El alcalde de Cajarmaca, William Poveda, decretó la realización de la consulta popular minera para el próximo domingo 27 de noviembre, para que los habitantes de dicho municipio decidan si aprueban o no la realización de proyectos mineros que pongan en riesgo el medio ambiente y la vocación agrícola de la región, lo que podría traer enormes perjuicios al proyecto La Colosa, propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti, de ganar el No en las urnas.
Pero la noticia no es la convocatoria a esta jornada democrática. Lo que ha causado revuelo en esta población es la fecha apresurada que escogió el mandatario Poveda, quien siempre ha manifestado su cercanía con la compañía sudafricana. El mandatario pretende que la Registraduría Nacional del Estado Civil monte la consulta en apenas seis días, algo imposible. (Ver: Vea el fallo que avaló la consulta minera de Cajamarca)
Oscar Vanegas y un grupo de ambientalistas protestó este fin de semana contra una multinacional minera en inmediaciones de la calle 22 con carrera 14 en el barrio Alarcón del centro de la ciudad. Durante siete años algunos habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga se han agrupado en el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (CDAPS)para impedir que la Mega minería destruya aquella reserva acuífera de Santander.
Ante la negativa de la multinacional AngloGold Ashanti (AGA) de asistir al debate sobre la consulta popular citada por el Concejo Municipal, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que la compañía minera está utilizando “testaferros” y le está pagando a abogados e ingenieros prestigiosos para que se opongan con mecanismos jurídicos a dicha iniciativa democrática.
A menos de un mes que PAX Holanda presentó un exhaustivo informe sobre los impactos del proyecto minero La Colosa, en el noreste del Tolima, y la participación comunitaria en la toma de decisiones respecto de sus consecuencias sociales, económicas y medioambientales, el Tribunal Administrativo de este departamento avaló la consulta minera en el municipio de Cajamarca.
Ante la negativa de la multinacional AngloGold Ashanti de asistir al debate sobre la consulta popular citada por el Concejo Municipal, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que la compañía minera está utilizando «testaferros» y le está pagando a abogados e ingenieros prestigiosos para que se opongan con mecanismos jurídicos a dicha iniciativa democrática. AngloGold Ashanti se negó a participar el martes 8 en la sesión del Concejo de Ibagué para discutir sobre la consulta popular.
«A mí me eligieron para defender este territorio, nuestro territorio. Y es lo que voy a hacer». Con esta rotunda afirmación, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, empezó a abanderar una de las más importantes discusiones en temas ambientales de los últimos tiempos: la autonomía de los territorios frente a la explotación de su subsuelo.
Organizaciones del Tolima que promueven la defensa de los recursos naturales marcharon para reclamar del Consejo de Estado una decisión sobre el futuro de la consulta popular promovida por el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. La marcha se realizó para reclamar al Consejo de Estado que autorice la consulta popular en Ibagué.
Néstor Franco, director de la autoridad ambiental, afirmó que se hará una visita técnica al lugar donde Cementos Tequendama realiza su proyecto minero para determinar si se modifica la licencia ambiental.
El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó a la multinacional AngloGold Ashanti que presente un estudio de impacto ambiental sobre las posibles afectaciones que se generarían a los ecosistemas debido a los trabajos de exploración y posible explotación de La Colosa o, de lo contrario, el proyecto se suspenderá dentro de seis meses.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la votación que se iba a realizar este 30 de octubre. Desde inicios de este año, son varias las luchas que ha dado la comunidad de Ibagué para lograr una consulta popular que les preguntaría a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la minería en su territorio. Pero a pesar de que la iniciativa fue celebrada por muchos, pues se suponía que sería la primera vez que una ciudad capital realizaría este tipo de proceso, en el camino se han ido destapando todos los “vacíos” que existen para que se logre cumplir con lo que la Corte Constitucional ya ha advertido: los municipios son propietarios del subsuelo y por tanto pueden prohibir la minería.