A menos de un mes que PAX Holanda presentó un exhaustivo informe sobre los impactos del proyecto minero La Colosa, en el noreste del Tolima, y la participación comunitaria en la toma de decisiones respecto de sus consecuencias sociales, económicas y medioambientales, el Tribunal Administrativo de este departamento avaló la consulta minera en el municipio de Cajamarca.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Tolima consideró que la pregunta discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Cajamarca se ajustó a los términos de constitucionalidad y, por lo tanto, dio vía libre a la convocatoria de una consulta popular minera para que sea la comunidad que decida sobre el futuro de su territorio, en donde la transnacional surafricana AngloGold Ashanti viene presionando por todos los medios para lograr explotar el recurso aurífero de La Colosa.
La pregunta que fue planteada por el colectivo ciudadano que impulsó este mecanismo de participación y que tuvo la viabilidad del cabildo local cumplió con los requisitos como mecanismo de participación ciudadana.
Ante la negativa de la multinacional AngloGold Ashanti de asistir al debate sobre la consulta popular citada por el Concejo Municipal, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que la compañía minera está utilizando «testaferros» y le está pagando a abogados e ingenieros prestigiosos para que se opongan con mecanismos jurídicos a dicha iniciativa democrática. AngloGold Ashanti se negó a participar el martes 8 en la sesión del Concejo de Ibagué para discutir sobre la consulta popular.
«A mí me eligieron para defender este territorio, nuestro territorio. Y es lo que voy a hacer». Con esta rotunda afirmación, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, empezó a abanderar una de las más importantes discusiones en temas ambientales de los últimos tiempos: la autonomía de los territorios frente a la explotación de su subsuelo.
Organizaciones del Tolima que promueven la defensa de los recursos naturales marcharon para reclamar del Consejo de Estado una decisión sobre el futuro de la consulta popular promovida por el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. La marcha se realizó para reclamar al Consejo de Estado que autorice la consulta popular en Ibagué.
Néstor Franco, director de la autoridad ambiental, afirmó que se hará una visita técnica al lugar donde Cementos Tequendama realiza su proyecto minero para determinar si se modifica la licencia ambiental.
El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó a la multinacional AngloGold Ashanti que presente un estudio de impacto ambiental sobre las posibles afectaciones que se generarían a los ecosistemas debido a los trabajos de exploración y posible explotación de La Colosa o, de lo contrario, el proyecto se suspenderá dentro de seis meses.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la votación que se iba a realizar este 30 de octubre. Desde inicios de este año, son varias las luchas que ha dado la comunidad de Ibagué para lograr una consulta popular que les preguntaría a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la minería en su territorio. Pero a pesar de que la iniciativa fue celebrada por muchos, pues se suponía que sería la primera vez que una ciudad capital realizaría este tipo de proceso, en el camino se han ido destapando todos los “vacíos” que existen para que se logre cumplir con lo que la Corte Constitucional ya ha advertido: los municipios son propietarios del subsuelo y por tanto pueden prohibir la minería.
Agencia Nacional de Minería dice que el alto tribunal está definiendo funciones y cambia de postura.
El informe ‘La maldita tierra’ evidencia el saqueo de estos recursos gracias a la minería de carbón.
Los alcaldes del suroeste de Antioquia aplaudieron la tutela de la Corte Constitucional que le permite a los municipios y sus comunidades oponerse a los nuevos proyectos mineros porque consideran que son los mandatarios locales quienes conocen las implicaciones de estos proyectos, en su mayoría, desarrollados por grandes multinacionales.