tema-minero-

Quito, .- El frente ciudadano por el agua y la vida, conformado por campesinos, agricultores, emprendedores turísticos, activistas, y algunas autoridades de los gobiernos parroquiales de Nanegalito, Pacto, Gualea, Nono y San Miguel de los Bancos, con su parroquia de Mindo, convocaron a una Marcha ciudadana por la Vida y por el Agua, que se realizará el jueves 22 marzo. La movilización busca incidir en la sociedad y en las autoridades gubernamentales sobre la urgencia de proteger y defender el territorio, el agua, las comunidades y los bosques del Chocó Andino, localizado en el noroccidente de Pichincha una parte de la provincia de Imbabura.

La marcha llegará desde varias parroquias rurales de Quito, que se encuentran en el noroccidente de Pichincha para exigir de las autoridades correspondientes la extinción de las concesiones mineras en el Distrito Metropolitano de Quito, la provincia de Pichincha y todo el Ecuador.

SIGNIS Ecuador, la Asociación Católica de Comunicación, decidió adherir a la marcha y realizar una cobertura informativa de forma conjunta con la radio comunitaria digital RB Radio. Según informó el presidente de los comunicadores católicos, Fabián Iza, los católicos estamos llamados por el papa Francisco, en su Encíclica Laudato Si, a cuidar y defender la Casa Común, por lo que esta marcha es una oportunidad para que podamos expresar nuestro compromiso como organización y como cristianos por la defensa de la vida y del agua.

De igual manera, el Capítulo Ecuador del Movimiento Católico Mundial por el Clima, MCMC, decidió adherir a la movilización contra la minería en el Noroccidente de Quito y en el Ecuador, para hacer cumplir el principio del cuidado integral de la vida. Según expresa la Directora Adjunta del Capítulo MCMC Ecuador, Ana Ortega, es necesario defender la vida y evitar que «los mismos ecuatorianos sufran directamente los efectos de la actividad minera».

Puntos de encuentro

Los organizadores de esta movilización ciudadana han previsto varios puntos de concentración, para luego agruparse en una sola marcha que busca llegar hasta las afueras del Palacio de Gobierno, para entregar en la Presidencia de la República la demanda de las comunidades en defensa del agua, los bosques del Chocó Andino y en contra de la minería a cielo abierto.

Los sitios de concentración son:
1) San Miguel de los Bancos 5h30 (gente del centro poblado y de sus recintos)

2) Parque de Mindo 6h00 (comparsa artística Antiminera, mujeres, niños, voluntarios…)

3) Y de la Armenia 8h00 (Chiva – preparada por jovenes de la Comisión de publicidad, Unión con delegaciones de jóvenes de la Armenia, delegaciones de Pacto, Gualea, Nanegal y Nanegalito) – CAMINATA COLECTIVA HASTA EL PARQUE DE NANEGALITO.

4) MITAD DEL MUNDO 9h40: Parque UNASUR – Colectivos Calacali; Delegación Yunguilla. Representantes del Pueblo Quitu Cara. Parada simbólica AUTORIDADES – inicio del Fuego Nuevo

5) Encuentro en Plaza de la República GADP Pichincha con delegaciones NACIONALES (Amazonía, Imbabura, Azuay…), Ecuarunari, Conaie, Colectivos urbanos, ciudadanos, Caminantes.

11h00 Rueda de Prensa

6) Caminata colectiva hacia la Presidencia de la República, la avenida 10 de agosto. Encuentro con Alcalde que se sumará a la marcha.

Se estima llegar a la plaza grande 12h30

Redacción: SIGNIS ALC

Fuente:http://signisalc.org/noticias/ecologia/20-03-2018/marcha-ciudadana-por-la-vida-y-el-agua-se-realiza-en-quito