El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental informó que durante ese mes, se aprobaron seis iniciativas del sector minero, que involucran un monto de US$11,89 millones.
17/12/2020
Minería Chilena
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) dio a conocer su Reporte Estadístico de Proyectos, correspondiente al mes de noviembre 2020, el que tiene como objetivo proporcionar información básica, comparable a nivel regional y nacional, que facilite el análisis de la actividad de los proyectos de inversión, de distintos sectores productivos, que están en proceso de evaluación ambiental.

A partir de los datos estadísticos registrados en la plataforma electrónica del SEIA (e-SEIA), fue posible contabilizar el ingreso de 66 proyectos de inversión durante noviembre, de distintos sectores productivos, los cuales representan una inversión total de US$2.165,53 millones.

Respecto de los proyectos en calificación ambiental al 30 de noviembre de 2020, se contabilizaron 553 en proceso de calificación ambiental, los cuales representan una inversión de US$37.288,08 millones. Desde la entidad precisaron que cuando se exponen datos de proyectos “en calificación”, estos pueden haberse ingresado en años anteriores a 2020.

Por otra parte, durante noviembre se aprobaron 55 proyectos aportando una inversión de US$2.750,06 millones.

Proyectos mineros

En el reporte se destaca que a noviembre de 2020, se registran 64 proyectos del sector minero en proceso calificación, los que representan un monto de inversión de US$11.269,92 millones.

Además, durante dicho mes ingresaron siete proyectos mineros a evaluación ambiental, que involucran una inversión total de US$3,87 millones.

Mientras que se aprobaron seis iniciativas mineras, por un monto de US$11,89 millones.

A lo que se suma un proyecto minero rechazado, por US$0,5 millones y dos desistidos, que implicaban una inversión de US$1,11 millones.

Siete proyectos mineros ingresaron a evaluación ambiental en noviembre

14/12/2020
Foto: Codelco
En el “Catastro de empresas exploradoras 2020” se identificó un total de 101 compañías con proyectos de exploración en Chile. Aunque la cantidad es similar en los períodos previos, una de las diferencias que arroja la última versión de este documento es el número de proyectos activos, que durante este año representó un 45%, superior al 36% en 2019.

En el estudio desarrollado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) se detalla que un 45% de los 234 proyectos asociados a estas compañías reportó actividades durante el año, mientras que el 31% de estos se encuentran paralizados y un 24% fueron desistidos por las empresas.

El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, puntualiza que, “si en 2018 destacó el número de proyectos desistidos, por sobre el leve aumento en los activos, esta condición se acentuó en 2019. En cambio, en este año predominan los proyectos activos”. Pero deja en claro: “Este presupuesto de exploración no alcanza aún a reflejar el efecto completo de la pandemia, lo cual se vería el próximo año”.

Durante este año, el presupuesto en exploración minera en Chile alcanzó los USD 458 millones, cifra inferior en USD 196 millones a la registrada en el período anterior, lo que representa una disminución del 30%. Si se analiza desde 2012, esta caída es la más relevante desde 2016, cuando el presupuesto de exploración nacional cayó 28%.

Este retroceso es consistente con la tendencia internacional, no obstante la resiliencia que ha mostrado el sector. El presupuesto para la exploración minera a nivel global llegó a USD 8.328 millones, siendo un 10% menor al registrado el año pasado (USD 9.285 millones), lo que es atribuible -según la Comisión- al contexto de la pandemia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Según explica Riveros, al comparar con el pasado, se puede observar ciertas similitudes respecto a lo acontecido posterior a la crisis subprime, cuando en 2009 el presupuesto de exploración en Chile cae 31% y el mundial un 42%.

No obstante, “la caída de ahora se explica por una multiplicidad de factores, entre ellos el efecto de la pandemia, que se notará más en los presupuestos 2021, un mercado de commodities aún afectado, compañías que han avanzado en estudios de ingeniería de algunos proyectos que hace un par de años estaban aún en exploración”.

Otra razón para la baja en Chile, agrega Riveros, “puede estar relacionada al hecho que las compañías privilegiaron la continuidad operacional, con lo que se postergaron actividades como la exploración”.

Pese a lo anterior, Chile se mantuvo entre las naciones más importantes, conservando el cuarto lugar en el mundo, con una participación porcentual de 5% este año. “Si comparamos con otros países, se tiene que en China cayó 20,4%, Brasil disminuyó 20,3%, en México -18,7%, en Ecuador -11,6% y Perú -11,2%”, detalla Riveros.

Cochilco enfatiza que aún no es posible dimensionar en qué magnitud la crisis sanitaria afectó la exploración en el país.

“En Chile se espera que el impacto sea menor debido a que la industria ha respondido bien, se ha mantenido operativa y sin mayores contratiempos. De todas formas, en los próximos meses será posible visualizar algún impacto, considerando que los meses de mayor actividad exploratoria son entre noviembre y enero, por temas de mejores condiciones meteorológicas en altura”, reconoce.

Sobre la exploración en los próximos años, se prevé que a partir de 2022 se verá una mayor actividad, ya que el próximo año aún se notarán los efectos de la pandemia, con presupuestos estables o una baja marginal.

“La atención se centrará en Perú, Ecuador o Brasil, países donde el impacto de la pandemia ha sido aún mayor que en Chile”, asegura.
Fuente: Diario Financiero

Presupuesto de exploración minera en Chile baja 30%

10/12/2020
Artículo propuesto por senadores se declaró inadmisible y se rechazó también el del Ejecutivo.
A casi tres semanas de que la comisión de Minería y Energía del Senado retomara la votación del proyecto de protección de glaciares, este miércoles la instancia avanzó en dos artículos claves de la iniciativa, que abordan la naturaleza jurídica de estos cuerpos y el ámbito de aplicación de la ley.

De este modo, los impulsores del articulado lograron la aprobación respecto a que los glaciares son bienes nacionales de uso público, que se encuentran protegidos oficialmente, son inapropiables y no concesionables.

Sin embargo, las diferencias entre senadores y el gobierno se centraron en torno a cómo conformar un inventario público de glaciares.

El ejecutivo propuso que estas formaciones -incluyendo a las rocosas- afectas a las disposiciones de la ley son aquellos catastradas y clasificadas en el inventario público de la Dirección General de Aguas (DGA), lo que terminó siendo rechazado por tres votos en la instancia.

El problema fue que una indicación impulsada por el senador Álvaro Elizalde y otros de sus pares, que buscaba normar este mismo punto, pero de manera más amplia, se declaró inadmisible por la secretaría de la instancia.

En medio del riesgo de que la legislación no regulara este tópico -y tras una larga discusión-, el gobierno se abrió a acercar posiciones para que se pueda discutir el patrocinio del ajuste correspondiente al inventario de glaciares.

La diferencia entre ambas posturas, apuntaba a que el inventario debía considerar otros elementos que están siendo abordados en la ley, como el ambiente periglaciar y permafrost del territorio.

La próxima semana se debería retomar este punto de discusión, para determinar un texto que refleje un acuerdo.

El exsubsecretario Ricardo Irarrázabal, quien está asesorando al senador Alejandro García-Huidobro, explicó que la distinción entre las propuestas del Ejecutivo y los senadores de oposición claramente apuntan a inventarios distintos.

“Uno se refiere a glaciares, incluyendo los rocosos, y el otro se refiere también a dos espacios adicionales como son el permafrost y el ambiente periglaciar. Esta discusión es importante tenerla”, apuntó.

Aunque el gobierno no logró imponer sus propuestas -como ha sido la tónica en el trámite del proyecto-, abrió una puerta para llegar a un consenso.

“Reiteramos la disposición de discutir el articulado de catastro de inventario público de glaciares. Se podría discutir esta materia y estamos dispuestos a revisarlo”, enfatizó el subsecretario de Minería, Iván Cheuquelaf.

Sin embargo, la senadora Yasna Provoste aclaró que “la próxima semana voy a solicitar reabrir la discusión para votar la admisibilidad de nuestra indicación, si es que no tenemos una indicación consensuada del Ejecutivo”.
Fuente: Diario Financiero

Oposición y Gobierno se abren a consensuar propuesta de inventario público de glaciares

..una larga historia de 7 años que aún está inconclusa
No existe fecha aún para que el Tribunal Ambiental de Antofagasta se pronuncie sobre el proyecto Dominga, pese a que la sentencia ya está redactada. Por Christian Armaza
09/12/2020 Crédito fotografía: Cedida
En 2013, el proyecto de la empresa Andes Iron ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y durante estos años, la iniciativa ha debido recorrer un largo trecho para su concreción definitiva.

2.500 millones de dólares en inversión, 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre como producción, la construcción de un terminal de embarque en el sector de Totoralillo Norte y la creación de 27 mil puestos de trabajo directos e indirectos, durante la etapa de construcción.

Son éstos, los números que concibe la puesta en marcha del proyecto minero-portuario Dominga, perteneciente a la empresa Andes Iron, y que se ubicaría a 70 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, en la costa de la comuna de La Higuera. Una iniciativa que, de llevarse a cabo, sería el mayor emprendimiento de la Región de Coquimbo.

No obstante, desde su llegada a la zona, la iniciativa minera no ha tenido un camino fácil, pese a su acercamiento con la comunidad de La Higuera, el apoyo de algunos sectores de trabajadores de la región y la promesa de llevar a cabo una “minería sustentable” en el territorio. Agrupaciones ciudadanas y ONGs se han lanzado con todo contra el proyecto, pues lo consideran como una amenaza a la sustentabilidad ambiental de la zona, y más concretamente, por su posible afectación a la Reserva Natural Pingüino de Humboldt.

Pero, ¿cuál ha sido el camino del proyecto hasta llegar en lo que está hoy, a punto de recibir un nuevo fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta?

Compleja evaluación ambiental
Oficialmente, Minera Dominga ingresó para su evaluación al entonces Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, en septiembre de 2013.

Su ingreso ocurrió justo en momentos en que el SEIA era sometido a un cambio de norma que establecía por ejemplo, ciertos límites a la solicitud de informes o ICSARA (Informes Consolidados de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones) a al número de adendas. Sin embargo, los cambios comenzaron a regir en diciembre, por lo que Dominga siguió siendo tramitada bajo la antigua norma.

Durante los cuatro años siguientes, el proceso de evaluación del proyecto contó con tres procesos de participación ciudadana, sumando un total de 24 actividades, con una asistencia promedio de más de 700 personas. Además se presentaron un total de cuatro Adendas a la iniciativa.

De ese periodo, durante la evaluación ambiental se hicieron más de 1.200 observaciones ciudadanas: 345 al EIA (Estudio de Impacto Ambiental), 34 observaciones a la Adenda N°1 y 852 a la Adenda N°3.

Sobre los riesgos ambientales, ya en la Adenda N°4 se solicitaba entre otras obligaciones, que sobre las áreas protegidas oficialmente “Reserva Nacional Pingüino de Humboldt”, “Reserva Marina Isla Choros- Damas” y los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad “Reserva Marina Punta de Choros” y “Punta Teatinos hasta Quebrada Honda (que incluye Isla Pájaros)”, que se encuentren en la región de Coquimbo “presente anualmente, un informe integral que sintetice las acciones realizadas en materia de protección de la biodiversidad marina, de tal forma que permita a la autoridad evaluar la efectividad de las medidas aplicadas y mejorar la eficiencia de las mismas en caso que corresponda. Este informe deberá ser entregado a la SMA durante toda la vida útil del proyecto”.

2017: el año de los “rechazos” Con el informe final de la Evaluación de Impacto Ambiental realizado, pero también, en medio de una serie de cuestionamientos que acusaban de “deficiencias técnicas” al proyecto, se llegó al día de la votación en la Comisión de Evaluación Ambiental la Región de Coquimbo, el 9 de marzo de 2017.

En medio de una gran tensión e incluso, con transmisión en vivo, Dominga recibió su primer traspié: con los votos de los entonces seremis de Salud, Desarrollo Social, Transporte y Telecomunicaciones, Agricultura, Energía, y con el voto dirimente del entonces intendente, Claudio Ibáñez, se rechazó el proyecto, argumentando que la iniciativa era una amenaza para las reservas marinas de la región y que no presentaba medidas de mitigación suficientes, entre otros argumentos.

Ante eso, Andes Iron, anunció que recurriría al Comité de Ministros para revertir el rechazo. Aquí llegó su segundo traspié, pues el 21 de agosto de ese mismo año, el Comité de Ministros, luego de solicitar información adicional del proyecto, confirmó la decisión tomada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

Al Tribunal Ambiental
A partir de ese momento, y con la etapa administrativa ya agotada, Andes Iron llevó el caso hasta el Tribunal Ambiental de Antofagasta presentando un recurso de reclamación el 1 de diciembre de 2017. Cinco meses después, el 27 de abril de 2018, el Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor de Dominga, ordenando una nueva votación, “esta vez ajustada a derecho”, según se desprendió del dictamen.

No obstante, los opositores a la iniciativa minera apelaron ante la Corte Suprema con el objetivo de que el máximo tribunal del país dejara sin efecto la resolución del tribunal ambiental y se ratificara pues, el rechazo al proyecto que habían dictaminado la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Consejo de Ministros.

La respuesta llegó el jueves 26 de septiembre de 2019.
La Corte Suprema acogió tres recursos de casación en contra del proyecto Dominga y ordenó al Tribunal Ambiental de Antofagasta conocer y decidir sobre “el fondo” – es decir, sobre los aspectos ambientales y técnicos- de lo que reclamaban diversas organizaciones ambientalistas: Oceana Inc, Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros y por la abogada Alejandra Donoso Cáceres en representación de tres personas jurídicas y una persona natural.

Final pendiente
Así llegó el presente año para el proyecto, comenzando el 3 y 4 de marzo, con los alegatos por el caso, quedando la causa en primera instancia, “en estudio”.

El 23 de julio en tanto, se anunció que los jueces del tribunal ya habían tomado un acuerdo respecto a la sentencia, la cual recién en ese momento, comenzaba su proceso de redacción. En principio, por ley esta etapa tiene un plazo máximo de 30 días, pero generalmente se solicita más tiempo para ello.

A sólo tres semanas de terminar el año, aún no se conoce el contenido de la sentencia. Y se señala que, si el proceso judicial resultara favorable a Dominga, las obras de construcción podrían iniciarse a finales de 2021. Pero no es el fin de esta historia, pues aún resta por escribir el próximo capítulo.
Fuente: Diario el Día – http://www.diarioeldia.cl/economia/minera-dominga-larga-historia-7-anos-que-aun-esta-inconclusa

07/12/ 2020
Según lo establecido en el artículo 7 N°1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

Con la publicación del acto de inicio en el Diario Oficial comienza formalmente el proceso de participación especial del capítulo de pueblos indígenas de la Política Nacional Minera 2050 (PNM 2050) con el objeto de incorporar la visión, los intereses y las prioridades de los pueblos indígenas. La PNM 2050 es una política de Estado que busca orientar el desarrollo sostenible del sector en el corto, mediano y largo plazo –integrando la dimensión económica, social y ambiental, con una adecuada gobernanza– para que la minería sea un contribuyente clave en el progreso del Chile de hoy y mañana.

El proceso se enmarca en el derecho de participación que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo consagra en su artículo 7 N°1 que establece, que “los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”

“Quisiera agradecer a todas las personas que han participado y seguirán participando en este proceso tan importante para la elaboración de la Política Nacional Minera 2050, la que buscará incluir la visión de los pueblos indígenas sobre todo en relación con sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo” señaló el subsecretario de Minería Iván Cheuquelaf.

El subsecretario de Minería puntualizó respecto a este hito que “el gobierno del Presidente Sebastián Piñera está muy consciente de la importancia de elaborar una política pública como esta con la participación y cooperación de los pueblos indígenas de nuestro país, pues el Desarrollo Sostenible no se puede alcanzar si no se incorporan de manera apropiada sus aspiraciones y formas de vida al proceso de desarrollo. Sabemos que el aporte que los pueblos indígenas pueden realizar en estos procesos es fundamental para construir una sociedad plural y con diversidad cultural, garantizando la armonía social y el bien común”

La industria de la minería no solo tiene el permanente desafío de generar los cimientos económicos que le permitan al país enfrentar las consecuencias económicas de esta pandemia, sino que también, tener una visión sostenible sobre la base de los pilares económicos, ambientales y sociales. Esto refuerza la importancia de que, desde la Política Nacional Minera 2050 se asegure una minería sostenible para Chile, con una visión a largo plazo, que vela por que la riqueza geológica de Chile se consolide como plataforma de desarrollo que busque aprovechar el potencial minero del país; promueve el encadenamiento productivo, la adquisición y generación de conocimiento; la innovación y emprendimiento; el surgimiento de nuevas capacidades para la diversificación y la sofisticación productiva; permite el desarrollo en los territorios y el cuidado de los ecosistemas; y genera empleos de calidad y capital humano avanzado.
Fuente: Ministerio de Minería

Ministerio de Minería oficializa inicio de participación indígena en la PNM 2050

La asociación indígena reclama por la RCA dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental, ya que aseguran que en el proceso de evaluación ambiental no fueron considerados y que tampoco se evaluaron los impactos que el proyecto puede producir en la salud de las personas.
04/12/2020
En estudio quedó la reclamación de la Asociación Indígena San Isidro de Quipisca en contra de la evaluación ambiental favorable del proyecto “Adecuaciones en depósitos de lastre, caminos internos y campamento” de Cía. Minera Cerro Colorado de BHP, que se ubica en la comuna de Pozo Almonte, a 95 kilómetros de Iquique.

Así lo determinaron los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Juan Opazo, del Primer Tribunal Ambiental, luego de la audiencia de alegatos, en la que se escucharon los fundamentos de las partes.

La asociación indígena reclama por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya que aseguran que en el proceso de evaluación ambiental no fueron considerados y que tampoco se evaluaron los impactos que el proyecto puede producir en la salud de las personas.

En la audiencia, el abogado Lorenzo Soto Oyarzún, en representación de la asociación indígena de Quipisca, centró sus alegatos en tres puntos que tienen que ver con cuestiones de orden indígena, la calidad del aire y los efectos ambientales del proyecto desde el punto de vista de sus impactos significativos.

“No cabe duda que es un proyecto que afecta a la comunidad que represento”, fue una de las primeras afirmaciones que hizo el abogado, quien, además, aseguró que el SEA no se apersonó en Quipisca ni levantó ninguna información respecto a las características y condiciones de vida que permitieran caracterizar al grupo humano de la zona de influencia.

Lo anterior, porque uno de los puntos controvertidos de la causa tiene que ver con el proceso de participación ciudadana que debe efectuar el organismo en la evaluación de proyectos, y el deber de consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT.

Respecto a esto último, el litigante explicó que dicho convenio establece, en su artículo 6, que debe consultarse a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Para Soto, el proyecto debió haber ingresado al SEIA a través de un Estudio de Impacto Ambiental, y no de una Declaración de Impacto Ambiental; y fue enfático en decir que la comunidad no se opone al desarrollo de este tipo de iniciativas.
https://www.mch.cl/2020/12/04/en-estudio-queda-reclamacion-de-asociacion-indigena-en-contra-de-proyecto-minero-cerro-colorado/

Se busca establecer cuántos son y cómo se relacionan con la clausura definitiva de la iniciativa.
02/12/2020
(El Diario de Atacama) La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ofició a Barrick para que entregue información respecto a los sondajes que están realizando en el área donde se planteaba instalar el fallido proyecto Pascua-Lama, en la comuna de Alto del Carmen.

El 17 de septiembre de 2020, el Primer Tribunal Ambiental confirmó la clausura y se determinó su proceso de cierre, esto por graves incumplimientos ambientales, entre ellos está que no cumplió con los compromisos relacionados al plan de monitoreo de glaciares.

A pesar de esto, la empresa está efectuando sondajes con fines de investigación y recopilación de información geológica, las que fueron informadas a Sernageomin.

Además, la empresa “permanece como un proyecto importante y está en curso su trabajo para reevaluar su potencial”.

Además, Barrick informó respecto a este proceso de sondajes a vecinos, lo que generó inquietud y cuestionamiento por parte de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto.
[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario]https://www.diarioatacama.cl/impresa/2020/12/02/full/cuerpo-principal/4/
https://www.mch.cl/2020/12/02/sma-oficio-a-barrick-para-que-informe-por-sondajes-en-fallido-proyecto-pascua-lama/

El sector es responsable del 14% del gasto de energía del país, y en el caso de la electricidad, es líder indiscutido con 34%.
30/11/2020
(El Mercurio) El sector minero es uno de los principales responsables del consumo energético del país. Así lo refleja el último informe presentado por Cochilco con cifras a 2019 -las últimas disponibles-, en el que, sin embargo, se vislumbra un leve retroceso, menor que 1%, respecto del ejercicio anterior, pero que está en línea con la menor producción de cobre que se registró.

Elevando la muestra, el crecimiento del consumo en la última década ha sido de hasta 33%, lo que no necesariamente se ha traducido en un crecimiento similar a la producción de obre, lo que solamente ha aumentado en un 7%.

Entre las razones que explican esta tendencia hay algunas que son estructurales, como el envejecimiento de las minas; por lo tanto, existen menores leyes de mineral y mayores distancias de acarreo, situación que en su conjunto aumenta los requerimientos energéticos, especialmente de combustibles.
Restricciones a extracción de agua y desalación

En paralelo, durante los últimos años han aumentado las restricciones a la extracción de agua continental. Esto último ha impulsado a varias faenas a instalar plantas de desalación e impulsión de agua marítima hacia las operaciones mineras, lo que es altamente intensivo en consumo de energía eléctrica.

A esto se suma la sucesiva mayor producción de concentrados de cobre, lo que incrementa la necesidad de energía, mediante el proceso mismo de concentración de mineral, y por el mayor uso de agua en este proceso. Lo anterior, a su vez, refuerza la tendencia al uso de agua de mar.

Es en este entorno que la energía proveniente de centrales que funcionan con fuentes renovables tomará protagonismo.

Según explica el ministro de Minería, Baldo Prokurica, a 2023 la mitad de la industria minera usará el 100% de energías renovables, “lo que significa un gran avance y compromiso con el medio ambiente, dado que hace cinco años toda la minería usaba energía producida con carbón y diésel. Además, a ese año las mineras incorporarán 13 TWh/ año, y en 2021 Enami será la primera minera del país en usar el 100% de energía renovable”, sostiene la autoridad.

Pero además en la industria minera también se fe con buenos ojos el potencial del hidrógeno verde y sus posibles usos en la minería como una fuente limpia de abastecimiento de energía.

El vicepresidente de Cochilco, Marco Riveros, apunta a que, a medida que se desarrolle el marco legal necesario para el uso de este combustible, y los incentivos del mercado, se irá masificando la producción.

“Tendrá un gran impacto, como, por ejemplo, en disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero producto del consumo energético. Hasta ahora, los potenciales usos del hidrógeno en la minería están asociados al transporte de carga, en sistemas de respaldo para telecomunicaciones, y en celdas de combustibles sin emisiones dentro de los túneles”, añade Riveros.
Costos podrían aumentar

Con todo, el aspecto energético es fundamental para la industria, pues el consumo eléctrico constituye la principal fuente de gasto para el sector. Así, durante el último ejercicio catastrado, este ítem representó US$.2339 millones frente a los US$1.031 millones del costo asociado al consumo de combustible, es decir, más de dos veces.

En suma, se estima que el consumo energético representa un 14% (electricidad 9% y combustibles 5%) de los costos de la minería del cobre en nuestro país, lo que podría seguir aumentando por los crecientes requerimientos energéticos de la industria de extracción de mineral.
https://www.mch.cl/2020/11/30/consumo-energetico-de-la-industria-minera-crecio-33-en-la-ultima-decada/