La Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia que obliga a la compañía minera Prodeco a restituir 1.232 hectáreas. La orden no ha sido acatada y la abogada que ganó el pleito fue amenazada de muerte el jueves pasado.
Mientras el gobierno colombiano se congratula por haber puesto en marcha la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, hasta ahora le ha dado la espalda a una sentencia que obliga a una multinacional y al Incoder a restituir 1.232 hectáreas.
Las amenazas de las mega industrias mineras en los sitios sagrados indígenas mereció especial atención en la discusión pública en el marco del XI Festival de cine y video indígena “Por la Vida, Imágenes de Resistencia” que se llevó a cabo en las ciudades de Bogotá y Medellín (Colombia) hasta el 6 de octubre.
El festival cerró su ciclo en Medellín, con un acto de clausura el 6 de Octubre y fue organizado por la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y la Coordinación de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI).
Uno de los temas principales abordados fue sobre los conflictos de la industria minera, en consideración a los graves impactos que ocasiona en diversos territorios.
Jakeline Romero Epiayu, lider indígena wayuu. Foto: Camilo Segura El movimiento Fuerza de Mujeres wayuu habló de “falsos positivos” judiciales, la desprotección del Estado, la violación de derechos por las empresas mineras y sobre los pueblos indígenas de la frontera y sus perspectivas frente a las elecciones en Venezuela. Jackeline Romero Epiayu, defensora de Derechos Humanos en la Guajira, hace parte del Movimiento Fuerza de mujeres Wayuu. Durante años ha soportado la violencia y las afectaciones que ha traído la minería a su pueblo.
La comunidad emberá chamí reunida en Asamblea el pasado del 15 de septiembre de 2012, aprobó por unaminidad la No aceptación del Proyecto Hidroeléctrica Casiana, ya que el proyecto de captación de aguas no es de la quebrada San Bartolo que viene desde la Casiana sino del rio San Juan. Además, en la propuesta de construcción de un túnel subterráneo a 100 metros de profundidad dentro del territorio del resguardo, el Ministerio conceptúa que no existe la presencia de grupos étnicos ni resguardo indígena en la zona, según la certificación 508 de 27 de marzo de 2012.
Críticas por posible conflicto de intereses. La abogada Gloria Lucía Álvarez, candidata a directora de Bosques del Ministerio, fungió como apoderada de la multinacional en un proceso de licenciamiento. “Le solicito (al Ministerio de Ambiente) autorizar la realización de trabajos de exploración minera… sin establecer zonas de exclusión, aclarando que las nuevas plataformas de perforación y en general todos los trabajos de exploración minera podrán ser realizados en zonas boscosas, siempre y cuando se obtengan los permisos para el aprovechamiento forestal…”.
Congresistas, organizaciones sociales y académicos afirman ante el Consejo de Estado que el contrato de Cerro Matoso es ilegal.
Pero anticipamos que ése ‘alto tribunal’ se ‘pasará por la galleta’ las ilustres argumentaciones jurídico – legales que un grupo e parlamentarios le expuso en la carta anterior porque, es costumbre inveterada de éste organismo y de sus pares, así como del Ejecutivo y el Legislativo, atropellar a la Constitución y a la Ley para desconocer los Derechos Ciudadanos, veamos ejemplos: