El Mostrador 18/08/2020
Acusan a exsubsecretario del Medio Ambiente de representar a activistas sin su consentimiento
El movimiento socioambiental Putaendo Resiste, que mantiene un conflicto con la compañía canadiense Andes Copper por su intención de instalar una central hidroeléctrica y una minera en el Valle del Aconcagua, denunció hace algunos días a Felipe Riesco Eyzaguirre, exsubsecretario del Medio Ambiente. Lo acusan de presentar un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso a nombre del movimiento ambiental, sin que los activistas le dieran su consentimiento. (ACTUALIZADA)*

La oposición medioambiental de Putaendo a la pretensión de la empresa canadiense Andes Copper de instalar en dicha comuna –de la provincia de San Felipe– una central hidroeléctrica de paso, que se ubicaría en el río Rocín, cuenta con varias polémicas. La última, sin embargo, no tiene que ver con este conflicto ni con el proyecto Minera Vizcachitas, cuyo rechazo socioambiental dio sentido el movimiento Putaendo Resiste.

La nueva polémica, involucra a la otra asociación que se opone a los planes de Andes Copper: la Junta de Vigilancia de Putaendo, que por intermedio de oficios de la oficina de Barros Silva Varela y Vigil*, presentó un recurso de protección en nombre de los activistas de Putaendo Resiste, sin su consentimiento.

El origen de la controversia se produjo cuando el exsubsecretario del Medio Ambiente del Gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Riesco Eyzaguirre, se contactó con personas de Putaendo ofreciendo sus servicios. Según una declaración pública, la oferta de representación fue rechazada.

«A pesar de la expresa negativa, el exsubsecretario del Medio Ambiente presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Causa Rol 16210-2020), utilizando los datos personales de cinco personas de Putaendo Resiste que nunca fueron contactadas», denunciaron.

“Nos interesa saber las razones por las cuales una empresa (Barros Silva Varela y Vigil) contratada por la Junta de Vigilancia (de Putaendo) realiza estas malas prácticas a vista y paciencia de quienes los han contratado y si, además, estos avalan dicho comportamiento”, afirman desde Putaendo Resiste.

Finalmente, la organización reitera que los abogados con los que está trabajando (Álvaro Toro y Javiera Tapia) “actúan gratuitamente, no cobran por sus servicios, sino que forma parte de su compromiso vocacional en apoyo a las comunidades que ven amenazado su territorio”.

*Nota del Editor: Esta nota fue actualizada, ya que contenía un error. Originalmente, se sostenía que el abogado Felipe Riesco Eyzaguirre, integraba el estudio de Fernando Barros, situación que no es efectiva, ya que el exsubsecretario de Medio Ambiente, pertenece al estudio Barros Silva Varela y Vigil.
https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2020/08/18/acusan-a-exsubsecretario-del-medio-ambiente-y-abogado-del-estudio-de-fernando-barros-de-representar-a-activistas-sin-su-consentimiento/

12/08/2020
Los Bronces – Anglo
Los Bronces Integrado podría entrar en operaciones dentro de 7 u 8 años, en caso de que obtenga todos los permisos necesarios y los accionistas tomen la decisión de continuar con la inversión. En la foto, la mina Los Bronces. (Foto: Anglo American)

El máximo tribunal rechazó un recurso de casación interpuesto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Anglo American.

a Tercera Sala de la Corte Suprema terminó con las intenciones tanto del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como de la minera multinacional Anglo American de impedir la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Los Bronces, aprobada el año 2007.

Tanto el servicio evaluador como la empresa de origen británico habían recurrido al máximo tribunal para interponer un recurso de casación contra una resolución del Segundo Tribunal Ambiental, la cual declaró admisible la solicitud de revisión de la RCA presentada por vecinos de la ruta G-21, misma que ocupa Anglo American para traslado de minerales y maquinaria.

En concreto, los vecinos firmantes acusan graves fallas en las medidas de mitigación de impacto socio ambiental de las operaciones de Los Bronces en la ruta G-21, estipuladas y evaluadas en el apartado Plan de Seguimiento de la RCA.

Dentro de este plan, son al menos cuatro las variables de mitigación que se están incumpliendo, según alegan los vecinos: la afectación de los sistemas de vida de la población cercana; la minimización de las emisiones de polvo y ruido; la disminución de la congestión vehicular en la ruta; y la reducción de los accidentes en la ruta.

En el primer apartado del fallo de la Tercera Sala de la Suprema, titulado Antecedentes de la Etapa Administrativa, se puede leer respecto a las variables de mitigación objetadas que “todo lo cual, conforme a los antecedentes que acompaña, no se cumplió, dejando las medidas adoptadas en completa obsolescencia y con necesidad de evaluarlas nuevamente”.

Entre los argumentos presentados por la Suprema para rechazar el recurso está que el SEA se negó iniciar el procedimiento de revisión de la RCA luego de realizar -mediante un “examen de admisibilidad”- un “análisis riguroso” del caso, algo que no está incluido en la ley que rige dicho procedimiento. Según el máximo tribunal, el “análisis riguroso, incluyendo descargos y evidencia de todos los intervinientes -tanto los vecinos como la propia empresa y distintos servicios del Estado- se realiza, lógicamente, durante la revisión de la RCA, y no antes.

El fallo indica también que el SEA “debe ser una institución independiente de los intereses de las partes, por lo que debe, en ejercicio de sus funciones, recabar todos los antecedentes que sean imprescindibles para decidir acertadamente respecto de la eventual desviación sustancial de las variables evaluadas y contempladas en el Plan de Seguimiento”.

Además, la sentencia de la Suprema agrega que coincide con los jueces del Tribunal Ambiental que fallaron en primera instancia al considerar que los argumentos esgrimidos tanto por el SEA como por Anglo American para no revisar la RCA quebrantan “los principios y las bases del derecho de acceso a la justicia ambiental”.

“No se observa razón alguna para que el SEA se alce en contra de la decisión adoptada […] sin que sea procedente que tal órgano, alejándose del cumplimiento de sus funciones, establezca la existencia de trámites previos de admisibilidad no asentados en la ley, impidiendo la revisión de una RCA, denegando el procedimiento en que tanto los particulares como los interesados podrán entregar los antecedentes para verificar la verdadera evolución ambiental en relación a lo que fue previsto en el proyecto aprobado el año 2007”, reza la sentencia.

Problemas con el vecino

Armando Aldunate, vecino del sector, presentó junto a otros vecinos la solicitud de revisión el 2015 ante el SEA, petición que la entidad rechazó en repetidas ocasiones hasta que el Tribunal Ambiental el 11 de febrero de 2019 y ahora la Corte Suprema ordenaron dar curso.

“Es una buena noticia, aunque ya la gente del SEA se había entregado a abrir el proceso de revisión luego de que el Tribunal Ambiental se lo ordenara”, explica Aldunate, revisión que habría sido cancelada de haber ganado tanto el SEA como Anglo American el recurso presentado ante la Suprema.

Para Armando Aldunate, “la Corte Suprema reafirma su criterio de que las comunidades tienen el derecho a recibir justicia”. Sin embargo, según explica, para los vecinos del sector el proceso está lejos de terminar, ya que la revisión de la RCA está en proceso y es llevada a cabo por el propio SEA, que aseguraba que no era necesario llevarla a cabo.

El fallo de la Corte Suprema se da a menos de dos semanas de que INTERFERENCIA publicara una investigación donde da cuenta de cómo el gobierno interviene el Servicio de Evaluación Ambiental en favor de Anglo American. Carolina Negrete, trabajadora a honorarios del SEA – y por tanto trabajadora del Estado–, coordinó reuniones de lobby para la empresa minera con distintos servicios del Estado, gestión que realizó dos meses después de que Anglo American ingresara el proyecto Los Bronces Integrado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente del SEA. (Así interviene el gobierno el Servicio de Evaluación Ambiental en favor de Anglo American).
Fuente: Interferencia

Suprema obliga al SEA a revisar Resolución de Calificación Ambiental de Los Bronces

11/08/2020
Cooperativa.cl
El informe, elaborado por Marie Claude Plumer, fue adjuntado en la causa contra Mina Invierno ante la Corte Suprema.
Foto: Archivo
Mina Invierno es la iniciativa de extracción de carbón a cielo abierto de mayor envergadura conocido en la historia de Chile.

Un informe de la ex jefa de la división de sanción y cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Marie Claude Plumer, presentado ante la Corte Suprema respalda el rechazo de las tronaduras en Isla Riesco, en la Región de Magallanes, lugar donde se encuentra Mina Invierno, que concretó la suspensión de sus operaciones de extracción de carbón tras un proceso de paralización programada que se inició el año pasado.

Esto, luego de que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anulara en agosto de 2019 la aprobación que autorizaba el uso de tronaduras en la minera.

La causa escaló al máximo tribunal y los magistrados deben fallar si la resolución de la corte medioambiental de paralizar las tronaduras se ajustó a lo que indica la ley o no.

El reporte de Plumer, titulado «El Componente Paleontológico en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental – Proyecto Tronaduras, Mina Invierno», fue adjuntado a la causa como apoyo a los argumentos del fallo del tribunal ambiental.

“(Este informe) señala que el impacto sobre el componente paleobotánico debe ser analizado detalladamente, en razón del tratamiento que le da la legislación vigente. En el caso, en cambio, el SEA y la empresa han utilizado información que no es completa ni útil para saltarse la obligación de hacer un estudio de línea de base y una adecuada predicción de impactos”, comentó Diego Lillo, coordinador de litigios de ONG FIMA.

Desde Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic destacó que el documento “da a conocer los argumentos que hemos venido sosteniendo desde que se inició este proyecto, ya que es imposible evaluar los impactos en un lugar tan delicado como la Formación Loreto sin la existencia de una línea de base”.

Mina Invierno es la iniciativa de extracción de carbón a cielo abierto de mayor envergadura conocido en la historia de Chile y la primera de cinco minas en total proyectadas en un territorio donde más de la mitad de su extensión está destinado a la protección de distintas especies a través del Parque Nacional Kawésqar.

10/08/2020
Elgueta
El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre señaló que el turno de 14×14 representa un tremendo esfuerzo físico ya que, en medio, de la pandemia se ha reducido la dotación en el mundo de la minería.

Codelco inicia preparativos para retomar proyectos y operaciones suspendidas, como el retorno gradual en Chuquicamata subterránea. En tanto, a finales de julio se registraron 3 mil 264 trabajadores contagiados y nueve fallecidos, por lo que se acusa al mundo minero de privilegiar la producción en desmedro de la salud de las personas. Sobre esto conversó Sin Tacos Ni Corbata con el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta.

“Acá estamos en un gobierno que ha cambiado el sentido, en vez de la salud y la vida de los trabajadores, está y siempre ha estado preocupado por el tema de la economía y eso lo han demostrado los hechos porque la minería ha podido solventar los gastos de la pandemia” señaló Elgueta.

Aludió que desde que se vieron los casos en Europa, ellos como trabajadores solicitaron una cuarentena preventiva y gradual. Codelco partió con restricciones para los mayores de 75 años, para las personas con enfermedades de base y también inició el teletrabajo, pero “de ahí comenzó con una política de ajustar las dotaciones” y “no se quiso detener”.

“Las medidas del gobierno y de Codelco fueron tardías porque la legislación actual al no tener el tratado internacional del convenio 176 de la OIT sobre seguridad minera, deja al arbitrio y a la decisión de cada empresa los protocolos” señaló Patricio Elgueta.

Respecto a los turnos, dijo que han estado conversando como organizaciones sindicales, unidos a la coordinadora, con países como Canadá y Australia que han implementado sistemas de turnos “pero no tan agresivos como el 14×14, nos preocupa este sistema donde estamos sometidos a un esfuerzo físico tremendo, ya es agotador trabajar en un sistema 5×5 o 7×7” porque, recordó, se encuentran con una menor dotación y es necesario controlar tanto al inicio como a la salida el estado de los trabajadores, de otro modo, dijo Elgueta, se pierde la trazabilidad.

El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, dijo además que el empresariado que se reúne con el Consejo Minero fijan directrices y que aunque la producción está aumentando en un 6%, “nuestros compañeros de trabajo de las mineras privadas y contratistas se ven afectados con despidos”.

Respecto a la demora en nominar director laboral, Elgueta señala que “hoy día vemos que se quiere destruir el movimiento sindical para luego privatizar a Codelco (como plantearon unos diputados UDI) y nosotros nos vamos a oponer, porque también hay una privatización oculta al no tener un representante de los trabajadores para plantear el énfasis de lo que nosotros necesitamos”. Por ello, asevera los trabajadores se declaran en alerta.
Fuente: Radio Usach

Patricio Elgueta acusa “privatización oculta” en Codelco por ausencia de representantes de los trabajadores

Iniciativa quedó en suspendo desde octubre de 2019, justo cuando se trabajaba en un acuerdo entre el Gñobierno y los miembros de la comisión de 6 de 06/08/2020
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(El Mercurio) Luego de varios meses sin avanzar en el Senado, ayer en la Cámara Alta se reactivó la discusión por el proyecto que protege a los glaciares.

Los senadores Guido Girardi y Yasna Provoste solicitaron fijar un calendario legislativo para la iniciativa, o de lo contrario, avanzar en la votación de la propuesta que aún debe pasar por la comisión de Medio Ambiente en su primer trámite legislativo.

El senador Girardi aseguró que el objetivo es lograr un acuerdo con el Ejecutivo, principalmente en la definición de lo que tiene que ver con la protección del área periglaciar.

“Propongo que esta semana se haga un trabajo entre los asesores, pero se requiere hacerse cargo de la crisis de sequía que tendremos, hay que tener protección sobre los glaciares, no podemos seguir postergando este proyecto, no hay razones y hay que enfrentar esta situación. Tenemos toda la disposición para lograr un acuerdo”, señaló el senador.
[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://digital.elmercurio.com/2020/08/06/B/6H3R86JS#zoom=page-width

El párroco de Alto de El Carmen, Nelson Barrientos, está recorriendo el valle del Huasco, con el objetivo de que el Tribunal Ambiental no apruebe el proyecto de Pascua Lama. Al amanecer el viernes 7 de agosto, el párroco del Alto del Carmen, Nelson Barrientos, inició la caminata “100 km de Oración por la Vida del Valle del Huasco”.

Alto del Carmen es una comuna de 75 mil habitantes que se ubicada en la Provincia de Huasco, a 184 km de Copiapó en la Región de Atacama. Y Pascua Lama es un proyecto a cargo de la empresa minera Barrick Gold, con sede en Toronto, Canadá, que involucra a Chile y Argentina y que consiste en explotar una mina a cielo abierto de la que se extraerá principalmente oro, plata, cobre y otros minerales. Se sitúa precisamente en la comuna de Alto del Carmen.

La motivación del cura es pedir por la salud y la vida de este valle, particularmente cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta está pronto a entregar el fallo sobre la continuidad del proyecto Pascua Lama, emplazado en la precordillera.

Según expresó el mismo sacerdote por redes sociales: “Quiero tener presente a los Jueces del Tribunal Ambiental que tienen que fallar a favor o en contra de este Valle, de la vida de este valle. A ellos haré oración, por ellos. Y también haré oración por los senadores y diputados que tienen que votar y proteger los glaciares de nuestro país. Sin glaciares no tenemos ríos en ninguna parte de Chile, sin ellos no hay vida, no hay agua”, dijo.

En estos 20 años de defensa del Valle del Huasco, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Presbiteriana han jugado un rol fundamental en el cuidado del agua y han empleado acciones conjuntas para salvaguardar la Creación y defender la Vida, como se aprecia concretamente en el mural que adorna la Iglesia de Alto del Carmen desde 2005 y en los murales bajo la Iglesia Presbiteriana de Chigüinto, que destacan la belleza del Valle del Huasco y la amenaza que plantea la megaminería.

Nelson Barrientos, quien forma parte también de la «Red Iglesias y Minería», inició su caminata desde Alto del Carmen y ha pasado por varias localidades del Valle de San Félix. El punto de llegada es el portón del proyecto Pascua Lama, pasado el cual está prohibido seguir subiendo a la cordillera a consecuencia del Tratado Binacional Minero, que cede y da total soberanía a las trasnacionales que trabajan en la franja fronteriza.

Las comunidades cristianas hacen un llamado a unirse al párroco Barrientos con oraciones y seguir los hechos en redes sociales. La caminata del sacerdote queda registrada día a día a día en la FanPage de la parroquia en Facebook que puede verse aquí. https://www.facebook.com/parroquia.altodelcarmen.5

Por su parte la «Asamblea por el Agua del Guasco Alto», ha indicado que está en peligro el agua y la agricultura de toda la región. «Barrick es un mal vecino —dice el comunicado— que ha actuado de mala fe y con dolo desde el principio. Poco le ha importado enfermarnos, contaminarnos y destruir todos nuestros ecosistemas. Con su corrupción, secuestro de la soberanía nacional y daños ambientales cuantiosos sobre elementos de la biósfera esenciales para los más de 75.000 habitantes de este Valle y para toda la vida del planeta, Pascua Lama es un ejemplo de lo que NO SE PUEDE REPETIR NUNCA MÁS en ningún territorio, particularmente en el actual contexto de cambio climático y escasez hídrica», indicó el comunicado de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto.

Fuentes: KairosNews, redes sociales, Instagram: @100kmsporlavida
https://iglesiasymineria.org/2020/08/10/parroco-chileno-defiende-la-vida-del-valle-del-huasco-con-caminata-espiritual/

4/8/2020
La Coipa Fase 7 – Kinross

El estudio se centra en proyectos impulsados por la empresa Kinross Gold Corporation, a través de su filial chilena Minera Mantos de Oro. Identifica derechos afectados, formula recomendaciones a la empresa y los estados de Chile y Canadá.

El 28 de julio recién pasado el Observatorio Ciudadano dio a conocer el informe “Evaluación de impacto en derechos humanos de proyectos mineros canadienses en territorio colla en Chile: El Caso de Kinross y la comunidad Pai-Ote“, realizado por los abogados José Aylwin y Felipe Guerra, coordinadores del Programa Globalización y Derechos Humanos y del Área Jurídica de la organización, respectivamente.

Dicho estudio identifica y hace evaluación de los diversos impactos que tienen los proyectos mineros desarrollados por empresas canadienses en el territorio de ocupación tradicional del Pueblo Colla, esto en la Región de Atacama en el norte de Chile, en particular sobre los derechos humanos de este pueblo y sus miembros.

Para la investigación, sus autores utilizaron la metodología Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos (EIDH, Oxfam y Federación Internacional de Derechos – FIDH, 2011), basada en el aporte y trabajo con la comunidad afectada, y tomando como referencia para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos, tomando como marco de referencia los derechos humanos y los Principios Rectores (PR) de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 2011).

Esta metodología, además, permite la elaboración de recomendaciones que pueden servir como base e insumo para promover diálogos horizontales entre las comunidades y los agentes públicos y privados implicados en los proyectos de inversión, los cuales, generalmente, se desarrollan en contextos de asimetría de información.

Kinrros y la comunidad de Pai-ote

Al menos seis proyectos mineros se encuentran actualmente en desarrollo en el territorio Colla, tres en fase de explotación y tres en fase de exploración, optando los investigadores por el análisis en profundidad de los proyectos La Coipa y La Coipa Fase 7 y su impacto en los derechos humanos de la comunidad Colla de Pai-Ote, puesto que estos conforman una unidad productiva. Proyectos que son impulsados por la empresa Kinross Gold Corporation de Canadá, a través de su filial chilena Compañía Minera Mantos de Oro.

“La decisión de abocarnos al estudio en profundidad de este proyecto minero en particular, surgió a requerimiento de la propia comunidad, que durante décadas ha debido convivir con esta iniciativa y soportar las graves consecuencias socioambientales que ha tenido para sus territorios de uso y ocupación tradicional”, aclara Felipe Guerra.

Derechos vulnerados

Entre algunas de las conclusiones a las que arriban los autores del informe tras analizar la información del caso, es que al Estado de Chile le cabe una responsabilidad central en la vulneración de los derechos de la Comunidad Colla de Pai-Ote, así como de las demás comunidades collas que hacen uso del territorio hoy impactado por los proyectos mineros La Coipa y La Coipa Fase 7 de Kinross.

Lo anterior, porque no ha cumplido con su obligación de proteger a esta comunidad frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, siendo el Deber del Estado de Proteger uno de los pilares de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (Pilar 1.1 PR).

En efecto, el Estado otorgó a terceros ajenos a las comunidades collas las concesiones mineras que dieron origen a los proyectos que hemos analizado en este informe. Lo mismo ha sucedido con los derechos de agua para sus faenas, otorgándoles preferencia sobre las comunidades, en este caso la Comunidad Colla de Pai-Ote, desconociendo así el derecho de propiedad sobre las tierras y recursos que tradicionalmente han ocupado o que son fundamentales para la conservación de otros recursos que tradicionalmente ocupan, como son las vegas y bofedales, conforme al derecho nacional e internacional aplicable.

Por otro lado, este otorgamiento por parte del Estado fue realizado sin respetar el derecho de consulta, ni de consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, así también su derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, al evaluar bajo la modalidad de simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a ambos proyectos, lo que no garantizó que la Comunidad fuese debidamente consultada previo a la aprobación ambiental. Tampoco cumplió con su obligación de asegurar que esta comunidad pudiese participar de los beneficios que reportan las actividades mineras de la empresa, así como ser compensadas por los daños que les han sido provocados como consecuencia de ellas.

Otro incumplimiento grave, probablemente el que más señalan los autores, es que los órganos del Estado si bien documentaron en los noventa las tierras de ocupación tradicional de las comunidades collas, incluyendo la Comunidad Colla de Pai-Ote sobre las cuales se asientan los proyectos mineros La Coipa y la Coipa Fase 7, no desarrollaron la acción necesaria para su reconocimiento y titulación. Ello a diferencia de otras comunidades collas cuyas tierras de ocupación tradicional, sí han sido reconocidas por el Estado.

Asimismo, resulta grave que no se evaluaran los impactos sinérgicos que tienen las extracciones de aguas realizadas por diversas empresas sobre los acuíferos que alimentan los sistemas de vegas y bofedales que hacen parte del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, los que son utilizados desde tiempos inmemoriales por diversas comunidades collas.

Por todo lo anterior, “este informe viene a corroborar que la gran minería en Chile se sigue desarrollando con grave vulneración a los derechos de los pueblos indígenas, en particular aquellos como la tierra, el agua, la consulta y el consentimiento que han sido reconocidos por instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT que Chile ha ratificado”, agrega José Aylwin.

“También viene a demostrar que, además de la responsabilidad que tiene el Estado de Chile al no proteger los derechos de estos pueblos en el contexto de proyectos mineros como la Coipa y La Copia y La Coipa Fase 7 en territorio de la Comunidad Colla Pai Ote, tanto las empresas, como Kinross en este caso, y el Estado de Canadá, incumplen estándares de derechos humanos al desarrollar y/o apoyar esos proyectos con evidente afectación de los derechos de estos pueblos”, concluyó.

Fuente: El Desconcierto

Publican informe sobre impactos de minería canadiense en territorio ancestral colla