En la Corte Constitucional se está abriendo un camino para que la gente decida qué se hace en sus territorios frente a la minería, como muestra una seguidilla de sentencias que culminan en la del miércoles sobre el Código de Minas. Y tiene en su escritorio una muy simbólica, porque trata del páramo de Santurbán, que podría darle aún más poder a las comunidades que argumenten su derecho al medio ambiente, a costa de la política minera del Gobierno.
La corte y la minería
Este miércoles, la Sala Plena decidió, por quinta vez en lo que vamos de 2016, algo trascendental para la política minera del país. Al revisar quince artículos del Código Minero, demandados por el abogado Rodrigo Negrete, tomó dos decisiones claves con una amplia mayoría de siete votos a favor y uno (el de Alejandro Linares) en contra.
La primera es que ahora, antes de otorgar un título minero, el Estado tiene que “establecer un procedimiento que asegure la participación ciudadana, sin perjuicio de la de los grupos étnicos diferenciados”.
Octubre sería el mes en el que tentativamente se realizaría la consulta popular minera en Ibagué, así lo anunció Cesar Bocanegra, delegado departamental de la Registraduría quien se pronunció luego se sostener un encuentro con el alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez en el que se determinó que hasta que el gobierno nacional no decida la fecha de la convocatoria a los colombianos para el plebiscito por la paz, no se determinará qué día se adelanta la consulta.
El hombre que está a la cabeza de la ciencia en el Pacífico colombiano tiene mercurio en el cuerpo. No es minero, ni tampoco su trabajo es en campo, donde los cráteres de la minería ilegal acaban la selva chocoana, sin embargo hoy reporta altos niveles de este contaminante.
El Tribunal Administrativo del Tolima votó a favor de la pregunta de la consulta popular en Ibagué, cuatro votos a favor y dos en contra.
En el Día Internacional Contra la Megaminería, las comunidades de Ibague convocan a un Plantón este viernes 22 de julio a las afueras del Palacio de Justicia, para exigir que se pronuncien indicando la fecha de la Consulta Popular.
El Gobierno de Colombia le prorrogó hasta 2031 al Consorcio Minero Unido (Prodeco), propiedad de la suiza Glencore, el contrato de concesión del yacimiento de carbón La Jagua, en el norte del país, anunciaron hoy fuentes oficiales.
Un estudio de la Defensoría del Pueblo señala que no sólo está ganándole terreno a la agricultura, sino que está afectando algunos páramos. Pide a las autoridades mayor control y garantizar los derechos de las comunidades.
La ciudad colombiana de Ibagué realizará la consulta popular más grande del país para frenar un proyecto minero, en medio de una proliferación de consultas populares.
La Defensoría del Pueblo alertó de los daños ambientales que ha causado la explotación minera en el departamento de Cundinamarca, principalmente en municipios como Choachí, Sibaté y Soacha.
Este miércoles, obispos de los departamentos de Chocó y Antioquia manifestaron este miércoles su malestar frente a la situación ambiental en la región pacífica por cuenta de la minería ilegal. El llamado fue hecho en el marco de la Asamblea de Obispos, que se celebra en Bogotá hasta el próximo viernes.