El día 3 de junio en el departamento del Tolima nos movilizamos en la 8va versión de la Marcha Carnaval más de 120.000 personas. En el departamento del Quindío y Caquetá también se sumaron manifestaciones culturales contra la “locomotora” minero-energética.

De manera pacífica, alegre, cultura y con contundencia rechazamos el modelo económico extractivista que se impone de manera dictatorial por el gobierno nacional y cuyo desarrollo afectaría el derecho al agua de quienes habitamos en este territorio colombiano y de las futuras generaciones.

Nuestras consignas de garantizar el derecho al agua, al ambiente sano, pero sobre todo a ese derecho universal a la vida de los seres humanos y naturaleza en general, sigue siendo un acto perseguido y estigmatizado no solo por el gobierno sino también por grupos armados que desean perpetuar los conflictos socio-ambientales en Colombia.

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Cajamarca, Ibagué y el Tolima se han convertido en referente nacional e internacional como estandartes de la defensa del ambiente sano, el territorio y el agua, en contra de la “locomotora minera” impulsada a raja tabla por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Las consultas populares, las multitudinarias marchas carnaval y su consigna plural “por la vida”, empiezan a ser emuladas en distintas regiones de Colombia y América Latina.

Ya no se trata del movimiento de resentidos y marihuaneros, como gustaba llamarlo a cierto sector de los medios y de la “dirigencia” económica y política del Tolima, sino que se ha convertido en una ingente vitrina de la diversidad cultural, política, sexual e intergeneracional de la ciudad y el departamento.

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En una marcha sin precedentes en Armenia, más de 10.000 personas recorrieron este viernes las calles de la ciudad con disfraces, pancartas y arengas en rechazo de la explotación minera en el departamento.


Estudiantes, grupos de la tercera edad, mandatarios, políticos, funcionarios públicos, ambientalistas y hasta las mascotas se unieron a la primera Marcha Carnaval en defensa del agua, la vida y el territorio, convocada desde hace varias semanas tras conocerse las propuestas de concesión minera que amenazan el valle de Cocora y varios municipios del Quindío.

Durante una sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Silvana Habid, que recientemente estuvo en Armenia, reveló que en el departamento hay 51 títulos vigentes, que corresponde al 7,39 por ciento de su territorio.

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Una de las principales preocupaciones de las comunidades que protestan en Nariño en el marco de la minga indígena está relacionada con el territorio y de manera particular con la gran minería la cual es rechazada de manera tajante por las comunidades asentadas en Nariño.

La líder Indígena Allis Puchana desde Mallama en el pie de monte costero donde se presentan cierres intermitentes se refirió a esta preocupación, asegurando que “las grandes multinacionales de Minería quieren meterse a los territorios donde están ubicados nuestros resguardos, sin siquiera hacer la consulta previa y poniendo en riesgo a quienes habitamos en esa tierra”.

“Nos hemos unido indígenas con nuestros compañeros campesinos y afro, para rechazar la gran minería porque el territorio es preocupación de todos y por eso seguiremos protestando en las carreteras hasta que se nos dé una respuesta”, dijo en tono enérgico la mujer indígena.

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1 de junio de 2016

La Corte Constitucional tumbó una norma que se los impedía porque violaba la ley orgánica.
En el municipio de Salento- donde se ubica el valle de Cocora- hay cinco títulos mineros vigentes según la Agencia Nacional de Minería.

En el municipio de Salento- donde se ubica el valle de Cocora- hay cinco títulos mineros vigentes según la Agencia Nacional de Minería.

La Corte Constitucional hizo público el comunicado de la decisión que tomó la semana pasada y que lleva a que alcaldes y concejos municipales puedan prohibir la minería en sus regiones.

El alto tribunal tumbó el artículo 37 del Código de Minas que les impedía a los entes territoriales prohibir la minería. Esto porque la mayoría de la Sala Plena de esta institución consideró que esa ley, que afecta la vida de las regiones y que es un asunto relacionado con la distribución de las competencias de los entes territoriales y la Nación, debía tramitarse por una ley orgánica y no ordinaria.

Las leyes orgánicas se diferencian de las ordinarias porque para su aprobación el nivel de votos debe ser mayor en el Congreso, con el fin de que tengan mayor representación las comunidades. Estas leyes exigen más que una mayoría simple para su aprobación, pues en algunos casos debe ser absoluta o cualificada.

La Corte también dice que en este caso no había cosa juzgada. En una sentencia del 2014 sobre el mismo tema, el alto tribunal definió si esa norma violaba la autonomía de las alcaldías. En ese fallo la Corte mantuvo el artículo pero dejó claro que en los casos de minería la Nación debe ponerse de acuerdo con el ente territorial.

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19 Mayo 2016
Rechazar la minería en las urnas es la alternativa que el alcalde de Córdoba –en Quindío–, Guillermo Andrés Valencia, concejales y habitantes de la localidad encontraron para detener la posible la explotación de oro en el municipio.

Fuente: El Tiempo

Aunque la consulta popular ha venido sonando mucho en el departamento, este es el primer municipio que formalmente decidió que sí efectuará la convocatoria. “Queremos apostarle a la consulta popular para blindarnos en contra de este monstruo grande (minería) que quiere llegar al municipio”, dijo el alcalde.

El abogado Felipe Robledo, quien apoya el proceso, explicó que según la Ley 134, la decisión tomada por el pueblo sería de obligatorio cumplimiento.

“Si a través de una consulta popular nosotros manifestamos nuestra negativa a los megaproyectos en el territorio, podemos demandar al Estado por la vulneración de los derechos, en el caso de que quieran desconocerla”.

El temor de que la minería llegue a este municipio que suministra agua a varios sectores de Montenegro, La Tebaida, Barcelona, Calarcá, Armenia y Buenavista se originó desde marzo pasado, luego de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) informó sobre el trámite de estudio de una concesión minera entre Córdoba y Pijao (Quindío).

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 Mayo 22, 2016

Santiago Cruz Hoyos

Stephen Ferry lleva dos anillos en sus manos. Ambos son de plata.

– El oro nunca me ha atraído como tal.

Nació en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. En su barrio había una tienda fotográfica con laboratorio de revelado, así que él acostumbraba a ir para que le enseñaran “cosas”. A los 13 ya sabía revelar. También tomaba fotos, por supuesto.

Eran años en los que su país pasaba por momentos  turbulentos a causa de la guerra de Vietnam. Stephen tomaba el periódico y  revistas como Life para mirar las fotos que podían explicarle lo que estaba pasando. Para entonces, muy en el fondo, ya sabía lo que quería ser: reportero gráfico.

– Lo que me atrae del oro es su historia. La historia de la minería es prácticamente la historia de América Latina. Y la de Colombia.

En 1985 firmó su primer contrato como fotógrafo de prensa. Desde entonces ha trabajado para medios como The New York Times y National Geographic. A Stephen, sobre todo, le interesa viajar por el mundo para documentar cambios sociales, políticos, violaciones de derechos humanos, los conflictos que todo eso genera.

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Viernes, 20 Mayo 2016 22:57
Pobladores contra la minería en San Pedro de los Milagros

Habitantes del municipio antioqueño se han reunido para frenar las concesiones mineras que afectarían su territorio. Indignados con la concesión minera que viene adelantando la Secretaría de Minas, adelantan una serie de actividades entre ellas recolección de firmas, conversatorios y foros que tienen como objetivo concientizar a los habitantes sobre el desastre ecológico, que podría acarrear esta medida sobre los municipios de San pedro de los Milagros y Bello, localizados en el departamento de Antioquia.

Por Juan Manuel Moreno publicado en Las 2 Orillas

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Viernes, 13 Mayo 2016 15:57

Cerrejón, Drummond y Cerro Matoso afirman que ésta debe tratar la parte impositiva, la estabilidad jurídica y el combate a la minería criminal. Los presidentes de las mineras afirman que la minería legal le trae grandes beneficios al país.

Fuente: Portafolio
Ante los difíciles momentos que atraviesa la industria minería del país por los bajos precios internacionales de las materias primas y los problemas cada vez más frecuentes por el cambio de reglas jurídicas, la alta carga impositiva, la minería criminal y la estigmatización de la actividad en el país, los presidentes de Drummond, Cerro Matoso y Cerrejón, las tres grandes mineras del país, le pidieron al Gobierno Nacional implementar una política de Estado para con el sector.

“Tiene que haber una política de Estado, no solo del Gobierno, sino lograr meter dentro de la idea a los otros pilares como la rama judicial, legislativa y a los entes de control”, dice José Miguel Linares, presidente de Drummond.

Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, asegura que también deben estar las regiones y los territorios para establecer reglas claras, “se requiere que desde el alto nivel del Gobierno digan esto es lo que nosotros queremos hacer, y eso nosotros no lo vemos”.

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