La Sala Constitucional resolvió con lugar un recurso de amparo que obliga al Poder Ejecutivo a declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto. Así la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) se ven obligados por mandato de la Sala a reglamentar la Ley 8904, a fin de prohibir esta práctica en el país.
Los magistrados le dieron al Poder Ejecutivo dos meses de tiempo para que se reglamenten y elaboren los protocolos sobre el almacenamiento, transporte, uso y manipulación de los materiales metálicos, conforme lo establecido en el Transitorio VII de dicha ley.
La justificación del retraso, dada por parte de los funcionarios, no convence a la Sala, esto porque ellos le otorgan la culpa a las administraciones pasadas que permitieron dichas prácticas en el país.



El integrante del parlamento de Canadá,
La Fiscalía costarricense pidió hoy a un tribunal que condene a 12 años de prisión al exministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles, por firmar resoluciones ilegales para la construcción de una mina de oro a cielo abierto a cargo de una empresa canadiense.
COMUNICADO DE PRENSA
La segunda ronda de campaña electoral en Costa Rica para los comicios presidenciales con un solo candidato concluyó sin mítines ni debates. Pero hay un gran tema en juego. Hace años, la empresa canadiense Infinito Gold, sucesora de Vanessa Resources, obtuvo una concesión cerca del río San Juan, frontera con Nicaragua, para minería de oro a cielo abierto empleando cianuro. Los políticos, los funcionarios de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Procuradoría, todos favorecieron el proyecto. El oro daría beneficios para la empresa pero también para ese pequeño país. El propio ex presidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, estuvo decididamente a favor del proyecto.
Líderes del grupo opositor al proyecto minero Crucitas recomendaron este jueves que Costa Rica no debería asistir al arbitraje internacional al que la empresa canadiense Infinito Gold pretende llevar al país por haber desistido de esta explotación de minería a cielo abierto. La demanda de la minera fue planteada ante el Centro el Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano adscrito al Banco Mundial.