La primera de estas investigaciones tiene que ver con la presencia de la empresa en resguardos indígenas emberakatios del alto Andagueda en Chocó.
La segunda es una investigación por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero en Santander de Quilichao, Veredas del Palmar, San Vicente y Santa Rita, en inmediaciones del río Quinamayó, en donde se hace mención de la existencia de un título minero para la explotación de cobre, plata, zinc y oro.
El Observatorio de Territorios Étnicos cuestiona la existencia de la consulta para el otorgamiento del título y denuncia la presencia de mineros ilegales en la zona.
La tercera denuncia, y quizás la más grave, se presenta en los municipios de Yolombó, San Roque y Caracolí en Antioquia, en donde se investigan negocios jurídicos realizados entre personas señaladas de pertenecer a grupos paramilitares, narcotraficantes y despojadores de tierras con la empresa AgloGold Ashanti a través de Gramalote Colombia.
La consulta popular minera, que fue aprobada por el concejo de Ibagué, pasó el control de legalidad ante el Tribunal Administrativo del Tolima y en consecuencia la Registraduría se encargará de la organización para que los ibaguereños acudan a las urnas.
El investigador Rodrigo Bernal, experto en palmas de cera, conversó con RCN Al fin de semana para denunciar el peligro que se cierne sobre la reserva de palmas de cera en La Colosa (Quindío) por la explotación de oro que pretende AngloGold Ashanti.
Desde la campaña “La Guajira le habla al país”, líderes de las comunidades y organizaciones que apoyan los procesos organizativos de la población afectada por la actividad minera de la multinacional El Cerrejón, convocaron una rueda de prensa donde dieron a conocer la realidad de ese departamento y las verdaderas causas de la crisis humanitaria y ambiental que actualmente atraviesan las familias indígenas y afro.
Cayendo la tarde del martes 12, se llevó a cabo un plantón liderado por estudiantes y el comité anti minero, presidido por el líder comunal Gustavo Malangón, los cuales se apostaron en las afueras del palacio de Justicia de Ibagué, capital de Tolima, solicitando a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima sea aprobada la consulta anti minera.
En total, 17 fuentes hídricas en La Guajira se han secado debido la actividad minera de la empresa El Cerrejón, según denuncia Angélica Ortíz, vocera de Fuerza Mujeres Wayúu. La combinación de las formas de privatización de las aguas, por apropiación y contaminación producto del modelo extractivo, son las principales causas por las cuales actualmente el pueblo indígena de la Guajira está muriendo de sed y hambre.
Los campesinos de Tasco, en Boyacá, completaron nueve meses de campamento en el complejo natural de Pisba para impedir la explotación de hierro en su territorio. El lugar exacto del plantón es la mina de El Banco, ubicada en la vereda El Pedregal. Allí, desde junio del año pasado, se alza una carpa que tiene vigilantes las 24 horas del día, en turnos que se rotan entre los campesinos de la comunidad. “porque la vereda tiene que sobrevivir, trabajar y no trasnochar tanto”, cuenta Sixto Amaya, uno de los campesinos líderes de la protesta.
Después de que la Corte Constitucional dictara un fallo a favor de una demanda interpuesta por congresistas del Polo Democrático, en la que se impide hacer minería en zonas de Páramos, la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp, ha anunciado la intención de demandar a Colombia bajo el capítulo de inversión del TLC entre Canadá y Colombia. Asímismo, el pasado mes de febrero, Colombia fue notificada de una demanda interpuesta por la multinacional Tobie Mining Inc por 16 mil millones de dólares. Demanda interpuesta en el marco del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos.
Los campesinos de Tasco, en Boyacá, completaron nueve meses de campamento en el complejo natural de Pisba para impedir la explotación de hierro en su territorio. El lugar exacto del plantón es la mina de El Banco, ubicada en la vereda El Pedregal. Los campesinos de Boyacá quieren conservar las fuentes de agua que la explotación de minerales les ha arrebatado por más de 50 años. Acerías Paz del Río asegura haber cumplido con los requerimientos ambientales.
Erradicar los títulos mineros que puedan estar vigentes en sus áreas, reconvertir las actividades ganaderas por otras y lograr desarrollos agropecuarios sostenibles son los tres retos que comienzan para ocho complejos de páramos que fueron delimitados ayer vía resolución del Ministerio de Ambiente y que se dieron a conocer en un evento en cabeza del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en Belmira, municipio de Antioquia.